Las 686 reformas constitucionales

REPORTAJE ESPECIAL

La Crónica de Chihuahua
Febrero de 2017, 20:30 pm

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Martín Morales

La carta magna ha sido desfigurada y debilitada por el reformismo neoliberal; el Estado mexicano ha menguado su fuerza al facilitar los negocios de los grandes corporativos privados nacionales y trasnacionales, para lo que ha tenido que modificar artículos esenciales de la Constitución.

Este cinco de febrero, la Constitución de 1917 cumplió 100 años en medio de extraordinarias presiones contra la soberanía nacional de México impulsadas por el nuevo presidente de Estados Unidos (EE. UU.), el empresario antimexicano Donald Trump.

En una centuria la Carta Magna, producto de la lucha armada que el pueblo mexicano debió librar en 1910 contra el Porfiriato y los inversionistas estadounidenses que lo apoyaban, ha sufrido 686 reformas en 114 de sus 136 artículos originales, de los cuales sólo 22 permanecen intactos mientras que buena parte de los modificados prácticamente han sido reelaborados.

Entre las múltiples reformas hechas a la Constitución de 1917 destacan las abocadas a modificar, debilitar y aun eliminar la propiedad del Estado sobre los recursos naturales estratégicos de la nación a fin de dar cabida a la inversión extranjera, principalmente norteamericana, que ha tenido como efecto la gran dependencia económica de México hacia EE. UU., a cuyo mercado estándestinado el 83 por ciento de las exportaciones nacionales.

“Las reformas estructurales abrieron la posibilidad de que extranjeros pudieran acceder a la explotación del patrimonio nacional, y quedáramos supeditados a los intereses de unos cuantos, en perjuicio de la sociedad en su conjunto.

Las reformas a la Constitución facilitaron la intromisión extranjera y las afectaciones a la soberanía nacional. Las reformas estructurales fueron diseñadas para beneficiar a los grandes consorcios extranjeros; cuyos intereses ahora están garantizados constitucionalmente; esto representa un riesgo importante para la soberanía nacional”, dijo a este semanario el doctor Manuel Fuentes Muñiz, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).

Fuentes Muñiz explicó que las reformas estructurales permiten a las empresas extranjeras decidir qué extensiones de tierra desean ocupar para hacer negocios.

Es decir, la actual legislación constitucional está diseñada para que incluso sea posible desalojar a pobladores de determinados terrenos a fin de que puedan desarrollar sus proyectos de explotación petrolera, gasera y eléctrica.

Supeditación de la soberanía
Para instalar el modelo económico neoliberal, que supedita la soberanía nacional a las corporaciones trasnacionales de EE. UU, las reformas medulares en este sentido se iniciaron en 1984, en el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988) y se profundizaron con Carlos Salinas (1988-1994), cuando éste modificó los contenidos del artículo 27 en materia de tenencia comunitaria de la tierra, a fin de legalizar su uso comercial dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con EE. UU. y Canadá.

El gobierno de Carlos Salinas no pudo sacar adelante las reformas en aspectos centrales de la propiedad nacional de los hidrocarburos y la producción y distribución de la energía eléctrica, como exigían los corporativos de EE. UU a través del entonces presidente George Bush padre -tal como el mismo expresidente lo aceptó hace poco-, quien insistió en integrar los energéticos al TLCAN, aunque finalmente quedaron fuera porque el entonces mandatario mexicano usó un plan B para ejecutar esos cambios, aunque sí inició la desincorporación de Petróleos Mexicanos (Pemex) dividiéndola en cuatro empresas subsidiarias.

Durante el sexenio del panista Vicente Fox (2000-2006) se mantuvo inmóvil el proyecto de concesionar los energéticos al país vecino, pero en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), se modificaron 110 artículos constitucionales entre ellos los concernientes a su limitada reforma energética de 2008 y la laboral de finales de 2012, que empezó a ponerse en práctica durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“Evidentemente, las reformas estructurales han representado un retroceso para la sociedad; lo que interesa son las empresas, las inversiones extranjeras, mientras el aspecto de la soberanía se hizo totalmente a un lado; se enfocaron a disminuir las capacidades del Estado y fortalecer al mercado y las empresas extranjeras”, apuntó el doctor Fuentes.

“Todas estas modificaciones constitucionales han desnaturalizado el objetivo original de la Constitución de 1917; los 218 constituyentes que la aprobaron abrieron un capítulo social, por ejemplo, con artículos como el 27 sobre la tenencia social de la tierra y el 123 en cuanto a los derechos de los trabajadores, entre ellos el derecho a huelga, a un salario digno y suficiente. Todo eso, 100 años después, se ha anulado”, enfatizó.

Fuentes señaló que para permitir la entrada en vigor del TLCAN en 1994 Carlos Salinas reformó el Artículo 27 constitucional; esto trajo como consecuencia la privatización del ejido.

“Esta reforma ha provocado que grandes extensiones de tierra sean acaparadas por unas cuantas personas y empresas extranjeras, mientras que los campesinos han perdido sus tierras y ahora viven en la miseria. Nuestra Constitución está en una posición muy debilitada”, dijo el especialista en derecho.

Reformas neoliberales
Las reformas neoliberales de gran calado empezaron con Carlos Salinas y tocaron fondo con Enrique Peña Nieto, en cuyo periodo se han aprobado 147 hasta agosto de 2016, las de mayor número y profundidad en un solo sexenio. El actual mandatario consiguió la aprobación de 12 reformas constitucionales, entre las que destaca la reforma energética, que Carlos Salinas no pudo lograr.

