Ley de lavado de dinero, atascada desde mayo

Los contadores del país destacaron que el dinero de procedencia ilícita tampoco pagó impuestos.

La Crónica de Chihuahua
Julio de 2012, 10:25 am

En el entendido de que hay más investigaciones de lavado de dinero que están abiertas, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) urgió al Congreso a que se apruebe lo más pronto posible la nueva ley antilavado, que está pendiente y que integra a los profesionales a la lucha contra este ilícito.

Asimismo consideró que, de comprobarse ese delito, se tendría que ver la parte fiscal para detallar si hubo una evasión de impuestos. En conferencia de prensa, la presidenta de la Comisión de Enlace Legislativo del IMCP, Patricia González, comentó que la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha mencionado que existen más casos aparte del banco HSBC relacionados con el lavado de dinero pero que no se pueden dar a conocer porque todavía están en juicio.

Hay muchas investigaciones. Son casos que, de acuerdo con la legislación, al no tener un veredicto, no son públicos. Están todavía en litigio”, refirió. Pero, mientras tanto, consideró importante que, en un periodo extraordinario, el Congreso saque la ley federal para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados con algunos cambios a la minuta que les envió el Senado.

Lo ideal sería eso. Pero, si no, creemos que será una de las primeras que se atenderá cuando inicie la nueva Legislatura”, expresó.

El vicepresidente de Relaciones, Luis González, consideró que, cuando se trata de recursos ilícitos, no hay una tributación usualmente. “Si se configura ese ilícito, tendría que verse la parte fiscal”, apuntó.

PRECIOS DE TRANSFERENCIA

Por otro lado, los contadores organizados en el país hablaron sobre el manejo de los retos en precios de transferencia, al ser uno de los temas que más preocupa no sólo a los directores de empresas, sino también a asesores de negocios y autoridades fiscales. Lo anterior, considerando que más de 60% del comercio mundial se lleva a cabo dentro de empresas multinacionales, porque todavía hay un escenario de fragilidad de los sistemas financieros globales.

De ahí viene que se esté llevando a cabo una estrategia generalizada de una mayor fiscalización en los precios de transferencia que se hacen entre partes relacionadas. El experto en impuesto y servicios legales, Mauricio Hurtado, dijo que el papel de las auditorías de precios de transferencia ha cobrado más relevancia en los últimos años por una exigencia cada vez mayor en materia de entrega de documentación e información a las autoridades fiscales.

SE DEBE FORTALECER MARCO JURÍDICO, DICEN LEGISLADORES

Diputados piden investigación sobre blanqueo
En la Cámara de Diputados, legisladores de todos los partidos políticos ahí representados exigieron una investigación a fondo de las operaciones de lavado de dinero en las que incurrió HSBC con el fin de poder castigar a los responsables conforme a la ley.

Coincidieron en la necesidad de hacer las modificaciones legales correspondientes para fortalecer el sistema financiero mexicano.

El priísta Alberto Cano Vélez consideró que urge concretar reformas para evitar que los bancos laven dinero en México y dijo que más que sancionar se requiere vigilar y regular la operación de los bancos. “Se debe recuperar la fuerza del Estado para sancionar las irregularidades, no sólo del sistema financiero, sino de todos los excesos de las concentraciones.

En el mundo se relajó la supervisión bancaria y financiera, por lo que debemos dar pasos más firmes hacia construir un andamiaje jurídico para que no nos afecten este tipo de prácticas”, afirmó.

Por su parte, Gerardo del Mazo Morales (Panal), secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara Baja, se pronunció en el sentido de que las autoridades financieras mexicanas están obligadas a informar plenamente y a detalle del caso de lavado de dinero en el país por parte de una institución bancaria de renombre. Aprovechó para recordar que en el Congreso mexicano se discuten iniciativas que están por alcanzar el consenso para combatir el lavado de dinero, de manera frontal y a la par de la lucha que se libra contra el crimen organizado y el narcotráfico. “Se requiere cerrar cualquier rendija con leyes bien estructuradas, así como con acciones de inteligencia, seguimiento y persecución de todo ilícito en las instituciones financieras’’, completó el mexiquense.

Por el PRD, José Luis Jaime Correa comentó que el Senado debe ratificar de inmediato las correcciones que hizo la Cámara de Diputados al decreto por el que se expide la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, con el propósito de “fortalecer el marco jurídico y tener más herramientas que permitan contrarrestar casos como en el que se encuentra el banco británico HSBC’’.

Está pendiente 
de aprobación

La ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, enviada por el Ejecutivo al Congreso el año pasado, fue modificada en el Senado, que la aprobó el pasado 26 de abril. Por su parte, la Cámara de Diputados aprobó la minuta el último día de sesiones, pero debido a que le realizó cambios fue devuelta al Senado y está pendiente su ratificación en la Cámara Alta, que ya no puede modificarla. Éstos son los principales cambios:

El Senado, como Cámara de Origen, aprobó la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo, ésta permitirá al gobierno federal desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la PGR rastrear el dinero del narcotráfico y el crimen organizado nacional e internacionalmente en bancos, casas de cambio, inmobiliarias, hipotecarias, joyerías, constructoras, distribuidoras automotrices y casas de juegos.

La iniciativa modificada, que inicialmente fue propuesta por el presidente Felipe Calderón, combina facultades antilavado entre la SHCP y la PGR, con la creación de la Unidad Especializada en Análisis Financiero en Contra de la Delincuencia Organizada, que estará a cargo de la SIEDO en la PGR, pero conserva a la SHCP como la dependencia de inteligencia financiera que sirva de centro nacional de recopilación, análisis y difusión de información sobre posibles actividades de lavado de dinero.

Incluye a los bancos como sujetos responsables de identificar el delito, a través de reportes a la autoridad y de conocer a detalle la fuente de financiamiento de sus clientes.

Prohíbe liquidar o pagar en efectivo, aunque no mediante transferencia bancaria, bienes inmuebles por un monto superior a 1 millón de pesos, asimismo, la venta de automóviles, aviones, vehículos marítimos por 400,000 pesos, compra de joyería y obras de arte por 300,000 pesos, juegos de apuesta, sorteos y servicios de vigilancia por 200,000 pesos.

Para no poner en riesgo a notarios, corredores, fedatarios públicos y abogados podrán reportar actividades específicas que sean susceptibles de vínculos con el narcotráfico o el crimen organizado a través de una entidad colegiada, y no serán “obligados solidarios”, como se establecía en la iniciativa original.

Eliminan las sanciones penales en contra de los profesionistas para dejarlas en sanciones administrativas y económicas cuando falseen, impidan u omitan entregar la información, pues argumentaron que en la iniciativa original los criminalizaban y por ello la modificaron.