Viola Gobierno su propia ley de transparencia en feminicidios

Por Carlos Mario Alvarado

La Crónica de Chihuahua
Abril de 2011, 20:07 pm

Chihuahua.- El Gobierno del Estado viola la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública, al negarse a publicar información pública de oficio, como lo son las estadísticas sobre delitos perpetrados en el estado de Chihuahua, disgregadas por género.

No obstante que el gobernador César Duarte firmó un convenio con la ONU para transparentar las cifras de feminicidios y para cumplir con ordenamientos interancionales, el portal de transparencia de la administración estatal sigue sin subir la información referente a esos temas.

El artículo 23 obliga al ejecutivo del estado a transparentar las estadísticas de en la procuración de justicia disgregada por género, pero esta información está bloqueada desde hace meses en su portal oficial www.chihuahua.gob.mx en la que supuestamente aparecería información del último trimestre del 2010.

De igual manera en el portal oficial de la fiscalía del estado no aparecen tales datos, con lo que se viola el derecho de las personas de información sobre la cantidad de hechos violentos registrados en la entidad.

(http://fiscalia.chihuahua.gob.mx)

Según la ley, las estadísticas sobre delitos son clasificadas como “información pública de oficio”, la cual debería estar al alcance del ciudadano en forma permanente y en forma actualizada tanto en medios escritos o digitales, sin tenga que ser solicitado por oficio tal y como marca el artículo 34.

Entre la información pública de oficio también se encuentra: el directorio de los servidores públicos, la remuneración mensual de ellos, declaraciones patrimoniales, los planes estatales y municipales de desarrollo, los servicios y programas que ofrecen y su presupuesto asignado a cada uno de ellos, etc.

Según la ley, es el Consejo general del ICHITAIP quien debe vigilar que el ejecutivo cumpla con la ley, como lo es la negativa de brindar información pública de oficio “en forma y términos que la ley establece” o abstenerse de proporcionar la información a que está obligado.
En caso de que las autoridades del ICHITAIP aplicaran sanciones, la ley contempla desde amonestación verbal o la aplicación de multas hasta por 1,500 veces el salario mínimo o también sanciones como despido o inhabilitación para ocupar un cargo público hasta por 6 años al funcionario que resulte responsable de la opacidad en la información de oficio.

A pesar de que la Ley fija claramente la obligación del ejecutivo del estado en transparentar las estadísticas de la Procuración de Justicia, que serán por lo menos renovadas cada tres meses, no se ha cumplido en forma cabal.

Cabe señalar que en la administración estatal anterior cumplió parcialmente con esta obligación de transparentar la información estadística, ya que cada tres meses, cuando subía las nuevas estadísticas en su página oficial, borraba la información anterior, con lo cual las personas obtenían información parcial e incompleta.