Vigilancia y fracking asedian a estadounidenses

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La Crónica de Chihuahua
Agosto de 2014, 09:32 am

En noviembre de 2013, la Cámara de Representantes, frenó la facultad del Gobierno federal para regular el fracking y aprobó leyes que benefician a las firmas energéticas.

Nydia Egremy

La intrusiva e ilegal vigilancia gubernamental contra estadounidenses y los perjuicios a la salud y bienes que ocasiona la técnica fracking (fractura) para extraer petróleo y gas del subsuelo, exhiben la lesiva relación entre el Gobierno más poderoso del planeta y sus ciudadanos. Vigilar la vida íntima de las personas sin rendir cuentas, habla de un estado policiaco o dictatorial; que firmas energéticas causen cáncer, sismos y envenenen el ambiente impunemente, ilustra el poder del capital privado sobre el Estado.

El correo electrónico que un estadounidense envió hace unos minutos ya fue registrado por los programas de rastreo de la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), que a partir de hoy ubicará y rastreará a todos sus contactos. A pesar de que las leyes que enmarcan la lucha contra el terrorismo impiden la vigilancia de ciudadanos en aquel país, a menos que sean sospechosos, esa práctica se mantiene con rigurosa cotidianidad.

Al mismo tiempo, en el sureste de Estados Unidos (EE. UU.) se registró un sismo de 3.2 grados en la escala de Richter que liberó metano en mantos acuíferos y los hizo potencialmente explosivos por la extracción de gas a presión (fracking). Mientras eso ocurre, a los ciudadanos que demandaron a las compañías petroleras por emitir gases neurotóxicos se les notifica que perdieron el juicio y serán acusados de difamación.

Ambas son expresiones dramáticas de la política antiterrorista y de la nueva era de energía shale que promueve el Gobierno de Washington contra el interés de millones de estadounidenses. Si la vigilancia de las comunicaciones electrónicas ha sido denunciada globalmente, en cambio son prácticamente desconocidos los perjuicios del fracking contra los derechos humanos, civiles, ambientales, políticos, económicos y culturales de ciudadanos en la Norteamérica profunda.

La vigilancia de las comunicaciones privadas de sus ciudadanos se conocía y era rechazada antes de que el ex empleado de la ASN, Edward Snowden, filtrara miles de documentos en junio de 2013. Con la política de Seguridad Nacional que aplica hoy el Gobierno de Washington se rastrean millones de llamadas telefónicas, correos electrónicos, chats o mensajes en redes sociales y sus contactos. Además, programas de reconocimiento facial registran para la inteligencia millones de imágenes de rostros en la web.

Así deja de existir la privacidad personal, valor que custodia la Constitución de EE. UU., pues 16 agencias espían las palabras y las imágenes de su propia población. En agosto de 2007, en su campaña política por la Presidencia, Barack Obama afirmaba que no habría más escuchas ilegales a ciudadanos estadounidenses. Al criticar la gestión de su antecesor, el actual Presidente sentenciaba: no es eso lo que hace falta para derrotar al terrorismo. Hoy esa práctica va en auge.

Otro peligro contra las mujeres y los hombres de EE. UU. es el fracking (técnica ideada por la empresa Halliburton para extraer gas o petróleo mediante la fracturación o quiebra de rocas bituminosas, shale). Con anuencia de los gobiernos federal y estatales, gran parte del territorio estadounidense se transformó en coto privado del sector energético, sostienen grupos ciudadanos.

Sin privacidad

Hoy se sabe que más de mil 271 agencias públicas, y mil 931 empresas recolectan metadatos –duración, origen, destino y ubicación– de los mensajes de los estadounidenses en red y por teléfono sin que medien órdenes judiciales. Aunque viola sus propias leyes, el Gobierno argumenta que esa práctica garantiza la seguridad de los ciudadanos; no obstante, documentos filtrados por Snowden muestran que ese rastreo no ha sido eficiente para capturar a los terroristas.

