Los absurdos fiscales

Javier Corral Jurado/ Columna Rotafolio

La Crónica de Chihuahua
Octubre de 2013, 14:10 pm

Este próximo lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de octubre, se debatirá en el Senado de la República la reforma fiscal. El lunes la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Responsabilidad Hacendaria. El martes la Ley del IVA, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios. El miércoles la Ley de Ingresos, el corolario de todo lo anterior. Los legisladores del PAN daremos un fuerte y decidido debate sobre esta absurda e inmoral reforma hacendaria. Fundamentaré aquí los dos calificativos.

En la medida que cada quien se interese por conocer qué argumentan y cómo votan sus senadores, deberá seguir esas sesiones desde los únicos medios alternativos con que cuenta una parte de la ciudadanía para acercarse a la actividad legislativa: el canal de TV del Congreso e internet.

La reforma fiscal no sólo ha evidenciado las regresivas medidas económicas del reinstalado nacionalismo revolucionario, sino la enorme regresión en las libertades de expresión e información que habíamos conquistado. El gobierno federal ha desplegado una de las acciones más virulentas de control informativo en un gran número de medios impresos y de abierta, cínica censura en televisión nacional.

No especulo; lo sostengo al conocer de manera directa la circular que Luis Aguirre Lang envió en su carácter de Presidente a los miembros del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, A.C. (INDEX): "La campaña de comunicación del Consejo Nacional Index prevista para transmitirse esta noche (se refiere al 22 de octubre) con 2 cápsulas de 60 segundos, lo mismo que el día de mañana (23 de octubre) con 2 cápsulas adicionales, en el noticiero nacional de Televisa con Joaquín López Dóriga, después de haber pasado todos los filtros internos de esa empresa, fue censurada y fuimos informados de ello en minutos recientes. El argumento de Televisa es que les afectaría con la Comisión de Telecomunicaciones. Ya se contactó para el mismo servicio a Tv Azteca nacional y mañana tendremos respuesta por la mañana".

Cuando una reforma fiscal se quiere imponer al grueso de la población sobre la base del silenciamiento y la censura, no sólo es absurda, sino profundamente inmoral. Debemos recordar que la Televisión es el medio por el cual se informa el 94% de la población. Se acallan las voces disidentes debido a que el gran faltante de esta reforma es una sencilla, pero trascendente explicación: ¿para qué quiere el gobierno semejante recaudación?. ¿En que se los va a gastar?. ¿Cómo van a rendir cuentas?.

Ese es el principal problema ético y moral del paquete fiscal propuesto por el Presidente Enrique Peña Nieto, la ausencia de una propuesta seria de uso eficiente, racional y transparente del gasto público; no existe en la reforma disposiciones que lleven a un control unificado del ejercicio presupuestal y por lo tanto permitan una vigilancia efectiva del destino de los recursos. Sin reglas de operación la mayoría de los nuevos programas, y es previsible que los padrones para constituir los derechohabientes del seguro de desempleo y la pensión para adultos mayores terminen como bases de datos para la operación política del PRI. Esta ausencia debiera ser suficiente para que en lo general, el Congreso rechace la propuesta. El gobierno pretende el mayor aumento histórico del presupuesto ( 4.4 billones de pesos), y no sólo no hace un sólo compromiso de austeridad y honestidad, por el contrario aumentará el gasto gubernamental en el rubro de servicios personales. Quiere más impuestos y un endeudamiento descomunal, pero menos fiscalización. Es importante resaltar que pretenden una autorización de endeudamiento para 2014 por un monto de $570 mil millones, deuda interna (1.5% del PIB), más un techo de USD10,000 millones, endeudamiento externo.

Esa es la mayor preocupación y queja de mucha gente, "quieren más dinero para robárselo". La mayor encarnación de esa protesta son los gobiernos de los Estados, la forma en que los gobernadores despilfarran los recursos públicos. Las exhorbitantes cantidades destinadas al control de medios de comunicación vía los convenios de publicidad, es de los gastos más insultantes e impunes a la vez.

En términos reales sigue siendo letra muerta el Artículo 134 de la Constitución al mandar que "los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados". La corrupción cercena diariamente esos principios.

