Trata de personas en Juárez

Javier Corral Jurado/ Columna Rotafolio

La Crónica de Chihuahua
Agosto de 2012, 21:38 pm

El saldo del 1 de julio en el DF, donde el PAN fue relegado al tercer lugar, ha dejado fuera del próximo Senado a una de las voces más sonoras en el Legislativo contra la trata de personas, la diputada Rosi Orozco. Aunque pesará su ausencia, es un hecho que la lucha por visibilizar y crear conciencia sobre este deplorable delito contará tendrá a los nuevos legisladores que sí podremos integrar la nueva Legislatura. Al menos ese es mi compromiso con las organizaciones que pugnan por una política integral contra la trata y de dar seguimiento a la legislación que generó el Congreso en respuesta a ese impulso.

Recuerdo esto porque esta semana tendrá verificativo en el DF un importante encuentro: “Jornadas Discusión-Diagnostico sobre la situación de la Trata de Personas en México”, organizado por Naciones Unidas a través del Instituto Mora. Ahí se presentará un documento que contribuirá a mejorar el conocimiento del fenómeno: La Trata de Personas con fines de explotación sexual; un enfoque diagnóstico en la zona metropolitana de Cd. Juárez, Chih. Un trabajo realizado por SeRe A.C., (Sexualidad Responsable), dirigido por el Dr. Gustavo Llamas, que ha contado con el patrocinio de la Agencia para el Desarrollo Internacional USAID.

Publicado a principios de año, me llamó la atención que era una investigación en campo con 438 entrevistas a personas vinculadas con el trabajo sexual, o “sexo-servicio”. Realizar una investigación de campo se dice fácil, aplicar los cuestionarios se oye más sencillo, pero hacerlo en Ciudad Juárez e indagando posibles víctimas de trata en el mundo de la prostitución local, es un arrojo singular que cometieron en favor de la lucha José Samuel Fernando Velarde, Genaro Ignacio Castro Velázquez y José Roberto Hernández Fuentes. De ahí la importancia del estudio, y no sé si exista uno similar en el país, sobre todo en medio de la brutal violencia criminal en la frontera y los lazos del crimen organizado con el comercio sexual.

El estudio, más que diagnóstico, tiene una misión: “Aún no existen datos duros sobre la trata que ayuden a dimensionar el fenómeno en el país. Esto de debe entre otros motivos al poco conocimiento público sobre el tema, y con ello a la muy frecuente confusión de conceptos ya no sólo entre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes sino entre la primera y una variedad de situaciones de abuso y violencia. Pero también a la naturaleza clandestina del fenómeno y a la falta de estudios, la escasez de denuncias y casos judiciales o policiales, así como la falta de una base de datos y registro por parte de las instancias públicas”.

Aprobada y promulgada después de un azaroso proceso legislativo, la nueva Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, genera con toda claridad ese mandato para las instituciones públicas y la obligación de una acción concertada en el combate.

Es fundamental darle seguimiento a la vigencia de la nueva ley, sobre todo una intensa y extensa campaña de difusión de sus ejes normativos. Es un gran paso, pues además de sancionar con hasta 40 años de cárcel a quienes incurran en explotación o abuso contra menores, la ley considera resguardar la vida, libertad e integridad, así como la seguridad e identidad de víctimas, ofendidos o testigos que declaren contra grupos del crimen organizado. Prohibe inserciones pagadas en medios mediante las cuales se promueva la prostitución y pornografía, que pudieran propiciar trata de personas.

Por ser una ley general, las autoridades de todos los niveles de gobierno están obligadas a atenderla. A partir de ahora los ministerios públicos y policías deben actuar de oficio contra la trata. Se define en qué consiste el tipo delictivo y las sanciones, ya sea prostitución, mendicidad forzosa, adopción ilegal, y a quienes contraten espacios en periódicos o internet para promover este delito de forma disfrazada.

La legislación regula la reparación del daño a las víctimas de manera integral, que será proporcional a la gravedad de lo causado y a la afectación sufrida. Por ello, las autoridades de los tres niveles de gobierno deberán establecer un fondo de protección y asistencia a las víctimas. La ley instituye competencias para saber de qué manera se deben coordinar las autoridades contra la trata de personas.