Sigilo y regresión: la reforma de César Duarte

Javier Corral Jurado/ Columna Rotafolio

La Crónica de Chihuahua
Agosto de 2012, 01:36 am

México es un país que no descansa electoralmente; cada año, en por lo menos un 16% del territorio nacional, se celebran comicios electorales. Cada tres años se renueva la Cámara de Diputados, y cada seis tenemos elecciones generales, de Congreso federal y de Presidente de la República, con la concurrencia de varias locales. Un país que siempre está en elecciones, está en permanente confrontación, porque nada estimula tanto la desaveniencia entre los actores políticos, como la disputa por los cargos públicos. Sin pausa - ni para tomar aire-, no hay un lapso importante en el que se puedan procesar acuerdos políticos y consensos sociales en torno de reformas importantes.

A la necesaria cooperación se antepone el golpeteo permanente de un calendario electoral saturado, y a éste fenómeno, lo envenena de manera adicional las crecientes tensiones internas en los partidos para seleccionar candidatos, las persistentes trampas electorales dentro y fuera de los partidos, la inequidad o parcialidad de la competencia en los medios de comunicación, los financiamientos ilegales, el rebase de los topes para gastos de campaña, el intervencionismo de los gobernadores, el descarado uso de los recursos públicos en favor de partidos y candidatos. La ciudadanía que debiera ver en el ejercicio democrático reflejadas sus aspiraciones, termina asqueada, decepcionada, con un sentimiento de enorme frustración que es lo que ha ido carcomiendo la confianza en las instituciones.

Si lo anterior es una loza, lo que resulta verdaderamente patético es que las leyes electorales que definen y rigen estos procesos, sean producto de negociaciones obscuras, de espaldas a la sociedad, incluídos los mismísimos militantes de los partidos políticos quienes son los últimos en conocer lo que en su nombre acuerdan los legisladores. Y la irritación mayor se produce cuando en lugar de hacer avanzar reformas para atajar la inequidad, las trampas y los desvíos de recursos públicos, éstas se reducen a encontrar nuevas fórmulas del reparto de posiciones entre los partidos, en lugar de ensanchar la participación ciudadana; y lo que es peor, cuando tienen un carácter regresivo frente a derechos conquistados por los electorados.

Es el caso de Chihuahua donde los diputados del PRI, bajo las órdenes del Gobernador César Duarte, han convocado a una sesión extraordinaria de Congreso local para este lunes 6 de agosto, con el propósito de aprobar reformas a la Constitución del Estado en materia electoral, presumiblemente llamada "reforma política". No hubo el más mínimo proceso de consulta pública, ni siquiera por tratarse de la Constitución del Estado. No se transparentó el proceso de discusión y negociación, si lo hubo. A unas horas de producirse la sesión extraordinaria no se conoce públicamente los contenidos del dictamen, si lo hay, ni cuando se realizó la sesión de la comisión que lo produjo, supuestamente la de Gobernación. Hasta el cierre de esta colaboración no pude hacerme de una copia del documento final, es por ahora el secreto mejor guardado en el poder legislativo de mi Estado. El cuidadoso sigilo sólo confirma que no vendrán reformas importantes, ni tan buenas. Por el contrario, se asoma la decisión de llevar a la Constitución, la regresión política que vive Chihuahua a manos de un ensoberbecido César Duarte.

A la iniciativa que éste presentó en enero pasado, sin mayor trascendencia reformadora que la de ampliar los periodos de diputados y alcaldes, los Diputados del PRI presentaron como si en realidad fuera de ellos, una reforma sobre el método de elegir a los diputados plurinominales. Este asunto se incluyó de manera sorpresiva el pasado 2 de agosto, en el que se convocó de urgencia a la Diputación Permanente para recibir tres iniciativas que se adicionan al proyecto de ley del Gobernador Duarte. Si uno consulta el portal del Congreso de Chihuahua para revisar la iniciativa mediante la cual se promueve esta reforma, no es posible encontrarla pues la página está actualizada hasta el mes de julio.

La iniciativa busca darle reversa a un método de asignación de diputados de representación proporcional que en Chihuahua ha producido muy buenos resultados, que estimula la competencia, compromete más a los legisladores con sus electores, y en suma, acerca más directamente el mandato con las urnas. Chihuahua tiene un sistema mixto en el que unos diputados plurinominales son electos por prelación y otros por lista.

