Partidocracia en acción, hacia las elecciones 2015

**ESPECIAL /REPORTAJE

La Crónica de Chihuahua
Octubre de 2014, 16:32 pm

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Con argucias de por medio, los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI), promueven consultas ciudadanas con las que realizan, de manera encubierta, campañas de proselitismo con varios meses de anticipación a las elecciones federales del 7 junio de 2015 –cuando se renovará la Cámara de Diputados– y a los comicios locales de 17 estados de la República, entre los que se incluye la elección de nueve gubernaturas.

Los preparativos del vasto proceso electoral del año próximo arrancarán este 7 de octubre. El nuevo Instituto Nacional Electoral (INE) pondrá en marcha la reforma constitucional en materia político-electoral, promulgada el 31 de enero por el Presidente de la República Enrique Peña Nieto, de cuya equidad y transparencia recelan los analistas porque los costos de operación de las elecciones de 2015 serán 52.4 por ciento más altos que la elección “intermedia” de 2009.

En los procesos comiciales de 2015 participarán cerca de 12 mil candidatos de 10 partidos políticos en la disputa de mil 959 cargos de elección popular, entre los que resaltan nueve gubernaturas, 500 diputaciones federales, 650 diputaciones locales, 877 presidencias municipales y 16 delegaciones políticas del Distrito Federal.

Los partidos que contenderán, además del PAN, PRD y PRI, son: el Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza (Panal), Movimiento Ciudadano (MC), del Trabajo (PT), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Encuentro Social (PES) y Humanista (PH). Los tres últimos lograron su registro oficial el pasado 1º de agosto y para conservarlo deberán alcanzar por lo menos el tres por ciento de la votación emitida en la elección federal para diputados, concursando en alianzas con otras organizaciones partidistas.

Según el INE, los nuevos partidos cumplieron con los requisitos establecidos para incorporarse al sistema electoral y obtendrán los mismos beneficios económicos, políticos y mediáticos que los otros tienen. Cada uno recibirá financiamiento por 36.3 millones de pesos y adicionalmente un millón 429 mil 44 pesos para actividades específicas en los próximos cinco meses; tres millones 175 mil 655 pesos para franquicias postales y 28 mil 895 pesos para franquicias telegráficas.

Las cifras del INE indican que el PRI cuenta con 5.7 millones de militantes; el PRD con 3.4 millones; el PVEM y Panal con 500 mil cada uno; el PAN con 437 mil; el MC con 380 mil; el PT no tiene cifras disponibles; Morena 496 mil 729; PES 308 mil 997 y el PH 270 mil 966.

A decir de los especialistas, la llegada de tres nuevos partidos políticos no representará ninguna carga para los existentes, pero su futuro se ofrece incierto porque aunque cumplieron con los requisitos del INE, la cuota mínima de votación nacional les resultará muy alta.

De acuerdo con el doctor Gustavo López Montiel (GLM), director del Programa en Ciencia Política en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Ciudad de México, estas elecciones se darán en un contexto distinto a las anteriores, debido a que la reforma político-electoral define un modelo muy complicado de llevar a la práctica.

“Antes, las entidades tenían completa libertad de realizar sus procesos electorales, con autoridades designadas por ellos mismos; ahora hay autoridades designadas por el INE. También hay mecanismos como la integración de casillas, de funcionarios electorales y un conjunto de elementos que son nuevos en el contexto de la contienda electoral, donde creo que hay una problemática importante, que no es sólo de coordinación, sino de financiamiento de la jornada electoral, tanto federal como local”.

“Es muy complicado instrumentar el modelo –de la reforma– que se generó el año pasado, porque no es claro que tenga beneficios. Por ejemplo, no es clara la ventaja de haber designado a los funcionarios locales y que no haya injerencia de los gobernadores; a fin de cuentas, son mecanismos que meten mucha presión a la transparencia electoral”. Para el especialista en Ciencias Políticas, la repercusión más importante de las reformas será “la que tiene que ver con el problema de legitimidad y el gasto de operación”.

Campañas anticipadas

Urgidos de asegurarse votos para la próxima elección popular –a septiembre de 2014 la lista nominal de ciudadanos empadronados y con credencial para votar era de 80 millones 771 mil 44– las cúpulas del PRD, el PAN y el PRI se apropiaron ya para su provecho político de otra fórmula de participación y movilización: la consulta popular.

¿Qué resultado electoral van a dar las consultas a los partidos políticos? Se sabrá después del 7 de junio del próximo año. El hecho concreto es que dichos partidos iniciaron sus actividades de proselitismo electoral fuera de los tiempos oficiales de campaña y precampaña autorizados por el INE.

