Regularización y ’’censos’’: algo huele demasiado mal

**Todo esto ha ocurrido ante la indolencia de los organismos electorales e, incluso, de los partidos opuestos al PRI. O de plano están anestesiados, o validan todo ese movimiento por demás extraño, por no decir irregular.

La Crónica de Chihuahua
Febrero de 2013, 16:01 pm

Por: Alejandro Salmón Aguilera

Algo huele demasiado mal en todo este procedimiento de regularizar automóviles que entraron al país de contrabando, la famosa “nacionalización de autos “chuecos”. Algo no suena bien, desde el primer momento en que dos organizaciones de indudable corte partidista, como la Unión Campesina Democrática y la Confederación Nacional Campesina (esta última, catalogada como el “Sector campesino” del PRI) son las instancias donde se ha de iniciar todo el engorroso y caro trámite de regularización.

Hasta la fecha, ningún servidor público; ninguno/a de los/as diputados/as que aprobaron la Ley de Ingresos; ni siquiera los dirigentes de esas dos organizaciones, han sabido explicar por qué se les subrogó un servicio derivado de un decreto presidencial, como fue el autorizar la importación legal de un artículo —un auto, en este caso— que entró al país de manera ilegal.

Así, al aire, sin más explicaciones, se habla de que hubo un “convenio” con esas dos organizaciones. A la fecha, nadie ha exhibido el texto del dichoso convenio. Tampoco existe una convocatoria previa para recibir otras ofertas de otras organizaciones o bien, de empresas especializadas en la importación de bienes.

Menos aún ha habido claridad en lo relativo al cobro que hace el Gobierno o quien quiera que sea por enlistar los autos en ese “pre-padrón”, como se le llamó antes de que iniciara la verificación vehicular, o la que se paga actualmente a cambio de obtener el formato para acudir a la revisión del motor, lo cual es el primer paso para nacionalizar el auto.

El director de Ingresos del Gobierno del Estado, César Toledo, le declaró a quien esto escribe y a El Diario de Chihuahua que existe una “aportación voluntaria”, de 500 pesos—o de 300, para el que ya estaba en el “pre-padrón”—pero que de ninguna manera es obligatoria.

Sin embargo, las quejas que se han recibido a metros de las cajas de las recaudaciones de rentas indican que el pago es obligatorio. Lo curioso del caso es que ese concepto no está escrito en ningún renglón de la Ley de Ingresos y, por consiguiente, tampoco tiene destino en el Presupuesto de Egresos. Entonces ¿qué le van a hacer a todo ese dinero? Dicen que para programas destinados a mitigar la sequía. Si es así, estaremos esperando un desglose de inversiones y aplicaciones presupuestales, no sin antes saber cuánto fue lo recaudado por esa “aportación voluntaria”.

Pero hay algo más que expele un tufo desagradable en todo este proceso: el hecho de que tanto la CNC como la UCD—organización que no necesariamente pertenece al PRI, pero que colaboró con la campaña del entonces candidato César Duarte—soliciten copias de comprobantes de domicilio y de la credencial del IFE. Piden cuatro juegos de copias y ellos se quedan al menos con una ¿para qué las quieren?

Si estuviéramos en tiempo electoral y una organización partidista se pusiera a pedir copias de las credenciales del IFE, habría un escándalo estruendoso, pero todo esto ha ocurrido ante la indolencia de los organismos electorales e, incluso, de los partidos opuestos al PRI. O de plano están anestesiados, o validan todo ese movimiento por demás extraño, por no decir irregular.