¿Qué pasa con los derechos constitucionales?

Antonio Escamilla Meza

La Crónica de Chihuahua
Febrero de 2013, 11:38 am

Al encabezar la ceremonia del 96 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente de la República Enrique Peña Nieto, afirmó: “…No obstante lo avanzado de nuestra constitución, lamentablemente, y hay que reconocerlo, hay derechos que para una gran parte de los mexicanos sólo existen en el papel”; ya en su libro “México la gran esperanza” después de concluir que en el país operaba un Estado disfuncional sostenía que era necesario, pero además posible, construir un Estado eficaz que garantizara todos los derechos reconocidos por la Constitución, que los derechos de todos los mexicanos no fueran sólo ideales plasmados en la Constitución sino que en vedad los disfrutáramos en la vida cotidiana; es decir que pasaran del papel a la práctica. Evidentemente que dichas afirmaciones son producto de un diagnóstico certero de una parte de la realidad nacional.

Es cierto que según la legislación vigente, los mexicanos tenemos derecho al empleo, derecho a un salario bien remunerado, derecho a una vivienda digna, derecho a la salud y a una educación de calidad, etc. Además, la ley que rige a todos los mexicanos establece derechos que resultan indispensables para que los ciudadanos comunes y corrientes puedan lograr que los oiga el poderoso gobernante, puedan reclamar respeto y cumplimiento a sus garantías, en primer término las que conducen a la igualdad de oportunidades y al reparto equitativo de la riqueza nacional. Me refiero a los derechos de agrupación, de petición y de manifestación pública.

Pero también es cierto, y muy cierto, que regularmente el gobernante (salvo honrosas excepciones), de cualquier nivel de gobierno y emanado del partido que sea, no se molesta en verdad por aplicar, respetar y hacer respetar los derechos sociales a los que me he referido líneas arriba. El problema, pues, como lo afirma el presidente, no es un problema de elaboración de leyes sino de falta de respeto y cumplimiento de las mismas por parte de las propias autoridades.

El artículo octavo constitucional reza así: “Los funcionarios y empleados públicos respetaran el ejercicio del derecho de petición, siempre que esta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.” Pues bien, desde noviembre a la fecha, las representaciones municipales antorchistas de Chihuahua, Juárez, Jiménez, Delicias y Bocoyna, a través de comisiones masivas y mítines, entregaron en sus respectivas presidencias municipales pliegos petitorios y, desde el 21 de noviembre pasado, el comité antorchista chihuahuense, entregó al gobernador del Estado, César Horacio Duarte Jáquez, el pliego petitorio estatal. Sin embargo, en ningún caso se ha dado respuesta en los términos en que lo establece el mencionado artículo constitucional, a pesar de que los pliegos petitorios fueron formulados por escrito; de que las peticiones que se exponen, que además son producto de una rigurosa priorización, responden a problemas que reflejan una gran injusticia social que las autoridades deberían preocuparse por remediar, como la falta de agua potable, de drenaje, de espacios educativos suficientes, de centros de salud, de unidades deportivas, de inversiones para proyectos productivos rurales o urbanos, de espacios comunitarios, de mejoramiento a la vivienda popular; y de que las solicitudes fueron planteados muy a tiempo para que fueran considerados en la programación de obra pública y programas sociales a desarrollarse en el 2013.

En el caso de Bocoyna, Jiménez y Delicias, aunque ya establecieron compromisos de solución, los presidentes municipales, emanados de las filas del Partido Acción Nacional, aun no entregan por escrito su respuesta y por lo tanto no se garantiza el cumplimiento de lo acordado verbalmente; en Juárez y Chihuahua, los presidentes municipales, surgidos de las filas priístas, ni siquiera han dado respuestas concretas a las peticiones. Respecto al gobierno del Estado, desde el día en que se entregó el pliego petitorio, el señor gobernador instruyó al profesor Servando Portillo, secretario de Desarrollo Social en la entidad, para que, en coordinación con las dependencias involucradas, se hiciera un diagnóstico de lo solicitado y se diera una respuesta a la mayor brevedad posible de lo que pudiera hacerse a corto, a mediano y a largo plazo. El 17 de enero, durante la primera audiencia pública que encabezó el señor gobernador, una comisión representativa del comité estatal antorchista le recordó el multicitado pliego y, una vez más, dio la misma instrucción al profesor Servando. Pero hasta el momento, no estamos enterados de que siquiera hayan sido turnadas las peticiones a las dependencias respectivas, ni tampoco se nos ha convocado a ninguna mesa de trabajo.

El tiempo pasa, y la sentencia del presidente de la República sigue siendo válida: “…hay derechos que para una gran parte de los mexicanos sólo existen en el papel.” Y salta de inmediato la pregunta ¿y quién le pondrá remedio a la situación? Para los antorchistas la respuesta es clara: el pueblo trabajador consciente, organizado y en lucha con las propias leyes que nos hemos dado los mexicanos, y aquellos funcionarios que quieran trascender en la historia como gobernantes y políticos sensibles e inteligentes.