De acuerdo al artículo 40 de la Constitución y al 17 de la Ley Electoral (locales ambas), las diputaciones de representación proporcional se distribuirán mediante rondas de asignación entre los partidos; la primera ronda se asignará al partido que haya obtenido al menos el 2% de la votación estatal emitida, la segunda ronda a quien haya obtenido más del 7 y hasta el 10%, la tercera ronda se otorga a quien haya obtenido más del 10% y hasta el 20% de la votación. De acuerdo a la legislación las diputaciones de representación proporcional se asignarán de manera alternada; en primer lugar utilizando el sistema de listas previamente registradas por los partidos políticos para tal efecto y en segundo lugar atendiendo a los más altos porcentajes de votación obtenida en su distrito.

Conforme a la propuesta del PRI y de acuerdo a medios locales, pues no hay mucha información al respecto, se buscaría, además de aumentar dos asientos más, que los diputados plurinominales fueran de nueva cuenta todos de lista y ya ninguno de primera minoría, buscan eliminar la prelación. Duarte quiere agrandar su dedo.

La eliminación de las diputaciones plurinominales por primera minoría sería un craso error pues se va a contrapelo de la exigencia social por vincularlos más con la ciudadanía y alejarlos de los estrictos intereses de grupo en los partidos.

A lo largo de la campaña pasada defendí la necesaria presencia de la figura de los diputados "pluris", frente a quienes postularon el absurdo de eliminarlos todos. Pero en efecto, coincidí con la exigencia de reducir su número y buscar incorporar a la Constitución mexicana una fórmula como la que ahora tiene Chihuahua. Siempre he creído que las minorías deben estar representadas en el Congreso. José Woldenberg nos recuerda que los diputados plurinominales “no son una invención nacional ni un cuerpo extraño en el mundo de la representación política. Son diputados con plenas cartas de legitimidad que nos ayudan a modelar una Cámara donde las diferentes fuerzas políticas tienen un número de escaños cercano a su porcentaje de votos. Y, además, suprimirlos sólo serviría para construir una mayoría postiza en la Cámara de Diputados.”

Sin embargo, resulta paradójico, por decir lo menos, que cuando una buena parte del debate sobre el funcionamiento del Congreso ha centrado una crítica hacia los diputados plurinominales y los principales partidos se han comprometido a disminuir el número de éstos en ambas cámaras del congreso federal, así como transparentar la forma de selección dentro de los partidos, en Chihuahua César Duarte pretenda aumentarlos y concentrar su asignación a partir de las listas, eliminando una fórmula que otras entidades han empezado a incorporar a sus constituciones para acercar más directamente esta figura de la representación proporcional a los electores. Las listas de candidatos plurinominales se han convertido dentro de los partidos, en mecanismos cupulares que atienden mucho más a intereses de grupo, que a destacar hombres y mujeres experimentados en la tarea legislativa.

Es de esperarse que los legisladores de Acción Nacional en el Congreso de Chihuahua rechacen contundentemente este proceso de reforma electoral caracterizado por la opacidad y el secretismo, y por supuesto dejen constancia con su voto en contra de esta pretensión regresiva. No se vale intercambiar posiciones de fondo a cambio de una o dos migagas más en el reparto de plurinominales, cuando por lo que se sabe la reforma no recoge las actuales demandas del debate postelectoral, entre ellas, una real fiscalización de los gastos y sanciones verdaderas al financiamiento con recursos de procedencia ilícita (caso Monex).

Acción Nacional debe elevar la mira y colocar el empeño mayor en reconquistar la confianza ciudadana para tener mayoría en la próxima legislatura de Chihuahua, y no sólo pensar en plurinominales. Esa es otra de las grandes lecciones del pasado 1 de julio: la urgente necesidad de recuperar la noción de interés público en la elaboración de las leyes, y tomar distancia de las componendas inmediatistas que colocan los intereses personales por encima del bien común.

Sería deseable que también los del PRD, que tanto han exhortado al PAN a denunciar la ilegitimidad de Enrique Peña Nieto, sostuvieran en el terreno local su exigencia de que las reformas electorales toquen asuntos de fondo para atajar los excesos y abusos como los que César Duarte cometió en las pasadas elecciones, incluyendo el proceso interno del PAN del 19 de febrero. Si el PRI de Chihuahua quiere presentarse en el país como la avanzada de la restauración autoritaria, tiene con sus satélites los votos suficientes para reformar la Constitución y adjudicarse en exclusiva ese descrédito.