Reforma constitucional ¿privatización del agua en puerta?

**Con esa reforma se deja abierta la puerta para que, en una ley reglamentaria, se le permita a los particulares abastecer de agua a la población.

La Crónica de Chihuahua
Junio de 2014, 15:03 pm

Por: Alejandro Salmón Aguilera

No nada más la Copa del Mundo del fútbol nos distrae, ni los festejos callejeros en el centro de la ciudad, no. Por extraño que parezca, reformas legislativas que aún no entran en vigor o incluso unas que no han sido votadas también nos distrajeron de un hecho que debería encender focos de alarma entre quienes pretenden—o pretendemos—defender el bien público por encima del interés privado.

El sábado 23 de junio entró en vigor una reforma a la Constitución Política del Estado en la cual se eleva a rango constitucional el derecho al acceso al agua.

La reforma se insertó en el artículo Cuarto de la Constitución y parece como un avance en materia de desarrollo social, pues obliga al Estado—al Estado Mexicano y al Gobierno de Chihuahua por consiguiente—a abastecer de agua a todo habitante del territorio Chihuahuense.

Ojo, la cuestión no es tan sencilla. En su primer párrafo, el Estado—se refiere al gobierno estatal—deberá garantizar que “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.

Si le cortamos ahí al párrafo, estaríamos hablando de una reforma de avanzada con la cual el Estado se obliga a anteponer el suministro de agua a cualquier otra obra pública. Es decir, que suministrar agua a todos los chihuahuenses sería la obra por encima de las obras, llámese carreteras o monumentos que nadie pidió.

Lo curioso de esta reforma viene líneas más adelante: El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases … estableciendo la participación de los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

Como diría Cantinflas: “ahí está el detalle”. Con esa pequeña frase: “así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines” se deja abierta la puerta para que, en una ley reglamentaria, se le permita a los particulares abastecer de agua a la población.

¿Cómo no ha de ser? Si el Estado ya tiene la obligación de llevar agua y seguramente—dirán para justificar el hecho—no tiene recursos para hacer las obras que permitan llevarla a todos los rincones del estado.

Nadie debería asombrarse, pues una buena parte del suministro del agua para uso urbano ya está concesionada a un particular: el Grupo Carso, de Carlos Slim. Desde el año 2007, el Gobierno del Estado le entregó en concesión la construcción y operación del acueducto Conejos-Médanos, el cual abastece a una buena parte de Juárez.

Para los que piensan que la privatización de servicios es una garantía de calidad, nada más revisen la cantidad de fugas, de tubos reventados, de daños a las viviendas aledañas a los acueductos que han ocurrido desde que Carso maneja el Conejos-Médanos.

Hay un pequeño detalle que vale diferenciar: la concesión a Carso le permite a ésta extraer el agua y venderla a la Junta Municipal de Agua de Juárez para que ésta a su vez haga la facturación a cada domicilio. La reforma de la cual hablamos pudiera abrir la puerta para que empresas como Carso sean las que nos cobren directamente.

Ojo con esa reforma y de cómo se reglamenta.