Recomendaciones de la CNDH casi se duplican

**Dirigentes de organizaciones de la sociedad civil que tienen como causa la defensa de los derechos humanos se muestran preocupados por la forma en que esta administración diseña, implementa y da seguimiento a las políticas públicas encaminadas a investigar hechos de esa índole.

Diego Badillo Y Lidia Arista/
eleconomista.com.mx

Durante los primeros seis meses de 2019, las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a dependencias e instancias del gobierno federal se incrementaron 91% comparadas con el mismo periodo del año anterior.

En ese lapso, el gobierno federal recibió 23 recomendaciones de las cuales, ha rechazado una, la que tiene que ver con presuntas violaciones a derechos humanos de beneficiarios del Programa de Estancias Infantiles de la Secretaría del Bienestar. La dependencia calificó esa recomendación como “una aberración inaceptable”. Durante el primer semestre de 2018 la CNDH emitió 12 recomendaciones.

De enero a mayo, la CNDH recibió 550 quejas, principalmente contra acciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Si se analizan los datos por programa, el mayor número de quejas las acumula el de atención a migrantes con 314 en ese lapso.

El panorama sobre la atención y prevención a casos de violaciones a derechos humanos alertó a dirigentes de organizaciones de la sociedad civil que tienen como causa esa materia, quienes reconocen la intención del gobierno federal por proteger las garantías individuales de las personas, pero les preocupa la forma en que esta administración diseña, implementa y da seguimiento a las políticas públicas encaminadas a investigar hechos de esa índole.

Además, plantean que el gobierno mexicano muestra claroscuros: reconoce una crisis en la materia, tiene una narrativa distinta a administraciones pasadas, pero advierten que los riesgos de que se cometan más violaciones a garantías individuales se mantienen y en algunos casos podrían darse de manera desbordada.

Reconocer la crisis implica actuar en consecuencia: Amnistía Internacional México

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum Panszi, señaló que la política en materia de derechos humanos del gobierno de la República ha tenido algunos aciertos.

En entrevista, reconoció que el gobierno mexicano admita que atravesamos por una crisis en materia de derechos humanos, lo cual, recalcó, implica actuar en consecuencia.

También reconoció que la autoridad haya puesto en la agenda política el tema de las personas desaparecidas y que haya cambiado la narrativa en esa materia.

Además, reconoció la creación de una comisión de búsqueda, así como el nombramiento de un fiscal especial para el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela rural de Ayotzinapa.

Sin embargo, planteó que algunas decisiones del gobierno constituyen posibles riesgos de violaciones a derechos humanos que en algunos casos podrían ser difíciles de revertir.

Concretamente dijo que les preocupa la forma en que el gobierno atenderá la violencia contra las mujeres, pues si bien se implementó un programa, no tiene métricas que permitan identificar el avance y éxito de esa política pública. Además, no se sabe quién encabezará y ejecutará el programa.

“Nos preocupa porque la violencia contra las mujeres está tomando dimensiones muy graves; pensemos que tan solo el año pasado cerramos con una cifra de feminicidios de más 3,800. Sí, estamos frente a un problema que aparentemente se atiende, pero luego no se atiende con la profundidad que se debe atender”.

Sostuvo que también les preocupa la forma en que el gobierno pretende atender el problema de vulnerabilidad en el que se encuentran periodistas y defensores de derechos humanos.

En el caso de la puesta en marcha de la Guardia Nacional consideró como preocupante la forma en que se aprobaron las leyes secundarias, pues tan sólo en el caso del Registro Nacional de Personas Detenidas no interactúa con otros registros que pudieran ayudar a concluir investigaciones de desaparecidos o atención a víctimas.

También expuso su preocupación por la forma en la que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador realiza la gestión de la migración.

“Nos preocupa profundamente las imágenes en la televisión en donde se ven redadas de agentes de la Guardia Nacional buscando migrantes en hoteles y restaurantes, cosa que nunca se había visto, ni siquiera en la frontera sur de los Estados Unidos”.

Señaló que lo grave es el cambio de discurso del gobierno federal pues hace seis meses se hablaba de otorgar visas humanitarias a los migrantes centroamericanos que entraban al país con la intención de llegar a la frontera sur de Estados Unidos.

Sin embargo, hoy, con la presión arancelaria encima, lo que hay es una política totalmente punitiva hacia esas personas.

