Pleito intermonopólico: el Estado Ausente

Javier Corral Jurado/ Columna Rotafolio

La Crónica de Chihuahua
Marzo de 2011, 00:50 am

No fue una, sino varias veces que personalmente le expresé a Carlos Slim Helú, dueño de Telmex y el mexicano más rico del mundo según la revista Forbes, mi incredulidad sobre las divergencias que, me advertía, crecían en su relación con televisa, fruto del manejo que los “muchachos” hacían de la pantalla de la televisión frente al Estado, pero mucho más, por su decisión de competirles en el mercado de la Televisión, toda vez que tenía sobre su escritorio el “acuerdo de convergencia” que en 2006 emitió la Comisión Federal de Competencia para que todos los operadores de telecomunicaciones, cumplidas ciertas condiciones, pudieran dar el famoso “triple play”: voz, datos, video.

Reconvertida prácticamente toda su red –la única auténticamente nacional en territorio y población– para dar servicios de telefonía, internet y video, Slim me contó que quería realmente democratizar la oferta televisiva en México, pero que no le interesaba meterse en contenidos, sino ser “carrier de carriers”, para poner al servicio de los productores independientes la multiplicidad de canales que su red podría ofrecer a un país concentrado en sólo “dos” alternativas. No pude contenerme y le dije que eso que me decía significaba veneno puro para el duopolio de la TV, que lo podían aceptar como el tercero en una cadena abierta pero nunca a través de su red como operador de telecomunicaciones y que por lo tanto dudaba de lo que me decía.
Lo pensaba coludido con Televisa en una especie de pacto de protección mutua para que nadie les abriera la puerta de cada uno de sus monopolios. Su silencio y luego su respaldo a la Ley Televisa, me lo confirmaban a pie juntillas. Proveedor de recursos financieros a granel para el rescate de la empresa de Emilio Azcarraga (Televisa), y de prestamos multimillonarios a Ricardo Salinas Pliego (TV Azteca), era improbable que rompieran.

Sabía que el fenómeno tecnológico de la convergencia digital entre redes de telecomunicaciones y servicios de radiodifusión los enfrentaría inevitablemente a delimitar áreas de influencia y zonas de exclusividad; por supuesto mediante fórmulas de simulación. Pero peleados no me los imaginaba.

Sin embargo, llegó el pleito, y es necesario avisar que apenas empieza. Los muchachos de Televisa, envalentonados de su poder frente al Estado al que le sacan concesiones a precio de ganga –digitalización gratuita, contratos de servicios telefónicos con pura saliva, que ponen a trabajar al Congreso para hacer leyes a su medida, y le paran al Ejecutivo cualquier decreto que no les conviene– antes de publicarse o ya publicado, decidieron que si han podido rendir a tantos actores políticos y “reguladores”, incluído al mismísimo presidente de la República, ¿por qué no al más rico del mundo?
Ha de desplegarse una adrenalina especial cuando se incuba en la mente de los muchachos de Televisa no sólo ponerse los guantes con el Ingeniero, sino censurarlo de la pantalla, sacarlo de sus espacios de noticias en los que, a guisa de ejemplo, la inauguración del museo de arte más valioso de México que Slim puso a disposición de todo el público de manera gratuita, El “Soumaya”, no existió como información, con todo y que fue el Presidente de la República quien cortó el listón, acompañado del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Pero debe haber mucho cinismo también para que decidan acusarlo de monopólico, los que son monopólicos gracias a los favores del Estado.

Y lo pueden hacer porque, aunque Carlos Slim tiene decenas de miles de millones de dólares más que ellos, carece del cañón con el que los muchachos apuntan a cualquiera que pretenda atravesárseles: la televisión nacional, concesionada por el Estado para prestar servicios informativos y de entretenimiento, pero que ellos usan para conseguir negocios, ampliarlos y defenderlos, o atacar cuando ven venir a un competidor. Así lo hicieron con el viejo Isaac Saba, cuando osó solicitar a la SCT abrir una convocatoria para una nueva cadena de televisión. Lo culparon, mediante una embustera y magnificadora campaña televisiva de la muerte de miles de personas al año que no tuvieron acceso a medicamentos para curar su mal, por los altos precios que ocasionaba el monopolio de las medicinas en manos de ese extinto empresario. Lo hicieron al unísono TV Azteca y Televisa.

