Veracruz en peligro

REPORTAJE ESPECIAL/ Medio centenar de organizaciones civiles, ambientalistas, pueblos y académicos, anticiparon su exigencia a los tres niveles de gobierno, para que se clausure en definitiva todo proyecto minero en Alto Lucero y Actopan.

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Martín Morales

Al cierre de edición, y de manera inesperada, porque tenía en curso un trámite ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para obtener una autorización de explotación de minas de oro y plata en el cerro de La Paila, municipio de Alto Lucero, Veracruz, para lo cual estaba haciendo exploraciones, el corporativo canadiense Candelaria Mining Corp, y su filial local, minera Caballo Blanco S.A. de C.V., retiraron intempestivamente su petición, el martes dos de octubre; medio centenar de organizaciones civiles, entre ellas ambientalistas, comunidades y académicos, anticiparon el miércoles tres de octubre su exigencia a los tres niveles de gobierno, para que se clausure en definitiva todo proyecto minero en Alto Lucero y Actopan, en la costa veracruzana, dado que los canadienses ya se habían retirado en 2012, cuando se rechazó su plan Caballo Blanco, pero solo para retomarlo, fraccionado, cinco años después, en 2017.

De hecho, Candelaria Mining Corp no ha abandonado su plan de La Paila, parte de su proyecto Caballo Blanco. Se reagrupará para volver a la carga, como lo anticipa el informe de “Actualización Corporativa General”, documento fechado: “Vancouver, BC, 2 de octubre de 2017 13.38 hrs”, en el que Candelaria Mining Corp, indica –texto traducido del inglés-: “(…) Debido al clima político actual y las próximas elecciones estatales y federales, la Compañía ha decidido retirar el permiso ambiental para el proyecto Caballo Blanco que fue presentado a la Autoridad Mexicana del Ambiente el 14 de julio de 2017 (…) La Compañía aprovechará este tiempo para optimizar el proyecto y continuar el diálogo con las comunidades locales y los funcionarios estatales y federales (…)”.

Se citan las palabras de Curtis Turner, director ejecutivo de la corporación canadiense, quien indica que es un “aplazamiento” y que buscará nuevas relaciones con sus “grupos de interés”. Expresa: “Seguimos siendo optimistas con respecto al proyecto Caballo Blanco y continuaremos teniendo un diálogo abierto y bueno a todos los niveles del gobierno y las comunidades. El aplazamiento del permiso permitirá a Candelaria optimizar ciertos aspectos del proyecto y mejorar las existentes y establecer nuevas relaciones con nuestros grupos de interés”.

Ante las crecientes expresiones de inconformidad de organizaciones civiles y pobladores de comunidades, antes del dos de octubre se había sumado paulatinamente el rechazo del gobernador Miguel Ángel Yunes, de la Secretaría del Medio Ambiente de Veracruz (Sedema), del Arzobispado de Xalapa, de investigadores de la Universidad de Veracruz (UV), y al cierre, estaba por darse una declaratoria del Congreso del estado, en similares términos, en contra de cualquier actividad que dañara el entorno natural y a la población de la entidad.

Riesgo de desastre

A los riesgos de desastre natural que cada verano representan los huracanes para los municipios veracruzanos de Alto Lucero y Actopan se sumaría la inminente apertura de minas de oro canadienses, cuyas explosiones a cielo abierto, a menos de tres kilómetros de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde (CNLV), podrían provocar una eventual crisis de contaminación radioactiva como las suscitadas en 1986 en Chernóbil, en lo que fuera la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y Fukushima, Japón, en 2011.

Activistas sociales y especialistas opositores al proyecto minero denunciaron que en esa región hay más de 50 mil personas en peligro de enfrentar esta eventual situación y responsabilizaron de negligencia a las secretarías de Energía (Sener) y del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como a los ediles priistas Félix Manuel Domínguez, de Alto Lucero, y a Esteban Alfonseca Salazar, de Actopan, quienes el último día de 2017 dejarán sus cargos a munícipes de oposición.

En el censo de población de 2010, Alto Lucero reportó una población de cuatro mil 693 personas y Actopan 43 mil 388, en total, 48 mil 81 entre los dos, aunque resulta evidente que el número actual de habitantes en ambos municipios ahora es superior. En los comicios del cuatro de junio pasado, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió la alcaldía de Alto Lucero frente a un candidato del Partido Nueva Alianza Social (Panal) y la de Actopan ante un aspirante de la coalición de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).