La activista destacó que la gestión de los derechos humanos es totalmente transversal y no solo una tarea de las autoridades, pues las organizaciones de la sociedad civil pueden participar tanto en el análisis, diagnóstico y atención a víctimas con el fin de contribuir a la prevención de violaciones a derechos humanos o bien la investigación de hechos consumados.

En ese sentido, mencionó que es muy importante que el gobierno mexicano haya nombrado al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, como un interlocutor con las organizaciones sociales, pero, dijo, se requieren muchos más.

Por otra parte, refirió que es preocupante el hecho que el presidente de la República no haya asistido al informe del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez.

“Los símbolos son importantísimos y ha sido el primer presidente, el de la cuarta transformación, el de proximidad con el pueblo, el de la preocupación de las causas del pueblo quien no ha recibido el informe…Es un mensaje muy negativo”.

Se va a venir una avalancha de violaciones: Insyde

Para la directora ejecutiva del Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. (Insyde), Laura Díaz de León, para el segundo semestre del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se prevé una avalancha de violaciones a los derechos humanos, ello por la entrada en operación de la Guardia Nacional y la política migratoria que está aplicando.

La especialista afirmó que a siete meses de iniciada la gestión de López Obrador sigue siendo incierta la postura que tendrá su gobierno frente a los derechos humanos. Lo que sí es de preocupar, apuntó, es que en poco tiempo se han dado ya repetidas violaciones a los derechos humanos y posturas que colocan en estado de alerta a organizaciones que velan por el respeto a las garantías individuales.

Explicó que este gobierno ha implementado una política migratoria que está violando diversos derechos de los migrantes y de los mismos mexicanos, ha criminalizado a defensores de los derechos, eliminó recursos para el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y Padres Solos, e incluso calificó como “una vergüenza” la recomendación que le hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la que señala que cancelar el apoyo a las guarderías es una medida regresiva.

Además, sostuvo, se puso en marcha la Guardia Nacional, la cual sin duda propiciará frecuentes violaciones a los derechos humanos porque está conformada por elementos que se sabe han cometido atropellos y abusos, pero además porque no fueron capacitados correctamente.

“Vemos que se va a venir una avalancha de violaciones a derechos humanos, no sabemos de qué manera se van a poder contener, esto nos preocupa mucho”.

Díaz de León indicó que como desde hace varios años una preocupación es devolver la paz y seguridad a los mexicanos, se ha permitido la violación de los derechos humanos e incluso ha sido tolerada por los mismos ciudadanos.

Se justifican los medios para alcanzar el objetivo de la seguridad, y los medios han sido las violaciones a los derechos.

Subrayó que también es preocupante que el presidente de la República no acepte las recomendaciones de la CNDH, e incluso las califique, pues es el papel de la Comisión es velar por los derechos humanos y ser un contrapeso ante las arbitrariedades de los gobiernos que afecten las garantías.

Por ello, dijo que se deberá cuidar el relevo en la presidencia de la CNDH a realizarse a finales de este año.

“El hecho de que no le de un lugar relevante a la CNDH pone en riesgo el papel de vigilante que tiene la Comisión y de garante de estos derechos, el hecho de que le esté quitando autoridad es preocupante porque quién va a vigilar estos derechos, quién va a ser el llamado de atención cuando se están violando los derechos”.

La especialista llamó la atención en que la protección de los derechos humanos no ha sido una prioridad para los últimos presidentes de la República.

“Ha habido una crisis durante años en materia de derechos humanos, creo que el gobierno actual desperdició una oportunidad de reposicionar el tema de derechos humanos. Con EPN también se vieron violados muchos derechos, por muchos años han sido un tema secundario, sino que terciario, o peor… No lo consideran relevante, lo consideran en algún momento como una exigencia y como un estorbo para sus labores”.

Dijo que el presidente López Obrador está a tiempo de corregir y hacer de la protección de los derechos humanos una prioridad para su gobierno. Para ello debería empezar por reconsiderar algunas decisiones que ha tomado como la eliminación de apoyos a estancias infantiles porque ello viola el derecho de los niños y madres trabajadoras, regular las atribuciones de la Guardia Nacional, y establecer dialogo y respeto con la CNDH.

Llegada de AMLO generó muchas expectativas: IMDHD

El coordinador de proyectos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Edgar Cortez, afirmó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador generó muchas expectativas y esperanzas de que realmente va a combatir y desterrar la violación a los derechos humanos, pero lo que hemos tenido hasta ahora es un discurso generalizado.

