La dominancia en televisión

Javier Corral Jurado/ Columna Rotafolio

La Crónica de Chihuahua
Marzo de 2013, 12:35 pm

Con algunos ajustes a la iniciativa presentada por el Consejo Rector del Pacto por México, el fin de semana pasado avanzó en la cámara de diputados la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión, se aprobó por 414 votos a favor, 50 en contra y 8 abstenciones. El paso es trascendental y debe ser respaldado por el Senado de la República.

Estamos ante una reforma constitucional que concreta varias aspiraciones de una larga lucha por garantizar el derecho a la información de los mexicanos, otorga bases que de cumplirse en la legislación secundaria detonarán el esperado proceso de democratización de los medios de comunicación electrónica y amplía la competencia en los servicios de telecomunicaciones. Tampoco es válido el enfoque magnificador de sus efectos para apresurar el aval senatorial. No es cierto que desmantela los monopolios mediáticos; éstos seguirán teniendo un papel "preponderante" y "dominante" en sus mercados, pero ahora regulados de manera asimétrica para que ese poder sustancial de mercado no actúe en contra de la libre concurrencia.

La reforma logra tres grandes objetivos esenciales: recuperar la rectoría del Estado en la administración y regulación eficiente del espectro radio-eléctrico y pasar el concesionamiento de las frecuencias a un órgano constitucional autónomo; partir el monopolio de la telefonía a partir de medidas de desincorporación de empresas y desagregación de su infraestructura, y promover para el futuro una mayor competencia en la Televisión, tanto por la licitación de nuevas cadenas nacionales de televisión radiodifundida - públicas y privadas-, como por la apertura de la inversión extranjera directa, al 100% en cable y comunicación vía satélite y hasta el 49% en tv abierta, todo ello junto con la gratuidad del must carry y must offer para quienes no sean dominantes, por supuesto que modificará el escenario, pero para los próximos cinco u ocho años.

Y si lo comparamos con lo que actualmente tenemos legislado en la Constitución, pues el paso es mayúsculo, por eso debemos celebrarlo. Pero no creer que hemos concluido el recorrido y llegado a la meta; el mayor reto es su legislación secundaria, la letra chiquita, por donde le gusta andar al señor diablo.

El más significativo de los ajustes realizado por la cámara de los diputados es la incorporación del criterio "audiencia" para determinar al "agente preponderante" en televisión; no se completan con éste los elementos esenciales que nos permiten imponer límites a la concentración de medios y a la propiedad cruzada de éstos en un mismo mercado, pero es una adición reconocible.

Un elemento indispensable para lograr una efectiva competencia en materia de telecomunicaciones y radiodifusión es el tema de la desconcentración de los agentes económicos preponderantes, que se prevé en el párrafo segundo, fracción III, del artículo octavo transitorio.

En este párrafo se señalan los criterios para declarar quién es un agente económico preponderante, estableciendo que será cualquiera que cuente directa o indirectamente, con una participación nacional mayor al 50% del mercado, medido en “número de usuarios, por el tráfico de sus redes o la capacidad utilizada de los mismos”. Estos tres elementos se usan en telecomunicaciones pero no tiene nada que ver con la radiodifusión.

En materia de radiodifusión la iniciativa sólo apuntaba la limitación por el número de frecuencias ya sea nacional o regional, pero no se establecieron los criterios necesarios donde la televisión ejerce un enorme poder de concentración, esto es el mercado de publicidad, producción y distribución de contenidos, la audiencia y zona geográfica de cobertura.

En todo el mundo el establecimiento de límites a la propiedad de medios tiene en el tema de audiencia uno de los recursos más importantes para propiciar la diversidad, la pluralidad, el contraste y la competencia comunicacionales. En Alemania una televisora no puede alcanzar una audiencia anual de más del 30%. En Australia está prohibido que una sola empresa tenga licencias para transmitir a más del 75% de la población. En Estados Unidos (el referente de los falsos liberalistas) está prohibido que un grupo tenga, opere o controle televisoras que lleguen a más del 35% de la audiencia nacional. Un grupo no puede tener ni operar más de una cadena nacional de televisión, ni tener más de una televisora en el mismo mercado. En Francia, al propietario de una televisora que transmita a un área con una población de más de 4 millones de personas no se le permite tener otra licencia de transmisión. Ninguna empresa o individuo puede transmitir, aunque sea a través de varias estaciones, en áreas que sumen más de 6 millones de personas. En el Reino Unido una misma entidad no puede tener o controlar más del 15% de la audiencia total de la Televisión.

Lamentablemente ha quedado fuera de los criterios el mercado donde es más evidente el poder de las televisoras: el de la publicidad, en el que no solo participan con las señales de televisión, sino que también son propietarias de verdaderos emporios de impresión y distribución de revistas, anuncios espectaculares, producción y pantallas de cine, etc., en las que venden publicidad en forma directa o indirecta.

La concentración de poder de las televisoras en el mercado de la publicidad llega hasta el 90% y una cantidad aún superior de la propaganda política de los distintos poderes y niveles de gobierno y de los partidos políticos, aunque ahora de la peor forma, en el mercado negro, de ahí la importancia de haber incorporado en el sexto constitucional la prohibición de la publicidad encubierta como información. Lo sabemos muchos: la venta de servicios de propaganda política se efectúa por medio de anuncios, de supuestos programas d opinión y análisis, de asesoría de imagen o de noticieros en los que se destacan determinadas actividades y se critican acremente las de los opositores al cliente.

La reforma de los medios de comunicación electrónica y las telecomunicaciones ha sido el asunto más debatido en las tres últimas décadas en nuestro país. Diría que de manera ininterrumpida en los últimos diez años, sin embargo no se le había hecho caso a nadie. Ahora que tenemos la reforma frente a nosotros, no se vale tratar de postergarla o dilatarla con el pretexto de una nueva jornada de foros de consulta. El senado por supuesto debe escuchar a todos aquellos que quieran plantear una propuesta que mejore el contenido de la minuta o advierta errores o inconsistencias, y todo ello puede ser desahogado en audiencia especializada. Es cierto que la Cámara de Senadores en ejercicio de su soberanía y por respeto a su autonomía no puede renunciar al análisis, discusión y, en su caso, a la modificación de la reforma, pero ello debemos realizarlo siempre y cuando no se ponga en riesgo lo que ya tenemos en la mano.