Retos y Oportunidades del PAN- 1a Parte.

Javier Corral Jurado/ Columna Rofafolio

La Crónica de Chihuahua
Enero de 2013, 20:37 pm

Los problemas que vive México plantean tres retos que de no atenderse, desperdiciarán oportunidades de desarrollo y malgastaremos otro año más: necesitamos un diagnóstico integral y descarnado de nuestras fortalezas y rezagos; valor y autenticidad para enfrentar las soluciones, y altura de miras para acordar entre los diversos la unidad de metas y acciones. Si se quiere se le podría llamar Acuerdo de Unidad Nacional, y su instrumento sería el gobierno de coalición; ahora existe un intento de acercamiento a ésta lógica con el denominado Pacto por México, pero está muy lejos de encarnarla porque hay mucha insinceridad y simulación entre quienes lo defienden, incluso entre quienes lo promueven, y más lejos aún se ve la idea de compartir el poder, toda vez que se ha reinstalado con fuerza la idea del gobierno como botín de partido.

El diagnóstico necesita un balance honesto entre épocas, entre la del autoritarismo y la comprendida por doce años de gobiernos panistas, una reivindicación y crítica que permita despejar de nuestros análisis la rencilla política y también dejar de estar viendo por el retrovisor cuando hemos decidido caminar hacia adelante. Tanto los gobiernos del PAN como la dura derrota electoral que enfrentamos el año pasado son hechos históricos que merecen una discusión amplia y de mucho aliento, no sólo al interior del partido sino, creo, también de cara a la nación.

En marzo próximo, Acción Nacional llevará acabo una Asamblea Nacional con propósitos de reforma estatutaria para mejorar varios de sus procesos internos, entre otros, los eleccionarios de dirigentes y candidatos. Será una primera respuesta a los saldos de la elección del año pasado. Pero quedarán por delante otras acciones importantes para revisar nuestra oferta programática y nuestro plan de acción frente a la desigualdad social imperante.

¿Cómo queda el país después de dos administraciones tan distintas, a pesar de su mismo origen partidista? ¿qué debemos reivindicar los panistas y, asimismo, qué merece una corrección seria de nuestro programa político y de nuestra visión del país? Me propongo esbozar algunas respuestas a estas cuestiones y aportar ideas para enfrentar los tres retos que he descrito arriba. Esta es la primera parte de una serie de tres entregas, quizá cuatro.

Gobiernos para la Libertad y los Derechos.

No tengo dudas al decir que la democracia mexicana llegó de la mano del Partido Acción Nacional. No hablo solo de la llegada de Vicente Fox y de su triunfo indiscutido en las elecciones del año 2000, sino de algo acaso más profundo: Acción Nacional leyó mejor que nadie las circunstancias históricas del fin de siglo XX en México. Gracias a la lucidez de Castillo Peraza, sabíamos que después de la crisis política de 1988, se había instalado un proceso de transición, de pactos sucesivos que acabarían abriendo las compuertas del sistema electoral y por esa vía, del sistema político todo.

Mientras la izquierda diagnosticaba una “revolución democrática” y el priismo añoraba su propia restauración controlada, el PAN acertó proponiendo y desplegando una estrategia de reformas que fortalecieron a la pluralidad (y a si mismo) y que ensancharon sus posibilidades electorales. Una reforma tras otra, un triunfo tras otro, en toda la República, a nivel municipal y estatal, prepararon el terreno para su llegada a la Presidencia.

Así, la transición fructificó en la alternancia institucional, un hecho inédito, pues nunca un gobierno mexicano había aceptado su derrota legal y pacíficamente, mucho menos, después de 70 años de detentar el poder de un modo autoritario.

Acción Nacional es pues, uno de los principales vehículos de la democracia mexicana y durante sus gobiernos, las libertades y los derechos esenciales de los mexicanos han seguido ensanchándose y multiplicándose: la crítica, el debate público, el acceso a la información gubernamental, la rendición de cuentas de la función pública, la protección de las garantías individuales y una progresiva e imparable separación de los poderes constitucionales distingue a la obra y a la época del panismo.

A pesar del vertiginoso incremento de la competitividad electoral (que tuvo su expresión matemática en un 0.56%, el año 2006), en todas partes, las elecciones se han instalado como el único mecanismo admisible para acceder al poder político, mientras que la idea y el ejercicio de los derechos individuales y los derechos humanos, son ya, partes consustanciales de la vida mexicana.

Ningún crítico puede escamotear esa realidad: Acción Nacional ha gobernado para la libertad, democráticamente y controlado por los contrapesos constitucionales. Ha dado garantías de nuestra apertura económica al mundo y de la estabilidad de precios. La responsabilidad macroeconómica ha sido compensada además, por la construcción de una red de protección a la salud de 52 millones de mexicanos, pero principalmente de los más pobres, mediante un programa continuo y en permanente fortalecimiento.

Estos méritos se acompañan de muchas otras obras, institucionales y materiales que mantienen a México en una senda –si bien lenta e insuficiente- de modernización y de prosperidad.

Dos decisiones fatídicas.

Esos avances, sin embargo, no pueden ocultar las dos decisiones que por su trascendencia e impacto en la vida social –me parece- marcaron por desgracia a los gobiernos del panismo: la incomprensión de la inevitable dispersión del poder político que ya había ocurrido en el país, por un lado, y la decisión de combatir el boom delincuencial a través del Ejército nacional por encima de las policías locales y aún, de la policía federal.

