Michoacán: violencia caciquil en Ciudad Hidalgo

REPORTAJE ESPECIAL

La Crónica de Chihuahua
Marzo de 2017, 21:00 pm

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Luis Miguel López Alanís

Siete hombres armados y con el rostro cubierto se presentaron esa noche en los alrededores del mercado municipal Emiliano Zapata, de Ciudad Hidalgo, Michoacán, ante decenas de sorprendidos comerciantes semifijos. Eran las tres de la mañana del siete de enero de 2017.

Los vendedores mantenían guardias ante la amenaza de un posible desalojo para reubicarlos. Cuidaban sus puestos, fuente de su ingreso económico y del sustento de sus familias.

Tenían colgadas mantas para que todo el que pasara por allí leyera: “Señor Presidente: cumpla su palabra”, dirigidas al edil priista Rubén Padilla Soto, hijo de Sabino Padilla, quien también fuera presidente municipal de esta población y diputado local y federal.

Mientras los insultaban, los encapuchados encañonaron y amenazaron a los desvelados comerciantes y les ordenaron: “Quiten sus pinches mantas, y tengan diálogo con el presidente”.

Luego se retiraron. Antes de todo esto, la presidencia municipal había programado a los comerciantes un “diálogo” con Padilla Soto a las 11 de la mañana de ese mismo día. Pasaron las horas y acudieron a la reunión con el temor de verse agredidos.

En las semanas siguientes varios acontecimientos convencieron a los comerciantes de organizarse con el Movimiento Antorchista. Así lo comentan a buzos María Soledad Pérez Bustamante, Tranquilino Correa Ávila y Betsaida Correa Peña, comerciantes que crecieron entre los puestos de sus padres.

Un mes después, poco antes de la una de la mañana del viernes 10 de febrero, un grupo de sujetos abrió fuego contra una camioneta Nissan Rogue 2008, estacionada afuera de la vivienda de Víctor Gaytán Reyes, presidente del Comité Seccional del Movimiento Antorchista en la zona Oriente de Michoacán y miembro de su Comité Estatal.

El vehículo recibió 84 impactos de bala, se le colgó un cartón con un mensaje amenazante tratando de involucrar a Gaytán en actividades ilícitas y, cuando se activó la alarma del vehículo baleado, sorprendidos, los sujetos salieron corriendo.

Tres disparos quedaron incrustados en la pared, a metro y medio de donde dormía Gaytán. Una fiera había mostrado su dentadura hecha de balas. Diez minutos más tarde, sin que nadie les hubiera llamado, llegaron al lugar de los hechos, en la colonia Aquiles Córdova Morán, doce policías comandados personalmente por el Director de Seguridad Pública Municipal, el capitán Leonardo Guevara de Ita, quien dijo al director del Colegio de Bachilleres –ahí presente y que también es antorchista– que los policías acudían porque los había llamado “el director del Colegio de Bachilleres”. Previamente Guevara de Ita había enviado un mensaje telefónico a Víctor Gaytán: “no andes solo”.

Los hechos anteriores ilustran la situación que se vive en Ciudad Hidalgo, cabecera del municipio de Hidalgo y que narraron a buzos Betsaida, Soledad y Tranquilino.

En 1947, tras el incendio del anterior edificio del mercado municipal, el que lo sustituyó fue ubicado a una cuadra del centro de Ciudad Hidalgo.

En las calles aledañas fueron estableciéndose decenas de comerciantes conforme lo demandaba la vida de esta histórica ciudad, antaño llamada Taximaroa.

El mercado y sus alrededores han sido en los últimos 70 años el lugar preferido por la población para sus compras diarias. Unas 148 familias de comerciantes semifijos han cumplido por generaciones el papel cultural y económico de abastecer a la ciudad de lo indispensable.

“Dispuesto a hacer del centro de Ciudad Hidalgo un lugar turístico que rinda jugosas ganancias, Rubén Padilla Soto, ampliamente conocido por su carácter violento y agresivo, se hizo de la presidencia municipal, luego de tremendo pleito con su propio hermano, Sabino, el otro aspirante del PRI”, asegura Tranquilino.

No hay forma de confirmarlo, pero es vox populi que hubo también amenazas de muerte entre esos familiares. Hoy no se pueden ver el uno al otro.

