Rechazo generalizado y críticas a "Ley Mordaza" de Chihuahua

**Diversas organizaciones de periodistas manifestaron malestar, y piden al Ejecutivo Estatal que vete las reformas al Código Municipal, porque "legislan" contra la Constitución.

La Crónica de Chihuahua
Diciembre de 2014, 10:18 am

Chihuahua, Chih.- La aprobación de la “ley mordaza” en Chihuahua, generó controversia, críticas y rechazo en el ámbito nacional: diversas organizaciones de periodistas pidieron al gobernador, César Duarte Jáquez, no promulgarla.

Por el contrario, pidieron al ejecutivo la devuelva al Congreso estatal por inconsistente y por entrometerse en la esfera federal.

El pasado jueves, diputados estatales aprobaron la modificación al Artículo 28 del Código Municipal donde se faculta a los ayuntamientos el “sancionar la exhibición, difusión y comercialización en lugares públicos, de material extremadamente violento o cualquier otro que ataque a la moral, la vida privada, los derechos de terceros o perturbe el orden público”.

En las consideraciones de la reforma aprobada, los legisladores locales establecieron que “la difusión en medios públicos de imágenes que alteran el orden público, atacan a la moral y vulneran los derechos de terceros, es alarmante para el Estado de Derecho que si bien, protege la expresión, también cuida la sana convivencia entre iguales”.

A través de un comunicado, el gremio periodístico organizado del país se sumó con sus afiliadas, el Foro de Periodistas de Chihuahua, el Colegio de Periodistas de Chihuahua y con la Red de Periodistas de Juárez, al rechazo a las recientes modificaciones al Código.

Firman el documento el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo (Conalipe); Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (Fapermex); el Club Primera Plana y la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP-México).

Critican que con esta reforma se faculta a la autoridad municipal a sancionar a los medios de comunicación impresos.

“Esta intentona, y así la calificamos porque nuestra lucha no cejará hasta que se abrogue tal reforma, fue producto de la iniciativa retrograda del diputado del Partido Movimiento Ciudadano, Fernando M. Reyes Ramírez”, dice el comunicado.

Explica que a esta propuesta “se adhirieron los legisladores de los grupos parlamentarios de los partidos del Trabajo, de la Revolución Democrática, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Nueva Alianza, América Victoria Aguilar Gil, Héctor Hugo Avitia Corral, Luis Javier Mendoza Valdez, Hortensia Aragón Castillo, María Ávila Serna y Gustavo Martínez Aguirre, respectivamente”.

Añadieron que tramposamente en la exposición de motivos se intenta presentar como similares las imágenes pornográficas con el “material extremadamente violento”.

En el primer caso, aunque está reglamentada la forma de su difusión y comercialización, es una serie de actos encaminados a la venta de un producto basado en fotografías ex profeso, indican los organismos de periodistas.

Agregan que la cobertura de la fuente policiaca y los hechos presentados son muestra de una realidad, aunque lacerante, consecuencia de la inseguridad que los municipios, el estado y la nación no han podido revertir.

“Como se puede apreciar, con esta ley se pretende en forma aviesa, que no se conozcan en toda su crudeza la realidad de los hechos de sangre para en esa forma alentar la vergonzosa y vergonzante impunidad que nos agobia, misma que ha sido mencionada como la causante de la grave crisis que actualmente afronta el país”, dice el comunicado.

Agrega que “es de preguntarse, ante las inconsistencias de la mencionada ley de marras ¿quién será el sujeto designado en cada municipio para calificar cuál es el material extremadamente violento para proceder a las aprobadas sanciones?”.

Precisaron que esta norma es aprobada exacto cuando el Congreso de la Unión tiene en estudio parlamentario la supresión de las policías municipales y aprobar en consecuencia el Mando Único; es decir, el control con las policías estatales en todos los municipios del país ante la comprobada vulnerabilidad de esas corporaciones en los ayuntamientos.

La intervención del Gobierno federal en los municipios que se compruebe que han sido cooptados por el crimen organizado, es otro de los supuestos que están en análisis. De ahí surge la siguiente pregunta ¿Cómo se atreve el Congreso de Chihuahua a otorgarle tal poder a la autoridad municipal?, se preguntan los firmantes del documento.