Le vuelven a meter el pie en Congreso a la protección de periodistas

Reportaje especial

Lily Dueñas
Octubre de 2015, 11:20 am

Chihuahua, Chih.- Un nuevo revés sufrió la intención de elevar a categoría de ley, el protocolo para la protección a periodistas, cuando la iniciativa presentada por el diputado local panista Rogelio Loya Luna, fue reenviada a comisiones para su revisión, luego de que el encargado de revisar la iniciativa el diputado local Rosemberg Loera Chaparro, dijo que no podía aprobarse porque prácticamente duplicaba a la federal existente.

Rogelio Loya exigía que fuera el estado quien asumiera la responsabilidad de esas reglas de protección y que por lo tanto ya no sólo queden a la consideración y buena fe de los funcionarios, que sean pues una obligación del estado.

El asunto fue que desde el año pasado que el panista presentó la iniciativa de elevar a rango de ley el protocolo de protección a periodistas, que impulsara el ex gobernador José Reyes Baeza a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y su presidente José Luis Armendáriz, hace ya casi 10 años, en la iniciativa de Loya Luna, se pedía que el Congreso a través de la Comisión (legislativa) de Derechos Humanos, la cual preside el diputado Loera Chaparro, consultara a las agrupaciones de periodistas, a la Secretaria de Gobierno, a la Fiscalía general de Chihuahua y a la CEDH, sin embargo al momento de querer desechar la iniciativa Loera explicó que sólo había consultado a las tres últimas.

“La CEDH le pareció bien la propuesta de ley (presentada por Loya) pero aseveraba que era perfectible y claro, por su parte la Fsicalìa la rechazaba al asegurar que ya operaba con el protocolo actual, claro a la fiscalía no le conviene y la Secretaria de Gobierno nunca respondió, yo personalmente les hable pero nunca me dieron respuesta, sólo largas pero el diputado Rosemberg aceptaba que no había consultado a los interesados, a los beneficiados de los, los periodistas” destacó en entrevista Loya Luna.

La postura (sobre la conveniencia que podría tener la Fiscalía en este protocolo) del diputado panista está justificada incluso con reportes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues este organismo, asegura que el 80 por ciento de las denuncias de periodistas agredidos recaen en la función pública, o sea el ochenta por ciento de las agresión a periodistas en Chihuahua, fueron realizadas por funcionarios públicos, entre ellos policías.

Un poco de historia

El asesinato del periodista José Armando Rodríguez Carreón, mejor conocido por sus colegas y amigos como El Choco, fue el detonante de una manifestación de periodistas. Armando Rodríguez fue asesinado con 10 disparos de un arma 9 milímetros. Tenía más de 10 años asignado a la cobertura de la fuente policiaca en Ciudad Juárez, y era conocido como el periodista más experimentado e informado sobre temas de seguridad en esta frontera.

Se puede decir que su homicidio y al respuesta de sus colegas en Juárez y Chihuahua es el antecedente del Protocolo para la protección a periodistas.

Sin embargo las organizaciones de periodistas nunca se han terminado de poner de acuerdo con la CEDH para formalizar el protocolo y que opere también dentro de las empresas de medios de comunicación.

Algunas medidas de seguridad del protocolo

Entre las medidas para la protección de los comunicadores incluidas en el protocolo está que las empresas de medios entreguen a su personalchalecos antibalas, que los periodistas los porten cuando cubran un hecho violento y no se acerquen a las escenas de crimen antes de que lleguen las fuerzas de seguridad.

También se recomienda a los reporteros que estacionen sus vehículos en sitios que permitan un escape rápido, portar un mapa para localizar posibles salidas de emergencia, no aproximarse a menos de 20 metros del lugar donde ocurrió el suceso y tener a la mano un botiquín de primeros auxilios.

El otro protocolo

En sus conclusiones, el primer informe Periodistas en Riesgo destaca la “urgencia de que los cuerpos policiacos y militares cuenten con protocolos para respetar el trabajo de los medios de comunicación”. A la vez, indica que la prensa debe implementar sus propios mecanismos de seguridad en coberturas y en la publicación de información delicada, así como medidas de protección física en sus instalaciones.

El primer análisis identifica las agresiones físicas como la forma más común de violencia, con 143 casos, siendo los policías de los tres niveles de Gobierno (federal, estatal y municipal) los principales autores de los ataques (46). En 77 ocasiones la agresión física se dio durante una cobertura y en 27 de ellas hubo detenciones arbitrarias. Además se produjeron 13 secuestros.

El mapa de agresiones en México

Intimidación psicológica

El mapa de agresiones documenta 46 casos de amenazas verbales directas o mediante mensaje, así como allanamiento de viviendas y oficinas. Esta constituye la segunda forma de violencia contra la prensa más común en México.

Ataque digital

Existen 14 casos documentados en los que se usaron diferentes herramientas digitales para acosar, amenazar o censurar a periodistas y medios de comunicación. “La cifra sugiere”, señala el informe, “un creciente uso de medios cibernéticos para intimidar no solo a periodistasde medios establecidos, sino también a quienes usan redes sociales ara cubrir ciertos temas o relaizar denuncias”.

Agresión legal

El mapa de agresiones identifica seis casos de acoso legal en los que las autoridades buscan valerse de recursos judiciales para intimidar a medios de comunicación. Son demandas o detenciones arbitrarias.