Los efectos del desmantelamiento de Pemex

Reportaje especial/ La Crónica de Chihuahua

La Crónica de Chihuahua
Febrero de 2016, 20:56 pm

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Martín Morales

Más que la creación de nuevos puestos laborales y mayor bienestar social, la entrega de las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) a los corporativos trasnacionales está provocando la pérdida de miles de empleos y la devastación de las regiones petroleras del país, que durante varios decenios dependieron de la industria petrolera.

Estas desastrosas consecuencias derivaron tanto de la reforma constitucional que en materia energética promulgó el presidente Enrique Peña Nieto el 20 de diciembre de 2013, como de la incipiente aplicación de sus leyes secundarias a partir del 11 de agosto de 2014. Sólo al inicio de este año, la cancelación definitiva de 10 mil 553 plazas en Pémex provocó el despido de igual número de trabajadores.

Según estimaciones de analistas del Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE), organización independiente formada por profesionistas exmiembros de la otrora empresa paraestatal, a la fecha se han cancelado por lo menos 22 mil puestos laborales, sumados despidos directos y jubilaciones forzadas.

El senador perredista Luis Sánchez estima que en 2018 el número de cancelaciones de puestos de la plantilla general de Pémex llegará a 70 mil, cifra que representa más de 45 por ciento de los 153 mil trabajadores entre obreros, administrativos y profesionales que la paraestatal tenía antes de la reforma, aunque cálculos extraoficiales aseguran que la reducción llegará a 50 mil trabajadores a finales del sexenio.

El ingeniero Moisés Flores Salmerón, dirigente del Sindicato Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP), representación laboral independiente que aglutina a trabajadores petroleros de las cuatro áreas laborales, dijo a Buzos de la Noticia que el despido de trabajadores manuales, técnicos, administrativos y profesionales ha afectado hasta ahora a poco más de 20 mil titulares de plazas “permanentes”, aunque la cifra total llegará a no menos de 45 mil en los próximos meses, mientras se van ejecutando nuevas licitaciones y las empresas trasnacionales van asumiendo el control de más instalaciones de la petrolera que antes perteneció a la Nación.

Flores destacó que los trabajadores despedidos no son contratados en masa por los corporativos trasnacionales, cuyos gerentes están buscando personal mediante contratos individuales y temporales a través de empresas terciarias (outsourcing), mediante el pago de ínfimos salarios y sin prestaciones.

A la pérdida de empleos de estos trabajadores, deberá sumarse el demoledor impacto económico y social que sobrevendrá contra las ciudades y poblaciones aledañas a las instalaciones de Pémex en estados petroleros como Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche –entre ellas Ciudad Madero, Poza Rica, Coatzacoalcos, Minatitlán, Ciudad del Carmen, entre otras– que durante décadas crecieron y se desarrollaron gracias a la derrama generada por la actividad petrolera.

“No sólo perjudica a trabajadores, sino a la sociedad en general. Por ejemplo, en Cuichopa, Veracruz, el pueblo vivía del gasto de los petroleros, por quienes había circulante.

Entonces este pueblo se va a convertir en un pueblo fantasma, y así se va a perjudicar a la población de muchos otros lugares. Están desmantelando las economías locales. ¿Qué va pasar con Poza Rica, Minatitlán o Ciudad del Carmen?

Acabarán con pequeños talleres, comercios, venta de alimentos, transportes y con toda la infraestructura creada para los trabajadores, quienes hacían funcionar las instalaciones de Pemex”, resaltó a esta revista el ingeniero Mario Galicia Yépez, coordinador del CEE y miembro del UNTyPP y del Frente de Trabajadores de la Energía (FTE).

Desastre general

En mayo de 2015, en Poza Rica, Veracruz, se informaba del despido de 800 trabajadores petroleros, entre sindicalizados y personal de confianza; y se alertaba sobre la posibilidad de que en un futuro cercano, de la plantilla total de Pémex sólo quedarían 50 mil de los 150 mil que tenía entonces.

Con respecto al impacto local del recorte se esperaba la pérdida adicional de tres mil empleos “indirectos” en el sector comercial y municipal de Poza Rica.

En el caso de Coatzacoalcos, Veracruz, donde se ubica el complejo petroquímico Pajaritos, medios estatales dieron cuenta que la sección 11 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), que controla masivamente a los obreros de la petrolera, había cancelado mil 289 puestos laborales y que los despedidos, sus familias, jubilados y agrupaciones civiles organizaron manifestaciones de resistencia y protesta callejera para impugnar la entrega de las instalaciones petroleras a inversionistas privados sin que el Gobierno tomara en cuenta las graves afectaciones sociales que la desnacionalización implicaba.