Emilio Rodríguez Almazán, activista de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas en Defensa Ambiental (Grupo La Vida) y el antropólogo Eckart Boege, miembro de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), denunciaron también al gobierno federal, porque la Sener sigue otorgando “a diestra y siniestra en cualquier área de esa región” concesiones a la industria extractiva, como a las mineras canadienses, a las que Semarnat permite abusos con la Norma Oficial Mexicana (NOM) 120, para explorar prácticamente en cualquier sitio en busca de minerales, oro y plata, cuyo permiso para su explotación también es facultad de esta dependencia federal.

A los riesgos propios de la operación de la CNLV, explicó Emilio Rodríguez, “se mezclarían los de la industria minera extranjera, que solo viene a destruir el entorno natural, a acabarse nuestra base verde, contaminar el agua y a reducir la calidad de vida de la población, con tal de extraer oro y plata durante un lapso aproximado de seis años, para después tomar sus cosas e irse a su país.

Pero los agravios a los derechos humanos no paran ahí –añadió en entrevista con este semanario– debemos agregar otro atentado en contra del agua y el entorno, por la inminente intensificación de perforaciones en el subsuelo, para la extracción de petróleo vía el método fracking, con el desperdicio de millones de litros del vital líquido, en este caso, para sacar “oro negro”y gas, y enviarlos a Estados Unidos a través del nuevo ducto que está por construirse”.

Pero tanto Rodríguez como otros especialistas advirtieron que no solo estos recursos naturales están en riesgo, sino también gran parte de la biodiversidad natural de la región, es decir, sus animales silvestres, plantas, algunas de ellas con dos mil 500 años de historia, como las cícadas; sus cerros forrados con bosques altos, sus selvas bajas, ríos, humedales y numerosos vestigios prehispánicos totonacos que sirven como atractivo turístico y vigorizan la actividad económica de cientos de familias lugareñas.

Elisa Perezbarbosa Rojas, activista de la organización Pronatura, capítulo Veracruz, dijo que las zonas de La Mancha y El Llano, son consideradas Ramsar (zona protegida por la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, convenio internacional firmado en 1971).

Esta área sirve de refugio temporal a unos 13 millones de aves migrantes que cada año viajan del Ártico, en el norte del continente, a la Patagonia, en el cono sur. En su escala mexicana descansan en los humedales, manglares y lagunas de selva baja, antes de continuar su viaje.

La ecologista dijo además que esta región está considerada como uno de los puntos más importantes del principal corredor internacional de aves rapaces en el mundo, ya que entre agosto y noviembre de cada año es el hábitat de cuatro millones 22 especies de este tipo de aves.

En respectivas declaraciones, Rodríguez y Boege coincidieron en que pese al conocimiento del Estado de esta riqueza natural, toda la actividad pública en esta región gira en torno a las necesidades de las corporaciones extractivas, que no benefician directamente a la población mayoritaria de las comunidades ribereñas.

Denunciaron también que es falso que las vías emergentes de evacuación en la zona radiológica de la CNLV estén en buen estado y disponibles; al respecto, el diputado local independiente Ernesto Cuevas Hernández, explicó que los caminos de evacuación de la CNLV “son intransitables ante una emergencia” y que “miles de familias quedarían atrapadas dentro del perímetro considerado peligroso”.

La atención especial de las autoridades está en otro lado, señaló Emilio Rodríguez, como en la terminación de la supercarretera Cardel-Poza Rica, que cruza el municipio de Alto Lucero y cuya finalidad prioritaria es agilizar el transporte de materias primas, a lo que se suma una ampliación portuaria en curso.

El delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en la entidad, Miguel Ángel Vega, declaró a la prensa local el 21 de septiembre que la referida carretera a Poza Rica lleva un avance del 60 por ciento y que a la fecha se habían ejecutado 35 expropiaciones de terrenos. De paso negó que se encuentren en mal estado las vías terrestres contempladas en el Plan de Emergencia Radiológico Externo (PERE) de la planta de Laguna Verde.

Las familias de Alto Lucero luchan por evitar la expropiación de sus predios, para su desgracia ubicados en la ruta por donde pasarrá la supercarretera.

