¿Qué opciones le van quedando a la gente?

Aquiles Córdova Morán

La Crónica de Chihuahua
Abril de 2013, 10:46 am

Leía yo ayer, lunes 1° de abril, dos notas de prensa que me produjeron cierta sensación de desesperanza y de preocupada impotencia. La primera es una carta abierta, firmada por el Antorchismo Nacional y dirigida a las más altas autoridades del país y al señor gobernador del Estado de México, Dr. Eruviel Ávila Villegas, para informarlos puntualmente de tres hechos delictivos, cometidos en un intervalo de no más de 72 horas, en contra de funcionarios del H. Ayuntamiento Municipal de Ixtapaluca, Estado de México, que preside la antorchista Maricela Serrano Hernández.

1° Una agresión a tiros en contra del director de Desarrollo Social del ayuntamiento ixtapaluquense quien, por suerte para él pero no por voluntad de sus atacantes, logró salvar la vida.

2° Un grupo de encapuchados fuertemente armado con rifles de alto poder, asaltó al profesor Bernardino Domínguez y a dos personas más que lo acompañaban. Haciendo a un lado detalles tales como insultos, órdenes humillantes y sangrientas amenazas, el saldo fue el robo del vehículo en que viajaba el profesor, culpable –así le dijeron- de ser el dirigente del antorchismo ixtapaluquense.

3° Entre uno y otro de ambos actos vandálicos, en varios teléfonos celulares de funcionarios del H. Ayuntamiento, incluido el de la Presidenta Municipal, se recibió un anónimo (en todos el mismo) en el cual, sin rodeos y con un lenguaje cuya crudeza, saña y estudiada bajeza trasluce el odio irracional, bestial de sus autores en contra de los amenazados, se hace una espeluznante enumeración de los pasos que seguirá la masacre que piensan llevar a cabo, “sin ninguna compasión”, en todos y cada uno de los funcionarios de filiación antorchista que laboran en el cabildo, comenzando por la Presidenta Municipal. En el anónimo se hace referencia al ataque sufrido por el director Desarrollo Social, lo que evidencia que atrás de él se halla el mismo grupo de criminales.

La segunda nota se refiere a un nutrido grupo de indígenas hidalguenses (aclaro que no eran antorchistas) que, desde sus lejanas y abandonadas comunidades, llegaron hasta las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación federal en busca de atención a sus múltiples inconformidades y carencias. Lo “noticioso” del caso es que estos mexicanos humildes encontraron, en lugar de trato amable y oídos atentos, un impresionante muro de altísimas vallas metálicas, detrás del cual se hallaba apostado un ejército de policías, armados, protegidos y en posición de combate como si se tratara de repeler el ataque de un ejército enemigo. Los medios informativos, por supuesto, ignoraron olímpicamente las demandas de la gente y sólo destacaron “el caos vial” provocado por el “cierre de calles” (¿por parte de quién?) a causa de la marcha. Justamente esto, el trato dispensado a los pobres de Hidalgo, me hizo recordar que exactamente lo mismo ocurrió, pocos días antes, a una comisión de antorchistas encabezados por cuatro diputados federales y el gestor nacional del Movimiento Antorchista, Ing. Homero Aguirre Enríquez, quienes se acercaron a la misma dependencia en busca de una entrevista con el titular de la misma o con alguien designado por él, pero con verdadera capacidad resolutiva, en vista que, desde hace varias semanas, no han logrado, siquiera, ser escuchados con seriedad por esa Secretaría, encargada de la paz y la estabilidad interior de la nación. Y a esa minúscula comisión (no más de 150 personas), encabezada por ciudadanos investidos como representantes populares y miembros de pleno derecho de uno de los Poderes de la Unión, se le recibió de la misma manera: con un muro metálico y un inusitado e innecesario despliegue de fuerza que incluyó, en este caso, a miembros del Ejército (¡¡¡) estratégicamente ubicados para intervenir en caso necesario.

Queda claro, pues, a la luz de estos hechos, que no sólo no hay que soñar con el diálogo respetuoso y racional, sino que está estricta y peligrosamente prohibido acercarse a la puerta principal de la Secretaría de Gobernación, si no se tiene permiso o invitación previa para hacerlo. Por otro lado, los medios de comunicación, mediante una pertinaz campaña de años, obviamente desencadenada y sostenida por “órdenes superiores”, han convertido a las garantías constitucionales de manifestación y protesta pública en “delitos graves” a los que han bautizado como “extorsión” y “chantaje”, gracias a lo cual, hoy pende sobre la cabeza de cualquiera que se atreva a encabezar una marcha, especialmente en la capital del país, la espada de Damocles de la detención y la cárcel, acusado (¡asómbrese usted de la congruencia lógica que hay en esto!) no de “chantaje” o de “extorsión”, sino de “ataque a las vías generales de comunicación”. Desde luego, se aclara siempre que no está prohibido manifestarse, “a condición de que se haga sin perturbar el derecho de los ciudadanos a la libre circulación”. Los antorchistas, dispuestos como digo “a obedecer la ley”, estamos esperando que se nos aclare, de modo preciso y puntual, cómo y por qué medios podemos consumar este milagro para bien de todos.

Por lo pronto, para evitar que, sobre los ataques armados, los robos y las amenazas brutales de los políticos cavernarios de Ixtapaluca, nos caiga encima “todo el peso de la ley” por manifestarnos en vía pública, hemos optado por informar a las altas autoridades del país y al gobierno mexiquense de lo que nos ocurre y nos amenaza, a través de documentos públicos que dejen constancia inobjetable de nuestra denuncia oportuna de hechos. Con idéntico fin, en fecha próxima celebraremos un gran festival cultural y de protesta en la ciudad de Toluca, en el que participarán 50 mil antorchistas, para hacer públicas nuestras demandas que, planteadas, discutidas y firmadas desde hace meses, siguen esperando que alguien las haga realidad. Y lo haremos con el supremo cuidado de no tocar, ni con el pétalo de una rosa, el monopolio que sobre las calles tienen los poderosos tenientes de automotores, del tipo que sean, mientras el pueblo sólo monopoliza la pobreza.

Pero consideramos necesario que nuestra voz merezca algo más que menosprecio y oídos sordos; creemos que es hora de darse cuenta que no puede apretarse más la soga en torno al cuello de los que todo lo producen y nada tienen, mientras que los delincuentes pública y documentadamente señalados como culpables de hechos de sangre, de peculado, de enriquecimiento ilícito, de pagar bandas de sicarios y asaltantes para combatir a sus enemigos políticos, etc., gozan de protección, de la alcahuetería comprada de los medios, y se paseen con toda impunidad y desvergüenza, burlándose sangrientamente de los humildes. Hay que ver que el pueblo se queda poco a poco sin opciones para hacerse oír y defender sus intereses dentro de la ley; que la sumisión y la paciencia de los oprimidos son grandes, muy grandes, pero no infinitas.