La izquierda latinoamericana y el ascenso de las oligarquías

Por Abel Pérez Zamorano

La Crónica de Chihuahua
Marzo de 2016, 17:30 pm

(El autor es un chihuahuense nacido en Témoris, Doctor en Desarrollo Económico por la London School of Economics, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor-investigador en la División de Ciencias Económico-administrativas de la Universidad Autónoma Chapingo.)

Argentina, Bolivia, Venezuela y Brasil han sido en los últimos diez a quince años ejemplos de gobiernos populares, marcando toda una época de cambios progresistas en Latinoamérica. Algunos indicadores. Según la CEPAL, 2011, la pobreza en Argentina, 5.7 por ciento (el nivel más bajo en la región), contrastaba con el 33.8 de los inicios del kirchnerismo en 2003, y la indigencia se redujo de 7.2 a 1.9 por ciento, segundo lugar más bajo en Latinoamérica. Según el Banco Mundial, entre 2003 y 2009, la clase media creció de 9.3 a 18.6 millones, casi la mitad de la población. En Venezuela, en 2014 el desempleo era apenas de 5.9 por ciento, contra el 12 en 1999, inicio de la era chavista. Años antes, en 1980, el Índice de Desarrollo Humano era de apenas 0.639; pero en 2014 llegó a 0.764, en la categoría de alto. En Bolivia, el gobierno de Evo Morales nacionalizó los hidrocarburos; entre 2002 y 2012 redujo la pobreza moderada de 63 a 45 por ciento, y la desigualdad (medida por el coeficiente de Gini) de 0.60 a 0.46. Según el Banco Mundial, entre 2002 y 2011, el ingreso promedio del 40 por ciento más pobre de los bolivianos creció tres veces más rápido que el del promedio general. En Brasil, durante el gobierno de Lula (2003-2010) el empleo creció en 14 por ciento y el salario real, en 53; a través del programa “Sin Hambre”, en una década salieron de la pobreza 33 millones de personas, una verdadera proeza. En síntesis, han sido gobiernos con una política popular y nacionalista, que reivindica la independencia de sus países del poderío norteamericano y las transnacionales depredadoras. Con estos antecedentes no deja de extrañar que tales gobiernos estén sufriendo serios reveses electorales frente a la derecha tradicional, que reclama sus fueros.

En noviembre terminó en Argentina la era de los gobiernos encabezados por el kirchnerismo, con el triunfo del multimillonario Mauricio Macri, con quien el empresariado toma directamente en sus manos el gobierno. El nuevo presidente es dueño del grupo empresarial Macri, holding cuyo valor, según Forbes, era en 1998 de 730 millones de dólares. En Venezuela, en diciembre pasado el gobierno de Nicolás Maduro perdió las elecciones al Congreso y ha quedado debilitado. Ahí también encabeza la oposición un político perteneciente a una de las familias más acaudaladas, Leopoldo López; como en Argentina, reclama el poder el empresariado, con fuertes y evidentes vínculos con el gobierno de los Estados Unidos. En Bolivia, el 21 de febrero el presidente Morales perdió un referéndum donde solicitaba autorización para reelegirse. Finalmente, el viernes 4 de este mes, el ex presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva fue sacado de su domicilio por la policía y llevado a declarar ante la justicia acusado de corrupción; además, en estos días manifestaciones demandan la renuncia de la presidenta Rousseff. Pero, ¿cómo entender estos hechos?

Dicho sea de paso, los acontecimientos en Brasil responden al interés de dominio global de Estados Unidos al golpear al bloque de los BRICS, pues aísla a Rusia, China e India, en una maniobra combinada con la firma del Tratado Transpacífico. Tras la ofensiva contra los gobiernos de izquierda están los Estados Unidos y las oligarquías locales que buscan recuperar sus privilegios mediante las llamadas “revoluciones de colores”, estrategia diseñada por Gene Sharp, autor de La política de la acción no violenta. No derrocan gobiernos con el clásico golpe militar, sino mediante la “acción directa no violenta”, en un proceso desarrollado en tres etapas: primero protestas, manifestaciones y bloqueos, aunadas a una intensa campaña de desprestigio de los gobernantes populares legítimamente electos, y la constitución de un movimiento anti gobierno. Segundo, huelgas y desobediencia civil, boicot y zafarranchos; finalmente, el derrocamiento no violento de los gobiernos desafectos a las grandes potencias. Pieza clave en esta estrategia de desgaste y desestabilización ha sido el control de los grandes medios de comunicación por parte de la clase adinerada, monopolio que utiliza para su campaña sistemática de descrédito, y que en los países mencionados representa un poder formidable. Quien tiene los medios posee una poderosa palanca de influencia ideológica y electoral.

Lo que de todas formas deja lugar a la duda es por qué los pobres, beneficiados por los gobiernos populares no salen también a las calles a apoyar a sus líderes con igual energía que los opositores salen a atacarlos, por ejemplo en el caso de Lula. ¿Y por qué no se manifiesta todo ese respaldo, al menos hasta el día en que escribo estas líneas, con la necesaria contundencia? Tras esa pasividad hay debilidades estructurales de los modelos populares latinoamericanos, destacadamente que no se han construido partidos fuertes, con la necesaria penetración popular, una sólida y disciplinada estructura y una clara definición de clase, bien organizados y educados; asimismo, como en Bolivia, Brasil y Argentina, ha faltado a los liderazgos una definición ideológica y política de clase más clara; han tratado de quedar bien con todo mundo, con todos los sectores sociales, malquistándose al final con todos. Los cambios han gravitado exageradamente en la figura de caudillos, que con su carisma han atraído a las masas, pero no se ha atendido suficientemente la formación de cuadros políticos en la cantidad y calidad necesarias para dar a esos procesos un andamiaje, un esqueleto que los sostenga y proteja de los embates externos e internos. Ha faltado también un mayor nivel de educación política de la población, que le enseñe a distinguir amigos de enemigos. Sin duda un pueblo educado sería capaz de percatarse de que le están arrebatando el poder y que sus intereses están siendo afectados. Factor determinante de estos retrocesos es que la economía, los principales medios de producción, el dinero y los bancos, siguen estando en manos de la clase rica; los pobres tienen el gobierno pero los ricos el dinero, y con él en sus manos pueden especular con los productos, presionar al gobierno e influir en la población. La posesión de esos medios, el poder económico, se torna entonces decisiva para el ejercicio del poder político.

En el caso venezolano, influye además su carácter de economía petrolizada, a la que, inevitablemente, la caída internacional en los precios del petróleo ha golpeado con singular severidad; y esto exhibe otra debilidad: el hacer depender desmedidamente un proyecto económico y político de la explotación de recursos naturales y el no haber desarrollado integral y equilibradamente la economía apoyándose en la bonanza petrolera; se la ha dejado sostenida en un solo pilar y cuando éste se desploma arrastra consigo a todo el proyecto. En resumen, el retroceso registrado en Latinoamérica viene a impactar en todos los esfuerzos que en el mundo se hacen, y más todavía, en la región, pero si tenemos presente que el progreso social es ascendente, que evoluciona, y que una sociedad en la miseria creciente no puede ser eterna, deberemos admitir que estos reveses tienen un carácter temporal y que en un futuro habrán de superarse, pues el progreso no se detiene.