Peligroso contexto nacional

REPORTAJE/ Especial para La Crónica de Chihuahua

A dos años de haber tomado las riendas del país, el desempeño del Presidente de la República dista mucho de lo que necesita el país.

/facebook @twitterMartin Morales

Detrás de la inestabilidad social que actualmente agobia al Estado mexicano hay una crisis de las estructuras económica y política derivada de los 30 años de reformas neoliberales –entre ellas las 11 aprobadas en los primeros dos años de este sexenio– que han beneficiado a los grandes grupos empresariales y afectado el bienestar de la población mayoritaria de México.

El 29 de diciembre de 2013, el diario inglés The Economist incluyó a México en una lista de 65 países en “alto riesgo de conflicto”, dentro de una nómina más amplia de 150 naciones con problemas de rebelión “medianos-bajos y bajos”. En el mismo nivel de riesgo se ubica a México, sin embargo, se incluyen algunos países como Venezuela, Bolivia y Argentina, cuyos gobiernos actualmente mantienen tendencias anticapitalistas o antineoliberales.

En este análisis resaltan, por cierto, las investigaciones de la periodista canadiense Naomi Klein en cuyo libro la Doctrina del shock (2007) denuncia que los grandes corporativos trasnacionales de Estados Unidos (EE. UU.) fomentan crisis económicas, políticas y sociales en países donde Estado y población intentan resistir a sus modelos de negocio y ganancias.

Naomi Klein explica que cuando hay resistencias internas en algún país, las empresas estadounidenses no sólo aplican los principios del capitalismo neoliberal –gestado y promovido por el Premio Nobel de Economía Milton Friedman desde la Universidad de Chicago– sino también los métodos de psicología social previstos en la Teoría del shock que consisten en generar conmoción, incertidumbre y temor mediante impactos violentos –desastres naturales, crisis económicas, epidemias, etcétera– a fin de aplicar medidas de su conveniencia.

A la vista de las advertencias de Naomi Klein, quizás no sea aventurado suponer que detrás del actual ambiente de inestabilidad que se vive en el país haya, además de la reconocida voracidad de los grupos empresariales locales, una guerra soterrada promovida por las trasnacionales estadounidenses que buscan chantajear al Estado mexicano para obtener mayores ventajas económicas que las que ya les ofrece la desregulación legal propiciada por el actual Gobierno.

Pugna de trasnacionales

El análisis de algunos hechos recientes en México permite advertir lo siguiente: Intereses chinos, estadounidenses, ingleses, franceses y canadienses, entraron en conflicto debido a la licitación de los trenes rápidos o bala proyectados por el Gobierno federal. El primero, el tren rápido México a Querétaro, fue un proyecto inicialmente otorgado a los chinos a través de las empresas paraestatales Railway Construction Corporation y CSR, cuya adjudicación canceló intempestivamente el presidente Enrique Peña Nieto ante las protestas de otras empresas trasnacionales, en particular de EE. UU. Tras esta cancelación anunció, de manera inusitada, una nueva licitación internacional a fin de que no hubiera cuestionamientos.

Este episodio regulatorio internacional coincidió con la denuncia periodística de un presunto soborno que involucró a la ex actriz, Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto, quien habría recibido una residencia –la “Casa Blanca”– valuada en siete millones de dólares. Tras la controversia pública, la señora Rivera anunció la venta del inmueble. La casa habría sido propiedad de Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa, contratista del Gobierno mexiquense que encabezó Peña Nieto, cuyo consorcio estaba asociado a las empresas chinas que ganaron la licitación del tren rápido México-Querétaro.

Entre los interesados en los trenes rápidos mexicanos estaban la compañía francesa Alstom, principal constructora de los trenes del Metro del DF, asociada en el país a los corporativos mexicanos Carso Construcción (encabezado por Carlos Slim Helú) e Ingenieros Civiles ICA. Este conglomerado empresarial desarrolló el controvertido proyecto de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.

