Urgente, sacar del Congreso la revisión y rendición de cuentas

**Mientras el aparato de revisión administrativa siga sujeto a la negociación política, el trabajo técnico de auditoría no servirá de gran cosa.

La Crónica de Chihuahua
Diciembre de 2014, 17:29 pm

Por: Alejandro Salmón Aguilera/ ahoramismo.mx

El punto que ahora nos ocupa es la aprobación “fast track” de la cuenta pública del Gobierno del Estado correspondiente al año 2013, es decir, del año pasado.

Por mayoría de votos, obviamente provenientes del PRI y de sus aliados electorales, se aprobó un informe sin una sola observación al Gobierno, pese a que administró 50 mil mdp en aquel año.

No hubo ni una sola anotación que pudiera representar ya no digamos un delito, sino una rectificación administrativa. Nada, ni un solo movimiento de esos 50 mil mdp motivó una observación; ni un acto de los 13 mil 271 trabajadores que tenía el Gobierno del Estado en ese entonces—fuente: Transparencia Fiscal—tuvo motivo para una observación.

Ayer, en tribuna, el diputado panista Rogelio Loya hacía una anotación que podría parecer un galimatías pero que bien vale reparar en ese punto: si la revisión a la cuenta pública del ayuntamiento de Chihuahua, cuyo presupuesto apenas se acerca a los 2 mil mdp, tuvo un total de 500 cuartillas ¿cómo es que la del Gobierno del Estado tuvo poco más de 300, si gastó 50 mil mdp? Con un presupuesto de ese tamaño, el informe debió de contar con más de 13 mil hojas, decía en tribuna el legislador.

El hecho es que, en uno de los años más controversiales para cualquier administración estatal reciente, pues fue cuando se desató la polémica por la contratación de deuda pública en diversas modalidades, el Legislativo Estatal ni siquiera pidió un informe detallado sobre el ejercicio de esos ingresos que ya comprometieron a próximas administraciones.

El problema es que, mientras el aparato de revisión administrativa, como lo es la Auditoría Superior del Estado, siga sujeto a la negociación política, el trabajo técnico de auditoría no servirá de gran cosa.

Ayer mismo, a propósito de ese ritual de aprobación de cuentas públicas, volvió a la mesa de la discusión la urgente necesidad de reformar todo el sistema de revisión de auditoría a los diversos órganos de gobierno y hasta a las sociedades civiles que reciben fondos públicos.

La cuestión es ¿por qué los informes de auditoría deben ser aprobadas por el pleno de los diputados? ¿acaso son todos ellos especialistas en la materia? En “corto”, diputados y diputadas se preguntaban ayer, después de votar, ya sea a favor o en contra, por qué votar para aprobar o rechazar el trabajo que hizo un grupo de especialistas, como son los auditores de la ASE.

Si el órgano fiscalizador encuentra irregularidades ¿para qué someterlas al pleno del Congreso? Mejor que de cuenta a la instancia correspondiente para que ésta actúe contra quien haya hecho mal uso de los recursos públicos.

Todo sería más sencillo si el auditor enviase su informe a la Contraloría del Estado o, si fuera el caso de un probable acto delictivo, a la Fiscalía. El problema para las fuerzas partidistas representadas en el Congreso del Estado es que les quitarían uno de las armas de negociación política más poderosas que tienen actualmente. Ese es el problema: la revisión de cuentas es eso, un arma política. ¿Será por eso que no han sancionado a nadie en los últimos 10 años?