El pasado 3 de febrero se supo en Moloacán, Veracruz, que la ola de despidos llegaría a esa zona en mayo próximo, cuando las instalaciones de Pémex sean transferidas a las compañías Servicios de Extracción Petrolera Lifting –que se adjudicó la licitación del campo Cuichapa Poniente– y el consorcio Mexico-Holandés formado por Canamex Dutch, Perfolat de México y American Oil Tools, que obtuvo el área de explotación de Moloacán. De la misma forma que en otras regiones, medios locales resaltaron que tras los despidos de obreros de Pémex, vendría el desastre para comerciantes y prestadores de servicios de la región.

El 3 de julio de 2015, en Tabasco, Dionisio Hernández Jerónimo, exdirigente de la Unión de Ejidos del Plan Chontalpa, denunció que “jóvenes campesinos contratados por diversas empresas al servicio de Pémex habían regresado de las plantas luego de ser despedidos de las mismas, quienes dieron cuenta que el recorte de personal había afectado a 400 obreros tabasqueños, quienes pertenecen a los poblados identificados con las claves C-9; C-14; C-26; C-27 y C-28”.

También resaltó igualmente la inminencia de las afectaciones que estos despidos traerán para los poblados de esa zona de Tabasco.

El pasado 6 de febrero de 2016, Marco Antonio Sánchez Abnal, secretario general de la Confederación de Trabajadores Campesinos (CTC), afirmó que el despido de trabajadores petroleros traerá consecuencias negativas al menos para 100 mil personas de los sectores obrero, popular y campesino de Ciudad del Carmen, Campeche, con lo que se agudizará la pobreza extrema.

Sánchez Abnal, también aseveró: “El panorama en los parques, calles, malecón, playas y zonas de recreación de la isla carmelita, es de desolación y en ellas se ven deambular a los petroleros despedidos tras la reforma energética, muchos de ellos acuden a fondas para encontrar la comida más barata, lo que es producto de la desesperación del sector obrero que se padece en esta comunidad.

Todo esto es consecuencia de la reforma energética y de los recortes presupuestales que ha anunciado la Secretaría de Hacienda, hace falta que el Gobierno del Estado y el mismo Gobierno federal, implementen políticas adicionales, para enfrentar la situación de crisis que vive la isla, antes de que el problema se le salga de las manos y los despedidos pasen a formar parte del ejército del narcotráfico y de la delincuencia organizada que opera en la Perla del Golfo”.

El dirigente sindical destacó también el impacto a la economía local, al señalar que el despido masivo de trabajadores está ocasionando despidos de personal en restaurantes, fondas, centros de esparcimiento, transportes de pasajeros, agencias de viajes, hoteles, etcétera.

“La situación para los obreros afiliados a la CTC se torna alarmante, pues con la crisis de El Carmen también se verán afectados municipios de Champotón y comunidades como la de Seybaplaya, Sabancuy y Escárcega, donde también tenemos destacados obreros de nuestra organización”, puntualizó Sánchez.

En la capital veracruzana el diputado Uriel Flores Aguayo, de la alianza Movimiento Ciudadano-Partido del Trabajo (PT)-Partido de la Revolución Democrática (PRD), reportó el despido masivo de personal que laboraba en empresas de servicios para las instalaciones de Pémex en Coatzacoalcos, Poza Rica y Minatitlán, y anticipó que serían miles los obreros arrojados a la calle por Pémex y por empresas contratistas. Flores Aguayo criticó específicamente al sindicato petrolero (STPRM), que encabeza el senador priista Carlos Romero Deschamps, porque “no ha metido, ni meterá, las manos en defensa de los trabajadores” y porque “primero defiende su fortuna amasada al cobijo de Pémex”.

Se ocultan los efectos

Petroleros, legisladores, analistas, especialistas, exempleados y pensionados de Pémex confirmaron a Buzos la ejecución de una ola de despidos desde que inició la aplicación de la reforma energética, y pusieron de relieve las operaciones oficiales para tratar de ocultar los efectos negativos ocasionados por el desmantelamiento de Pémex, incluidas las maniobras para declarar en reserva documentos que deberían ser públicos, como el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) negociado por el Gobierno con Romero Deschamps, dirigente del STPRM, quien con frecuencia es exhibido por la prensa por su inaudito enriquecimiento personal y el de su familia.

Asunto relevante es el más reciente CCT bianual 2015-2017, ya con el cambio de nominación de Pémex de “empresa nacional” a “empresa productiva del Estado”, según la nueva Ley de Pémex derivada de la reforma energética, que entró en vigor el 1º de agosto de 2015. Luego de su firma, este texto fue sometido por el Gobierno federal a reserva por tres años, para evitar que los trabajadores y los medios los hicieran público.