Las precampañas ilegales con base en consultas ciudadanas utilizan tres temas: La reducción de 132 legisladores federales de representación proporcional en el Congreso: 100 diputados y 32 senadores; la absurda pregunta a los trabajadores de si desean ganar un mejor salario y si la ciudadanía acepta la reforma energética, que ya fue aprobada, promulgada y está siendo aplicada.

En el caso de la consulta sobre Salario Mínimo General (SMG), hecha por el PAN en coincidencia con una propuesta pública del jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Miguel Ángel Mancera Espinosa, se evidencia su clara intención electoral de cara a los comicios de 2015, toda vez que los panistas jamás se han preocupado por el bienestar de los trabajadores y en noviembre-diciembre de 2012 promovieron, de la mano del expresidente panista Felipe Calderón, la reforma laboral que debilitó los derechos del trabajador en beneficio de la clase patronal.

En el asunto de la reducción de legisladores “pluris” como los califica el PRI –que en realidad son legisladores de representación proporcional por circunscripción plurinominal, lo cual es distinto– el tema también tiene carácter electorero; los priistas pudieron haberlo incluido y aprobado en el debate parlamentario de la pasada reforma político-electoral.

Y sobre el caso de la reforma energética, que presuntamente quieren echar abajo el PRD y Andrés Manuel López Obrador, con su Morena, un eventual resultado positivo de la respectiva consulta ciudadana, tal vez sólo podrá servir para dejar una constancia crítica sobre dicha modificación, pero no representará un instrumento jurídico capaz de cambiar una reforma constitucional.

Pantallas, simulaciones, perversiones, burlas o abusos de la desinformación de la gente común, se hallan detrás de promociones cuyo objetivo último es la captura de votos y que se hacen a costa del uso de un ejercicio ciudadano y de respuestas anticipadas por el “sí” que difícilmente podrán verter en beneficios plausibles para las clases populares del país.

El doctor Pablo Javier Becerra Chávez, especialista en Procesos Políticos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Iztapalapa, observó lo siguiente: “Los partidos están usando los temas de la consulta popular como temas de campaña, de precampaña, bastante anticipadas ¿van a lograr más votos? No lo sabemos, porque todo va a depender de cómo los ciudadanos evalúen los temas que los partidos les están proponiendo”.

Por su parte, el doctor Gustavo López Montiel expuso: “Los partidos en la siguiente elección necesitan un elemento de campaña que los unifique. Hay partidos como Morena, que el elemento de campaña es López Obrador y a partir de esto pueden sacar provecho para tener más eficiencia en su gasto de comunicación. El resto de los partidos no la tienen, por eso me parece que construyeron temas a través de la consulta popular, temas que son de interés general, porque ¿quién va a decir que no está en contra de los sueldos de los diputados?, por ejemplo. Estas encuestas son propuestas por ser las más populares, pero al final lo que buscan es funcionar como mecanismos unificadores en el contexto de la campaña; ése, me parece, es el objetivo real, hacer campaña previa a las próximas elecciones”.

El tema central –indicó el especialista Javier Becerra (JB)– “va a ser hasta qué punto los ciudadanos, en verdad, sientan que esos partidos efectivamente están enarbolando estos temas como opciones reales de política o simplemente los están enarbolando como temas de debate de la polémica electoral”.

De fondo, resaltó Becerra, “el problema es que estas consultas están siendo promovidas por los partidos, no por los ciudadanos; se está perdiendo el sentido de la consulta popular, porque cada partido ha tratado de imponer el tema que más le interesa sobre la mesa para una consulta, sin sentarse a pensar si cubre los requisitos, por ejemplo, que establecen la Constitución y la ley; por ejemplo, las cuestiones electorales –como en el caso de la reducción de legisladores– no se pueden consultar”.

El analista político señaló en torno a la reducción de legisladores: “Yo me preguntaría: ¿Por qué no se discutió eso en la reciente reforma política electoral? ¿Por qué no se tocó el tema de reducir los diputados y senadores de representación proporcional en esa reforma? Tengo la impresión de que se está planteando básicamente como un tema de proselitismo para el año electoral, para que un partido pueda decir: vean, yo sí propongo un tema que podría beneficiar a la ciudadanía, porque nos permitiría ahorrar los sueldos y salarios de 32 senadores que desaparecerían y de 100 diputados que también desaparecerían”.

