Regularización de autos chocolates, ¿justicia social o maniobra electorera?

**A pesar de las ventajas que los representantes de la 4T dicen sobre la regularización de estos autos, la realidad es que hay muchas opiniones opuestas, por ejemplo, quiénes serán realmente los beneficiarios de su legalización.

La Crónica de Chihuahua
Octubre de 2021, 16:20 pm

Por Ana Lilia Dueñas/
Periodista chihuahuense

Chihuahua, Chih.- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), firmó el “Acuerdo para la regularización de vehículos usados de procedencia extranjeraˮ –mejor conocidos como autos chocolates– en un acto celebrado el 16 de octubre en Ensenada, Baja California (BC), en el que también se difundió que con este decreto se beneficiará a usuarios de recursos limitados de los siete estados de la frontera norte y se “combatirá la inseguridad ante la falta de registro y control vehicularˮ.

El cuerdo presidencial fue presentado, además, por la titular de la Secretaría de Economía (SE), Tatiana Clouthier, quien informó, asimismo, que en la toma de esta decisión participaron las Secretarías de Gobernación (SG), Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); y que sus primeros beneficiarios serían personas físicas de BC, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como de Baja California Sur (BCS).

La funcionaria federal explicó que la regularización de los autos chocolates “combatirá” la inseguridad pública porque, con su “registro y control”, se evitará la comisión de diversos delitos; y a modo de ejemplo citó que, del 1° de noviembre de 2019 al 30 de agosto de 2020, en BC fueron puestos a disposición de autoridades ministeriales 370 vehículos usados para cometer homicidios calificados y que el 78 por ciento de éstos eran irregulares y de origen extranjero.

La legalización se aplicará solo a los autos que ya se encuentran en los territorios de las siete entidades arriba citadas y se realizaron mediante un pago fijo. El Presidente informó que el trámite tendrá un costo aproximado de dos mil 500 pesos y que, con la regularización de los más de 500 mil vehículos que circulan en BC, la SHCP obtendrá mil 300 millones de pesos (mdp), que “serán canalizados en mejorar las vialidades y tapar baches”.

El decreto, anunciado inicialmente en junio, ratificado en agosto y septiembre, y concretado a mediados de octubre, prevé, por ahora, la regularización de los automóviles introducidos ilegalmente a la región fronteriza norte; pero el Gobierno Federal anunció que posteriormente revisará su posible extensión al resto del país.

No es ésta la primera ocasión en que el Gobierno Federal toma una decisión relacionada con los autos chocolates; entre 1979 y 2011 impulsó 19 procesos para legalizarlos, aunque, en el inmediato anterior (2011), el decreto incluyó varios requisitos para su regularización –entre ellos su antigüedad y estatus ambiental– que elevaron sus precios, sin que éstos inhibieran su arribo al país.

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió hace una década –y de los 31 años precedentes– la decisión del actual Presidente de la República en torno a legalizar los automóviles “chuecos” fue adoptada de manera autárquica y poco pensada, porque desde que la difundió en junio, no realizó un acuerdo con los gobiernos de los estados fronterizos para cerrar las fronteras y evitar la internación de más automóviles.

¿Cuántos autos chocolates no habrán cruzado entre junio y octubre al amparo de la promesa presidencial?

Éste es el principal cuestionamiento que el vigésimo decreto “chocolatero” generó en los empresarios, políticos, ambientalistas, y en los dirigentes de las organizaciones sociales promotoras de este tipo de iniciativas, entre quienes prevalece la idea de que tal medida es un “premio a la ilegalidad”, porque autoriza el contrabando automotriz y lo pone a competir con una de las actividades industriales más relevantes del país en la época actual.

El empresariado mexicano vinculado a la industria automotriz fue el primero en cuestionar la iniciativa del Presidente y lo hizo con sólidos argumentos económicos, como el de que ha invertido muchos recursos en el ensamblaje de vehículos, en la contratación de personal, en la transferencia de tecnología para la generación de divisas vía exportación y para convertir a México en uno de los países exportadores más importantes del mundo.