Como consecuencia de este reformismo neoliberal, el control de los bienes nacionales se ha flexibilizado y perdido prácticamente el perfil social y nacionalista que la Constitución de 1917 tenía, y que ahora está a merced y servicio de los grandes capitales privados del país y de las corporaciones extranjeras.

A 100 años de distancia, la Constitución tiene un matiz neoporfirista, toda vez que está orientada a beneficiar a la inversión extranjera, especialmente de EE. UU. Se le ha dotado de una estructura neoliberal para insertar a México en el mundo del libre comercio cuyo armazón, sin embargo, está derrumbándose a pedazos como el propio Donald Trump lo percibe mediante su proyecto comercial proteccionista.

Transformación de la Carta Magna
Los casi 700 cambios que el Constituyente ha efectuado a la “ley fundamental” han sido impulsados por los 14 presidentes de la República habidos en México de 1934 a la fecha, la mayoría con contenidos políticos regresivos con respecto a su esencia social, soberana y nacionalista, con excepción de los impulsados durante el régimen del general Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940).

El supra-poder legislativo del “constituyente permanente” está formado por las cámaras federales de Diputados y Senadores, los congresos locales de los 31 estados, a los que en breve se sumará el de la Ciudad de México (CDMX), una vez que sea expedida su nueva constitución, cuya mayoría parlamentaria ha sido dominada por PRI y PAN, que desde 2012, contaron con el abierto apoyo del “izquierdista” PRD, para sacar adelante la etapa más profunda de reformas neoliberales.

La primera reforma al texto constitucional de 1917 se publicó el 1º de diciembre de 1920, durante el gobierno de Álvaro Obregón, con el objetivo de modificar el artículo decimocuarto transitorio, fracción XXVII, del Artículo 73, a fin de facultar al Poder Legislativo para aprobar la instalación de escuelas rurales, elementales, secundarias, superiores y profesionales, al definir la jurisdicción federal sobre estos planteles.

Antes de esa primera reforma, el seis de febrero de 1917, se expidió la primera “fe de erratas” para aclarar que la fecha de expedición de la Constitución había sido el cinco de febrero de 1917 y no el cinco de febrero de 1857, como equivocadamente se había escrito un día antes.

El 15 de agosto de 2016, en el actual sexenio, se publicó la más reciente reforma, la del Artículo 11 constitucional, para inscribir las figuras de asilo político y refugiado.

En el gobierno de Álvaro Obregón se reformaron en total ocho artículos; en el de Plutarco Elías Calles, 18; Emilio Portes Gil, dos; Pascual Ortiz Rubio ,cuatro; Abelardo Rodríguez, 22; Lázaro Cárdenas, 15; Manuel Ávila Camacho, 18; Miguel Alemán Valdés ,20; Adolfo Ruíz Cortines, dos; Adolfo López Mateos, 11; Gustavo Díaz Ordaz, 19; Luis Echeverría Álvarez, 40; José López Portillo, 34.

Las reformas de mayor cantidad y profundidad comenzaron durante el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-88) y durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se ha reformado el mayor número de artículos, hasta la fecha 147; le sigue Felipe Calderón, con 110.

En el gobierno de De la Madrid Hurtado se modificaron 66 artículos; en el de Carlos Salinas de Gortari, 55; con Ernesto Zedillo Ponce de León, 77; y Vicente Fox Quesada promovió 31 reformas a la Constitución.

¿Una nueva carta magna?
Durante el Coloquio “México: ¿Necesita o no una nueva Constitución?”, realizado del 24 al 26 de enero en el Instituto de Investigaciones Filológicas (IIF) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la doctora Jacqueline Peschard, del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de la UNAM, aseveró que las 686 reformas a 114 de los 136 artículos originales de la Constitución de 1917 han convertido a ésta en un “galimatías jurídico”, aunque consideró que en este momento histórico no existen condiciones políticas para elaborar una nueva con los objetivos deseables.

Otros especialistas insistieron en la urgencia de que los mexicanos se lancen a refundar institucionalmente a México, mediante la convocatoria a un “pacto social” que vierta en la instauración de un congreso constituyente y en la emisión de una nueva constitución de la República que recupere los derechos sociales y los objetivos históricos de un México independiente, igualitario y democrático.

En la presentación del Coloquio se dijo que “ningún documento define mejor las aspiraciones de una sociedad que una constitución. En su vida independiente, México ha tenido tres documentos constitutivos principales (1824, 1857 y 1917).

Sin embargo, hace años se debate si el país ya requiere una nueva Constitución o si podemos continuar haciendo modificaciones a la que nos rige. La discusión se intensifica al celebrarse el centenario del documento de 1917”.

“No tengo la menor duda de que el expediente constitucional es una tarea pendiente de la política del país; estoy convencido de que es necesario transformar muchos aspectos de la Constitución para proveer mecanismos de gobernabilidad democrática”, expuso en el marco de este encuentro, Jesús Silva Herzog-Márquez, académico del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

“No todas sus leyes se mantienen acordes a las necesidades ciudadanas, en tanto que otras han sido petrificadas. Por ello necesitamos preguntarnos si es necesaria otra constitución”, dijo a su vez Alberto Vital, coordinador de Humanidades de la UNAM.