Detalló que en este tema en particular “va a ser obvio que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dirá que no es susceptible de consulta porque, primero, es un tema de reforma constitucional y, segundo, es un tema de cuestiones electorales del sistema electoral. La Constitución establece con toda claridad el procedimiento para poder ser reformada; ese procedimiento es el que llamamos el Constituyente Permanente y éste no incluye a la consulta popular”.

Sobre las otras consultas que incluyen cambios a leyes, como la del SMG o especialmente nuevas reformas constitucionales, como el caso de la reforma energética, se le preguntó a Becerra:

– ¿Entonces, de todos modos no podrían echar abajo una reforma sin el Congreso de por medio?

JB: “No podrían echar abajo una reforma constitucional; es todo un tema que no se ha resuelto. La Ley de Consulta Popular está incompleta y los partidos han pensado que basta con iniciar una consulta y desde ahí reformar la Constitución, cuando para reformarla deben seguir el proceso que establece ésta, que primero se apruebe por las dos cámaras con mayoría calificada y luego por la mayoría de los congresos”.

El especialista agregó: “Están tratando de que una reforma constitucional pase en directo, solamente por la vía de la consulta popular; desde mi punto de vista, se está perdiendo el sentido lógico de lo que es la consulta popular y, lamentablemente también, no se ha completado la legislación sobre el tema. Entonces, tengo la impresión de que ya se pervirtió el sentido de lo que debe ser una consulta a los ciudadanos. Debe ser una consulta muy precisa, los temas deben estar claramente delimitados y el carácter vinculante que resulte, obligatorio para toda autoridad –también delimitado en la ley–, cosa que hasta hoy no ocurre.

– ¿Morena, en ese sentido, se perfila como el partido más fuerte?

GML: Morena tiene una imagen que lo unifica (López Obrador). En los otros partidos no es así; es decir, no hay un liderazgo en torno al PRI que lo unifique mas que el Presidente, tal vez. No hay un liderazgo que unifique en el PRD tampoco. En el resto de los partidos no hay elementos que garanticen un liderazgo que unifique”.

Más allá de las citadas consultas, las miradas de los miembros de las cúpulas de los partidos políticos están fijas en los comicios del primer domingo de junio del año próximo, los cuales serán concurrentes debido a que en el mismo día habrá una elección federal para renovar 500 diputaciones federales, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, y comicios estatales en 17 entidades para elegir nueve gobernadores, diputados estatales y presidentes municipales –así como síndicos y regidores– y jefes delegacionales en el caso del Distrito Federal.

Defensa de cotos de poder

En las elecciones de gobernadores, el PRI tratará de retener las gubernaturas de Campeche, Colima, Michoacán, Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí; el PAN las de Baja California y Sonora, y el PRD la de Guerrero.

En Michoacán, el PRD y el PAN –no está claro aún si en alianza– buscarán hacerse de la gubernatura después del desastre que sufriera el PRI tras la revelaciones de los vínculos del Gobierno de Fausto Vallejo con Los Caballeros Templarios y su líder sobreviviente, Servando Gómez Martínez La Tuta, a través de su ex secretario de Gobierno, Jesús Reyna y su hijo Rodrigo Vallejo.

También el de Sonora, gobernado por el panista Guillermo Padrés Elías, profusamente denunciado en la entidad por presuntos actos de corrupción, quien se enfrentó abiertamente con el presidente Enrique Peña Nieto luego de la tragedia ecológica que provocara el derrame de tóxicos de la mina Buenavista del Cobre –propiedad de Grupo México– sobre los ríos Bacanuchi y Sonora.

Padrés se evidenció cuando autoridades federales encontraron una presa sobre el río Manzanal, que presuntamente habría sido construida de manera irregular dentro del rancho del gobernador panista, ubicado en el municipio de Bacanuchi. Padrés reaccionó violentamente expulsando del Consejo Estatal de Protección Civil a los delegados federales de Comisión Nacional del Agua, La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

El titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se negó a recibir al mandatario en al menos dos ocasiones y el mandatario reaccionó de nuevo de manera violenta y encarceló a Mario Luna Romero, autoridad y vocero de la tribu Yaqui, que demanda respeto a su agua. Entonces, los senadores del PAN, encabezados por José Luis Preciado, advirtieron que defenderían a Padrés ante lo que calificaron como embate electorero en su contra.

Otro estado con elección cerrada es Guerrero, gobernado por el ex priista y ahora perredista Ángel Heladio Aguirre Rivero, quien fue secretario de Desarrollo Económico (1987-1990) del entonces gobernador José Francisco Ruiz Massieu, que lo hizo después diputado federal y quien fuera asesinado en la capital del país el 28 de septiembre de 1994.

