Para Conchita, alejarse de su agresor es un “sueño lejano”

Su ingreso como intendente es “controlado” por su esposo

La Crónica de Chihuahua
Noviembre de 2012, 11:41 am

CIMAC.- Concepción Martínez, de 36 años de edad, trabajó como personal de intendencia en un restaurante durante casi dos décadas y recién ascendió a cajera de este lugar. Aunque maneja a diario el dinero del negocio, su esposo “controla” los ingresos que ella percibe.

“Conchita”, como le llaman sus compañeras en el restaurante, dijo a Cimacnoticias que aunque hace un tiempo su pareja dejó de quitarle su salario, él nunca ha aportado “un peso” al gasto familiar, por lo que ella se hace cargo de la manutención de sus dos hijos, de 14 y 3 años de edad.

Ella sin saberlo es víctima de violencia económica definida en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como “toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima”.

La mujer, residente de la delegación Iztacalco, está “atada” a su agresor por el temor que le infunden sus amenazas. “Dice que si lo dejo va a matar a mi familia y no me puedo arriesgar, ya una vez golpeó a mi papá”.

Relató que conoció a su cónyuge cuando ella era una adolescente y el tenía poco más de 30 años de edad. Y tuvieron una breve relación de la que resultó un embarazo, motivo por el cual sus padres la corrieron de su casa y se vio obligada a unirse a él.

Desde entonces, “Conchita” sufre violencia económica. “Cuando nos juntamos yo no trabajaba, estaba en el último año de secundaria, pero como él nunca me dio nada, ni para comer, me tuve que salir de la escuela para ganarme un dinerito”.

Sólo encontró empleo como personal de intendencia en un restaurante. Recuerda el entusiasmo que sintió al recibir su primer sueldo, el cual se esfumó al regresar a su casa porque su cónyuge le exigió que se lo entregara. Ella se negó y él la insultó y agredió físicamente.

Concepción no volvió a llegar con el dinero, “antes pasaba a comprar lo que ocupara: comida, jabón, cosas para el niño que tenía chiquito”. De cualquier forma el ingreso de la trabajadora se iba directo al gasto familiar porque él no aporta a la manutención de sus hijos.

Incluso, dijo, “yo tengo que mantener a su hija mayor, que ya tenía cuando nos casamos”. Ella ignora cuánto gana su pareja, quien labora como velador.

Mientras, “Conchita” percibe 6 mil pesos al mes con los que apenas subsiste. “Alguna vez me salí de trabajar para ver si así me daba gasto, y no sirvió de nada, seguía igual, y yo sin tener dinero ni para comprarle un pan a mi hijo”, narró.

Para la mujer la posibilidad de denunciar a su agresor es remota, pues pesan más las amenazas de su pareja y la desconfianza en el quehacer de las autoridades de justicia. En tanto, dice haber aprendido a sobrellevar la situación, pues para ella alejarse de su agresor no es más que un “sueño lejano”.

BRECHA SALARIAL

La Ley General señala que la violencia económica también se manifiesta cuando las mujeres perciben “un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral”.

En México sin importar la edad, la escolaridad y la situación conyugal, la remuneración que reciben las mujeres por su trabajo representa entre 88 y 96 por ciento del ingreso de los hombres, según el informe “Mujeres y Hombres en México 2011”, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Al respecto, Rosario Ortiz, ex legisladora e integrante de la Red de Mujeres Sindicalistas (RMS), explicó a Cimacnoticias que la brecha salarial es una de las formas de discriminación y violencia más crítica que afrontan los 18.5 millones de trabajadoras en el país.

Entrevistada en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre, Ortiz añadió que la desigualdad en el ingreso es muestra de la “desprotección de derechos” que padece la mitad de la población.

La sindicalista lamentó que la violencia económica que padecen las mexicanas en sus hogares y en el ámbito laboral permanezca “invisible” ante las autoridades del país, que hasta ahora no han creado una sola política para abatir este tipo de violencia.