Patrimonio de jueces, bajo la lupa

Para “prevenir y detectar casos de enriquecimiento ilícito”.

La Crónica de Chihuahua
Abril de 2011, 08:14 am

Jueces, Magistrados y consejeros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) -que incluye a Juan Silva Meza, quien preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo-, así como a todos los funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF) les será revisado su patrimonio y situación bancaria para “prevenir y detectar casos de enriquecimiento ilícito”.

El CJF informó ayer que estas medidas fueron adoptadas en el Acuerdo General 10/2011, que aplicará medidas más “rigurosas para investigar y dar seguimiento puntual a la situación financiera de todos los servidores públicos que forman parte de la institución, así como de los juzgados y tribunales federales del país”.

La finalidad, expuso el Consejo, es garantizar que los servidores públicos del PJF cuenten con una “situación financiera que corresponda al nivel de sus ingresos, además de detectar cualquier evidencia o indicio de un enriquecimiento ilícito o de ingresos cuyo origen no puedan comprobar”.

En ese sentido, estimó la Judicatura que la información bancaria constituye un indicador objetivo, certero y seguro de la actuación de los servidores públicos y un medio de verificación para preservar el desempeño honesto de los magistrados, jueces y del personal en general adscrito a órganos jurisdiccionales y administrativos del Consejo.

La revisión se realizará por parte del Consejo “sin que se requiera para ello autorización expresa, por lo que sólo bastará que el contralor dé aviso al pleno del Consejo, sin que se requiera someter ese punto a votación”.

Según el CJF, este mecanismo necesario “brindará a la ciudadanía confianza en el actuar de los juzgadores federales dada la alta responsabilidad que implica la función de impartición de justicia que les ha sido encomendada y los riesgos que conlleva”.

Las instituciones financieras, añadió la Judicatura, están obligadas a proporcionar la documentación, información y demás datos que el CJF les solicite, relacionada a “registros, operaciones y datos bancarios de servidores públicos”, guardando confidencialidad, medidas de protección de datos aplicables a información calificada como “confidencial o reservada”.

En caso de existir irregularidades y adviertan una probable responsabilidad administrativa o de tipo penal, se dará vista al agente del Ministerio Público o Contraloría. Las medidas mencionadas entrarán en vigor al día siguiente de la publicación del Acuerdo General 10/2011 en el Diario Oficial de la Federación.