A estos productores se sumaron los vendedores de autos legalmente establecidos, quienes estiman que, en los últimos dos años, se ha registrado una caída del 30 por ciento en sus ventas internas que equivale a una pérdida de 30 mil mdp por captación de los impuestos al Valor Agregado (IVA) y Sobre la Renta (ISR) para el Gobierno Federal. Este “cambalache –comentó un distribuidor de autos en Chihuahua– carece de lógica, porque se dejará de obtener este monto a cambio de una cantidad a todas luces mucho menor y que abona al quebranto del Estado de Derecho”.

Pero el decreto de AMLO no solamente le pega a los industriales y distribuidores de autos legales, sino también a sus compradores o usuarios, ya que por su misma condición de vehículos “baratos” y poco ecológicos, deben deshacerse pronto de ellos; y se ven obligados a venderlos a un precio 20 por ciento más bajo que el de su adquisición, según los expertos.

El pro y los contras al decreto

En defensa del decreto de AMLO, el economista y catedrático de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), y diputado local por la bancada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Benjamín Carrera Chávez, advirtió que los autos “chuecos” o chocolates no afectarán las ventas de las agencias de autos nuevos o seminuevos, porque “la mayoría de quienes los compran no son clientes de estas empresas”.

Los compradores de autos chocolates, precisó, son personas “con ingresos no suficientes para adquirir un automóvil de agencia, por lo que no es competencia para ellos. Se debe entender que por encima de los intereses de la industria y la iniciativa privada está el patrimonio de las familias; y para muchos un vehículo es su patrimonio y tienen derecho a legalizar su patrimonio; y más en Ciudad Juárez, donde el servicio público de transporte es sumamente ineficiente”.

Sin embargo, Mario Vázquez, líder de la bancada panista en el Congreso de Chihuahua, explicó que, al margen de este hecho, hay un punto fino que la Federación no consideró a la hora de emitir el decreto: ¿quiénes serán realmente los beneficiarios de la legalización de estos vehículos? ¿Serán las familias que verdaderamente lo necesiten?

“¿Cómo se garantizará que éstas sean las que reciban este apoyo? ¿Cómo se garantizará que solo se regularizarán los ya existentes en México y que no seguirán ingresando automóviles al amparo de este decreto porque si no, habrá un problema de incentivos perversos para seguir importando vehículos que van a afectar la hacienda pública y no van a beneficiar los aspectos de seguridad?”, profundizó Vázquez.

Esta misma preocupación fue expresada por el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, quien además subrayó que el gobierno de AMLO “no ha considerado la afectación que tendrá la industria automotriz”. En Coahuila hay casi 150 mil empleos formales del sector automotriz, el cual se verá afectado por el impacto futuro de esa decisión en el mercado local.

El mandatario reveló que el Gobierno Federal no consultó a los gobiernos locales y que, como esa iniciativa, ha habido otras “decisiones unilaterales que se toman sin medir el impacto de la economía real”. Riquelme reveló que entiende que haya personas con necesidad de un vehículo barato y que lo consigan a través de la regularización; pero lo que “no se entiende es que el Gobierno Federal no tome en cuenta la generación de empleos y el esfuerzo que hacen las empresas”.

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) emitió, en un desplegado, una lista de peticiones al Presidente, entre las que resalta su propuesta de que se implemente un “plan integral de movilidad” para la frontera norte, con base en la creación de un sistema de transporte urbano eficiente y que haya tolerancia cero al flujo de vehículos de contrabando por los puertos fronterizos.

La AMDA enfatizó este punto y pidió al Gobierno Federal el estricto cumplimiento del Anexo No. 8 para eliminar el comercio tolerado de vehículos ilegales; también propuso la refundación del Registro Público Vehicular (Repuve) a través de la aprobación de una Ley General que le otorgue facultades plenas para ordenar el registro vehicular; y cerró su carta abierta con esta declaración categórica:

“La regularización del contrabando automotriz será un premio a las mafias criminales y a la burocracia corrupta que lo ejecutan y lo toleran si no se emprenden procedimientos administrativos y penales que hagan caer todo el peso de la ley a quienes se han enriquecido cometiendo delitos”.

“Hay chuecos hasta en el gobiernoˮ

Los autos “chuecos” o chocolates circulan por todas partes, no son exclusivos del crimen organizado, incluso muchos de ellos, que previamente fueron decomisados, están al servicio del gobierno estatal y varios municipios del estado sin su legalización correspondiente, denunció el líder de Onappafa, Raúl Villalba.