Los ingenieros Moisés Flores Salmerón, secretario general del UNTyPP, y Mario Galicia Yépez del CEE, calificaron esto como inaudito y muestra de la intención de engañar a trabajadores y al pueblo en general. Coincidieron en señalar que con el apoyo de sus organizaciones se lanzaron a interponer diligencias jurídicas para obtener el documento, al anticipar que el ocultamiento suponía la existencia de perjuicios para miles de trabajadores en activo y jubilados de Pémex, para así emprender acciones jurídicas de defensa.

Otro de los textos reservados, al que luego tuvieron acceso las organizaciones citadas, es precisamente el documento en que se autoriza la cancelación de 10 mil 553 plazas a partir del 16 de enero de 2016, conforme se indica en el oficio 312-A fechado el 19 de enero de 2016, con membrete de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dirigido al licenciado Mario Govea Soria, subdirector de Presupuesto de Pémex, quien había solicitado la cancelación presupuestal de tal número de plazas: “Hago referencia al folio 1820150134 registrado en el módulo de servicios personales del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante el cual Petróleos Mexicanos solicita la cancelación de 10 mil 553 plazas presupuestarias de carácter permanente, a fin de alinear la estructura organizacional y ocupacional con el monto de recursos presupuestarios autorizados en el presupuesto de servicios personales para el ejercicio fiscal 2016”.

Este texto desmintió las continuas afirmaciones de los representantes del STPRM y los funcionarios púbicos de que era mentira la decisión de despedir a más de 10 mil trabajadores de la industria petrolera nacional.

El 15 de julio de 2015 se publicó que Pémex clasificaría como reservado el contenido del pliego petitorio del STPRM, base de la negociación del CCT 2015-2017, considerando que su revelación podría alterar el clima laboral en la empresa. La clasificación de reservado se estableció finalmente por tres años y entró en vigor a partir del 24 de junio de 2015 por determinación de la Subdirección de Relaciones Laborales y Servicios al Personal de Pémex.

También quedaron bajo reserva, de acuerdo con el oficio CI-458/2015, la documentación firmada por empresa y sindicato, como parte de las negociaciones del CCT 2015-2017, el listado de integrantes de la Comisión Mixta revisora y el cronograma para la revisión del contrato.

“Están desmembrando a Pémex como industria nacional; la están rematando y no están obteniendo los recursos que decían para que el Estado tuviera más recursos, ni se están creando buenos empleos bien remunerados; estamos viendo todo lo contrario.

Hemos hecho un análisis de los contratos que se han firmado hasta ahora (con corporativos trasnacionales) y la mayor parte de las ganancias se las llevan las empresas trasnacionales en una proporción de casi 70 por ciento y nos vienen dejando 30 por ciento, cosa que para nosotros representa una vergüenza; es un mal negocio; el presidente Enrique Peña Nieto le está mintiendo al pueblo mexicano al decir que vamos a tener mayores ganancias, beneficios y más empleos; la realidad la estamos viviendo, ahorita se está despidiendo a personal con capacidad técnica y administrativa”, dijo a Buzos el ingeniero Moisés Flores Salmerón, dirigente del UNTyPP.

Debido a su activismo laboral al margen del sindicato charro STPRM, Flores Salmerón fue sujeto a una jubilación forzosa en 2002, aunque posteriormente fue reinstalado por Pémex Petroquímica en 2009, después de una larga lucha legal.

Fue dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera (UNTCIP). Ha sido permanente crítico de la Reforma Energética. En 2008, la autoridad laboral expidió la toma de nota para la creación del UNTyPP y Flores fue electo como dirigente, una representación que en la actualidad mantiene la defensa de trabajadores profesionales y administrativos y, en general, de los despedidos y jubilados.

“Según el último oficio que giró la Secretaría de Hacienda se van 10 mil 533 trabajadores, aunque lo habían estado desmintiendo, pero la realidad es ésa. Incluso, nosotros calculamos que serán más de esos 10 mil compañeros a quienes van a sacar, porque están jubilando a aquellos que no encajan dentro de la estructura que están formando.

Están haciendo despidos poco a poco, para esconderlos, para que los trabajadores no se organicen y no se defiendan; sin embargo, nosotros estamos en constante estudio de la situación para actuar en consecuencia”, indicó Flores en conversación con este semanario.

Trapacerías y contubernios

El ingeniero Mario Galicia, coordinador del CEE, resaltó por su parte que con la supeditación del STPRM, el Gobierno federal busca derogar el CCT establecido con Petróleos Mexicanos para aprovechar el momento del cambio de patrón a empresa productiva del Estado.

“El fin es cambiar las condiciones de trabajo a espaldas de los trabajadores… Luego de la firma el CCT entre el director de Pémex y el dirigente del STPRM, no querían hacer público el documento (clasificado como reservado por tres años).