El gobierno carece de argumentos para sostener varias de sus pretensiones recaudatorias, de ahí que no esté dispuesto a abrir la discusión ni permitir que las voces que impugnan la reforma se hagan eco en la opinión pública; ni siquiera ha querido enfrentar el debate en las comisiones legislativas donde los viejos tiempos de la disciplina partidista a toda costa, ha enmudecido a los diputados y senadores del PRI, haciéndolos votar por encima de la razón y por debajo de su dignidad. Ahí está el vergonzoso caso de los diputados priístas de la frontera, capaces de alzar la mano en contra de sus representados primigenios. Orgullosos súbditos del Presidente Peña Nieto, los marcará la historia en su traición al pueblo.

Así lo afirmo porque entre los despropósitos y absurdos del paquete fiscal, el mayor sin duda alguna, es la chata visión sobre la región fronteriza de México y el tratamiento fiscal que se le otorga.

Tan lejos de Dios - y de la gran Tenochtitlán-, tan cerca de los Estados Unidos, la frontera experimenta realidades disímbolas, diferentes, contrastantes con la economía de otras regiones del país, que sólo la burocracia central de Hacienda, en su infinita ignorancia y prejuicio, pretende homologar en el papel. En la frontera norte de México el consumo de productos y servicios tiene otra dinámica, porque no compite contra Tlaxcala; Guerrero o Hidalgo; compite con el mercado de los Estados Unidos. La mismísima Suprema Corte de Justicia de la Nación ha admitido que la tasa diferenciada de IVA para la frontera no viola el principio constitucional de equidad tributaria, ya que si el objeto del impuesto al valor agregado es afectar el consumo, "el realizado por residentes en la región fronteriza no se presenta en idénticas condiciones que en el resto del país, pues la cercanía de aquélla con otras naciones altera los patrones de consumo".

Es clarísimo que nuestro máximo tribunal infiere que una tasa menor (11%) para el cálculo del IVA, tiene como fin extrafiscal el no afectar la competitividad y de estimular el comercio nacional en la frontera, desalentando el consumo de bienes y servicios extranjeros que perjudiquen la competitividad de la industria nacional en tal región, lo que implica otorgar diversas consecuencias jurídicas a desiguales supuestos de hecho, respetándose, por lo tanto, el principio de equidad tributaria previsto en la fracción IV del artículo 31 constitucional.

El absurdo fiscal de llevar al 16% la tasa de IVA en la frontera, encarecerá el precio de bienes y servicios. Aumentará los costos de producción de bienes y servicios como el turismo, reduciendo los niveles de competitividad. Al aumentarse de un solo golpe (45%), generará distorsiones en los precios que afectarían a todos en lo general pero más a quienes no pueden cruzar la frontera para abastecerse. El incremento en los costos de producción, más no en los salarios, afectaría a empresas, consumidores y turismo. En general, al cambiar inesperadamente las reglas en la materia, pone en riesgo la supervivencia de las fuentes de empleo. Adicionalmente a los efectos de esta medida, la limitación para deducir sólo el 47% de las prestaciones exentas, como fondo de ahorro, PTU, prima vacacional, viáticos y aportación patronal al seguro social reducirá el poder de compra de los trabajadores y elevará el costo de las empresas, lo cual tendrá indudables efectos inflacionarios.

En la reforma hacendaria no sólo hay un desconocimiento de la frontera, sostengo que también hay un desdén, fruto de prejuicios y soberbia. Ello se demuestra en el embate al régimen especial que había venido teniendo la industria maquiladora de exportación. No se valora lo que a esta industria aportan las zonas fronterizas en mano de obra altamente calificada, la creación de una cultura de responsabilidad y trabajo arduo, los indices de rotación y ausentismo del personal son menores que en otras partes del país. Hay un largo proceso de construcción de una cultura de la innovación y mejora continua, lo cual ha permitido a ciudades como Juárez y Tijuana continuar siendo competitivas y evitar fuga de capitales hacia china.

Es cierto que en el tema de las importaciones temporales de la Industria Maquiladora ha habido abusos y competencia desleal. Pero se debe castigar los excesos, no la figura que ha permitido atraer cuantiosas inversiones a la frontera y generado la mayoría de los empleos por muchos años. Aunque el dictamen de la cámara de Diputados ha matizado el gravamen del IVA obteniendo su devolución hasta la venta del bien o servicio, no hay duda que esta medida afectará los flujos financieros de las empresas, que al tener que fondearse en bancos incrementarían sus costos de producción y perderían competitividad. Hará depender a las empresas de decisiones burocráticas para decidir si procede o no la devolución, auditorías, etc.

