Tropas de EE.UU. capacitan a gobiernos que violan derechos humanos

REPORTAJE ESPECIAL/ La Crónica de Chihuahua

La Crónica de Chihuahua
Noviembre de 2015, 21:30 pm

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Nydia Egremy

Los primeros 15 años del siglo XXI han convertido al planeta en un gigantesco campo de batalla, donde los casi 72 mil elementos de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos entrenan en técnicas secretas de combate a elementos de países “socios”, que son cuestionados por violaciones a los derechos humanos. Documentos oficiales revelan que hasta 2014 las Fuerzas Especiales estadounidenses habían realizado 400 misiones de capacitación en todo el mundo, lo que evidencia el interés de la superpotencia por imponer su hegemonía y contener la eventual expansión de sus adversarios políticos.

Extender su campo de acción global y reforzar la dependencia de sus aliados, son los objetivos de las misiones de la élite militar estadounidense en el planeta. Además de las maniobras conjuntas, los cursos de capacitación y los ejercicios militares secretos entre sus Fuerzas Especiales y los elementos de seguridad de sus socios, es manifiesto el interés del Gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) por hacer un gran negocio con la venta de armamentos, equipos de vigilancia y seguridad y vehículos aéreos, marítimos y terrestres.

Las misiones conjuntas entre el Pentágono y los países socios se amparan en el Programa de Intercambio de Entrenamiento Combinado (JCET por sus siglas en inglés), que depende del Comando de Fuerzas Especiales de EE. UU. (SOCOM). La duración y costo del JCET se mantiene en secreto porque se argumenta que transparentarlos arriesgaría la seguridad de EE. UU. De esta forma ni el Congreso ni los ciudadanos ni la prensa pueden escrutarlos.

Este secretismo busca alejar su estrategia de la mirada “indiscreta” de los legisladores, opina la analista de la Rand Corporation y autora del libro Cien victorias: Operaciones especiales y el futuro de la guerra de EE. UU., Linda Robinson.

Oficialmente, el JCET capacita a las fuerzas de una “nación socia” en su propio territorio para transferir sus habilidades en entrenamientos en tareas que van de la interrogación bajo tortura de sospechosos de actos terroristas hasta incursiones nocturnas de captura. Extraoficialmente, otro objetivo es que las tropas de élite de EE. UU. se adiestren en distintos terrenos y se familiaricen con la geografía y cultura (idioma), vulnerabilidades y fortalezas de las fuerzas de seguridad del país anfitrión, para usarlas más adelante, señala el diario digital The Intercept, que dirigen los periodistas de investigación Glen Greenwald y Laura Poitras.

En todo el planeta

La iniciativa de expandir al SOCOM nació del expresidente George Walker Bush, quien lo amplió a 60 países; Barack Obama lo aumentó en 2010 a 75 países, según The Washington Post. A ese comando lo integran las Fuerzas de Operaciones Especiales (SOF), es decir, grupos de excelencia operativa e inteligencia como los Boinas verdes del Ejército de Tierra (ET), los operadores de Guerra Naval Especial (los famosos SEALS de la Armada), los Rangers (la ágil infantería), personal de apoyo e inteligencia de la Armada y contingentes de la Marina.

Pese a la crisis económica, el SOCOM aumentó su presupuesto, ejecutó significativas misiones en ultramar y duplicó a su personal (de 33 mil en 2001 a más de 70 mil actuales), incluidos ocho mil más bajo el cargo del recientemente retirado jefe de ese Comando, el almirante William Mc Raven. Documentos obtenidos por el sitio digital The Intercept revelan que el JCET se han extendido “en todas las formas concebibles” a partir del 11 de septiembre del año 2001 y más entre 2012 y 2013, cuando hubo unas 400 misiones de ese tipo en todo el mundo.

El SOCOM y su JCET han convertido al planeta en un gigantesco campo de batalla. En 2014 desplegó a unos 72 mil elementos en todos los continentes –salvo la Antártida– y se hicieron presentes en 133 países, casi 70 por ciento de naciones del mundo, según confirmó el vocero de ese comando, Ken Mc Graw.

