Saldrán a la par reformas política y anticorrupción

**Los senadores plantearon que la Comisión Nacional Anticorrupción no tenga facultades punitivas, pero sí la obligación de presentar denuncias ante la PGR.

La Crónica de Chihuahua
Diciembre de 2013, 23:50 pm

La negociación de la reforma político-electoral destrabó la reforma anticorrupción, pues al darle autonomía a la Procuraduría General de la República (PGR) a partir del 2018, se abrió la puerta a la creación de fiscalías especializadas en temas de corrupción.

Los senadores plantearon que la Comisión Nacional Anticorrupción no tenga facultades punitivas, pero sí la obligación de presentar denuncias ante la fiscalía que dependerá de la PGR y que tendrá instituciones similares en los estados.

“En tanto entra en vigor la reforma mediante la cual se le otorgará autonomía constitucional a la Procuraduría General de la República y, en su caso, a las procuradurías en las entidades federativas, todas ellas crearán fiscalías especializadas en investigar y perseguir los delitos de corrupción”, se prevé presentar en un transitorio del dictamen de la reforma constitucional en materia de anticorrupción.

Con esta negociación, los legisladores aceptaron que la Comisión Nacional Anticorrupción sólo sancione administrativa y económicamente a los servidores públicos que hayan incurrido en corrupción, así como a personas físicas y morales involucradas.

Pablo Escudero, presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado de la República, adelantó a El Economista que esta salida despeja en automático las inquietudes que había por parte de legisladores -sobre todo los del PAN- que trabaron la reforma por casi un año.

Otro tema que estaba atorado era el sistema de nombramientos para los comisionados de la institución que suplirá a la Secretaría de la Función Pública.

“El sistema de nombramientos se está ya pensando en un sistema tipo (Suprema) Corte (de Justicia de la Nación), donde el Presidente mande cinco ternas y el Senado nombre de esas ternas a cinco comisionados. Habría un órgano colegiado anticorrupción en donde habría cinco comisionados”, declaró.

Cabe destacar que se abordó en las negociaciones que el titular de la comisión sea nombrado por los senadores, previa realización de una consulta a la sociedad. El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente en un plazo de 10 días hábiles.

Estas medidas se aúnan a los acuerdos antes pactados por los senadores, entre los que se encuentra que la Comisión Nacional Anticorrupción tenga facultades de atracción de casos que sean competencia de estados, Distrito Federal o municipios.

Mientras que entre las sanciones administrativas que aplicará el órgano se encuentra la suspensión, destitución e inhabilitación. Las sanciones económicas deberán tomar en cuenta los daños y perjuicios patrimoniales causados.

“En los casos de corrupción, la sanción económica considerará, además, los beneficios obtenidos. En ningún caso las sanciones excederán de tres tantos los beneficios obtenidos o los daños y perjuicios causados”, se pactó en meses pasados.

Escudero (PVEM), propondrá que el nombre completo de la institución sea comisión nacional anticorrupción y de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, porque no toda responsabilidad o acción de un funcionario tiene que ver con la corrupción y se debe recordar que suplantará a la Secretaría de la Función Pública.

La negociación de esta reforma se analizará paralelamente a la reforma política; los legisladores no descartan que, de llegar a los acuerdos, se vote en el pleno durante este periodo ordinario de sesiones, el cual culmina el 13 de diciembre.