La mitad de los presos es inocente

**Actualmente, el 70 por ciento de los recursos del sistema penal se dedica a los delitos de bajo impacto, y así, una persona acusada del robo de unas galletas, podría pasar en promedio tres meses en prisión y al final, salir bajo fianza.

La Crónica de Chihuahua
Noviembre de 2011, 14:39 pm

México gasta cada año en promedio unos 2 mil millones de pesos en la manutención de presos no sentenciados, la mitad de ellos quedará en libertad por falta de pruebas o por ser inocentes, según estudios elaborados por expertos en sistema penitenciario mexicano.

La cifra es superior al costo de las elecciones presidenciales del próximo año — mil 700 millones de pesos según el Instituto Federal Electoral (IFE)—, por citar un ejemplo.

Para Jorge Manrique, rector del Colegio de Juristas —institución dedicada a la formación de profesionales que imparten justicia—, este costo podría reducirse hasta en un 78 por ciento con la instrumentación generalizada de juicios orales en México, que agilizaría y transparentaría la impartición de la justicia.

Cada año inician en México unos 250 mil juicios, cuyos procesos duran en promedio 160 días, aunque pueden prolongarse durante años, agregó en un comunicado.

"Un asunto penal con sentencia en primera instancia, apelación y amparo integra un expediente que llega a tener más de mil 200 hojas, mientras en el juicio oral la sentencia se dicta en menos de 60 días", comparó.

Actualmente sólo 10 estados de las 32 entidades en el país cuentan con este instrumento: Chihuahua, Oaxaca, Zacatecas, Estado de México, Morelos, Baja California, Durango, Hidalgo y Puebla.

Además de las repercusiones económicas, el retraso en la impartición de la justicia lesiona los derechos humanos de los presuntos delincuentes, precisa el profesor investigador de la universidad ITESO, Guillermo Zepeda, en entrevista.

INOCENTES, 97 MIL DE 227 MIL

"En la actualidad hay 227 mil presos en cárceles mexicanas, se estima que 97 mil de ellos son inocentes, pero en la práctica están en la cárcel padeciendo como si fueran culpables", advierte el también autor del libro

Cuánto nos cuesta la prisión sin condena en México.
Antes de probar su inocencia o quedar en libertad, los presos habrán pasado al menos unos tres meses en prisión y el estado habrá invertido unos 140 pesos diarios en la manutención de cada uno, según el investigador.

El costo diario por preso supera en más del doble el salario mínimo en México, que actualmente es de 58 pesos cada día en promedio.
El experto señala que actualmente el 70 por ciento de los recursos del sistema penal se dedican a los delitos de bajo impacto, así una persona acusada del robo de unas galletas, podría pasar en promedio tres meses en prisión y al final, salir bajo fianza con el pago de entre 800 y 900 pesos, citó como ejemplo.

Indica que en el derecho internacional la prisión preventiva tiene como objetivo garantizar que el presunto culpable escape a su castigo, pero es excepcional y cuando así lo considera el juez.

"En nuestro sistema su usa como una sanción anticipada, cuando se presume que alguien cometió un delito, automáticamente le quitan el derecho a la libertad durante el proceso, de esta manera México viola permanentemente normas internacionales", afirma.

El sistema judicial mexicano establece que una sentencia deberá llegar antes de dos años, sin embargo hay personas inocentes que pasan hasta seis años en prisión antes de ser puestas en libertad sin cargos, agrega el especialista.

El diputado federal priista y doctor en derecho penal, Arturo Zamora, dijo que hay resistencia de parte del sistema judicial mexicano para transitar hacia los juicios orales.
"El problema fundamental es encontrar en el territorio nacional, las respuestas a las dudas que tengas las autoridades que no se han decidido a hacer un cambio hacia el modelo de los juicios orales", opinó.

Como integrante de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados dijo que actualmente se analizan en ese grupo las reformas al Código Federal de Procedimientos Penales y al Sistema de Ejecución de Sanciones, ambas encaminadas a agilizar los procesos de sentencia.