Sólo hay una limitación para el JCET: la denominada Ley Leahy –promovida por el senador republicano de Vermont, Patrick Leahy–, que prohíbe al Gobierno de EE. UU. brindar asistencia militar a individuos o unidades de seguridad de un país si el Departamento de Estado (DE) tiene información creíble de que tal unidad ha violado gravemente los derechos humanos. Paradójicamente, el JCET se ha ejecutado en Colombia, Arabia Saudita, Camboya y otros países que figuran en la lista del DE con serios reclamos de abusos a los derechos humanos.

Esa aparente contradicción entre la Ley Leahy y los JCET se explicaría –según investigaciones periodísticas– en el reducido presupuesto de la Oficina para la Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del DE, responsable de confirmar que cumplen con la ley. Según la analista de la Fundación Open Society, Lora Lumpe, esa oficina sólo dispuso en 2014 de un presupuesto de 2.75 millones de dólares para realizar su trabajo. En contraste, otros proyectos de seguridad de EE. UU. tienen más recursos, como el JCET que recibió 15 mil millones de dólares, subraya Lumpe.

Fuentes anónimas han declarado a The Intercept que se rechazan muy pocas solicitudes de “países-socios” para realizar JCET. En 2012, de 162 mil 491 casos investigados por el DE, se aprobó 90 por ciento. Igual ocurrió en 2014, cuando de 160 mil solicitudes sólo se rechazó nueve por ciento (15 mil). De acuerdo con el vocero de SOCOM, Mc Graw, no se rechazó ninguna solicitud para proveer fuerzas a un Comando Combatiente Geográfico (GCC) porque les preocupara que esas unidades violaran derechos humanos, ya que “esas solicitudes se investigan por el Departamento de Estado, de acuerdo a la Ley Leahy antes de que se presenten a nuestro comando”, señaló.

Los anfitriones

Documentos obtenidos por The Intercept de la Oficina del Subsecretario de Defensa para Asuntos Legislativos a través de la Ley de Libertad de Información, muestran que en años recientes múltiples misiones del JCET se realizaron en países implicados en serios abusos criminales como Chad, Arabia Saudita, Nigeria, Colombia, Bahrein, El Salvador o Chad.

Ahí se lee que según el DE, los ejércitos, policías y otras fuerzas de seguridad de naciones vetadas por recurrir a la violencia excesiva, cometer violaciones como asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzosas y trato cruel, inhumano o degradante, han recibido capacitación militar, secreta y de excelencia, por las Fuerzas Especiales estadounidenses, las más capaces del planeta, refiere Nick Turse.

Según la Oficina del Subsecretario de Defensa, aunque el DE ha denunciado la colaboración de militares de Colombia en “asesinatos extrajudiciales y su relación con desapariciones forzosas” en ese país, las Fuerzas Especiales de EE. UU. condujeron ahí cuatro JCET en 2012, año en que Barack Obama comenzó su segunda gestión presidencial. En 2013 esas fuerzas de élite retornaron a Colombia para entrenar por un mes a los cuerpos de seguridad. Entretanto, el DE recibía informes de que elementos de seguridad de ese país cometían asesinatos extrajudiciales y que grupos ilegales armados recurrían a violencia excesiva.

Otra “nación-socia”, que para el DE no cumple con la Ley Leahy, es Arabia Saudita. Pese a ello, ahí se condujeron dos JCET entre diciembre de 2011 y enero de 2012; una de ellas por los Boinas verdes que en 60 días capacitaron a fuerzas gubernamentales en prácticas de puntería avanzada y técnicas de combate cercano. Entonces, el DE acusó a las fuerzas sauditas de responder con fuego indiscriminado a piedras lanzadas por manifestantes que protestaban contra la discriminación sectaria. Pese a que el DE denunció nuevos abusos de esos cuerpos gubernamentales en derechos humanos –tortura y violencia directa– ello no impidió un nuevo JCET de cuatro meses en 2013.