También aspiraba a ese proyecto constructivo la compañía canadiense Bombardier. El 14 de enero de 2014, Alfredo Nolasco, titular de Bombardier México, había señalado a la prensa yucateca que su empresa pugnaba por adjudicarse los proyectos ferroviarios México-Querétaro, México-Toluca y el Tren Transpeninsular, así como las líneas 3 de los metros de Guadalajara y Monterrey.

Otra más de las trasnacionales ferroviarias interesadas en la línea México-Querétaro era la empresa Holtrade, de Reino Unido, misma que actualmente participa en la modernización de los trenes de Santa Fe de Bogotá, la capital de Colombia.
El Gobierno estadounidense, por su parte, habría tenido motivos de protesta contra la adjudicación a los chinos, porque el tren México-Querétaro formaba parte de una línea de transporte ferroviario de pasajeros muy extensa que incluye la conexión del Distrito Federal con Oklahoma, mediante la construcción programada de tramos Oklahoma-Dallas-Austin, Texas; San Antonio-Laredo-Nuevo Laredo-Monterrey; Monterrey-Querétaro y Querétaro-México, según un anuncio del plan constructivo divulgado el 17 de enero de 2014 en Washington, que se concluiría en 2018.

La cancelación de la adjudicación de la ruta México-Querétaro se habría debido a la protesta del Gobierno de Washington, lo que evidenció no solamente la descoordinación gubernamental sino, además, la sospecha de un eventual acto de corrupción por vía del soborno en favor de una empresa mexicana asociada con las chinas.

Juventud sin futuro

El actual ambiente de inestabilidad social que vive el país, sin embargo, no procede únicamente de un eventual o potencial intervencionismo externo, toda vez que en la sociedad mexicana hay múltiples sectores agraviados por la política económica aplicada por el Estado mexicano en las últimas tres décadas.

Entre los diversos componentes sociales muy lastimados hay una “estopa mojada en gasolina” que sólo necesita de un cerillo para encenderse y verter en expresiones de inconformidad y rechazo hacia el poder establecido: el de los jóvenes, el sector social más grande de la población nacional, entre quienes resaltan los siete millones de jóvenes que no estudian ni trabajan (“ninis”).

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Consejo Nacional de Población (Conapo), el Fondo de Población de la ONU (FPNU), la Organización Mundial del Trabajo (OIT) y de especialistas como el investigador y psicólogo social Alfredo Nateras Domínguez, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), explican porqué el componente mayoritario de las manifestaciones públicas del país está integrado básicamente por jóvenes.

En 2013, de acuerdo con las proyecciones de Conapo, hechas con base en el Censo 2010 del Inegi, había en México 37.9 millones de personas entre 12 y 29 años de edad, quienes representaron el 32.1 por ciento del total poblacional, estimado en poco más de 119 millones de personas; en tanto, según datos del FPNU, el 44.9 por ciento de esos jóvenes padecía alguna de las expresiones de pobreza.

El doctor Nateras Domínguez resaltó que los jóvenes con problemas de marginación, exclusión y desventaja configuran el sector mayoritario de la población mexicana. Ésta es la causa, explicó, por la que el 22 por ciento de los jóvenes muestra nulo interés por la política y las elecciones. “Lo que sucede a los jóvenes es reflejo de lo que pasa en el país, por eso una reflexión en torno a México no puede hacerse sin tomarlos en cuenta; la incertidumbre respecto a su futuro les provoca desesperanza, frustración, malestar social”.

En México, según datos del Inegi, hay 2.5 millones de desempleados abiertos, de los cuales el 65 por ciento son jóvenes, por lo que es en ellos donde las consecuencias de la agudización de la crisis del modelo económico capitalista repercuten de manera directa.

En el informe de la FPUN Estado de la Población Mundial 2014 se indica que 500 millones de jóvenes luchan por sobrevivir con dos dólares diarios. Además, especifica que 73.4 millones de jóvenes de entre 15 y 24 años están desempleados, con lo que representan el 36 por ciento de los 202 millones de desocupados en el mundo, de acuerdo con información de la OIT.