“Para cumplir su objetivo de ‘limpiar’ el centro histórico comenzó por desalojar, el 28 y 29 de diciembre de 2015, a los vendedores del Jardín Hidalgo, la principal plaza de la ciudad”, recuerda Gustavo Correa Navarrete, uno de los taqueros que vendían en dicha plaza. Padilla en persona coordinó el desalojo y él mismo removió los puestos y sus endebles techos. Había 23 puestos de venta de tacos, de fruta en conserva, entre otros; 15 de ellos fueron reubicados “gratis” en La Plaza del Antojo, construida ex profeso por el Ayuntamiento, ocho se resistieron por no creer que les fuera bien y que pudieran vender allá.

En las negociaciones que tuvieron con Padilla Soto, ante su resistencia, el ofuscado edil los quiso agredir a golpes, afirma Correa Navarrete.

El tiempo les dio la razón. Hoy, a un año, los reubicados venden tan poco que ya están ofreciendo en venta o traspaso su local, incluso los que firmaron por delante. “La Plaza del Antojo fue un fracaso económico que nos advirtió que las propuestas de Padilla Soto no son de fiar”, asevera María Soledad Pérez Bustamante. A pesar de ello, el Ayuntamiento intenta vender locales de dicha plaza en 250 mil pesos cada uno, asegura Correa Navarrete.

Los ocho que se resistieron acudieron ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Michoacán, a quejarse por considerar que sus derechos no se respetaron, ni los acuerdos que ya tenían con presidentes municipales anteriores, como Luis Olvera, quien les había extendido licencias de funcionamiento en ese jardín.

Presentaron como prueba sus documentos de revalidación, pero “Padilla Soto no reconoce la institucionalidad, para él no sirven los documentos legales, sólo vale su voluntad”, dijo Correa Navarrete.

Como fruto de su queja, la CEDH emitió la Recomendación 085/2016, dirigida a Padilla Soto, por violación a las garantías de legalidad, recomendando el respeto a las mismas. Así lo informó la CEDH a Correa Navarrete en el oficio número COLQS/0012/17, de fecha 10 de enero de 2017.

Nada. “No ha llegado a esta oficina”, le dijeron en la presidencia municipal. Y asegura que Padilla Soto le respondió que la recomendación no es vinculante y que “se la pasa por debajo del arco”.

Han acudido a quejarse a la misma CEDH desde 2002 por las constantes amenazas a su fuente de trabajo y de nada sirvió.

“Ya no creemos en Derechos Humanos”, dicen. En 1954, para protegerse, los comerciantes de las calles del mercado Emiliano Zapata fundaron la Unión Mutualista Guadalupana, que en enero de 2017 agrupaba a 110 integrantes, representando otros tantos puestos. Otra unión surgió años después con el nombre de “Todos para uno y uno para todos”, con 38 miembros; entre ambas uniones, los comerciantes organizados suman 148, con casi 600 familiares involucrados directamente en su actividad o dependiendo de ella.

Ya en junio de 2016, Padilla había ofrecido a los comerciantes reubicarlos en la Multiplaza, una explanada que se halla vacía cinco días a la semana y les presentó un plano de un nuevo mercado allí, proyecto que Soledad, Tranquilino y Betsaida calificaron de “muy improvisado”.

Su plan no contaba con que la Multiplaza estaba dada en comodato a Valentín Sandoval García, quien reclamó su derecho. “Nos pareció muy dudoso que ni siquiera supiera a dónde quería mandarnos y, si lo sabía, era peor porque nos enredaba a propósito en una situación legal que sólo nos causaría serios problemas que después él no resolvería, después de lograr su propósito de sacarnos del centro”, explicó Betsaida.

Cuenta que, insistiendo en su plan, Padilla Soto logró con amenazas reubicar a 21 comerciantes que tuvieron que acceder a instalarse en la Plaza del Antojo, cosa que andando el tiempo, en menos de seis meses, quedó claro que se trató de un rotundo fracaso, pues los reubicados tuvieron ventas prácticamente nulas.

A principios de enero de este año, las presiones de Rubén Padilla arreciaron; amenazaba a los comerciantes con enviar a los granaderos. De acuerdo con algunos comerciantes también ofrecía dinero en efectivo a quien aceptara retirarse: 100 mil pesos por cada uno.

