¿Qué tan real es nuestra libertad de opinión?

Aquiles Córdova Morán

La Crónica de Chihuahua
Diciembre de 2011, 22:41 pm

Vuelvo a la cita presidencial que mencioné ya en mi artículo anterior, copiada de unomásuno del 5 de diciembre: “Las libertades de expresión, de prensa, de opinión y de manifestación, subrayó (el Presidente de la República, aclaro yo), se ejercen sin cortapisa y a plenitud, sin restricción alguna del poder público”; y añado que, casi con las mismas palabras, afirmó lo mismo en la entrevista que concedió a conocido conductor de un noticiario televisivo con motivo del inicio de su sexto año de gobierno. Al oírlo tuve la impresión de que hablaba con sinceridad y convicción, es decir, honestamente convencido de que decía verdad. Creo, además, que si en algo podemos coincidir quienes no hemos hecho de la adulación y el servilismo nuestro modus vivendi, es en que el Presidente Calderón va dejando una impresión duradera de que es hombre de ideas (obviamente, no necesariamente verdaderas), y que sabe expresarlas de modo claro y conciso. Por eso, y porque supongo, con base en ello, que conoce y acata el axioma lógico de que, del hecho de que alguien crea firmemente en el razonamiento que expresa no se sigue necesariamente que éste sea verdadero, es que alimento la esperanza de que no resulten inútiles las ideas que expongo otra, vez, en torno a la cita transcrita más arriba.

Opino, pues, que es cierto que los derechos en ella mencionados “se ejercen sin cortapisa y a plenitud” por lo que al gobierno respecta. Pero resulta evidente que, precisamente hablando del Gobierno de la República, esta manera de abordar la cuestión es claramente estrecha, insuficiente, y, por lo tanto, falsa en cierta medida. Porque la obligación de un Estado de Derecho, como el nuestro, no se constriñe sólo a no violar las garantías ciudadanas, sólo a respetarlas en lo que a él corresponde; es su deber, además, en primer lugar, garantizar que los gobernados, todos, cuenten con las posibilidades y con los elementos materiales necesarios para su pleno ejercicio. Tratándose de las libertades de expresión y de opinión, hace falta que el ciudadano cuente con los recursos (materiales e intelectuales) de carácter personal, más el respeto de toda la sociedad y el acceso expedito a los medios técnicos, sin los cuales resulta imposible ponerlas en práctica de manera eficaz y libérrima; de no ser así, las libertades teóricas se vuelven papel remojado, como suele decirse. En segundo lugar, también es obligación del Estado garantizar que no sólo él, sino todo el que por ley, o por razón de su desempeño social, deba hacerlo, respete íntegramente el libre ejercicio de las garantías de que hablamos.

Y en estos dos últimos aspectos sí que las cosas no andan tan bien como insinúa el discurso presidencial. Preguntémonos simplemente: ¿cuántos mexicanos, de los 112 millones que somos hoy, están en capacidad intelectual, política y económica para hacer uso de su derecho a manifestar libremente su opinión, de palabra o por escrito? No es necesario recurrir a los números del INEGI, o de cualquier otra fuente confiable (aunque puede hacerse en caso necesario), para responder a esta cuestión: se trata de una ínfima minoría privilegiada que, por añadidura, es la que menos necesita expresarse públicamente, pues es la que menos motivos para quejarse tiene. Y ¿qué estamos haciendo, como país y como gobierno, para ampliar ese número, para masificar esos derechos? Nada. Pero la verdad completa es mucho más alarmante, pues los medios informativos se vuelven cada día más monopólicos y, por eso, más capaces de decidir qué se publica y por quién, más caros (en particular la televisión), más frívolos y autistas, pues, como grandes negocios privados que son, no escuchan ya la voz del interés nacional sino la de los intereses de sus respectivos propietarios y anunciantes. O, en el mejor de los casos, los mueve el instinto de sobrevivencia, que les aconseja doblar la cerviz ante los poderosos.

¿Y qué hay de otros actores sociales, como los propios medios y su ejército de reporteros, columnistas y politólogos, también obligados a respetar escrupulosamente los derechos de expresión y opinión del ciudadano? A diferencia de lo que ocurre con “el poder público”, aquí sobran los testimonios de quienes han sufrido en carne propia el atropello feroz y la negativa rotunda y arbitraria a ejercer esos derechos en sus páginas o en sus pantallas, por “no coincidir con la línea editorial” del medio en cuestión. Y me atrevo a decir que las primeras víctimas de esta política retrógrada son los propios reporteros “de a píe”, los que cubren las distintas “fuentes”, que mucho tendrían que decir a este respecto si tuvieran libertad para ello. Víctimas de tal política somos, cómo no, los integrantes del Movimiento Antorchista Nacional, pues, como ya dije en otra ocasión, cada vez son menos los espacios en que se no permite decir nuestra verdad, a pesar de que jamás hemos publicado una mentira demostrada ni atacado a nadie como no sea en legítima defensa. Ni siquiera nuestras inserciones pagadas son aceptadas cuando, a juicio de los jerifaltes de los medios, pueden herir la susceptibilidad de sus anunciantes o de sus protectores políticos.

En últimos días, una “mano invisible” (que como toda fuerza invisible- la gravedad, por ejemplo- sólo puede detectarse por sus efectos) se ha encargado de quitar el bozal a Ciro Gómez Leyva y consortes para que despotriquen a su sabor contra la última protesta pública legítima de los antorchistas, al mismo tiempo que, de otra parte, nos cierra todos los caminos para defendernos de tales ataques. Así, el último reducto del derecho de expresión y de manifestación que le queda al pueblo para defenderse y hacerse oír, está siendo estrangulado por una pinza diabólica entre Ciro Gómez y su corte de los milagros, y la arrogancia feroz de los altos funcionarios que se niegan a cumplir la palabra empeñada y firmada. La “mano invisible” le quita el bozal a los detractores, mientras aprieta aún más la mordaza al pueblo. ¿Qué diría a esto el Presidente de la República?