Las fuerzas de seguridad de Bahrein también figuran en la lista del DE por cometer arbitrariedades, asesinatos ilegales o arrestar a opositores bajo cargos muy vagos. Sin embargo, en 2013 esa nación alojó tres JCET en “destrezas de batalla de proximidad y operaciones nocturnas”. Situación similar ocurre en Camboya, que en 2012 acogió tres JCET que capacitaron a sus fuerzas de seguridad en tácticas de ataque ¡y derechos humanos! En ese tiempo, el DE denunciaba que la policía y el ejército camboyanos abrieron fuego con armas automáticas contra civiles en un desalojo de tierras, lo que causó la muerte de una joven de 15 años.

Entre 2011 y 2013, los cuerpos de seguridad de Chad fueron capacitados por fuerzas de élite de EE. UU. en tácticas de guerra en el desierto, patrullaje de gran alcance, misiones de reconocimiento y movilidad en el terreno. Mientras tanto, el Informe Anual de Derechos Humanos del Departamento de Estado reportaba que miembros de esos cuerpos “cometen arbitrariedades como asesinatos ilegales”.

A su vez, el Informe 2012 de Amnistía Internacional (AI) denunció que oficiales chadianos y grupos armados eran “responsables de serias violaciones a los derechos humanos, incluidos asesinatos, violaciones y otras torturas”. No obstante, en otoño de ese año retornaron a ese país fuerzas especiales de la Marina, Fuerza Aérea y del Ejército de EE. UU. para capacitar a su ejército y policía en empleo de armas pesadas. Al año siguiente, el DE denunciaba que fuerzas chadianas “dispararon y asesinaron a civiles desarmados y arrestaron a miembros del Parlamento”.

Tadjikistán, cuyas fuerzas armadas fueron denunciadas por el DE por tortura y abuso contra detenidos en 2012, también ha recibido JCET. De igual forma, hubo cinco en El Salvador, pese a reportes de asesinatos ilegales y trato cruel por sus cuerpos de seguridad; al igual que en Líbano, Rumania, Bangladesh, Kenya, Camerún, Pakistán, Indonesia y Uganda. De todas ellos el DE tiene denuncias contra sus fuerzas de seguridad de trato cruel, abuso físico, tortura, desapariciones y hostigamiento a detenidos.

Más presencia

En su prisa por profundizar el vínculo militar con los países árabes del Golfo Pérsico, el Pentágono se ha acercado a mandatarios de esa región convulsa. En mayo pasado, el presidente Barack Obama se reunió en Maryland con representantes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Omán y Bahrein. Ahí, en aras de la expansión del negocio militar de EE. UU., el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Ben Rhodes, declaró que su país pretende que la región disponga de sistemas antimisiles “mejor integrados” y que interactúen en cuestiones de defensa, ciberseguridad y lucha antiterrorista, según reportó Prensa Latina.

Otra muestra del proceso de expansión de EE. UU. en el mundo es el pacto que logró en abril pasado con Turquía para que sus tropas de élite entrenaran a mercenarios del autodenominado Ejército de Liberación de siria (ELK, en inglés) para combatir al grupo radical Estado Islámico. Así, la base militar de Incirlik acogió a 83 militares estadounidenses y otros 23 se alojaron en la de Kirsehir, según el diario turco Jurriyet Daily News. El Gobierno de Ankara, opuesto al presidente sirio Bachar Al Assad, acordó que Washington prepare en territorio turco a esos grupos armados a cambio de capacitar a las fuerzas turcas en operaciones especiales.

América Central es otra región en la mira. En julio de 2013, el analista Eric Traitser citaba en The New York Times que cinco escuadrones tipo comando de Fuerzas Especiales del Pentágono (FAST) se desplegaron en países de esa región para capacitar y apoyar a unidades antidisturbios y antinarcóticos. Además, auspiciaron en Honduras la creación de la nueva unidad policial de élite Tropa de Inteligencia y Grupo Especial de Seguridad (con el acrónimo TIGRES), que grupos de derechos humanos han denunciado por su violencia.

Éste es el mapa de la expansión global de EE. UU. a través de sus Fuerzas Especiales y la capacitación que brindan a cuerpos de seguridad extranjeros con serios cargos de violencia contra los derechos humanos de los civiles.