El mismo informe de la FPUN indica que el 60 por ciento de los mil 800 millones de jóvenes del planeta, con edades entre 10 y 24 años, están inactivos y no tienen perspectivas de desarrollo, lo que evidencia claramente la crisis del modelo económico neoliberal en el mundo.

En México, el rezago educativo es enorme, pues hay 10 millones de jóvenes en edad de estudiar en los niveles medio-superior y superior que no tienen oportunidad de hacerlo y cada año son rechazados 100 mil aspirantes a estos niveles de estudio.

En el presente año, 126 mil 683 jóvenes presentaron examen de ingreso a centros escolares como el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la UAM y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero sólo 11 mil 384 lograron acceso y el 91 por ciento de los solicitantes no consiguió un lugar, incluidos quienes alcanzaron hasta 103 aciertos de 120 posibles.

El doctor Nateras reveló que actualmente más de seis millones de jóvenes colaboran de alguna forma con las organizaciones criminales, predominantemente en las dedicadas al narcotráfico. “Las víctimas de la guerra contra el narcotráfico son en su mayoría jóvenes”, resaltó.

Problemas estructurales

Si se revisa con detenimiento la situación, poco o nada cambiaría en el país una eventual renuncia del presidente Enrique Peña Nieto, como se ha demandado en las movilizaciones y concentraciones relacionadas con la exigencia de justicia en el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, porque el problema radica en la estructura económica y política vigente, no en las personas o los partidos.

Esto se evidenció durante la llamada “transición a la democracia” del año 2000 al 2012, cuando cambiaron las personas pero no las estructuras. En el año 2000 llegó a la Presidencia de la República el panista Vicente Fox Quezada y en 2006 lo sucedió Felipe Calderón Hinojosa. Ninguno revirtió el andamiaje económico y político que prevalecía en México, a pesar de los signos de crisis externa, sobre todo en el periodo 2007-2009. En el 2012, el PRI volvió al poder con Peña Nieto, cuyo principal objetivo gubernamental ha sido la aprobación de las 11 “reformas estructurales”, abocadas a profundizar el modelo económico neoliberal, a pesar de que este modelo está en crisis en todo el mundo.

El quebranto del Estado de Derecho y las fisuras de las instituciones se refleja en la creciente injusticia social que afecta a gran parte de la población, pues según estadísticas oficiales poco más de la mitad de los 119 millones de mexicanos son pobres y padece distintos grados de desigualdad.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), agencia del libre comercio internacional, en junio pasado, México ocupaba uno de los primeros lugares de desigualdad social entre los 34 miembros de la organización, pues el 10 por ciento de la población (con el decil más alto) tiene ingresos 38.5 por ciento más elevados que los del 10 por ciento de los mexicanos más pobres.

Pero aún falta lo peor, porque el torbellino generado por la actual crisis del capitalismo internacional, según previsiones de Arturo Guillén, investigador de la UAM, puede arrastrar a México a una perpetuación del “semiestancamiento económico, el subempleo masivo, el retroceso social, la inseguridad y la violencia”, sobre todo si se mantienen las “políticas macroeconómicas fundamentalistas que asuelan al país” desde principios de los años 80 del siglo pasado.

Imposición de modelo

La profundización del modelo económico neoliberal en el país se está ejecutando pese a la agudización de la crisis que estalló en 2007-2009 en EE. UU., la mayoría de los países de Europa y algunas naciones de Oriente y, asimismo, pese a las muestras de mayor eficiencia de otros modelos de conducción económica.

Al respecto, conviene recoger una información que los medios de comunicación nacionales soslayaron en octubre pasado, cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) informó que el producto interno bruto (PIB) de la República Popular China reportó un crecimiento de 17.61 billones de dólares, monto superior al PIB de EE. UU., que en el mismo periodo generó 17.4 billones de dólares.

Desde hace al menos un lustro, diversos analistas nacionales e internacionales han publicado que hacia el año 2020 China será la primera potencia económica del mundo, desplazando a EE. UU., a cuya economía está supeditada la de México en un porcentaje no menor al 80 por ciento, pues el mercado estadounidense es el destino preferente de las exportaciones petroleras y no petroleras, especialmente manufacturas, agropecuarias y artesanales.

