Y en esta pandemia, mucha gente se queda sin hogar

**La falta de viviendas es una tragedia real para decenas de miles de personas, que carecen de los recursos suficientes.

La Crónica de Chihuahua
Julio de 2020, 14:28 pm

Por Luis Josué Lugo/
Buzos de la Noticia

Ciudad de México.- Desde los años 70, el modelo económico neoliberal privatizó servicios públicos básicos como la educación, salud y la vivienda popular y hoy la pandemia del Covid-19 está poniendo a la vista las terribles consecuencias de esas decisiones políticas.

La falta de viviendas es una tragedia real para decenas de miles de personas, que carecen de los recursos suficientes para solventar la crisis económica en curso y menos para pagar la renta o el abono mensual de su crédito habitacional.

Diana, emprendedora egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), debió dejar su departamento porque desde abril no pudo pagar la renta porque la contingencia sanitaria afectó su principal fuente de ingresos, que solo se recuperará hasta 2021.

En este mismo caso hay muchas personas. Un estudio de opinión realizado por el Observatorio Vecinal 06600 de la Colonia Juárez y publicado por la UNAM y el Instituto Tecnológico Autónomo de Monterrey (ITAM), reveló que “el 63 por ciento de las personas que rentan su vivienda enfrenta dificultades para pagar y el 61.5 por ciento adelantó que no podrá cubrir el pago durante los próximos tres meses”.

La situación existía antes de la pandemia y ésta solo la ha acentuado, especialmente en algunas comunidades, como es el caso de la LGTQI+. Natalia Cruz, activista y asesora del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), denunció que muchos de los miembros de esta comunidad padecen la actitud inflexible de los caseros en el pago o el alza de los arrendamientos.

“La casera tiene seis departamentos, todos ellos están ocupados y no ha sido nada flexible respecto a los pagos, esto ha ocasionado que más de uno tengamos problemas respecto a la puntualidad del pago dada la situación actual”, precisó Eduardo Castillo, historiador de la UNAM.

En las entrevistas hechas para esta columna, la mayoría de las personas coincide en que deben apelar a la “buena voluntad” de los caseros para que sean flexibles con los pagos o bien para que no les suban demasiado el precio de la renta cada año.

¿Dónde queda el Estado en estos casos?

De acuerdo con diversas organizaciones sociales como Housing Rights Now (HiCal),

Tanto el Estado nacional como los gobiernos locales debieran priorizar en este problema de acuerdo a sus agendas para regular el precio de los alquileres, garantizar los derechos de los arrendatarios, evitar desalojos violentos y crear viviendas alternativas o refugios temporales donde haya agua, alimentos y saneamiento para los ciudadanos afectados.

Debe considerarse que este problema es del máximo interés público porque afecta a millones de personas que no tienen vivienda; que no es asunto “privado” y que, a causa de la profundización brutal de la brecha en la distribución del ingreso hoy, en las ciudades, existe el fenómeno la “gentrificación” (aburguesamiento extremo) con el que se da prioridad a unas áreas urbanas sobre otras en materia de servicios públicos.

Por supuesto, detrás de este fenómeno, se hallan los intereses de las empresas inmobiliarias cuyos dueños y gerentes siempre tienen abiertas las puertas de gobiernos y políticos, a diferencia de los “sin casa”, de las personas que no tienen para pagar sus rentas y de los desalojados por no haberlas pagado.

Si en verdad existe el propósito de transformar al país, este gravísimo problema social ofrece la mejor oportunidad para demostrar tal voluntad política y que el amor a los pobres no solo es jarabe de pico.

Una propuesta de “ley inquilinaria” como la que propone el Observatorio Vecinal 06600 de la Colonia Juárez es accesible a la realidad para evitar que los grandes propietarios sigan enriqueciéndose más y más a costa de estudiantes, burócratas o emprendedores y para impedir que ningún ciudadano sea desalojado de la vivienda que habita por no pagar renta durante la pandemia.

Una decisión política como ésta se sustentaría en el llamado ecosocialismo, que apela a la gratuidad de los servicios públicos básicos, a la satisfacción indispensable de las necesidades individuales y a la consideración de los entornos naturales.

“Un tema fundamental que merece reflexión es el de la gratuidad, en particular la de los servicios públicos básicos que constituyen necesidades sociales: agua, energía, salud, educación, etc.”, sentencia la especialista Matthieu Le Quang.