La actual secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu Salinas, hija del asesinado exgobernador y sobrina del expresidente Carlos Salinas de Gortari, es citada insistentemente como posible candidata del PRI para recuperar Guerrero. Otro miembro del gabinete del presidente Peña Nieto, Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía, es mencionado asimismo como eventual postulante priista al Gobierno de Nuevo León.

En cuanto a la elección de diputados federales, se anticipa que los partidos participarán solos, sin alianzas, asunto diferente al ámbito estatal donde, por ejemplo, el PRI ya perfila alianzas con el PVEM y Panal; en el caso del PRD y del PAN, el punto decisivo sobre la viabilidad de coaliciones entre éstos será el resultado de la elección del nuevo dirigente nacional perredista, programada para el 7 de octubre. De ganar Carlos Navarrete, de Nueva Izquierda (Los Chuchos) tal como se prevé, la política de alianzas con el PAN podría revivirse.

Alianzas sin garantías

A decir del doctor López Montiel, “anteriormente había acuerdos en las alianzas para asegurar la prevalencia de los partidos. Actualmente, a pesar de las alianzas, los votos se distribuyen entre los partidos, eso hace que éstos reflejen su verdadera capacidad electoral y que las alianzas ya no garanticen la permanencia del partido. Por lo tanto, en el país no hay grandes posibilidades de alianzas y en los estados dependerá de lo que esté en juego, del contexto de las presidencias municipales, por ejemplo, donde son más comunes las alianzas”.

– ¿Cuáles son las posibilidades reales de las candidaturas independientes?

GLM: “Muy pocas, porque están hechas para hacer difícil su acceso. Si uno logra juntar lo que la candidatura independiente supone, pues mejor hace un partido político. Es decir, el trecho entre juntar los requisitos de una candidatura ciudadana independiente y los de un partido político es mínimo, entonces, si uno tiene el dinero para hacer una candidatura independiente es mejor invertir en un partido político, cuesta casi lo mismo”.

Será la primera vez que se aplique la figura de candidaturas independientes para las elecciones locales, considerada en los nuevos artículos 116 y 122 de la reforma política, publicada en diciembre de 2013.

Asimismo, la figura de la reelección será aplicable para diputados locales y presidentes municipales que se elijan en 2015. No es el caso para los diputados federales de 2015, pues las reformas constitucionales se aplicarán hasta los que sean electos en 2018.

No obstante, la figura de la reelección tiene una excepción: funcionará para los legisladores que se encuentren dentro de un sistema de partidos, no para los independientes. Esto es una restricción institucional para la figura de candidatos y legisladores ciudadanos, pues al final se castiga a quienes no se encuentren en los partidos políticos con que fueron electos, como lo refiere la Constitución en el Artículo 59.

“Los Senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos y los diputados al Congreso de la Unión hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato”. Esta característica también se prevé para el caso de los diputados locales (Artículo 116 constitucional):

“Las Constituciones estatales deberán establecer la elección consecutiva de los diputados a las legislaturas de los estados, hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido militancia antes de la mitad de su mandato”.

Nuevo andamiaje político

El INE iniciará funciones, con facultades ampliadas por la reforma política, en un ambiente de desconfianza ciudadana, toda vez que en 2015 manejará un presupuesto 52.4 por ciento menor al de las elecciones intermedias de 2009, aunque también tendrá a su cargo los procesos electorales estatales.

“Por otro lado está el tema de la complejidad de las leyes locales; es decir, las leyes son muy distintas en todo el país. Hay muchos estados que habían tenido avances muy importantes, por ejemplo, en la instrumentación de mesas electrónicas, mecanismos de seguridad, y actualmente todo eso ya no se está instrumentando porque hubo un impacto con respecto a los estados, que no ven clara la forma en que eso se puede configurar con estas reformas”, señaló el doctor Gustavo López del ITESM.

Para operar la nueva y más complicada legislación electoral, con el ingreso de tres “nuevos” partidos políticos –que no hacen demasiada diferencia con los ya existentes–, el INE solicitó un presupuesto para 2015 que, de aprobarse en el Congreso, sería 52.4 por ciento superior al que ejerció el Instituto Federal Electoral (IFE) en las elecciones “intermedias” de 2009, para elegir 500 diputados federales. En aquel año el IFE recibió 12 mil 180 millones de pesos.