Sin embargo, como resaltó en conversación con buzos el investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Estado de México, José Luis de la Cruz Gallegos, los productos mexicanos destinados al mercado estadounidense están siendo paulatinamente desplazados por la “aplastante capacidad manufacturera de la industria china”.

Otro grave problema para la economía nacional, de probable agudización en años venideros, está representado por la carencia de una política industrial moderna y socialmente sustentable, toda vez que su competitividad externa se apoya en los paupérrimos salarios de los trabajadores mexicanos y no en sistemas de productividad eficientes.

La precariedad salarial del sistema económico mexicano –los ingresos mínimos aumentan dos pesos cada año– propician además la existencia de un mercado interno muy débil que eventualmente pudiera servir de “colchón” a los exportadores nacionales una vez que pierdan competitividad en los mercados externos.

Éstas son algunas de las causas por las que las expectativas de crecimiento de 2014 tuvieron que ajustarse del 3.7 por ciento al dos por ciento, pese al uso de trucos publicitarios en el manejo especulativo de los índices y rangos de crecimiento.
En la falta de crecimiento de la economía –fenómeno recurrente cada año– está la causa más importante de la descomposición social, la irritación, el malestar político y las protestas, como las generadas por la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero, que cada día son más intensas.

Peligrosa dependencia mexicana

En la investigación Crisis mundial, agotamiento del neoliberalismo contexto internacional y consecuencias para México, elaborado por los especialistas de la UNAM, Alejandro Dabat, del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc); Paulo Leal, profesor de la Facultad de Economía y Samuel Romo, investigador económico, se señala:

“Todo indica que, ante un posible segundo derrumbe de EE. UU. (se refieren a otro, después del acontecido en 2007-2009), nuestro país será aún más golpeado que antes, dada la profundidad esperable de la caída del vecino del norte y la indefensión política-institucional de México para afrontar tal debilidad (del Estado, banca privada extranjera, papel central de la industria maquiladora en el sector externo, importancia de las remesas de los inmigrantes o creciente presencia del narcotráfico). Ante ello, México debe tratar de prepararse lo más rápidamente posible para afrontar otra crisis tan factible”.

Con respecto a la perspectiva social, añaden: “México ha pasado a ser una economía muy abierta y dependiente de EE. UU., de Estado muy débil y pasivo, mercado interno muy estrecho y pobre, gran concentración de ingresos, enorme subempleo abierto y oculto, así como creciente descomposición social aprovechada y agravada por el narcotráfico. México afronta perspectivas muy poco favorables, puesto que depende de la evolución de la economía estadounidense”, indican los especialistas de la UNAM.

En su plática, el doctor José Luis de la Cruz, del ITESM, señaló: “Realmente el freno que tenemos está en el mercado interno y mucho de ello es por la precarización laboral que ha sufrido el país en los últimos siete u ocho años, en que se ha acelerado esa precarización y ha debilitado al mercado interno. Lo que sí es muy claro es que el mercado interno del país no está siendo factor de crecimiento; es evidente que las ventas al interior, el comercio al menudeo, el comercio entre empresas, se ha debilitado, y que esto es ya un elemento que frena a la economía mexicana”.

Empresarios exigen represión

La reciente agitación social, mayoritariamente juvenil, no deriva únicamente de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el fusilamiento de 15 personas en Tlatlaya, Estado de México, sino de los resentimientos que la población tiene contra los múltiples agravios de tres décadas de neoliberalismo, entre los que resaltan particularmente los 60 millones de pobres con distintos niveles de miseria que hay en el país, cifra que equivale, según datos oficiales, al 53 por ciento de la población.

Tampoco se digiere fácilmente el hecho de que 30 millones de los 52 que conforman la población económica activa (PEA) de México trabajen en la economía informal y carezcan de atención médica, protección laboral y servicios sociales; que los ingresos de los trabajadores se hayan depreciado cerca del 80 por ciento de 1982 a la fecha y que los aumentos anuales al Salario Mínimo General (SMG) sean de dos pesos.