Negligencia obstinada

Los cerros La Paila, La Cruz y Banderas están en la mira de las compañías mineras canadienses. El de La Paila, en Alto Lucero, ya deja ver los trazos de los caminos de exploración sobre la alfombra verde, abiertos como los que hace una máquina de corte de pelo en casquete.

Este deterioro fue causado solamente por los primeros trabajos de la corporación Candelaria Minning Corp, por conducto de la minera Caballo Blanco S.A. de C.V., avalados por Semarnat, cuyos funcionarios se justifican con base en la NOM-120, que les asiste legalmente.

Con el mismo argumento legal, la corporación Almaden Minerals LTD, por conducto de su filial mexicana Minera Gavilán, S. A. de C. V., está ejecutando una indiscriminada exploración mineral en las comunidades San Juan Villa Rica, El Porvenir, El Ojital, La Luz, Los Baños y Rancho Nueva Italia, del municipio de Actopan.

Los activistas y especialistas afirmaron que la planta nucleoeléctrica construida en 1976 y operada desde 1990 por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene dos reactores nucleares y depósitos de desechos radioactivos, especialmente aguas contaminadas y uranio, lo que de por sí representa una preocupación permanente para la población.

“Nos sentimos consternados, porque nos damos cuenta de que a las autoridades no les importa la seguridad de la población ni los impactos al medio ambiente por las minas a cielo abierto.

Vemos que les están permitiendo las exploraciones, mientras los empresarios mineros canadienses están difundiendo una serie de mentiras entre la gente de las comunidades; los convocan a ver películas para decirles que la minería representa progreso, que van a mejorar su vida, que todo va a ir muy bien”, dijo a este semanario Claudia Gutiérrez, activista del Grupo Antinuclear Madres Veracruzanas.

Demasiado cerca de Laguna Verde

También denunció que hay daños sanitarios por la operación de la CNLV. “Pero las autoridades de Salud se han negado a llevar a cabo estudios para determinar la relación entre la planta y enfermedades como el cáncer, que ha ido incrementándose entre la población que vive en las cercanías.

De hecho, esa planta no debería estar ahí; desde que se construyó (en 1976), especialistas dijeron que ése no era un lugar adecuado para un complejo nuclear, porque era una zona proclive a movimientos sísmicos que, aunque pequeños, pueden afectar la operación de los reactores de la planta. Ahora quieren poner minas en las cuales se harán explosiones a menos de tres kilómetros.

Y además, van a sumar otros riesgos sanitarios, como la presencia de cianuro en el agua, debido a los lixiviados de la minería (líquidos que contienen residuos químicos, que escurren al subsuelo y llegan a los mantos de agua)”.

El físico matemático Bernardo Salas Mar, investigador del Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), trabajó como técnico en el Departamento de Protección Radiológica de la CNLV. Fue despedido el 21 de mayo de 1996 por denunciar condiciones de inseguridad en el complejo nuclear.

Entrevistado hace unos días por buzos en la Ciudad de México, el 22 de septiembre de 2017, destacó que los riesgos se multiplicarán si se autoriza la explotación minera en la zona aledaña a la planta.

“Las explosiones en las minas generan microsismos, entonces pueden alterar el funcionamiento de los reactores, de las turbinas que deben estar bien alineadas con respecto a la gravedad. Los mismos responsables y trabajadores de la planta deberían protestar. Yo no sé por qué no lo han hecho. Yo recuerdo que cuando estaba en construcción se estaba construyendo arriba, en las montañas, una presa para la agricultura, y la suspendieron. Dijeron: no, porque las presas hidráulicas inducen sismos. También hubo por ahí, unos puentes para cruzar ríos, porque venía el ferrocarril Tampico-Veracruz; pero dijeron: no, porque iba a pasar a un lado de la planta; y ahí quedaron los vestigios de esos puentes, que estaban muy fuertes, pero se abandonó el proyecto. Entonces, al ver el proyecto de las minas ¿por qué no se protesta igual?

“Yo acepto que toda industria representa un riesgo, pero cuando se sabe que se manda un presupuesto suficiente para dar mantenimiento a todos los sistemas de seguridad, pero el dinero no llega, como lo destina la Federación, y en el camino se ve que aparecen ranchos, yates y cosas así; entonces uno dice: no, esto no lo está operado gente responsable, sino gente que se lleva ese dinero a sus bolsillos.

