Tres años de abuso presupuestal

**En solo dos años, 2019 y 2020, la administración morenista se gastó 282 mil mdp (de 323 mil mdp) de los fondos de ahorro gubernamental, para garantizar el sostenimiento de sus programas sociales y varios de sus proyectos "estrella", como el Tren Maya.

La Crónica de Chihuahua
Septiembre de 2021, 05:57 am

Por Martín Morales/
Buzos de la Noticia

Ciudad de México.- Durante sus tres primeros años de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) completó sus limitados ingresos fiscales y petroleros con “ahorrosˮ y el dinero de fideicomisos.

Este fondo, que asciende a 323 mil millones de pesos (mdp) y creado por gobiernos anteriores, fue usado en emergencias financieras generadas básicamente por el alto monto de los programas sociales de su administración, destinados a comprar votos. El reporte Números del Erario, de la organización civil México Evalúa (ME), señala que al inicio del sexenio el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) disponía de la cantidad arriba citada, pero que al 30 de junio de 2021 solo tenía el 5.16 por ciento.

En el informe Aspectos relevantes de los Pre-Criterios de Política Económica 2022, de abril de 2021, analistas de la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado, revelan que, al terminar 2020, los recursos acumulados del FEIP disminuyeron 74.4 por ciento, que la reducción en ese año fue del 94.2 por ciento y que la de 2019 había sido del 45.3 por ciento.

El FEIP fue creado el 31 de octubre de 2014 y según sus reglas de operación –publicadas el 1° de abril de 2015 en el Diario Oficial de la Federación (DOF)– tiene el objetivo de completar el gasto federal en reducciones de ingresos imprevistas y evitar recortes al gasto público.

Este instrumento fue habilitado con base en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, creado en 2001 con el propósito de establecer una aplicación más general de los recursos ahorrados que garantizara el gasto gubernamental en cualquier rubro.

México Evalúa ha señalado que en el primer trimestre de 2021, el saldo del FEIP se había reducido en 91.3 por ciento con respecto al del primer trimestre de 2020, y que le quedaban solo 15.8 mil mdp. Para el 30 de junio de 2021, la reducción era ya del 94.8 por ciento; y de los 323 mil mdp disponibles al inicio de este gobierno en 2018, solo quedaba 5.16 por ciento, es decir, 15.5 mil mdp.

En su análisis de enero-marzo de 2021, la organización civil México Evalúa explica: “A lo largo del primer trimestre de 2021, el FEIP registró entradas por 7.6 mil mdp y salidas por 1.6 mil mdp. Su saldo fue de 15.8 mil mdp, 91.3 por ciento (-166.1 mil mdp) menor al reportado en el primer trimestre de 2020”.

A su vez, el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), destinado a garantizar las partidas presupuestales para las 32 entidades del país, “a marzo de 2021 tuvo ingresos por 2.5 mil mdp y egresos por 4.2 mil mdp. Su saldo se ubicó en 28.9 mil mdp, lo que representa una disminución anual de 56 por ciento (-36.9 mil mdp)”.

Asignación cuestionable

La bancada de diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) advirtió, el 31 de enero de 2021, que el gobierno de AMLO estaba por agotar, en este año, los recursos ahorrados en administraciones anteriores para casos de emergencia presupuestaria. Verónica Juárez Piña, coordinadora de los diputados federales perredistas, reveló que en solo dos años, 2019 y 2020, la administración del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) había gastado 282 mil mdp provenientes de los fondos de ahorro gubernamental.

Advirtió que este dinero fue reasignado para garantizar el sostenimiento de sus programas sociales –apoyos a adultos mayores, becas laborales, etc.– y varios de sus proyectos de obra pública como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el Aeropuerto de Santa Lucía, a pesar de la caída de los ingresos federales.

Juárez explicó que la facilidad con la que el gobierno actual utilizó estos fondos de ahorro se debe a que “la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria es permisiva en la reasignación de los recursos presupuestales; por ejemplo, de los subejercicios, en los que tanto ha abusado en este gobierno, sin un mecanismo explícito, lo que no garantiza que los recursos sean utilizados para proyectos productivos”.