Ante las recientes movilizaciones juveniles provocadas por la desaparición de los normalistas, la cúpula empresarial mexicana exigió a Peña Nieto y al Congreso federal, fortalecer “la gobernabilidad democrática y la legalidad” a fin de preservar el Estado de Derecho y abatir la violencia ejercida por “grupos radicales”.

Durante un encuentro en el Senado, celebrado el 19 de noviembre pasado, los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, y Juan Pablo Castañón, de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), plantearon una curiosa o contradictoria demanda que llamó la atención de los analistas: exigieron acciones legales contra los “vándalos, anarquistas y radicales”, pero sin que los grupos policiales antimotines ejercieran “represión”.

“Yo creo que la fuerza pública, en cualquier Estado para eso existe; en lo que estamos es que no haya represión, pero que sí la fuerza pública tendrá que actuar cuando haya actos totalmente vandálicos que están totalmente fuera de la legalidad y que no tienen que ver con una justificación real, entonces para eso es la fuerza pública, para respetar la Constitución y hacer valer los derechos de las mayorías”, señaló Candiani, en el encuentro encabezado por el presidente del Senado, Miguel Barbosa.

Dos días después de esto, el viernes 21 de noviembre, Peña Nieto advirtió que su Gobierno actuaría en contra de “quienes vandalizan en las marchas” y reconfiguró su planteamiento hecho días atrás, cuando habló de la existencia de presuntos interesados en desestabilizar a su gobierno y dañar las instituciones de los mexicanos, conceptos con los que no dejó en claro si estaba haciendo alusión a “tiburones” de las empresas trasnacionales que están en pugna por las concesiones, contratos y licitaciones del Estado o a los jóvenes que protestan en las calles.

Ese 21 de noviembre, al participar en el Encuentro Nacional de Procuración y Administración de Justicia, cambió el matiz de sus afirmaciones. Dijo: “hay interesados en dañar la libertad de expresión con actos vandálicos y eso no lo vamos a permitir”; para aseverar luego: “Es obligación del Estado asegurar que manifestaciones no sean secuestradas por quienes actúan con violencia”.

Este discurso remite inevitablemente al que pronunciara el 1º de septiembre de 1968 el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz: “Hemos sido tolerantes hasta extremos criticados; pero todo tiene un límite”; unas semanas después, el 2 de octubre, se lanzó una embestida criminal contra los jóvenes reunidos en la Plaza de las Tres Culturas de Tlaltelolco, en la que sucumbió un número todavía no determinado de personas, la mayoría estudiantes.

El presidente Gustavo Díaz Ordáz, aceptó la responsabilidad política de los hechos, pero jamás renunció; incluso, en su informe de Gobierno del 1º de septiembre de 1969, fue aclamado por el empresariado nacional, que había exigido poner fin a la presunta anarquía en las calles, y fue aplaudido, de pie, por los legisladores federales presentes en el Congreso pues, dijeron, el Presidente había salvado al país de una conjura que buscaba desestabilizar a su gobierno y que atentaba contra las instituciones de los mexicanos. Los responsables de la conjura resultaron ser los jóvenes estudiantes.

Después de varias semanas de movilizaciones, también con repercusión internacional y algunas también con acciones de violencia en las que se quemaron camiones y automóviles, Díaz Ordaz dijo el 1º de septiembre de 1968: “Los estudiantes protestan, entonces, porque la policía interviene y la acusan de crueldad, lo mismo que al Gobierno. El dilema es pues, irreductible:

¿Debe o no intervenir la policía? Se ha llegado al libertinaje en el uso de todos los medios de expresión y difusión; se ha disfrutado de amplísimas libertades y garantías para hacer manifestaciones, ordenadas en ciertos aspectos, pero contrarias al texto expreso del Artículo 9º constitucional; hemos sido tolerantes hasta excesos criticados; pero tiene su límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico, como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo; tenemos la ineludible obligación de impedir la destrucción de las fórmulas esenciales, a cuyo amparo convivimos y progresamos”.