¿Pifias o engaños, en Cofeco e Ifetel?

Javier Corral Jurado / Columna Rotafolio

La Crónica de Chihuahua
Agosto de 2013, 19:33 pm

El viernes pasado el comité de evaluación para la selección de candidatos a comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia, previsto en el artículo 28 constitucional, entregó al Presidente de la República los nombres de los finalistas para integrar ambos órganos.

Resulta asombroso que dicho comité, integrado por Eduardo Sojo, director del INEGI, Agustín Carstens, Gobernador del Banco de México y Silvya Schemlkes, Presidenta del Instituto para la Evaluación Educativa, sea capaz de cometer un proceso tan oscuro como desaseado. No alcanzo a definir si estamos ante pifias procedimentales, esto es, omisiones o faltas de cuidado, o ante un burdo engaño. En cualquiera de los casos, se ha puesto en riesgo no sólo los principios de independencia y autonomía que deben caracterizar a éstos órganos reguladores, también se puede echar a perder uno de los logros más importantes de la política mexicana a través del Pacto por México: la reforma en telecomunicaciones y competencia.

La lista que debiera contener 70 nombres distintos, divididos 35 para Ifetel en listas de cinco personas por cada vacante y 35 para Cofeco en igual número de listas y personas pues cada órgano se integra por siete comisionados, sólo propone 59, porque a 11 personas las repite proponiéndolas para ambos órganos reguladores. Un auténtico despropósito pues se coloca exactamente en contra del procedimiento de evaluación y reduce el universo de propuestas señalado claramente en la Constitución bajo el principio de máxima concurrencia.

Tan delicado como lo anterior es que ese Comité haya propuesto a personas que no cumplen los requisitos marcados por el articulo 28 de la Constitución para ser comisionados del Ifetel, en cuanto a "no haber ocupado en los últimos tres años ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas de los concesionarios comerciales o privados, o de las entidades a ellos relacionadas, sujetas a la regulación del Instituto". Son varios casos y el más ostensible es el de la Licenciada Mónica Aspe, quien hasta abril de 2011 - lo consigna el propio dictamen del Comité de Evaluación -, se desempeñaba como directora de la Cámara de la Industria de Radio y TV (CIRT), la entidad que agrupa a la mayoría de los radiodifusores de México y en la que, durante la última década, ha dominado la influencia del duopolio de la Televisión. Estas inclusiones generan la sospecha fundada de que hubo "palomeos" anticipados al proceso de evaluación.

En general, por su mayoritaria conformación, la lista de nombres elaborada por el Comité de Evaluación y entregada a Peña Nieto representa una nube negra sobre el futuro de la reforma de las telecomunicaciones y la competencia económica, se amenaza el ejercicio de la autonomía política con relación al Ejecutivo Federal y se vuelve vulnerable la independencia con relación a los multimillonarios intereses a regular. Lo anterior se colige de que los candidatos a comisionados que proponen las listas, se quedan en el ámbito del propio gobierno federal y de las empresas reguladas. De los 35 propuestos para la CFC, 19 son servidores públicos del gobierno actual y 6 del gobierno anterior; de los 35 propuestos para el IFETEL, 18 también se desempeñan en la actual administración y 5 de la anterior. El resto han trabajado o trabajan para varias empresas reguladas. Y son excepcionales las propuestas de perfiles vinculados al interés público o social, y mucho menos, aquellos con la expertis y el conocimiento que requerirá la función regulatoria del Estado que ha sumado en una sola legislación, el derecho de las telecomunicaciones como el de la radiodifusión. Ahora resulta que muchos de los responsables del fracaso en telecomunicaciones, radiodifusión y competencia, son los mejores para seguir encargándose del sector.

Obviamente conformar una lista así, sólo pudo ser fruto de un desdén casi absoluto por las normas constitucionales recién promulgadas. La primera violación fue apartarse del mandato constitucional más importante de ese procedimiento: "observar los principios de transparencia, publicidad y máxima concurrencia". Hasta duplicaron los nombres.

El comité de evaluación no verificó el cumplimiento, por parte de los aspirantes, de los requisitos contenidos en el artículo 28 de la Constitución, por lo menos en tres casos; no aplicó un examen de conocimientos en la materia, sino uno de tal sofisticación técnica y formulación tramposa diseñado esencialmente para darle ventaja a quienes hoy se desenvuelven como funcionarios públicos, de ahí que los candidatos sean en su mayoria ingenieros, economistas y abogados. El comité de evaluación se apartó del propio temario ofrecido en la convocatoria. A la fecha, ni los aspirantes, ni quienes presentaron el examen, ni el contenido del examen, ni los resultados de los exámenes son públicos.

Todo lo anterior debe ser cuidadosamente considerado por el Presidente de la República, antes de continuar con la siguiente etapa del proceso, en la cual debe proponer un candidato por cada una de las catorce vacantes, siete de Ifetel y siete de Cofeco, a la ratificación del Senado por las dos terceras partes de los presentes. El proceso necesita rectificarse en sus violaciones constitucionales. Sería autodestructivo empeñarse en lo contrario; forzar las cosas debilitaría enormemente lo logrado, y deslegitimaría de entrada a dos órganos reguladores que necesitan no sólo del más amplio respaldo político, sino de la fuerza del mayor mandato constitucional que se puso en el centro de la reforma: la independencia de sus integrantes.