Vivienda: un problema que padecen más de 30 millones de mexicanos

Reportaje especial, Revista semanal: Buzos de la noticia Por Trinidad González y Enrique Alcaraz

La Crónica de Chihuahua
Agosto de 2015, 20:21 pm

Ciudad de México.- En México es un crimen demandar justicia social, exigir vivienda, educación y atención a conflictos agrarios. El aparato gubernamental aplasta la lucha de aquellas organizaciones que se ponen al frente y encabezan a millones de mexicanos. Entre ellas, el Movimiento Antorchista, que ha enfrentado los embates de las autoridades, que buscan frenar su exigencia de que se mejoren las condiciones de vida de miles de familias, como la falta de vivienda.

La carencia de hogares sigue siendo un problema para millones de familias pobres del país, a pesar de que tres artículos de la Constitución Mexicana amparan el derecho, más de 12 mil millones de pesos en subsidios y 370 mil millones de presupuesto, cinco instituciones con recursos propios, y la preparación de la décimo tercera reforma estructural por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, exclusivamente para este sector.

El sueño de don Nicolás Olmedo, desde hace años es tener su propia casa. En el 2003 terminó de pagar un predio en la Laguna Chiconautla, en Ecatepec Estado de México. Hoy vive con un vecino, en un cuarto pequeño donde únicamente tiene un pequeño colchón como cama y en cajas las pocas cosas que le quedaron, su esposa vive con un hijo. Junto a otros vecinos fue desalojado por una supuesta irregularidad en los predios. Autoridades municipales y estatales, ejecutaron la orden en condiciones poco claras.

Hoy, entre 30 y 40 millones de mexicanos no tienen casa. Cada año, 560 mil nuevas familias se suman a la cifra de quienes carecen de una vivienda propia. Hasta el 2014, el déficit en el país sumó la alarmante cifra de ocho millones de casas, esto de acuerdo a datos del INEGI expuestos por la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios.

La política en este sexenio para el mejoramiento a la calidad de vivienda la rige la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), mediante la Política Nacional de Vivienda. Primero en manos de Jorge Carlos Ramírez Marín y ahora en las del ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam.

José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE criticó a los tres niveles de gobierno del país, al asegurar que existe un modelo deficiente y altas tasas de abandono de vivienda. Esto sin duda, es un reflejo del reducido impacto de la política de vivienda. “En primer lugar, México necesita un modelo de financiamiento de la vivienda que mejore los resultados urbanos. Necesita instituciones capaces de aplicar esta nueva visión de vivienda y política urbana”, pronunció Gurría.

Pese a las buenas recomendaciones, lo que no evidencia la OCDE ni el propio gobierno federal es que hoy, al menos cuatro de cada diez mexicanos carecen de un hogar. Además, familias sufren también para cubrir los créditos de una pequeña vivienda con contratos que tienen que pagar hasta en 20 o incluso 30 años.

“Boom de la vivienda” impacto negativo

Lo que en un momento fue alegría, se convirtió en un calvario para aquellas familias del país que adquirieron a través de un crédito una vivienda. Nunca se imaginaron padecer las consecuencias del crédito, de lo que fue el “boom de la vivienda”.
Sobre la periferia del Distrito Federal y las principales ciudades del país se observan enormes unidades habitacionales con miles de viviendas de interés social, de constructoras como Ara, Geo, Urbi, Homex, Sare entre otras empresas. En su época de auge las más importantes compañías edificaban más de 350 mil viviendas al año, de acuerdo a la Administración de Inmuebles de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

El supuesto apoyo a familias pobres alcanzó su punto máximo durante los dos sexenios pasados. Por ejemplo, en el de Felipe Calderón, la AMPI reportó que se construyeron siete millones de viviendas. Hoy un alto porcentaje de ellas están en malas condiciones, necesitan mantenimiento o definitivamente han sido abandonadas porque el crédito es impagable.

