Tenemos una ley de responsabilidades de los servidores públicos

Por: Alejandro Salmón Aguilera/ Ahoramismo.com.mx

La Crónica de Chihuahua
Agosto de 2013, 23:52 pm

Este medio publicó el pasado martes que el Congreso de Estado tiene pendiente de aprobar un paquete que contiene 38 iniciativas de ley promovidas por diputados/as de la 63ª Legislatura. Esta columna agregaría que eso no es lo peor, sino que el actual cuerpo legislativo está por terminar sus funciones y nunca le puso mano a Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua.
Es increíble que esta Legislatura haya aprobado la reforma para darle autonomía a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y no haya modificado la ley en cuestión para obligar a los titulares de ese tipo de organismos a presentar una declaración patrimonial en los términos que lo hace cualquier otro servidor público.

La actual ley data del año de 1989, es decir, que tiene 24 años de existencia. Fue promulgada por el gobernador Fernando Baeza Meléndez, en una época en la cual no existía la figura del organismo autónomo y cuando los descentralizados tenían un peso administrativo mucho más ligero que en la actualidad. Esto significa que pasaron ocho legislaturas, incluida la actual, e incluida la 57ª, de mayoría panista, y no le metieron mano a una ley que perdió vigencia muy pronto, porque poco después comenzó a crecer en el país la creación de organismos independientes, ahora llamados autónomos.

Una de las más recientes reformas entró en vigor el 25 de septiembre del 2010, aprobada por la anterior legislatura, donde se modificó el artículo 5 de la ley para incluir entre los sujetos de Juicio Político a los Diputados del Congreso del Estado; los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, los jueces de Primera Instancia, Menores y de Paz; el Gobernador del Estado, el Secretario General de Gobierno, el Fiscal General del Estado, los Directores Generales y los Coordinadores. A todos ellos, menos a los titulares de los organismos autónomos.

¿A qué viene toda esta referencia? A que prácticamente la totalidad de los servidores públicos de primer nivel han cumplido con la obligación moral de declarar sus bienes patrimoniales, de modo que el ciudadano o la ciudadana puedan conocerla y compararla en un antes y un después de que ocupe el cargo.

Funcionarios como el presidente del Tribunal Estatal Electoral; el de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos o el del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) presentaron su respectiva declaración pese a que, en estricto sentido, la ley en la materia no los obliga.

Por eso es que en párrafos anteriores decíamos que “casi todos”, porque sólo queda un titular de un organismo autónomo que no ha presentado su declaración patrimonial: el presidente del Instituto Estatal Electoral. La ley no lo obliga, en estricto sentido, pues en ningún lado del texto aprobado hace 24 años se menciona a los titulares de los organismos autónomos. Todo este tiempo que han tenido para reformar una ley fundamental y no lo han hecho. Y pensar que se llegaron a gastar el tiempo de la legislatura en proponer reformas a todas luces inconstitucionales.