Letra muerta, ley de contabilidad impulsada por chihuahuenses

**Aún es hora de que no se aplica ese sistema contable único que permitiría, entre otras ventajas, una rápida y fácil fiscalización.

La Crónica de Chihuahua
Julio de 2014, 09:37 am

Por: Alejandro Salmón Aguilera

Increíble: Ley General de Contabilidad Gubernamental fue impulsada por legisladores chihuahuenses, pero a casi seis años de su publicación, aún no se aplica en la entidad.

Dicha ley pretendía, según dice su primer artículo, “establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización”.

Pues bien, aún es hora que no se aplica ese sistema contable único que permitiría, entre otras ventajas, una rápida y fácil fiscalización; una mejor rendición de cuentas y sobre todo, que el ciudadano pudiera fiscalizar con más agilidad la forma como los gobiernos gastan su dinero.

La ley de marras fue publicada el 31 de diciembre del 2008, cuando el diputado chihuahuense Cesar Horacio Duarte Jaquez, era presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y cuando el también oriundo de Chihuahua, Gustavo Enrique Madero Muñoz, presidía el Senado.

Según el mismo primer artículo, esa ley, considerada entonces “de avanzada”, era de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal; obviamente para los gobiernos estatales y para los ayuntamientos de los municipios.

“Los gobiernos estatales deberán coordinarse con los municipales para que éstos armonicen su contabilidad con base en las disposiciones de esta Ley”, dice el tercer párrafo del artículo primero. Pero ¿qué ha pasado desde aquel día último del 2008? Hasta ahora, muy poco. Basta mencionar que, hasta hace poco, en todo el país hay sólo 35 contadores certificados para aplicar la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En Chihuahua, 28 auditores de la Auditoría Superior del Estado completaron todo el trámite de certificación y recibirán su constancia respectiva en semanas próximas.

Bien por los auditores de la ASE que hicieron el esfuerzo de estudiar y de pasar el examen que aplica el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval). El problema es que ninguna otra dependencia tiene contadores certificados para aplicar una norma que era obligatoria desde los primeros meses del 2009.

Los contadores recién certificados son auditores, pero no son operativos. Es decir: no están a cargo de administrar las finanzas de los órganos de gobierno del estado. Esto significa que ni la Secretaría de Hacienda estatal; ni la Contraloría; las tesorerías municipales y mucho menos las sindicaturas tienen personal calificado para uniformar la contabilidad y presentarla a los órganos de fiscalización de manera clara.

Vaya un retraso: aunque debieron aplicar esa ley desde el 2009, los gobiernos se dieron un plazo más, reformaron el Primero Transitorio y se pusieron el 1 de enero del 2013 como fecha de aplicación de la nueva ley de contabilidad. Pues bien, ya pasó año y medio…y contando.