Monex y Soriana: la legitimidad pendiente

Javier Corral Jurado/ Columna Rotafolio

La Crónica de Chihuahua
Julio de 2012, 15:26 pm

Al recibir la constancia de Senador Electo por Chihuahua, con base en el principio constitucional de primera minoría, expresé un público reconocimiento a las autoridades electorales de la Junta Local Ejecutiva del IFE, y de manera especial al Consejo General del Instituto, y a su Secretaría Ejecutiva, por el amplio, arduo y profesional trabajo realizado. El IFE es una de las instituciones más sólidas y confiables de nuestra transición política, diría que es uno de los mayores frutos de nuestra democracia, y es deber de los demócratas cuidar y fortalecer a esta institución.

Estoy plenamente convencido que, en el marco de lo que la ley le permite, el IFE cumplió. Ahora ha llegado el momento de atender las exigencias que el propio IFE ha planteado al Congreso mexicano, en el denominado libro blanco, para ajustar la legislación electoral, derivado precisamente de la experiencia de su implementación en 2009 y la que ahora en el 2012 debe sumarse, toda vez que ambos procesos nos confirman a todos como necesarias reformas orientadas a conseguir la equidad en las contiendas.

Reconocer además al IFE, en realidad es valorar el trabajo y la organización desarrollada por más de un millón de mexicanos que estuvieron al frente de las casillas, y recibieron la participación ordenada y pacífica de más de cincuenta millones de mexicanos, la votación históricamente más alta en nuestro país. Esos son datos ineludibles. Las elecciones fueron bien hechas, independientemente de los resultados, y es una obligación de candidatos y partidos asumirla como parte de su compromiso democrático.

Asumir ese reconocimiento, no significa que los propios partidos renuncien a la crítica y a las impugnaciones puntuales en los temas polémicos y más agraviantes, pues si bien concurrimos a una competencia edificada en los términos de la ley electoral, también es cierto que fuimos testigos de varios fenómenos y episodios que deben ser corregidos y que ameritan una profunda y expedita indagación de las autoridades.

El problema de la democracia electoral mexicana parece haber superado el problema de contar los votos y contarlos bien. Es notable la coincidencia entre los datos arrojados por el PREP, el conteo rápido y los cómputos distritales, que incluyeron la apertura de más de 250,000 paquetes correspondientes a las tres elecciones federales (Presidente, Senadores y Diputados).

Sin embargo, la aceptación de que los votos fueron bien contados no se traduce, ni significa aceptar que el proceso fue equitativo y ejemplar. Debido a ello, tal y como lo ofrecí en mi primer mensaje como Senador Electo, llevé al pleno del CEN del PAN la postura de que debiéramos sumar esfuerzos con el PRD, compartir información, y empeñarnos en documentar, para limpiar esta elección. Estamos obligados con todos los ciudadanos, pero especialmente con los más de 13 millones de mexicanos que nos dieron su voto, y no se diga frente a la militancia, a dejar muy clara nuestra postura y darle puntual seguimiento a las denuncias y quejas que presentamos ante las autoridades. Pedí al PAN que fuéramos capaces de distinguir al conjunto de los actores políticos en la izquierda mexicana, de la personalísima posición que tiene Andrés Manuel López Obrador.

Esto nos acercaría a la vez para desplegar un trabajo conjunto en las cámaras del Congreso en materia de reforma electoral.

Atajar con toda fuerza la inequidad con la que se desenvuelven aún nuestros procesos electorales y someter a un verdadero sistema de rendición de cuentas a los gobiernos locales, debe colocarse como la prioridad de las oposiciones en la próxima legislatura del Congreso Federal. Esto podría ser el núcleo de una agenda común entre el PAN y el PRD, que reimpulse la reforma política en su sentido más amplio y de claro combate a la corrupción; de lo contrario perpetuaríamos el modelo de colusión de los poderes fácticos, el financiero y el mediático, con el PRI.

El CEN resolvió ir por separado del PRD en la impugnación, primero porque aún no se supera la desconfianza hacia el candidato presidencial de las izquierdas, lo cual es absolutamente comprensible; y segundo, porque sobre los problemas presentados en el proceso tenemos diferentes enfoques, aunque se coincidió en la misma lógica de no dejar pasar, ni que queden impunes, los siguientes aspectos:

1.- El evidente rebase de los topes de gastos de la Campaña de Enrique Peña Nieto.
2.- El rebase de los topes para las aportaciones privadas a partidos (en los que no sólo está el PRI, sino también el Movimiento de AMLO; ahí está una primera diferencia).
3.- El empleo de mecanismos paralelos de financiamiento (el caso del banco Monex del que más abajo amplío mi punto de vista).
4.- La compra directa de votos, (el caso más ostensible el de Soriana).
5.- La promoción de candidatos fuera de los tiempos establecidos.
6.- La participación indebida de gobiernos estatales y municipales en la elección; de manera descarada el caso de César Duarte en Chihuahua.
7.- El manejo parcial de la información por parte de algunos medios de comunicación, partícularmente la televisión.