El riesgo en la planta es el mantenimiento, que no se da, porque el dinero que se destinó no llegó a su último fin, sino que fue desviado. Esto es lo que siempre he señalado; de hecho, por eso me corrieron de ahí.

Esta generación que opera la planta no está preparada y no se les deben confiar unos reactores nucleares ¡Y todavía quieren construir otros cuatro reactores nucleares! Éste es mi punto de vista. Deben terminar la vida útil de los dos reactores que tienen y ya vendrá otra generación que se haga cargo de operar otros reactores. ¡Pero no esta gente que está ahí!”, enfatizó Salas Mar.

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA); el Grupo La Vida; la UCCS, Pronatura, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Greenpeace, Alianza Internacional de Habitantes, el Centro Americano de Derecho Ambiental, Environmental Defender Law Centre y el Grupo Antinuclear de Madres Veracruzanas, son organizaciones que desde 2011 están presionando a las autoridades federales y locales de la entidad para frenar la explotación minera, toda vez que ésta amenaza a la biodiversidad, a la riqueza cultural de la región y multiplica los riesgos de seguridad vital de las comunidades aledañas, entre ellos el que plantea la radioactividad.

Leyes permisivas

Emilio Rodríguez, activista del Grupo La Vida, explicó a buzos que “la ley minera otorga demasiada certeza a las empresas para sus inversiones, incluso, les permite denunciar al Estado por la no aprobación de proyectos. Esto lo han utilizado en otros países de Latinoamérica. Entonces la ley, así como está, es el gran problema, porque coloca en entredicho otros derechos: al del agua, al territorio, a prácticamente todo.

Las concesiones se otorgan en cualquier momento, sin consultar a nadie. Sin embargo, las áreas naturales protegidas son un dolor de cabeza para las empresas mineras. La presión social, en respaldo de estas áreas, ha sido suficiente para contener muchos de sus proyectos mineros, como los de Chiapas y Baja California Sur ”.

La permisividad mostrada por la Semarnat ante los proyectos mineros, señaló el activista, está relacionado con un abuso de la NOM-120-Semarnat-2011. “Es un gran paraguas para las empresas mineras, a las que exime de la obligación de presentar estudios de impacto ambiental en las actividades de exploración, con el argumento de que no hay afectación, que no es formalmente actividad minera y, por lo tanto, no hay ningún problema.

Sin embargo, nosotros tenemos documentado que la exploración con barrenos (perforaciones en tierra para sondear la composición del subsuelo) ya ha generado afectaciones en la zona del cerro de La Paila (en donde se pretende explotar oro y plata) y con la apertura de caminos para hacer esa exploración y la construcción de socavones (suerte de hoyos amplios de relativa profundidad)”.

“Si ya de por sí tener una planta nuclear es un enorme riesgo, autorizar trabajos de minería a escasos kilómetros de ésta es una locura. El proceso extractivo en México ha pasado por la alineación de las leyes a lo que científicamente no es viable ni es lógico ni correcto hacer y que hoy se está legalizando por todos lados.

Hay una permisividad exagerada, a partir del artículo seis de la ley minera que dice que la minería tiene uso preferente por encima de cualquier otra actividad”, dijo a buzos en la capital del país, Miguel Mijangos, activista de REMA.

Mineras canadienses al acecho

Desde el 19 de diciembre de 2011, que comenzaron sus gestiones oficiales, los empresarios mineros de Canadá se han mostrado empeñados en explotar esta región, sin importar los daños que pueden causar al medio ambiente ni los riesgos vitales a que exponen a la población.

Una y otra vez han intentado la explotación, pero las comunidades y organizaciones sociales han obligado a la Semarnat a negarse; la más reciente ocasión en 2012, a lo cual se suma ahora el retiro –temporal- de La Paila, anunciado el dos de octubre, por los inversionistas canadienses. Sin embargo, esta dependencia sigue avalando la exploración de las mineras al amparo de la citada NOM-120.

El 17 de agosto pasado, la Semarnat, través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, otorgó el permiso 30VE2017M0136, divulgado en la Gaceta Ecológica a la exploración del cerro de La Paila, donde las empresas Candelaria Minning Corp. y Caballo Blanco S.A. de C.V., tienen planeado explotar minas en once polígonos que hacen un total de 361.85 hectáreas, que de acuerdo con analistas de las organizaciones civiles ambientalistas están ubicados a 2.5 kilómetros de distancia de la planta nuclear de la CNLV, por lo cual quedaría dentro de la zona crítica considerada en el PERE.