La reforma constituye un duro golpe a la industria maquiladora, que en ISR tiene a la fecha una tasa no mayor al 17%, según la Minuta de los Diputados se le aplicaría ahora una del 30%, más el incremento de 5% en IVA, más el cobro de un 10% al reparto de dividendos. Nadie duda que afectará de manera muy negativa los niveles de costo y competitividad de la industria, así como a las decenas de miles de empleos directos que genera. Pero hasta ahora prevalece la cerrazón. Siendo éste uno de los mayores absurdos, se explica la censura impuesta al organismo que la representa.

Junto con el desdén a la frontera, me parece que otro de los despropósitos es la reducción de la Deducibilidad de Prestaciones del 100 al 47%: (vales de despensa y gasolina, PTU, prima vacacional, aportaciones del patrón al Seguro Social y viáticos, entre otros). Esto me parece incluso inconstitucional, pues se reduce la deducibilidad de ingresos hasta hoy exentos para los trabajadores, aún y cuando los mismos derivan de mandatos de Ley y son conquistas laborales de los trabajadores, consignadas en contratos de trabajo individuales o colectivos. La reducción redundaría en que los empresarios, al no poder deducir ni absorber el diferencial de costo, tiendan a ajustar hacia abajo lo que actualmente otorgan en forma complementaria al salario por estos conceptos. Esta limitación no sólo afecta a las prestaciones, sino también a conceptos de carácter operativo como la deducibilidad de viáticos por motivos de trabajo y, aún más delicado, las cuotas patronales a cargo del patrón. También afecta a prestaciones que el patrón tiene que otorgar por Ley y que, también por mandato de Ley, son exentas parcialmente del ISR. ¿Qué sucederá?. Al no poder deducir los patrones el 100% de esos pagos tenderán a pagar sólo el equivalente al 30% de los montos actuales, en adición a la participación de utilidades. Sin duda, la combinación de ambos aspectos hará insostenible la continuidad de una buena parte de las fuentes laborales, en perjuicio del empleo. En general, se trata de un fuerte golpe a la economía de las empresas y de los trabajadores.

Otro absurdo condenable es el financiamiento de los Fondos de Desempleo y Contingente con Recursos del 5% de Vivienda. Se fondearán con un 2% y un 1%, respectivamente, que se tomarán del 5% que actualmente se acumula a la cuenta SAR de cada trabajador en la Subcuenta de Vivienda. Con esta medida, la tasa de acumulación para la compra futura de una vivienda bajaría del 5% quincenal a sólo el 2%. La menor acumulación de ahorro para vivienda significaría menor capacidad para comprar una mejor casa y/o para pagar un enganche. De aprobarse, lo que actualmente toma 8 años a un trabajador acumular como ahorro para vivienda requeriría de 20 años. Es insensato el proyecto de crear un fondo general “de desempleo” quitando a los trabajadores el 60% de lo que ya tienen y por ley les pertenece. El viejo y justo sueño de millones de trabajadores públicos y privados de acceder a una vivienda digna, se desvanecerá.

El otro absurdo que llamo además ridículo es el IVA a la venta de perros, gatos y pequeñas especies, así como los alimentos procesados para ellos. En 2010, en México existían 1.4 millones de mexicanos menores de 15 años con ceguera, población que sumada a quienes tienen una mayor edad y la padecen, requieren apoyo visual, entre los cuales se encuentra el uso de perros como lazarillos. El alimento procesado para mascotas NO es un bien suntuario ni una manifestación de riqueza. Existe una población de perros y gatos de aproximadamente 27 millones, que en su mayoría conviven en un hogar con alrededor de 60 millones de personas. El aumento de precio del producto afectará a 43% de los hogares con menores ingresos en el país.

Esto es parte de los asuntos que los Senadores veremos esta próxima semana. Nunca como ahora está clara la importancia de la integración del Congreso y la responsabilidad de los legisladores en la definición de la política tributaria. Vamos a ver a quién representan, los que se llaman representantes populares.