Reforma ’’fast track’’, más complicada de lo que parece

**A una semana de que el Congreso del Estado apruebe la reforma al Código de Procedimientos Civiles, la oralidad se ve lejana, difícil y falta de recursos.

La Crónica de Chihuahua
Julio de 2014, 14:42 pm

Por: Alejandro Salmón Aguilera

Para cómo van las cosas, es fácil creerle al presidente del Centro Bancario, Héctor Sada Márquez, de que la reforma civil en materia hipotecaria va para largo y tal vez su aplicación esté “en chino”, como lo dijo el banquero.

La reforma para establecer oralidad en los procedimientos civiles era mucho más compleja de lo que se esperaba, a grado tal de que el presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) en aquel entonces, Javier Ramírez Benítez, la quiso instaurar hace dos años, es decir, antes de las elecciones intermedias locales.

Sin embargo, una somera revisión a las condiciones que había, no sólo políticas y sociales, sino de la misma estructura del Poder Judicial del Estado, hacían imposible que la Legislatura aprobara, ese sí de “fast track”, un nuevo modelo de juicio para dirimir asuntos de carácter civil, incluidos los juicios hipotecarios.

Hoy, a una semana de que el Congreso del Estado aprobara la reforma al Código de Procedimientos Civiles, la oralidad se ve lejana, difícil y falta de recursos para que inicie en agosto del año próximo.

Por un lado está la resistencia de las organizaciones sociales que se oponen a ella, ya sabemos: los que agrupan y defienden a los deudores de la banca, quienes han manifestado que esta reforma es una calca de aquella “ley del martillo” que pretendió instaurar el gobierno de Francisco Barrio, donde el deudor quedaba prácticamente en estado de indefensión.

Por otra, están los bancos, que quieren la actuación de la fuerza pública de manera casi inmediata para desalojar al deudor en cuanto inicie el proceso de cobranza. En tanto, el Gobierno del Estado quiere todavía mucho más: reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial; crear la Ley de Intermediación y un nuevo Código Civil para el Estado de Chihuahua.

¡Ah! También hay que agregar que el STJE quiere más presupuesto para instalar las salas de conciliación donde se sentarán deudores y acreedores para llegar a un acuerdo pre-judicial que impida el pleito y el desalojo de facto. También necesita dinero para capacitar a los jueces civiles quienes, en delante, ya no basarán sus fallos en lo que diga una montaña de papeles, sino en la palabra de las partes en conflicto.

Todo eso debe completar antes del 14 de agosto del año 2015, fecha fijada en uno de los artículos transitorios de la reforma al Código de Procedimientos Civiles. Es decir, que los opositores a ese nuevo sistema tienen poco más de un año para presionar y tal vez empujar una contra-reforma de aquí a entonces.

Bien lo dijo Sada Márquez, todo esto se ve en chino…y del antiguo.