Según datos de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, la Zona Vía Pluma es un radio de 16 kilómetros, tomando como referencia los reactores nucleares de la CNLV. Dentro de esta región hay un Área Precautoria de cero a cinco kilómetros alrededor de la CNLV.

Al encontrar obstáculos, las mineras canadienses han cambiado de estrategia ejecutando operaciones trianguladas y traspasos financieros y jurídicos para reacomodarse y volver a la carga para lograr su mismo objetivo. Actualmente, Goldgroup no solicita autorización para su proyecto minero completo Caballo Blanco como tal, porque ya fue rechazado en 2012, pero sí lo hizo en Alto Lucero, con otro nombre –La Paila– y con un nuevo membrete empresarial: Candelaria Mining.

El pasado 17 de agosto de 2017 presentó (otra vez) una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y la Semarnat le autorizó comenzar la fase de exploración, empujando con esto renovadas acciones de protesta por parte de organizaciones civiles y pobladores.

Eckart Boege, investigador en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)-Veracruz, y miembro de la UCCS, dijo a buzos días antes del desestimiento de Candelaria Mining: “Nosotros en la UCSS revisamos la MIA presentada y podemos decir que se trata del mismo proyecto Caballo Blanco, son los mismos polígonos, tiene las mismas implicaciones y por ello los argumentos que teníamos en contra anteriormente, son válidas ahora”.

Adán Vez, agente municipal en La Mancha, Actopan, denunció a este semanario: “Luego de que rechazaran su petición de autorización a la Semarnat en 2012, la Goldgrooup Mining vendió sus concesiones y proyecto a una empresa llamada Timmins, del corporativo minero Goldcorp, que a su vez las vendió a una tercera denominada Candelaria Mining Corp, que solicitó la nueva autorización, aunque se trata del mismo proyecto Caballo Blanco, que solamente cambió de nombre, y ahora se llama La Paila”.

De hecho, para efectos de gestiones legales, la canadiense Candelaria Mining Corp opera con el nombre local Caballo Blanco S.A. de C.V., como quedó asentado en el documento de registro del proyecto 30VE2017MO136 emitido por Semarnat.

Antes de que Semarnat rechazara, en septiembre de 2012, la petición de la canadiense Goldgroup para explotar las minas contenidas en el proyecto Caballo Blanco, el presidente municipal de Alto Lucero, Lucio Castillo Bravo, había acudido, en marzo de 2012, a clausurar instalaciones montadas por el corporativo Goldgroup, porque estaba operando sin permisos de uso del suelo; por violar las leyes ambientales estatales e incluso por carecer de permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para la posesión de explosivos. Sin embargo, las empresas de Canadá no han cejado en su empeño de explotar minas en la zona: lo intentan una y otra vez.

El 11 se septiembre de 2016, el delegado de la Semarnat en el estado, José Antonio González Azuara, reconoció ante la prensa local que Goldgroup estaba haciendo exploraciones en Actopan y Alto Lucero. Interrogado sobre los permisos expedidos a las mineras, González Azuara argumentó que operaban apoyados en la Norma Oficial Mexicana NOM-120-Semarnat-2011, que establece la alternativa de la exploración minera directa.

“Actualmente, amparados en la norma 120 están haciendo exploración a través de perforaciones en tierra, pero no tenemos en este momento ni un solo proyecto de impacto ambiental ingresado en todo el estado de Veracruz”, expuso.

Acciones encubiertas

Ascensión Sánchez Vázquez, uno de los principales activistas comunitarios de Actopan, quien vive en el poblado de Los Baños, dijo a buzos que los empleados de Goldgroup han estado presentes en Alto Lucero y Actopan desde 2016 haciendo exploraciones, acercándose a habitantes de las comunidades que tienen propiedades cuyo subsuelo les interesa para ofrecerles dinero, hasta 30 mil pesos, a cambio de que les dejen hacer barrenos en busca de minerales.