Luego se vino la agresión del siete de enero. En la reunión de ese día, Padilla Soto doblegó la voluntad de algunos comerciantes que aceptaron reubicarse en los terrenos de la Feria, a dos kilómetros del centro, en lo que se llamaría el mercado Villa Hidalgo. Padilla lo anunció triunfante a los medios locales de difusión, sin hacer referencia a la visita violenta de los encapuchados, por supuesto.

En las semanas siguientes, los más firmes y ofendidos buscaron ayudas, apoyos, pero nadie se atrevió a defenderlos; ninguna autoridad quiso obstruir los intentos de Padilla Soto de adueñarse del centro.

El edil cabildeaba apresuradamente con algunos líderes de los comerciantes y hacía reuniones promoviendo el cambio hacia las abandonadas instalaciones de la Feria.

Fue entonces cuando los comerciantes decidieron acudir a Antorcha. Y Víctor Gaytán encabezó su defensa. Nadie más se atrevió a defender a los agraviados.

Primero entraron 56 comerciantes a la organización popular más numerosa de Michoacán. Lo hicieron el día 28 de enero, un día antes de que se diera la “histórica firma” de un acuerdo con Rubén en el que los líderes de la Unión Mutualista Guadalupana, a espaldas de sus agremiados, aceptaban la reubicación hacia la Feria, cosa que ya los 56 habían rechazado terminantemente.

Los firmantes: Héctor Correa Alcántar, Everardo Patiño y Raúl Fuentes Duarte, presidente, tesorero y secretario de acuerdos de la Mutualista, respectivamente.

Al día siguiente, los comerciantes tuvieron pláticas con los líderes antorchistas y acordaron no reconocer la “histórica firma” y acudir el lunes 30 de enero a la presidencia municipal para dar a conocer a Rubén Padilla que no estaban dispuestos a aceptar su reubicación.

Era la segunda vez que se rebelaban contra sus designios: primero los ocho del Jardín Hidalgo y ahora 56 del mercado. El número se había incrementado peligrosamente contra sus intereses.

Industrial mueblero, dueño de una importante ferretería en la calle Cuauhtémoc, en pleno centro, Padilla también es dueño del edificio que renta Bancomer en el centro de Ciudad Hidalgo, recuerdan a buzos Tranquilino y Soledad. Añaden que también renta oficinas suyas al Gobierno Federal, a Sagarpa, a la Administración de Rentas del Estado, a varios despachos de licenciados, a dos loncherías, a la Oficina Registral Regional, todo ello en el centro.

En su administración se ubicó una conocida tienda de conveniencia en contraesquina de la presidencia municipal, la cual no tiene ya competidores en el Jardín. “El plan de ‘Mejoramiento de la imagen urbana’ tiene al menos un destinatario obvio”, señala María Soledad Pérez Bustamante. “Pero además están los miembros de la rica élite que lo apoya”, tercia Tranquilino.

El jueves nueve de febrero se volvieron a poner lonas en las calles y el jardín en defensa de los comerciantes amenazados. “Los van a llamar” para negociar, les dijeron. En la madrugada siguiente fue cuando atacaron a Víctor Gaytán. Todo quedó claro: con Rubén no se podría hacer ningún progreso; la violencia sería su única respuesta.

Ya había intentado golpear también a unos antorchistas en otra reunión por otro motivo -luego lo aceptó públicamente en Radio Sol-. Ya había amenazado a la población para que no se uniera a Antorcha; había condicionado la solución de demandas del pueblo a ello: “lo que quieran, pero sin Antorcha”.

Con la Fiscalía Regional de procuración de justicia cayendo en contradicciones y siendo ello difundido por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en su boletín 139/2017, del 11 de febrero, al adjudicar al agredido Víctor Gaytán una inexistente solicitud de intervención policial la noche del atentado o desfasar el orden de los hechos; con el mando policial no centralizado; con una actuación sospechosa del capitán Guevara de Ita; con amenazantes mensajes recibidos vía telefónica, fueron los factores que convencieron a los comerciantes, ahora ya plenamente antorchistas, de que con Rubén Padilla en el cargo no servirían de nada las investigaciones para descubrir y castigar conforme a derecho a los encapuchados que habían conminado a los comerciantes a “dialogar” con el presidente y a los que ametrallaron el vehículo del líder social Gaytán Reyes; todo hacía pensar que eran los mismos.