La Casa Blanca sabe que nueve de cada 10 personas espiadas por la ASN nada tienen que ver con actos ilícitos o con el terrorismo, publicó The Washington Post el 7 de julio. Los analistas de la agencia describen como irrelevantes millones de mensajes interceptados. Son historias de amor, desamor, hábitos sexuales, estados de ánimo o charlas políticas y religiosas de más de 10 mil personas, no clasificadas como objetivos de vigilancia, cuyos registros, sin embargo, conserva ilegalmente la agencia.

Cuando los viajeros de aerolíneas estadounidenses usan WiFi –provisto por Comunicaciones Gogo y Panasonic Avionics– sus datos personales son registrados por la ASN. Según la revista The Wired, las empresas admitieron que violaron la ley de privacidad al colaborar con esa agencia para espiar a los pasajeros.

Por ello, el politólogo Noam Chomsky afirma que el Gobierno de EE. UU. parece decidido a demoler las bases de las libertades civiles de su ciudadanía. Las actividades de la ASN violan de forma radical la constitución, que protege a ciudadanos de registros e incautaciones irrazonables y garantiza la privacidad de sus personas, domicilios, papeles y efectos.

Atrás quedó la presunción de inocencia, y no hay forma de reconciliar esos principios con el asalto contra la población que revela tal vigilancia, opina el politólogo. Washington teme a su propia ciudadanía y el alcance de esa vigilancia es tan grande que ningún profeta antiutópico de futuros mundos totalitarios nefastos pudo jamás imaginar algo tan ambicioso.

En concordancia, Ruth Marcus, de The Washington Post, refería el 15 de marzo que la comunidad de inteligencia de EE. UU. actúa como el peor enemigo del país, pues sus actos dañan intereses nacionales clave. La CIA y otras agencias tienen la compulsión de obtener la mayor cantidad de información posible bajo el criterio de contrarrestar las amenazas del adversario, pero, a la vez, ejercen su poder mucho más allá de las atribuciones legales, escribió Marcus.

Esa intrusión fue denunciada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU en inglés), al sostener que la ASN sobrepasa lo autorizado por el Congreso con la Ley Patriota. En apoyo, el juez Richard J. Leon, de Washington, determinó que el programa de vigilancia de esa agencia era orwelliano y tal vez anticonstitucional; sin embargo, el juez William Pauley III de Nueva York dictaminó su legalidad el 16 de diciembre.

Gas y muerte

Paradójicamente, una señal electrónica, que no interceptan esas agencias, es la que diariamente se recibe en México, a miles de kilómetros del sureste estadounidense, que alerta vía telefónica de sismos que oscilan entre 2.3 grados y 3.9 grados en escala de Richter, procedentes de estados con gran actividad laboral de fracking: Oklahoma, Wichita, Kansas, Arkansas, Ohio y Texas.

Hace 20 años nadie habría pensado que la acción humana causaría esos temblores. Hoy se sabe que los provoca la cotidiana fractura del subsuelo con miles de litros de agua y químicos para liberar hidrocarburos. El Servicio Geológico de EE. UU. reporta que entre 2000 y 2011 los temblores aumentaron en dichos estados a causa del fracking.

Así, un día al despertar, los propietarios de granjas, huertas y casas de la Norteamérica rural encontraron que sus ríos, lagos y llanuras eran ocupados por las compañías energéticas. Hoy ya no hay ganado, ni caballos mustang pastando o peces en los arroyos: sólo ductos y agua contaminada. Miles de personas abandonaron sus granjas en Texas, Pennsylvania, Nueva York, Dakota del Norte, Oklahoma o California y aumentaron los pozos, la polución y los sismos.

Cuando comenzaron las primeras explosiones, fugas de gas, alergias, sangrado de mucosas y cánceres en pobladores, muerte de ganado y fauna local, las compañías y gobiernos negaron la dimensión del peligro. Más tarde, concedieron algunas indemnizaciones y posteriormente desataron campañas de desprestigio contra las víctimas, refiere Josh Fox en sus documentales Gasland y Gasland II.

