Necesario fortalecer autonomía electoral para elegir consejeros

**Lilia Aguilar presentará una iniciativa para hacer el exhorto

La Crónica de Chihuahua
Noviembre de 2013, 10:06 am

Chihuahua.- La diputada del Partido del Trabajo Lilia Aguilar Gil, presentará ante el Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para fortalecer la autonomía de los institutos electorales estatales, además de modificar la forma en que se eligen a los candidatos a consejeros electorales de los estados.

En el caso de los institutos locales electorales, la iniciativa propone reconocer desde la Carta Magna la autonomía política, financiera, administrativa y jurídica que deben gozar estos órganos, es decir, plasmar en el texto de la Constitución dichos principios a fin de que ejerzan su función sin depender de otro órgano.

Asimismo que elaboren, propongan y ejerzan su presupuesto sin la intervención del titular del Poder Ejecutivo de los estados y sean capaces de autodeterminarse a través de la facultad reglamentaria y de establecer parámetros de organización interna para administrar sus recursos materiales y humanos.

Aguilar Gil aseguró que con estas modificaciones se resolvería el problema que existe en algunos estados en los cuales los institutos electorales son controlados por los gobernadores, respetando el pacto federal consagrado en la Constitución, pues pensar en eliminar las legislaciones y las atribuciones locales en materia electoral, “sería darle un tiro de gracia a la autonomía de los estados”, sentenció.

Y agregó, “una viciada interpretación del federalismo a conveniencia del Poder Ejecutivo y los partidos mayoritarios, significa desconocer la soberanía de las entidades federativas para organizar sus propias elecciones”.

Mientras que para el tema de los recursos, la legisladora de Chihuahua indicó que si se llegaran a concentrar las tareas de los institutos locales en un solo órgano federal, todas las atribuciones mencionadas requerirán de igual o mayor cantidad de recursos de la federación para su mantenimiento, lo cual contradice los argumentos de que eliminando los institutos electorales se recortarían gastos.

“¿Realmente se podría prever un ahorro en los costos de nuestra democracia al implementar la propuesta pensada por los integrantes del Pacto por México? Difícilmente esto sucedería, por lo que el argumento económico resulta una falacia”, añadió.

Respecto a la elección de los consejeros electorales, la diputada federal indicó que desde la Carta Magna se propondrá que estos sean elegidos a través de una convocatoria del Congreso Local, que estén respaldados por una institución académica local o federal, que cuenten con experiencia probada en materia electoral, que no tengan militancia en ningún partido político por al menos cinco años previos a la postulación, así como contar con el voto de por lo menos dos terceras partes más uno del total de los integrantes de la legislatura local correspondiente.

Además, señaló que para evitar que la estancia de los referidos postulantes dependa o coincida con la del gobernador o la de algún grupo parlamentario específico, se amplié su periodo de funciones a fin de que éste sea de siete años y tenga un carácter transexenal.

Respecto al hecho de que el Instituto Federal Electoral tenga facultades de juez, es decir, que atienda procedimientos de sanción, dijo que ha desgastado su autoridad, por lo que la presente iniciativa propone que tratándose de elecciones federales, se debe mantener la instrucción en manos de los órganos especializados del IFE, mientras que la resolución recaerá en la Sala del TEPJF que corresponda.

No obstante, se reitera que el IFE debe contar con un área especializada en llevar a cabo la integración e investigación de los procedimientos hasta contar con todos los elementos que permitan su resolución, mientras que el Tribunal resuelva de manera definitiva e inatacable los asuntos.

Finalmente, indicó que este mismo esquema deberá aplicar en los institutos electorales locales, pues se ha demostrado que es positiva la coexistencia de tribunales electorales en cada una de las entidades federativas y uno más a nivel federal.

De aprobarse esta iniciativa, se reformarían, adicionarían y derogarían diversas disposiciones de los artículos 41, 99 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.