No lo querían entregar, no lo querían hacer público, siendo que cuando cualquier persona lo solicitara lo tendrían que entregar; nosotros tuvimos que hacer presión en la Secretaría del Trabajo para obtener una copia certificada del documento y lo conseguimos a finales del año 2015. Ahora ya lo tenemos, y junto con el reglamento de labores del personal de confianza, se están elaborando las demandas respectivas, para que podamos defender a los trabajadores afectados.

Pero aún y con las demandas, sabemos que el objetivo es desaparecer el CCT; es un compromiso que se estableció en las leyes secundarias de la reforma petrolera”.

Al respecto Moisés Flores informó que esa representación laboral está ejercitando acciones legales, porque con las modificaciones al CCT se cambiaron las condiciones de los pensionados de Pémex. “Lo que nosotros encontramos es que los están sacando del CCT en cuanto a los aumentos e inclusive en cuanto a los servicios médicos, lo cual es muy grave, y por eso nosotros hemos estado haciendo un llamado para que trabajadores activos y jubilados se unan en este esfuerzo y podamos dar la lucha conjunta”.

Los cambios son por demás relevantes. El 11 de noviembre de 2015, el comunicado 104 de Pémex da cuenta de que el dirigente del STPRM, Carlos Romero Deschamps, firmó un acuerdo con el director general de Pémex, Emilio Lozoya, en presencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, “para la modificación del sistema de pensiones aplicable a todos los trabajadores sindicalizados de la empresa productiva del Estado”.

En lo medular representa una modificación de las responsabilidades de Pémex en materia de sostenimiento de las pensiones que pasarán a formar un sistema liberalizado. El acuerdo hace referencia a la reforma a la Ley de Pémex, derivada de la reforma energética, en la que se establece que la Secretaría de Hacienda asumirá solamente una porción del pasivo laboral.

De aquí deriva que la otra parte del fondo de pensiones se formará con la aportación del trabajador, tal como sucede en una individual de una Administración de Fondos para el Retiro (Afore), con el formato de las aportaciones voluntarias y todo para integrar un formato intermedio que está encaminado al objetivo, en un futuro cercano, de que los trabajadores asuman al 100 por ciento el sostenimiento de su fondo de pensión al que ni el Estado ni las empresas privadas aporten nada.

En el citado reporte 104 de Pémex se menciona que el nuevo formato de los fondos de pensiones será para los nuevos trabajadores jubilados y luego se cita que los actuales jubilados podrán optar por ese modelo, por lo que con un mínimo de lógica y tomando en cuenta el objetivo de abatir el pasivo laboral, puede entenderse que es precisamente a estos últimos a quienes va dirigida la modificación del modelo de pensiones vigente en el anterior CCT.

Con respecto a este asunto léase con detenimiento este párrafo del informe 104: “para los trabajadores de nuevo ingreso aplicará un esquema de cuentas individuales con aportaciones tanto de los trabajadores como de la empresa.

A este esquema podrán acceder voluntariamente también los actuales trabajadores sindicalizados, con las ventajas que ello representa como las aportaciones complementarias por parte de la empresa, la portabilidad hacia otras cuentas y el ahorro voluntario con sus beneficios fiscales.

Asimismo, para los trabajadores con menos de 15 años de antigüedad se incluyen nuevos parámetros de jubilación, al incrementarse de los 55 años de edad y 30 años de antigüedad, para una pensión equivalente al 100 por ciento, a 60 años de edad y 30 de antigüedad. Con estas medidas, será posible lograr una importante reducción del pasivo laboral de la empresa, que asciende actualmente a un billón 500 mil millones de pesos”.

Hechos de sangre

Hay aspectos escabrosos. El 23 de julio de 2015, algunos diarios tabasqueños reportaron que sujetos armados habían asesinado a balazos a dos trabajadores petroleros cuyos nombres eran Efraín F. y Jorge N., y herido a uno más, identificado como Juan Álvarez, en la ranchería Huapacal, primera sección, del municipio de Huimanguillo, Tabasco.

De acuerdo con la versión periodística, los obreros eran originarios de Las Choapas, Veracruz, en la jurisdicción de la sección 26 del STPRM, y realizaban labores en el pozo Acayote 1 del municipio de Cárdenas.

Según testimonios de sus compañeros, el trabajador de nombre Efraín estaba encargado de coordinar los bloqueos que se mantenían en esos días en el citado pozo en protesta contra la inminente pérdida de sus trabajos.

Tras el hecho referido, obreros apoyados por organizaciones civiles habían exigido una profunda investigación y demandado justicia al rechazar que sus compañeros hubieran muerto en medio de un asalto, como referían las versiones.