Descartada así la solución local, había que ir a Morelia, a pedir la destitución del edil; así lo hicieron los comerciantes, quienes el 16 de febrero marcharon hacia el Congreso del Estado para solicitarlo formalmente. Fueron calurosamente saludados por aproximadamente dos mil antorchistas, quienes los acompañaron en su marcha.

Pero en el Congreso, apresuradamente, los diputados habían dado por concluida su sesión y huyeron antes de que llegaran los quejosos: los manifestantes hallaron las puertas cerradas y con guardias malencarados. Ésa fue la respuesta de los seis partidos políticos representados en el Congreso de Michoacán. Ni un diputado se quedó para recibirlos. Sólo estaba abierta la oficina para recibir correspondencia.

Con los legisladores dándoles la espalda, los agredidos comerciantes caminaron al Palacio de Gobierno y solicitaron que los recibiera el gobernador del estado; fue designado para atenderlos el subsecretario de Gobierno, Armando Hurtado Arévalo, quien previamente había pretendido encauzar el asunto a la PGJE en vez resolverlo políticamente.

“No queremos una respuesta policiaca, sino política”, dijeron los antorchistas y exigieron a Hurtado que asumiera su papel y no el de oficialía de partes, que garantizara la seguridad y la integridad de los antorchistas.

La movilización logró que Hurtado citara a Padilla Soto para el viernes 17 y así ocurrió. Padilla tuvo que asistir a Morelia a la reunión ese viernes: los rebeldes le habían dado un revés político de alto nivel que nunca esperó.

“Temblaba de coraje en la reunión”, dijeron de él Tranquilino, Soledad y Betsaida. Prometió que el 28 regresaría con una “alternativa”. Pero el 28 de febrero, Rubén se presentó a la siguiente reunión en Morelia con una “comitiva de apoyo”, tolerada por Hurtado Arévalo. Los comerciantes la rechazaron y dijeron que sólo eran individuos dispuestos a agredirlos; pidieron su salida de la mesa de negociaciones. Hurtado defendió a la comitiva de Padilla Soto y los comerciantes rechazaron los términos humillantes y peligrosos con que ambos funcionarios querían tratarlos, así que tuvieron que levantarse y dirigirse a Casa de Gobierno a pedir la intervención directa del gobernador Aureoles Conejo. Hasta este momento siguen esperando respuesta.

Entretanto, el clima de terror aumentó el rechazo a Padilla y el grupo de rebeldes creció hasta llegar a 132 comerciantes del exterior del mercado Emiliano Zapata que se integraron a la organización de Víctor Gaytán.

Se añadieron también al grupo los carretilleros y los empleados del mercado: ahora suman 228 personas.

Los ocho del Jardín ya están también trabajando con ellos. “Nos dimos cuenta finalmente que nada de la maldad que se le achaca a Antorcha es verdad: en realidad sí es la organización de los pobres”, enfatiza Betsaida.

Ahora llegan algunos ciudadanos bien vestidos a ofender a los comerciantes en el mismo mercado, cosa que nunca antes sucedió. “Nunca habíamos recibido nada de esto; no puede haber otro origen de esta campaña más que el propio Padilla Soto”, remarca Marisol. Padilla movilizó el día 1º de marzo a algunos estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo (ITSCH), quienes hicieron declaraciones a Radio Sol en contra de los comerciantes y a favor de la reubicación y aseguraron que harían una marcha por Ciudad Hidalgo para protestar contra los comerciantes. “Padilla atiza el odio, necesita motivos para actuar con la brutalidad que le es propia”, asegura Víctor Gaytán.

Pero increíblemente, ante esta situación de peligro que puede derivar en lamentables sucesos, el Congreso del Estado no ha tomado ninguna determinación.

La PGJE no se pronuncia con respecto a la petición de que atraiga la investigación y no la deje en manos de la Fiscalía Regional, bajo la influencia de Padilla; tampoco hay un pronunciamiento en respuesta a la petición de que investigue la conducta de Guevara de Ita.

Y el gobierno del Estado, con Hurtado Arévalo a cargo del asunto, a pesar de ser perredista, toma partido por las maniobras del edil priista. Así las cosas, los inconformes se preparan para volver a marchar el próximo 14 de marzo en Morelia.