La extinción de los 109 fideicomisos tuvo lugar el 19 de octubre de 2020 y fue obra de la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión; uno de los fondos cuya desaparición ahora se vuelve ostensible es el Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

En el análisis ya citado, la organización México Evalúa destaca: “al momento del decreto de extinción, el saldo de los 109 fideicomisos era de 68.5 mil mdp; y al 30 de junio de 2021, el saldo se había reducido a 0.9 mil mdp”. En su reporte del 30 de junio de 2021, denuncia cuatro irregularidades en el uso de recursos de los fondos especiales; entre ellas, la más grave fue que el dinero de algunos de esos 109 fideicomisos había sido utilizado antes del decreto de extinción de octubre de 2020.

En el caso del FEIP, el análisis sostiene lo siguiente: “representó el 63 por ciento (296.3 mil mdp) del monto consumido. Éste nos parece excesivo, pues de acuerdo a las reglas del Fondo y los parámetros establecidos en la Ley de Responsabilidad Hacendaria, se debieron extraer menos recursos y dejar una mayor reserva”. Otra de las irregularidades graves consistió en que el “gobierno obtuvo los recursos del decreto de extinción antes de concretar el proceso”, ya que al 30 de junio de 2021, solo tres se habían extinguido completamente.

Una tercera falla fue que el gobierno “extinguió otros fideicomisos que no estaban en el decreto de extinción”; destaca, asimismo, que de enero a junio de 2021 se utilizaron tres incluidos en la lista de 109 fideicomisos extinguidos, en tanto que 25 se extinguieron por la vía de los hechos y se usaron sus recursos a pesar de que no aparecieron en el decreto de 2020.

La cuarta irregularidad fue que el gobierno “extinguió fideicomisos antes del decreto”. Se explica que a marzo de 2020, “los actos de extinción sumaban 30, con un monto de 1.9 mil mdp”, es decir, se aplicaron recursos de fideicomisos antes de su extinción, decretada en octubre de 2020.

En el análisis se denuncia que una de “las desapariciones” más sensibles fue la del Fonden, que “quedó prácticamente vacío”; pues al 30 de junio de 2021 solo tenía 55.1 mdp en contraste con los 28.7 mil mdp que disponía al cierre de junio de 2020. “Es lamentable que el uso de los recursos de los fideicomisos se haya consentido sin haber evaluado el impacto que tendría esta extinción en el desarrollo nacional (…)”, lamenta el informe de la organización civil.

4T eligió recortes presupuestales

Especialistas señalan que la “evaporación” de los recursos especiales produjo en su primer trienio, que al gobierno de AMLO le quedaran pocas alternativas para enfrentar la crisis económica y sanitaria, entre ellas la aplicación de una reforma fiscal para aumentar los montos de los actuales impuestos, crear nuevos, ejecutar magnos recortes al presupuesto e incrementar la deuda externa.

“¿Qué pasa si ya no hay estos fondos de estabilización? Lo que procede ahora son los recortes, que es la famosa política de austeridad, en la que empieza a haber menos recursos para ciertas áreas; y esto afecta a ciertos sectores, sociales o de otra índole.

“La otra es el incremento de impuestos. Pero no hay condiciones como para cargarle más impuestos a la gente. Lo ideal sería a las empresas, pero si éstas tienen más impuestos, empiezan a despedir personal. Normalmente, las reformas fiscales son para un momento de bonanza, en donde esté bien la economía; entonces, esta situación la hace complicada”, reportó a buzos Kristóbal Meléndez, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C. (CIEP).

Sobre la opción de aumentar el endeudamiento, en su reporte del 30 de junio de este año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la deuda neta del Gobierno Federal se ubicaba en nueve billones 592 mil mdp; y que gracias a las operaciones financieras realizadas este año, se redujo al 47.7 por ciento en relación con el Producto Interno Bruto (PIB), pues en 2020 era equivalente al 52.4 por ciento.

Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) informó en enero que al terminar 2021, México tendrá una deuda del 63 por ciento con respecto al PIB, ya que su recuperación económica será muy lenta debido a que el paquete de estímulos fiscales para reactivar el mercado interno fue equivalente al 0.7 por ciento del PIB, uno de los más bajos del mundo y solo comparable con el que aplicó Uganda.

En estos casi tres años de la administración federal 2018-2024, los recursos fiscales se han destinado a financiar los programas etiquetados como prioritarios desde el inicio del sexenio: apoyos monetarios a adultos mayores, jóvenes sin trabajo, etc. y a obras públicas como el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía y la refinería Dos Bocas de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

Kristóbal Meléndez aclaró que “la cuestión es que cada gobierno clasifica las prioridades conforme a sus necesidades; y normalmente los presupuestos llevan un orden jerárquico: primero van los que se llaman proyectos prioritarios. Unos podrán decir que los proyectos prioritarios deben ser en materia de salud, educación, cultura; otros sectores pueden establecer sus necesidades”.