El primer punto ocurrió tan pronto Vicente Fox tomó posesión del mando presidencial. El PAN no tenía mayoría en la Cámara de los Senadores y juntos, PRI, PRD y los demás partidos constituían una mayoría por sobre la bancada panista.

Por muy legítimo, por espectacular e histórico que hubiese sido su triunfo electoral, en las condiciones presidencialistas de nuestro régimen, el Presidente Fox estaba obligado a negociar en el Congreso, debía intentar una coalición que lo acompañase en sus iniciativas de reformas fundamentales. No lo hizo y creo, ni siquiera lo quiso imaginar.

Por el contrario, en un intento de hallar un atajo a la laboriosa construcción parlamentaria, Fox acudió a los gobernadores, a un pacto de Ejecutivo con Ejecutivo que suavizara la oposición en el Congreso, pero que implicó en los hechos la mayor transferencia de recursos federales a los estados en décadas.

Esa decisión le permitió cierta convivencia con el Congreso, pero no fortaleció la Presidencia, ni el proyecto del PAN y, en cambio, propició una creciente feudalización de la administración pública a escala nacional. Sin ningún esfuerzo fiscal, sin rendición de cuentas, sin controles serios en el nivel local, el dinero del petróleo fue a dar a las arcas de Gobernadores súbitamente fortalecidos para emprender obras dudosas u ostentosas, proyectos personales, construir clientelas y sobre todo, erigir una serie de murallas para evadir la rendición de cuentas en nombre de las “soberanías” estatales.

Así ocurrió en Coahuila con el líder del PRI, Humberto Moreira; en Oaxaca ó Veracruz, y así ocurrió con Enrique Peña Nieto en el Estado de México, quien fue beneficiario de la multiplicación de los recursos públicos federales con los que edificó, entre otras cosas, su relación con Televisa para su muy particular carrera presidencial.

La falta de un diagnóstico político realista (la división entre Legislativo y Ejecutivo es un hecho estructurante de nuestra democracia) y la ausencia de pericia en la relación con el Congreso, provocó una fuga de recursos incontrolados, que aún no se detiene y que ha traído un sinnúmero de distorsiones a la vida pública, entre otras, el surgimiento de poderes regionales sin contrapeso, el incremento del clientelismo local y el intercambio sordo de favores que tanto han minado la democracia y la ciudadanía.

La violencia y el miedo

Seis años después, la estrategia del Presidente Calderón para combatir la crecida del crimen (crecida que el no creó, por cierto) modificó no solo la postura del Estado frente a las muchas bandas delincuenciales del país, sino también, frente a la sociedad misma, el orden local e incluso, el lenguaje del ejercicio del poder que ha llegado a crear la imagen de una nación metida en un periodo “de guerra”.

Esta decisión, que incluye sobre todo, la intervención directa del Ejército mexicano en los asuntos de seguridad pública desencadenó un fenómeno desconocido que dominó poblaciones y zonas muy importantes del país y que todavía no ha sido suficientemente explicado ni entendido.

La violencia y el miedo se multiplicó prácticamente en todas partes, pero como han demostrado los estudios más rigurosos sobre el tema, la muerte violenta se dispara particularmente en ocho estados a tasas superiores que hace veinte años, y en esos estados, están los operativos militares (Chihuahua, Guerrero, Nuevo León, Sinaloa, Estado de México, Jalisco, Tamaulipas y Michoacán).

El combate al crimen es asunto del Estado no del Presidente. Es decir, el tema de la explosión delincuencial no debe ser parte, nunca, de las discusiones, campañas electorales, atorones y estrategias de los partidos políticos y los gobiernos. Como se trata de un tema absolutamente esencial, requiere de unidad política excepcional. Importa menos lo valiente y lo visionario del Presidente, que ese trabajo político para atar en un compromiso explícito y de largo plazo, a las fuerzas legales del país.

Retomo a Fernando Escalante Gonzalbo, con un planteamiento varias veces expuesto en este espacio: la estrategia del gobierno desvaneció las diferencias entre delitos de mercado y delitos depredatorios, con lo que quiero decir que ninguna iniciativa anticrimen, puede aspirar a tratar igual y meter en el mismo saco al que vende droga bajo el consentimiento de su cliente, con el secuestrador que le causa un daño utilizando la violencia. Este balance no exenta la corrupción policiaca, de las procuradurías ni del ministerio público, pero si pone el acento en que la estrategia debió haber tomado esto, precisamente, como un dato de nuestra realidad, un hecho que debió haber asimilado desde el principio la estrategia de seguridad.

Me parece que debemos afrontar este balance sin prejuicios, sin autocomplacencia y con la decisión de corregir. Los doce años de panismo son un periodo contradictorio, luminoso y gris, como la historia misma del país. Pero si sabemos reconocer la realidad, las explicaciones genuinas de nuestra derrota, un periodo de libertades, estado de derecho, por un lado estabilidad económica y por otro estancamiento del crecimiento, federalismo salvaje y violencia inédita, podemos recuperar la lucidez con la que nuestros fundadores nos plantearon una causa y preparar a Acción Nacional para su recuperación.

El primer paso, es establecer el contenido de una discusión franca, sin miedos, que haga un verdadero corte de caja. Sólo así, podremos alzar la mirada; de lo contrario nada habremos aprendido.