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), dependiente de la Sedatu, en su diagnostico del 2013 reconoce que en los últimos cincuenta años, la política de vivienda ha sido masiva y desordenada, en consecuencia inadecuada. Sin embargo, en los hechos, es todo lo contrario, ha sido selectiva a favor de grandes inmobiliarias.
Sobre el abandono, del 2005 al 2011 el número de viviendas deshabitadas en México creció un 16 por ciento. De acuerdo con el informe “Situación Inmobiliaria” de BBVA Research, de 2005 a 2010 pasó de 4.3 a 5.0 millones.

Como resultado de esto, ha crecido la morosidad. A mitad del año pasado, el Fovissste registró un incremento del 10.3 por ciento y el Infonavit de 7.4 por ciento; las familias dejaron de cubrir sus créditos, según el estudio “Estado actual de la vivienda en México 2014”, realizado por la Sociedad Hipotecaria Federal y el Centro de Investigación y Documentación de la Casa A. C.

Subsidios y más subsidios a costa de los pobres

El gobierno federal apostó a la realización de políticas públicas relacionadas con el financiamiento de créditos para la compra, construcción y mejoramiento de viviendas. Los montos disponibles son entre 15 y 20 mil pesos, para la construcción de un cuarto de cuatro por cuatro metros cuadrados.

Durante el año 2013 la Conavi reportó un total de 162,098 subsidios para vivienda entregados a lo largo del país. El 52 por ciento de estos financiamientos fueron asignados a través del Infonavit y el 23.9 por ciento mediante intermediarios financieros. Vivienda digna, Mejora tu Casa, Piso digno, Piso firme, son algunos de los programas que cuentan con más subsidios.

En 2015 el gobierno federal dispone de 11,135 millones de pesos en subsidios para incentivar la inversión en el sector de la vivienda. A través del Esquema de Financiamiento y Subsidio para la Vivienda operado por la Conavi, pero en su mayoría se entregan a “intermediarios financieros”, es decir, a grandes grupos empresariales que han hecho casas caras y de mala calidad.

En suma, los resultados evidencian que no existe una política para apoyar la construcción de vivienda o mejoramiento destinado para los más pobres de este país. Un ejemplo de esto, es la respuesta negativa que recibe el Movimiento Antorchista, la organización popular más numerosa del país, a la que desde hace dos años se le han negado apoyos para mejorar viviendas de miles de familias muy pobres, e incluso ha sufrido el desalojo de familias en Valle de Santiago, Guanajuato y Nanchital, Veracruz.

La lucha por la vivienda

Por lograr vivienda, entre otras demandas igualmente justificables, como dar solución a conflictos agrarios en Yosoñama, en Oaxaca y mejorar la educación en escuelas de Michoacán con la aplicación del Programa de escuela de tiempo completo, así como castigo para los secuestradores y asesinos de Manuel Serrano Vallejo, el antorchismo nacional inició en marzo pasado una lucha con el fin de que Gobernación resolviera las demandas.

Sin embargo, al paso de los meses las soluciones no han llegado, sino al contrario, se puso en marcha una campaña de linchamiento mediático, mesas de trabajo infructíferas y amenazas a dirigentes sociales, impulsados desde oficinas de Bucareli.

La lucha que millones de mexicanos han enfrentado incluyó la instalación de un plantón durante cuatro meses; pero por amenazas de un desalojo violento fue levantado el pasado ocho de agosto, también tres megamarchas de 50, 100 y 150 mil antorchistas en la ciudad de México, entre otras acciones de protesta.

El vocero del antorchismo, Homero Aguirre Enríquez ha explicado en reiteradas ocasiones que desde hace prácticamente dos años, la Fonhapo –dependiente de la Sedatu- no ha liberado recursos correspondientes a programas de vivienda, ni apoyos para familias de los estados de Hidalgo, Puebla, Yucatán, Campeche, entre otros.