Recordó que el 10 de diciembre pasado, el presidente planteó que su administración iba a aceptar todas las recomendaciones de la CNDH y han insistido en que no son un gobierno violador de derechos humanos, pero rechazó la recomendación que le hizo esa institución respecto de las instancias infantiles.

En opinión del activista lo que hay de fondo en esta situación es que pareciera que algunos asuntos relacionados con derechos humanos entran en tensión con la idea que tiene el presidente de solucionar problemas públicos.

Como ejemplo dijo que López Obrador ha dicho no a las instancias infantiles argumentando que en ellas hay corrupción, pero sigue sin especificar quienes concretamente han incurrido en ello y falta que los sanciones.

Luego, como su idea es dar dinero o ayuda económica directo a quien la necesita, lo que ocurre es que no se cae en cuenta si eso realmente garantiza el derecho de los niños y de las niñas.

Dijo que el problema es que aquello que se contraponga a la idea del presidente de cómo se arreglan los problemas, incluso cuando este en riesgo la violación de derechos humanos, lo lleva a cabo y le cuesta entenderlo, interactuar con los afectad y abrir un dialogo.

Además, añadió, está el asunto de que es un gobierno que quiere establecer una relación directa, sin intermediarios con la sociedad, lo cual, en principio puede estar bien, pero eso ha llevado a no reconocer y valorar el esfuerzo que se hace también desde organizaciones de la sociedad civil, de contribuir a soluciones a los problemas de política pública.

Desde su perspectiva, lo grave es esa política de tabla rasa, de que aquí hay corrupción y entonces hay que quitar todo, sin tener esa capacidad de discernir con mayor precisión dónde están las fallas que hay que corregir, que hay que sancionar, pero hay qué ver qué hay que rescatar porque van siendo instituciones que avanzan.

El activista destacó que en el gobierno del presidente López Obrador hay una reivindicación de la importancia de la protección a los derechos humanos y se ha planteado que se va a dar una atención, lo cual implica que hay un reconocimiento a una situación de crisis, lo cual es un elemento positivo.

También le reconoció el hecho que se han identificado casos emblemáticos de violaciones a derechos humanos y se han planteado posibles alternativas para su atención.

En ese sentido citó el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, para lo cual el gobierno creó una comisión de seguimiento del tema y nombró a un fiscal especial.

Sin embargo, dijo que, si bien es muy importante atender los casos emblemáticos, en ellos no agota la agenda de los derechos humanos en el país.

“Es importantísimo atender el caso de Ayotzinapa, pero igual de importante es qué se va a plantear para el resto de las desapariciones, que son miles”.

Destacó que no se acaba de tener una propuesta clara y estructurada sobre qué se va a hacer para el combate a la impunidad.

Mencionó que, hasta ahora, lo único claro es la creación de la Guardia Nacional, pero ahí hay un cuestionamiento del movimiento de Derechos Humanos sobre la impronta militar que tiene.

La preocupación principal es que es una institución que tiene esta característica de ser militar en los hechos, por estar integrada por militares y no se tiene la certeza de cómo ni cuándo va a convertirse en una institución civil.

De manera paralela a esa preocupación está el desentendimiento de la profesionalización de las policías locales. Dijo que contar con cuerpos policiacos estatales y municipales fuertes va a ser la condición para que, en cinco años, dejemos de depender de la Guardia Nacional en materia de seguridad.

Sin embargo, dijo que con base en lo que se observa hasta hoy, es que cuando se cumpla ese lapso se tengan que mantener a los militares en tareas de seguridad pública

En ese mismo sentido subrayó que hasta ahora no se tiene una propuesta concreta sobre tema de la procuración de justicia, es decir cómo se va a fortalecer y desarrollar la capacidad de investigación de las fiscalías.

Indicó que formalmente se logró que la Procuraduría General de la República se transformara en una Fiscalía General autónoma, pero ha sido solo en el papel porque esa institución no ha cambiado en nada en términos de que hoy tenga más capacidad de investigar delitos serios y graves que preocupan al país.

También señaló como preocupante la necesidad que hay de fortalecer los poderes judiciales estatales que siguen cooptados por los gobernadores.

También planteó la necesidad del fortalecimiento institucional para la atención de víctimas de violaciones a derechos humanos.