Expuso que, durante la administración estatal de Javier Corral, terminada recientemente, se decomisaron más de cuatro mil automóviles de origen extranjero, la mayoría en Chihuahua capital y Ciudad Juárez, cuyas autoridades municipales las tienen concentradas debido a que las están sometiendo a proceso de legalización.

“Estos autos decomisados pasan a ser parte del Estado, aunque ni siquiera los han movido, porque están en un proceso de saber quién es el dueño. Los tienen concentrados en Juárez y Chihuahua, echándose a perder. Hubo incluso algunos vehículos que se repartieron entre los diferentes municipios en oficinas de gobierno y sin cumplir el proceso”, aseguró.

Por su parte, Anapromex, agrupación dedicada a la expedición de amparos para la circulación de automóviles de procedencia extranjera, indicó que la regularización decretada por el actual Gobierno Federal sería una “prostitución”.

“Queremos la nacionalización, él (AMLO) lo sabe; pero está mal, ese proyecto va a fracasar; por lo pronto pueden solicitar su amparo a través de Anapromex… queremos un pedimento, una ley, una importación definitiva”, destacó Fidel Villanueva, dirigente de Anapromex, quien afirmó que la mayoría de los automóviles ilegales no circulan en la frontera, sino al interior de la República.

Marco Bonilla, alcalde de Chihuahua capital, una de las ciudades del país con mayor número de autos per capita –el 51 por ciento de su población de 960 mil habitantes (489 mil 600) usa coche como principal medio de transporte–afirmó que no objeta la legalización, ya que generará un registro y acabará con el halo de impunidad que rodea al problema; pero se mostró preocupado porque el Gobierno Federal no ha hablado de qué regularizaciones habrá en la frontera para evitar que entren más carros y para que su aumento en las calles de Chihuahua no provoque “inconvenientes ambientales”.

Destacó que los vehículos de combustión con gasolina y diésel son los principales generadores de gases de efecto invernadero, ya que aportan alrededor del 23 por ciento de las emisiones de este tipo, según la Asociación Civil El Poder del Consumidor. Esta misma organización reveló, en fecha reciente, que, en un periodo de 12 años (de 2001 a 2013), los fenómenos climatológicos afectaron en el país a 2.5 millones de personas y los costos económicos sumaron 338 mil 350 mdp.

Así que si se incrementa el parque vehicular, que actualmente transita en México, las desventajas podrían ser no solo económicas, sino también ambientales, explicó Víctor Alvarado, coordinador de Movilidad y Cambio Climático de dicha organización. Las pérdidas económicas se dan –agregó Alvarado–, porque los automóviles “arrebatan” más espacios y con ello hay más contaminación y más enfermedades.

“Al regularizar este tipo de vehículos también estás permitiendo la apertura del mercado, seguiría creciendo y podría llegar a ciudades en donde hoy por hoy no están operando”, advirtió. El especialista aclaró, además, que la medida es muy laxa, pues “dice que durante ocho meses se va a crear la regulación adecuada; pero no te dice a qué van a estar condicionados estos vehículos. Esto implica que se permitirá la entrada a vehículos ineficientes, inseguros y con poco rendimiento”.

La asociación ambientalista Salvemos los Cerros de Chihuahua revela que “el régimen económico neoliberal sigue vigente en el país y una de sus principales características es la improvisación; y que solo se toman acciones al azar para ganar apoyo de sectores, votos electorales, y en este caso los usuarios de chuecos. Pero esto no responde a un plan nacional de desarrollo y menos de preceptiva medio ambiental… en general, las improvisaciones siguen gobernando nuestras vidas y tenemos al Tren Maya y a la Refinería de Dos Bocas como ejemplo de ellos. Solo nos espera una crisis mayor y más profunda en los planos climático y ambiental”.

Por lo pronto, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, opinó al respecto que espera recursos por 200 mdp, los cuales aplicará en mejorar las calles de los 67 municipios del estado y que, entre tanto, su gobierno revisará las implicaciones fiscales que genere la regularización de los autos chocolates en el futuro próximo.

Y entre las múltiples consecuencias negativas del decreto –industriales, comerciales, laborales, fiscales y ambientales– hay otra que los analistas advierten: su trasfondo electorero y político, pues parece haber sido “lanzado” para distraer a la gente del debate público generado por las reformas energética y hacendaria.