La iniciativa de Duarte contra el secuestro, un "juanete" constitucional

Artículo de Alejandro Salmón Aguilera (ahoramismo.com.mx)

La Crónica de Chihuahua
Octubre de 2010, 13:47 pm

Que los diputados federales del PRI no puedan decirle “no” al gobernador del estado, se entiende; es parte de su ADN político. Pero que no puedan decirle “agua va”, es el colmo. Avisarle a su gobernador que el Congreso de la Unión aprueba leyes que pueden “tumbar” sus iniciativas o proyectos legislativos, debió ser una obligación, por lo menos, de Guillermo Márquez Lizalde, coordinador de los diputados priistas de Chihuahua y, a la sazón, dirigente estatal del PRI.
Lo menos que debió haber hecho la persona que además estuvo encargada del partido durante la campaña, era decirle a César Duarte que en abril pasado, la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional en la que el Legislativo Federal se reserva el derecho de legislar en materia de secuestro. Una tarjetita bien redactada, así como se lee en esta columna: dos líneas en letra manuscrita bien legible, sin “patas de araña”, le pudieron haber avisado al gobernador, desde que era candidato, que su iniciativa de pena perpetua a los secuestradores, que tantos aplausos le generó en campaña y en toma de posesión, se la van a tumbar en cuanto llegue al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y se la van a tumbar por la sencilla razón de que, aquella reforma constitucional establece que el secuestro es un delito que se persigue desde el fuero federal, y que legislar en la materia requiere, primero, de una coordinación entre la Federación y los legislativos de los estados y/o del Distrito Federal, si es el caso.
Lo peor de esta desatención priista es que tampoco le avisaron que había una iniciativa de ley en la misma materia, la cual iba a reglamentar la reforma constitucional antes descrita. Lo menos que pudo haber hecho el secretario de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, el también chihuahuense Luis Carlos Campos, era que venía una ley federal que establece un límite a la pena aplicable a secuestradores, y que es de 70 años de cárcel, no más.
¿Para qué dejar al gobernador Duarte seguir con su discurso de “cadena perpetua a secuestradores” si ésta va a contradecir al marco federal ya aprobado?. Ahora la única solución que se les ha ocurrido a los diputados locales, para no decirle que no al gobernador, es aprobar la cadena perpetua a matacaballo, antes de que el presidente de la República envíe a publicación la Ley General en Materia de Secuestro, y luego, que sea la Suprema Corte quien dictamine, a querella de por medio, si la legislación promovida por el gobernador es inconstitucional o no.
Si tan disciplinados e institucionales son los diputados priistas, lo menos que debían hacer es cuidar a su gobernador. ¿Para qué esperar a que lo exhiba la Suprema Corte? ¿Por qué mejor no le dicen, desde ya, que no puede legislar en la materia y mejor dedique sus baterías a la extorsión, la mutilación y el robo con violencia, delitos que tanto daño han hecho a la sociedad?
Por lo demás, si el gobernador Duarte quería aplausos fáciles, bien pudo haber anunciado la conformación de un grupo de élite para atacar el delito de secuestro. Con eso, los señores del dinero, les pudo haber anunciado la creación de un “swat” entrenado en Israel para protegerlos y encapsularlos. Eso era mejor que crear leyes que entrarán con calzador, y provocarán más de un juanete constitucional.