La muerte de don Manuel Serrano y los engranajes del poder

Por Abel Pérez Zamorano

La Crónica de Chihuahua
Octubre de 2015, 22:02 pm

(El autor es un chihuahuense nacido en Témoris, Doctor en Desarrollo Económico por la London School of Economics, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor-investigador en la División de Ciencias Económico-administrativas de la Universidad Autónoma Chapingo.)

El pasado seis de octubre se cumplieron dos años del secuestro y, de acuerdo con las autoridades federales, posterior asesinato del señor Manuel Serrano Vallejo, un hombre de edad avanzada que ganaba el sustento de su familia vendiendo periódicos en la plaza municipal de Tultitlán, Estado de México. Era un hombre del pueblo, un pobre. Desde entonces, su familia y compañeros han reclamado una y otra vez que sus restos sean entregados y se haga justicia; por toda respuesta han encontrado un muro infranqueable de negativa sostenida e indiferencia oficial rayana en la complicidad. Las autoridades federales hacen sus cuentas basados en la idea de que al fin y al cabo todo termina por olvidarse, que la gente tarde o temprano se cansa de exigir y abandona su reclamo, con lo que el olvido social echará polvo sobre el asunto; apuestan a que la sociedad tiende a perder la memoria, y con ese criterio aplican la táctica dilatoria y desalentadora. Mas el crimen que comentamos no pasa al olvido y el reclamo sigue tan vivo como al inicio; más aún, se convierte en sí mismo en una denuncia del carácter clasista de la justicia mexicana, muy activa y enérgica cuando sufre daño en su persona alguien de familia acomodada, en cuyo caso todo es prontitud y diligencia, mas cuando de la vida de un pobre se trata, el caso puede tranquilamente archivarse. La muerte del señor Serrano y la lucha social en demanda de que las autoridades entreguen sus restos y se castigue a los culpables sigue arrancando máscaras y exhibiendo la maquinaria del sistema.

Primero, en el terreno jurídico la indolencia gubernamental ante el caso es una violación al derecho a la justicia pronta y expedita. De oficio el Estado debiera perseguir estos atropellos a la sociedad, pues suya es la función de aplicar la justicia, pero al ser omiso empuja a la sociedad a hacerse justicia por propia mano; pero esto no debe ser, y para evitarlo, el sistema judicial debe asegurar a todo ciudadano que sus derechos están a salvo, y que hay autoridades que lo garantizan, lo cual no se cumple en este caso. Expresando su deseo de que la justicia sea pareja, desde la antigüedad entre los griegos se elevó el orden a principio divino simbolizado en la diosa Temis, y después en Dice, divinidad de la justicia; en Roma la diosa que inspira el buen juicio de los jueces se llamó Iustitia, y era representada con una espada de dos filos en una mano y una balanza en la otra, símbolo de ecuanimidad e imparcialidad al juzgar; a partir del siglo XV empezó a representársele con una venda en los ojos, como signo de que no distingue entre el poder, dinero y clase social al impartir justicia. Pues bien, esa imagen no corresponde con la realidad, al menos en nuestro país, pues aquí sí se protege a quienes tienen poder y se desprecia a los desvalidos (y si no, véase cuántos pobres hay en las cárceles mexicanas y cuántos poderosos); es decir, se trata de símbolos de ilusión, para que el pueblo confíe en un sistema que en la práctica le es hostil. La justicia no es ciega: distingue bien entre clases sociales y sabe a quiénes atender con diligencia y a quiénes negar su derecho; el derecho y el Estado sí toman partido por una clase social. En estos casos, cuando es secuestrado un hijo de familia rica se mueve todo el aparato judicial y policíaco, sin escatimar recursos; en cambio, cuando se trata de un pobre, como don Manuel Serrano, no sólo no se hace justicia, sino que se persigue a quienes la reclaman.

Desde un punto de vista político, el caso también arranca máscaras. Exhibe a una pretendida izquierda, falsaria y coligada con los gobernantes, que enarbola banderas supuestamente “progresistas” y se desgarra las vestiduras pidiendo justicia en otros casos, pero que a la vez, como en éste, actúa de consuno con quienes detentan el poder. Como este caso no es “su” problema, de “su” bando o grupo, hacen la política del silencio, revelando así su carácter sectario e incongruente. Y como parte de este entramado político aparece haciendo, literalmente, las veces de escudero el Gobierno del Distrito Federal, conculcando el derecho de manifestación, mismo que en cada oportunidad que se presenta declara inviolable, cuando de sus correligionarios se trata; tal parece que se sigue aquí la lógica de que impidiendo la expresión de la inconformidad social los problemas van a resolverse. Esta política es sumamente peligrosa porque va erosionando la confianza de la sociedad en el gobierno, haciendo a éste perder el respeto y el respaldo popular, y debilitándolo, con lo que sólo queda a los gobernantes el uso de la fuerza para sostenerse, lo cual abre las puertas a regímenes autoritarios. Con estas prácticas el Estado conduce a su propia deslegitimación.

Nuestro caso exhibe también (más bien la desnuda) a la prensa, pieza de todo este engranaje perverso, que por un lado silencia el hecho y por el otro persigue a quienes piden justicia. La opinión pública está enterada de las multitudinarias manifestaciones realizadas en reclamo de una investigación a fondo y castigo a los culpables de la muerte del señor Serrano: hasta donde tengo conocimiento, una de 150 mil personas a Los Pinos, y el día seis otra de cien mil hacia el Zócalo, misma que no dejó llegar el GDF. Pero la prensa envuelve esto en un total silencio, minimiza los asistentes y sólo destaca como digno de mención y hecho más relevante el “caos” vial. Curiosamente, cuando cualquier otra institución hace una movilización grande, nadie repara en sus consecuencias en el tránsito, pero sí, y hasta con furia, cuando, como en este caso, se exige justicia por la vida de un hombre humilde. O sea que unos son cual ángeles desplazándose sin ruido por el éter, mientras otros son físicos y obstruyen el tráfico. Dos varas, sin duda, para medir los mismos hechos.

La sociedad mexicana no debe dejarse adormecer por la insensibilidad que nos hacen ver como normal que se cometan barbaridades sin que reaccionemos como seres humanos en solidaridad. Si funcionarios, periodistas y partidos políticos ignoran y desprecian al ser humano, la sociedad no puede, por su propio bien, asumir igual actitud, pues es ella la agraviada, hoy por este caso y mañana por otro cualquiera. Por instinto de mutua protección la sociedad debe manifestar su inconformidad y rechazo a toda injusticia, pues su inacción la debilita, dejándola inerme, incapaz de sumar fuerzas en su propia defensa; como dice el proverbio persa, cuando las hormigas se unen pueden vencer al león. La indiferencia ante el dolor de quienes son víctimas de la injusticia nos condena a la impotencia y la soledad cuando se cometa contra nosotros mismos. Contemplar indiferentes un crimen es convalidarlo y legitimar la impunidad. Vaya desde aquí mi plena solidaridad con la familia Serrano Hernández, con doña Guadalupe Hernández, con la Licenciada Maricela y todos sus hermanos.