En Actopan la corporación Almaden Minerals LTD, por conducto de Minera Gavilán, S.A. de C.V., está enfocada a conseguir la explotación de minas de su proyecto El Cobre. Ascensión Sánchez explicó: “La mayoría de los pobladores no está de acuerdo. No vemos el beneficio para nosotros. Se perjudica el medio ambiente. En minas de este tipo se utiliza cianuro para extraer el metal fino de las rocas y usan toneladas de explosivos. Usan también millones de litros de agua. Todo esto dejaría en nuestras comunidades un gravísimo daño”, afirmó.

Bedo Leal Vázquez, subagente municipal en la comunidad de El Porvenir, dijo a este semanario: “Nosotros tenemos actas levantadas de ejidos que no están de acuerdo con las minas, porque estas zonas están dedicadas a la agricultura, ganadería y pesca, y al quitarnos el agua nos perjudicarían.

Las empresas mineras prometen que nos van a ayudar mucho, pero son puras mentiras; la gente no les cree. Los únicos que les creen son las cuatro o cinco personas que tienen trabajando con ellos, pero son compañeros de nosotros, y ya no están muy de acuerdo. Y ya lo estamos viendo”.

Exigir al gobierno estatal

El 21 de septiembre de 2017, miembros de la organización La Vida se manifestaron en el centro de Xalapa y entregaron un documento dirigido al gobernador panista, Miguel Ángel Yunes, demandando que se pronunciara en contra de que la Semarnat autorice a las mineras canadienses la explotación de La Palia y El Cobre, como finalmente ocurrió. Miguel Angel Yunes, gobernador panista de la entidad por dos años, quien dejará el puesto en 2018, dijo el 25 de septiembre que en su administración no autorizará ninguna actividad que ponga en riesgo el medio ambiente.

En 2012, activistas de organizaciones ambietalistas y líderes de las comunidades hicieron el mismo planteamiento al entonces gobernador priista Javier Duarte de Ochoa, quien se pronunció en contra del proyecto,que fue suspendido por la dependencia federal, pero no cancelado.

En febrero de 2012 Duarte exigió a la Semarnat que se negara el permiso de explotación de las minas contempladas en el desarrollo minero Caballo Blanco, diseñado por el corporativo Goldgroup Mining, en un marco de protestas de organizaciones civiles y comunidades de los municipios de Actopan y Alto Lucero, todo lo cual empujó a la Semarnat a negar el 17 de septiembre d 2012, el permiso a Goldgroup, quien se retiró… aparentemente

El 17 de septiembre de 2012, mientras la Semarnat anunciaba la negación del permiso de exploración a Goldgroup Mining –se entiende que se le habría notificado previamente su decisión– este corporativo canadiense publicó un desplegado expresando su inconformidad con la decisión de la dependencia (del gobierno federal encabezado por el panista Felipe Calderón), en este desplegado, la minera anticipaba que esperaría la instalación de la siguiente administración federal para continuar sus gestiones. En septiembre de 2012, el presidente electo era el priista Enrique Peña Nieto, quien tomó posesión el 1º de diciembre de ese año.

“Cabildeo” corporativo

Tal como indica la legislación aplicable, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat fijó el periodo legal de 30 días para realizar una consulta pública entre las comunidades sobre el proyecto central de La Paila, requisito establecido en el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico, así como en los artículos 40 y 41 del reglamento de evaluación del impacto ambiental.

En los hechos, este periodo se convierte en uno de cabildeo empresarial entre comunidades y autoridades. El plazo inició el cinco de septiembre de 2017, de acuerdo con el anuncio hecho en la Gaceta Ecológica fechada ese día. La reunión se acordó para el viernes seis de octubre, pero el dos de octubre la corporación suspendió el trámite y se retiró…por el momento.

En su cabildeo de este año, Candelaria Mining Corp y Caballo Blanco S.A. de C.V., habían puesto en marcha su “Cinemóvil 2017”, mediante el que proyectaron documentales sobre la minería y el trabajo de Candelaria en una improvisada pantalla montada en locales grandes de los pueblos, así como en patios de escuelas.

Durante la visita de buzos a la región, en días anteriores al dos de octubre, se estaban promoviendo de esta forma las bondades económicas y sociales del proyecto empresarial en las comunidades de los municipios de Alto Lucero y Actopan. En estos recorridos, el “Cinemóvil” de la trasnacional prometía con grandes letras “Palomitas y refrescos gratis” y concursos con premios a fin de que los vecinos acudieran a ver las películas y a escuchar sobre los múltiples “beneficios” que les traerá la minería.