Podríamos decir que los anteriores puntos son las rémoras que sigue cargando nuestro proceso electoral y que deberán ser combatidos con toda determinación si queremos transitar de una democracia cuantitativa a una democracia cualitativa, en el que la asunción de los gobernantes no sólo sea legal, sino legítima. Cada aspecto tiene su cauce y su propuesta, algunos en la necesidad de ajustar la legislación o crear nuevas figuras que impidan, por ejemplo, el manejo mentiroso de las encuestas.

Ahora lo más urgente es limpiar el actual proceso, en la esfera de competencias de las autoridades electorales, y del ámbito del propio Ejecutivo federal. De ahí que haya celebrado que el Presidente de la República, Felipe Calderón, se haya manifestado, en una posición nada conveniente para él, pero de gran pertinencia para la estabilidad política del país, en el sentido de que se deben castigar las conductas ilegales que han manchado la elección del pasado 1 de julio, más allá de la "determinancia" en el resultado de la elección. No importa si es un caso, cien o mil, que demuestren la compra y coacción del voto; son actos deleznables, deplorables, que no pueden quedar en la impunidad.

La compra y coacción del voto es un asunto de difícil comprobación, pero se puede. Documenté en el proceso interno del PAN - el 19 de febrero pasado -, en el que participé como precandidato a Senador, esta figura tan sofisticada en su demostración por el requisito de la "conexividad". No sólo había que tener los videos del traslado de los votantes en autobuses hasta la casilla, el testimonio del ofrecimiento de la despensa y por quién votaría, sino la entrega material de la misma. Hoy, este caso, es el vigésimo cuarto proceso electoral anulado en la historia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el primero que logra acreditar con toda certeza las circunstancias de tiempo, modo y lugar de esa forma de defraudación electoral. Logré la nulidad absoluta del proceso interno, camino por el que los jueces electorales difícilmente transitan sin pruebas contundentes. En mi caso presenté un arsenal de pruebas que evidenció lo que ya en el país se conoce como "el cochinero".

El PRD ha centrado su impugnación en la compra del voto con base en las tarjetas de Soriana, "Aprecio Por Tí"; será difícil a partir sólo de miles de tarjetas nulificar un proceso de millones de personas, pues además la legislación señala que la conducta debe ser determinante del resultado. Pero si las pruebas aportadas, no dan para la nulidad total de la elección o la invalidez de algunos resultados, es indispensable que el delito electoral no quede sin sanción, porque de que lo hubo no hay duda, y por supuesto responsables con nombre y apellido. Esta es la importancia de la posición que ha asumido el PRD y su candidato presidencial en el tema de las tarjetas de Soriana, lo que tampoco echaría abajo la elección de Peña Nieto, pero sí terminaría por acreditar el carácter ilegítimo del abanderado priísta.

El otro tema que desde mi punto de vista es el más sólido y con mayores consecuencias para el PRI y su candidato, que puede implicar desde una multa millonaria hasta la pérdida del registro a éste partido, es la queja presentada por el PAN en cuanto al financiamiento de procedencia ilícita de la campaña de Peña. El cuantioso flujo de dinero privado y público, las aportaciones indebidas, las triangulaciones financieras y las operaciones paralelas que no fueron declaradas a la autoridad, son el centro de la impugnación y el tema para el cuál el IFE cuenta con instrumentos efectivos y expeditos. De ahí que el PAN haya centrado en esto su mayor exigencia.

Debo por cierto señalar que en este caso se ha considerado políticamente necesario y jurídicamente viable, conjuntar esfuerzos con el Partido de la Revolución Democrática y con los demás partidos miembros de su coalición, para exigir una investigación que aclare, sin excusas, el origen de esos fondos y la manera en que el PRI los manejó durante las recientes campañas. Llevar el asunto hasta sus últimas consecuencias.

El principal problema tanto de la elección a la Presidencia de la República, como en la nueva conformación del Congreso es el descomunal gasto de la campaña del PRI, su financiamiento con dinero de procedencia ilícita, un elemento objetivo, cierto y al alcance de los instrumentos técnicos y jurídicos de la autoridad electoral. El caso de los monederos electrónicos del Banco Monex, y la información que cada día aporta elementos nuevos, como el de las multimillonarias transferencias a empresas fantasmas denunciado por el Senador Ricardo Monreal, se puede convertir en el verdadero talón de Aquiles de Peña Nieto, que confirme no sólo su carácter ilégitimo, sino imponga una sanción ejemplar al PRI, que por reincidente (el PEMEXGATE fue el primero) lo lleve a la pérdida del registro como Partido.

Al IFE le podemos y le debemos pedir lo que le es posible y está en sus facultades. Sí, limpiar la elección en el tema de la fiscalización, es un imperativo para la paz social, la gobernabilidad, el acuerdo político y la legitimidad del nuevo gobierno. Impensable avanzar sin sacudirnos esos lastres.