Pero para este gobierno, apuntó el analista, desde el inicio del sexenio, los proyectos considerados prioritarios son los arriba citados, disponen de mayores recursos fiscales y otros, que tienen menores ingresos, como es el caso de la pandemia, están incluso expuestos a recortes presupuestales.

El desplome de los ingresos

En el citado estudio del Instituto Belisario Domínguez se destaca que la adversa situación de la economía nacional, con una caída del 8.5 por ciento en el PIB y una reducción del 36.2 por ciento en el precio internacional del petróleo, han provocado un desplome en los ingresos federales el cual, a su vez, implica la distracción de los recursos de dependencias gubernamentales consideradas no prioritarias a los programas u obras públicas que sí están clasificadas como tales.

Para optar por la reforma fiscal –estipula el documento– “se requiere una evaluación de posibles áreas de oportunidad en ajustes, no solo en materia de aumento a los ingresos públicos, sino también de mejorar el desempeño en el uso de los recursos en materia de gasto público y deuda pública. Asimismo, deberán evaluarse posibles riesgos de impulsar una reforma fiscal en un contexto de una incipiente recuperación económica”.

David Lozano Tovar, investigador del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló a buzos que, en materia de ingresos federales, la situación resulta adversa: “continúan llegando recursos por la venta de petróleo, pero ya no representan los recursos más importantes para el Gobierno Federal; a pesar de que ha habido precios internacionales altos, las ventas se han reducido”.

Lozano afirmó que el Gobierno Federal aún se basa en la producción de gasolinas, aunque la tendencia internacional opta por la reducción en el uso de los combustibles fósiles, porque en el mundo se desarrollan ya vehículos eléctricos e híbridos (que usan electricidad o gasolina) como se advierte en la Unión Europea, donde el objetivo es reducir drásticamente y sustituir los vehículos que usan combustibles fósiles de cara a 2028. Esto se refleja en las compras de crudo cada vez menores en esos países.

Detalló que el gobierno de AMLO presupone que el envío de remesas de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos (EE. UU.) se incluye en los ingresos federales, pese a que no tiene la mínima injerencia en ellos. Lozano Tovar citó otro problema relevante en torno al estancamiento de la inversión extranjera en México que, “a finales del año pasado, presentó una caída del 45 por ciento y este año será de más del 55 por ciento”.

Menos ingresos y más gasto

El estudio de la organización civil México Evalúa revela que el gasto gubernamental ha crecido y que sus ingresos se han reducido. “En el primer trimestre de 2021, el gasto neto total del Sector Público acumuló 1.6 billones de pesos. Con respecto al mismo periodo de 2020, hubo un incremento de ocho por ciento o 122.2 mil mdp”.

En el análisis El Presupuesto de 2021: Gastando como si ya no hubiera pandemia, Javier Martínez y Leonardo Núñez, del área de investigación aplicada de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), explican que en el primer trimestre de 2021 la actual administración federal obtuvo 5.6 por ciento más ingresos que los calculados en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), que no representa un mayor crecimiento económico.

“La parte más importante que explica el incremento global de los ingresos no es un mayor crecimiento económico o una mejora en la recaudación, sino el uso de los pocos ahorros que quedaban en diferentes bolsas, como el FEIP, el Fondo de Salud para el Bienestar (antes llamado Fondo de Gastos Catastróficos) o el Fondo de Desastres Naturales (Fonden)”, asegura MCCI en su informe fechado el 13 de mayo de 2021.

Éste era el contexto económico el 24 de mayo pasado, cuando se dio la sorpresiva adquisición del 50 por ciento de las acciones del corporativo Shell Oil Company de la refinería Deer Park ubicada en Houston, Texas, de la que Pemex poseía el otro 50 por ciento; por lo que, ahora, la petrolera mexicana controla el 100 por ciento. En esta operación, el gobierno mexicano gastó 596 mdd, equivalentes a 12 mil mdp.

El 25 de mayo de 2021, la bancada de senadores del Partido Acción Nacional (PAN) calificó esta operación como carente de “sentido”, porque se halla en construcción la refinería de Dos Bocas, que supuestamente solucionará los requerimientos de gasolina en México y que tendrá un costo de ocho mil mdd, que podría aumentar a 12 mil mdd, según calculan los expertos en la materia.