El caso de Jacki Schilke, de Dakota del Norte, es tan dramático que Le Monde Diplomatique lo publicó en agosto de 2013. Mientras Jacki enfermaba y su ganado moría, las autoridades aseguraban que no había nada mal en el ambiente, hasta que expertos independientes detectaron en el aire benceno, metano, cloroformo, butano, propano, tolueno y xileno, sustancias asociadas al fracking. En sus pozos de agua hay sulfatos, cromo, estroncio y metales pesados, que se asocian a males neurotóxicos en cerebro y sangre, reportó Maxime Robin.

Aún se ignora el costo ambiental en ése y otros estados, pues es secreta la cantidad de petróleo, gas y sustancias químicas dispersas en el aire, tierra y agua de la pradera, ya sea por accidente o por negligencia. Sólo se constatan sus dramáticos efectos en el registro de seis mil 45 víctimas del fracking de la Alianza de Penssylvania por el Aire y Agua Claros.

Ahí se describen desalojos de vecinos en Lincoln Wyoming por explosiones o fugas, las demandas por el aumento de sismos, el irrespirable aire por tóxicos en el condado texano de Ector; además de miles de diagnósticos por cáncer, quemaduras corporales por explosiones, infecciones respiratorias, sofocamientos, urticarias, ardor de ojos y nariz, así como dientes afectados por los tóxicos dispersos en el ambiente o por los químicos vertidos en el agua, que dejó de ser apta para el consumo.

La tragedia va en auge. En noviembre de 2013, la Cámara de Representantes –bajo control republicano– frenó la facultad del Gobierno federal para regular el fracking y aprobó leyes que benefician a las firmas energéticas. En 2011, Bob y Lisa Parr ganaron dos mil 925 millones de dólares a Aruba Petroleum cuando 22 pozos contaminaron su rancho. Ese mismo año, la empresa Range Resources acusó de difamación a Steve Lipsky –propietario de un rancho en Weatherfor, Texas, afectado por contaminación del agua– y le exigió tres millones de dólares.

El poder del sector es grande. Los periodistas Salvatre Colleluori y Brian Powel denunciaban en mayo de 2012 que The Oklahoman, el mayor diario de esa entidad, distorsiona los perjuicios del fracking porque su propietario es el magnate Philip Anschutz, poseedor de una firma petrolera, ferrocarriles, equipos deportivos y medios de entretenimiento. Su negocio va al alza con el fracking.

Un estudio de Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética reveló que las energéticas aportan recursos a las campañas electorales de los candidatos a congresistas. Sólo en 2004 esa tendencia aumentó en 231 por ciento en estados y distritos donde se realiza el fracking, según Democracy Now. Entretanto, los estados de Nueva York y Pennsylvania levantaron la moratoria contra esa técnica con el argumento de estimular la economía.

No obstante, hay algunos logros en la batalla de los estadounidenses contra el poderoso cabildeo de la nueva industria petrolera. Por primera vez, activistas y expertos de Kansas, Arkansas, Texas, Oklahoma y Ohio se reunieron hace meses en un intento por combatir el creciente riesgo de sismos ligados a la fractura, confirmó el reportero de Bloomberg News, Jim Efstathiou Jr.

Reuters reportó que los vecinos de Ithaca y Dryden, Nueva York, podrán frenar la exploración de gas en sus límites, como determinó el juez de la Suprema Corte Phillip Rumset, lo que afectaría al Corporativo Anschutz, que ha invertido 5.1 millones de dólares en las ocho mil 900 hectáreas que ahí posee.

Al mismo tiempo, tribunales de California e Illinois ya exigen a las empresas que identifiquen qué químicos usan en el fracking; en Ohio hay nuevas normas que exigen instalar sensores sísmicos y el cese de la perforación en caso de terremoto, documenta el especialista en energía Alfredo Jalife.

Tanto la vigilancia masiva a las comunicaciones de las personas, como el riesgo de sismos mayores y contaminación con tóxicos que afectan a millones de ciudadanos estadounidenses, confirman hoy que en aquel país el debate se centra en fijar límites al Estado cuando vigila y cuando busca fuentes de energía.