Ahora el duopolio de la televisión ataca a Telmex porque en realidad lo que busca es impedir que Slim entre a ese mercado, y lo acusan de prácticas monopólicas. El burro hablando de orejas.
En efecto, la acusación tiene asidero: el tema de las altas tarifas de interconexión que Telmex cobra a los demás operadores de telecomunicaciones es una práctica anticompetitiva y una barrera de entrada a nuevos operadores en el sector de la telefonía. Estoy convencido de que el Plan Técnico Fundamental de Interconexión e Interoperabilidad debe ya destrabarse para fomentar una competencia plena. Se trata del mecanismo más adecuado para imponer a Telmex la desagregación, la compartición de infraestructura y obligaciones de no discriminación a otros operadores. Pero la empresa de Slim lo ha resistido desde su publicación con un mundo de amparos y con un argumento bastante atendible: sus competidores sólo se aparecen en los grandes mercados urbanos que él abre, desarrolla y consolida con su inversión e infraestrutura, pero en la otra mitad del territorio nacional que incluye hasta bosques y selvas, el interés por la inversión y la competencia desaparece. “Sólo quieren descremar mercados, no crearlos”, dice Slim.

Aunque lo anterior es absolutamente cierto, Telmex les dio el fin de año pasado una palanca mayor a quienes hoy se envuelven en la bandera de la competencia, con un hecho preocupante en más de un sentido: el llamado “acuerdo de Navidad” por el que Telmex y Telefónica fijaron una tarifa de interconexión a más del doble de la que propuso la Cofetel, casi 90 centavos por minuto. Ese acuerdo a todas luces colusivo tiene implicaciones fiscales y de competencia, incluso para los mismos accionistas de Telmex a quienes les son cargados costos irreales. De ahí ha surgido el mayor aliento a la campaña contra Telmex. ¿Es muy cara esa tarifa? Sí; lo afirmo sin ambages. Pero lo que no se dice es que lo hicieron con base en la actual Ley Federal de Telecomunicaciones, frente a la que una y otra vez el duopolio televisivo ha opuesto toda su capacidad de influencia y chantaje para evitar su reforma y modernización.

La ley actual dispone que los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones se pondrán de acuerdo en la tarifa de interconexión, de los tres existentes bajo ese supuesto, Telefónica, Telmex y Iusacell, los dos primeros se pusieron de acuerdo y el tercero no, empresa del grupo Salinas que también tiene cañón, TV Azteca.

Entonces el duopolio de la televisión “descubrió” hasta hace unos días esa conducta anticompetitiva y decidieron ir con todo; metidos de lleno a ganarle terreno a Slim en el campo de la telefonía, le condicionaron la contratación de publicidad en la televisión: si éste no les bajaba la tarifa de interconexión, ellos le subían las de publicidad. Carso, el grupo de empresas y no sólo Telmex y Telcel dejó de anunciarse. El pleito, ahora sí, absolutamente cantado.

Lo más lamentable de todo este episodio es que pone en toda su dimensión la brutal ausencia del Estado en el ejercicio de su papel rector y regulador de este estratégico sector. Un cúmulo de vacilaciones y colusión de intereses por parte del Poder Legislativo que hipócritamente emite “exhortos” a las autoridades y a los operadores en favor de los usuarios, cuando puede y debiera poner orden desde la legislación misma que está en su competencia exclusiva. Un penoso rosario de omisiones del Poder Ejecutivo en regular a la televisión para acotar su apuesta de poder, sus abusos y excesos, lo cual debilita el libre ejercicio democrático de las garantías constitucionales, pero sobre todo, determina limitaciones o prerrogativas para la libertad de expresión de los mexicanos.

Proyectos legislativos para regular debidamente la interconexión por un lado, y la plena convergencia por el otro, no faltan en el Congreso. El 8 de abril del 2010, legisladores del PAN, PRD y otros partidos presentamos, en ambas cámaras, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales. Su confección fue producto de un esfuerzo conjunto entre Gobierno y partido (en un principio también participó el PRD), con la participación directa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el apoyo de la Secretaría de Gobernación.

Hoy queda clara la imperiosa necesidad de sacar adelante el proyecto de reforma integral. Es un compromiso ineludible del Poder Ejecutivo y de nuestro partido, al que se comprometió, el año pasado, el coordinador de la bancada y, ahora, presidente del PAN, Gustavo Madero. La reforma integral es el proyecto más completo que se haya hecho sobre la materia en la historia legislativa y abarca todos los temas relacionados con la radio, la televisión y las telecomunicaciones con una visión convergente, apoyada en las propuestas presentadas en innumerables foros, entre éstos lo que organizó la denominada Comisión Plural del Senado, creada poco después de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia en torno de la denominada “ley Televisa” en el 2007.

Para abatir los rezagos jurídicos, de competencia y pluralidad, tecnológicos, así como de cobertura social, es fundamental contar con un nuevo marco legal de los medios de comunicación y las telecomunicaciones. Se trata de uno de los grandes adeudos del Congreso mexicano, y su impulso es fundamental para poner solución a muchos de los problemas jurídicos que padece el sector.

El país, que está urgido de una actuación responsable, que se eleve por encima de las parcialidades y haga valer el interés público. Es la oportunidad, ahora que los grandotes andan de la greña. A ver si así son capaces de ver el equilibrio que requiere toda ley.