Telecom, otros pormenores

Javier Corral Jurado/ Columna Rotafolio

La Crónica de Chihuahua
Abril de 2013, 20:28 pm

En la mayoría de los países del mundo democrático las reformas a los ordenamientos legales se valoran en función de las necesidades colectivas, los problemas emergentes y las demandas sociales que exigen su satisfacción.

En México, además de lo anterior, debemos hacer una valoración en términos prácticos que parta de reconocer lo que tenemos y el tiempo que nos ha costado incorporar a la Constitución y a las leyes, lo que otras naciones han logrado desde hace décadas. Y una vez que se consigue avanzar en lo legislativo, es esencial reconocer si los pasos que se caminan son en la dirección correcta y permitirán cumplir con las exigencias sociales.

Por ello, y ante un retraso de casi cuarenta años por reglamentar en nuestro país el derecho a la información en varias de sus vertientes, la reforma constitucional de las telecomunicaciones, la radiodifusión y la competencia económica, es un avance mayúsculo.

Sería imposible un balance general no favorable al conjunto de las reformas, no obstante que he lamentado propuestas que se quedaron en el tintero, la forma en que se fueron diluyendo varios de los compromisos enunciados en el Pacto por México, y los retrocesos que sufrió la iniciativa a manos de las Cámaras del Congreso. Porque es menester decirlo con claridad: tanto la cámara de diputados como la de senadores adicionaron aspectos positivos como negativos, y en esa función revisora la iniciativa perdió más de lo que ganó.

De hecho, si no hubiera habido exigencias sociales por ensanchar la reforma, ésta hubiera sufrido más detrimentos de los que tuvo, esencialmente a manos del Senado.

Iré desgajando en subsecuentes entregas los alcances y consecuencias de las modificaciones hechas a la Constitución, por ahora es pertinente reflexionar sobre el comportamiento del Congreso al procesar lo que fue la segunda iniciativa del Pacto por México, pues las dos Cámaras pujaron en pos de su soberanía y autonomía frente al consejo rector de ese mecanismo negociador, y ahora sabemos exactamente las razones de ese celo por la división de poderes, el papel que en realidad quieren jugar los coordinadores parlamentarios de los tres principales partidos: la defensa de intereses particulares afectados por este tipo de iniciativas.

Sucedió así en la reforma educativa, donde la mayor presión se ejerció en la Cámara de Diputados por parte de legisladores perredistas y priístas para eliminar el tema de la permanencia de los docentes ligada al objetivo de la evaluación educativa, aunque no tuvo éxito. Donde sí se logró achicar el modelo e incluso disminuir las medidas que fortalecerían la rectoría del Estado, fue en la reforma de las telecomunicaciones, un sector auto-regulado por largo tiempo.

La Cámara de Diputados introdujo reformas para proteger al concesionario más importante de la televisión en el tema de la retransmisión de señales abiertas en sistemas de televisión de paga, y mediante una nueva redacción - tramposa -, de las reglas de propiedad cruzada de medios, eliminó uno de los objetivos esenciales del pacto establecido en el compromiso 43.

Luego la mayoría del Senado asestó los más duros golpes al modelo planteado por la iniciativa del Pacto en sus objetivos de transparentar el proceso regulatorio, evitar el fenómeno de captura regulatoria, el conflicto de intereses y sobre todo, el de poner fin a la alta litigiosidad que se da en este sector de las telecomunicaciones y con lo que resisten o aplazan decisiones del Estado en favor de los consumidores. Atajó que no todas las sesiones de la órganos reguladores serán públicas, derivó a la ley las excepciones a la "claúsula de contacto" entre reguladores y regulados; disminuyó de cinco a tres años el requisito de no haberse desempeñado en ninguna empresa regulada y terminó concediendo a los agentes económicos más poderosos del país, la suspensión en materia de amparo tratándose de multas y desagregación de activos en materia de competencia económica.

Eliminó también el deber de dar vista al Ministerio Público por parte de los órganos reguladores sobre delitos contra la competencia cuando se investiguen prácticas monopólicas.

Lo grotesco es que estos temas se colocaron como el punto de inflexión de los coordinadores en el Senado para aprobar la reforma, en una doble estrategia: para congraciarse en primer lugar con el sector empresarial que clamó estas rebajas y, la segunda, para desafiar de esta manera al mecanismo negociador del Pacto, donde ahora se demuestra que se construyen proyectos muy por encima de la visión de los jefes de las bancadas en el Congreso. El pacto les hace perder la dinámica del pago por evento con la que logran mucho más la protección de intereses particulares y de grupo. Simplemente hay que comparar las reformas educativa y de telecomunicaciones procesadas en el pacto, con la de deuda que negociaron exclusivamente los coordinadores, que además de su carácter anticonstitucional (de ahí mi abstención) es de un estrecho alcance en relación con todo lo que se dijo sobre la irresponsabilidad con la que los gobernadores han hipotecado a sus estados.

Pero lo más delicado de todo este procesamiento, fue el manejo insincero y desleal que los funcionarios del gobierno de la República, encabezados por Luis Videgaray, tuvieron con los mismos integrantes del consejo rector del Pacto, pues mientras el jefe de la oficina de la Presidencia y el consejero jurídico preparaban con los coordinadores parlamentarios disminuir el modelo desde días atrás, a algunos de los miembros del Consejo Rector del Pacto se les daba información falsa y se les tomaba el pelo con acuerdos que ofrecían mantener el modelo.

A esta sucesión de traiciones, hay que adicionar el cinismo con el que el Presidente de la República Enrique Peña Nieto reaccionó ante el caso de Veracruz, donde se ha documentado el descarado manejo electoral de los programas sociales de Sedesol y la “Cruzada Nacional por el voto” que lleva a cabo Rosario Robles, en uno de los medros políticos más detestables, que es la utilización del hambre que sufren millones de mexicanos. Todo esto pone en riesgo el Pacto. Pero por encima de los intereses de México queda la frase lapidaria, de la complicidad facciosa de siempre: "Rosario, no te preocupes, hay que aguantar".