La baticueva: negocio redondo para Raymundo Collins

** “Los agresores se amparan en un oficio del INVI que ordenó la demolición de las casas en La Baticueva -¡pese a que dicho organismo oficial tiene como tarea dotar de vivienda a los pobres!"


La baticueva: negocio redondo para Raymundo Collins

La Crónica de Chihuahua
18 de julio, 08:33 am

/facebook @twitter
Ana Kerlegan

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó en diciembre de 2016 una nueva Ley de Vivienda para la Ciudad de México (CDMX) en la que se autoriza al gobierno capitalino a crear “una bolsa de suelo” que se integra con predios baldíos, construcciones abandonadas, inmuebles de uso distinto al doméstico, viviendas en condiciones de alto riesgo estructural y predios intestados o en extinción de dominio.

En su artículo 97 la nueva Ley de Vivienda establece que el Instituto de la Vivienda (INVI) puede expropiar predios o inmuebles por causa de utilidad pública, atribución legal de la que el titular de esta institución, Raymundo Collins, hizo uso arbitrario e indebido para apoderarse de La Baticueva, un predio intestado que entregó al Nuevo Bloque Urbano Popular (NBUP), grupo perredista que tras desahuciar violentamente a las 25 familias humildes que lo ocupaban pretende cobrarles 150 mil pesos por la adquisición de los departamentos que ahora construye.

El propio Collins y el dirigente del NBUP, Leonardo Martínez Barrientos, sometieron a presión violenta a los moradores de La Baticueva desde 2015, cuando la familia Carrasco, dueña del predio intestado, hizo un pacto con la agrupación perredista, que aglutina a 38 organizaciones más –cuyos nombres no están registrados en su página de internet- que supuestamente enarbolan la “lucha por viviendas dignas” en la CDMX pero que ahora despoja de sus derechos de vivienda a los antiguos inquilinos del predio en cuestión.

El presunto pacto, según el Bloque Urbano, incluyó el pago de ocho millones de pesos por La Baticueva a las señoras Eva, Olga, Malena y Adriana, hijas del difunto Antonio Carrasco –cantidad por lo menos tres veces menor a su valor comercial- y la entrega de viviendas a otros parientes de las Carrasco, reveló a buzos Jessica Contreras, ex moradora de este predio y madre soltera de cinco hijos -uno de ellos con discapacidad- quien encabeza la lucha de resistencia de las 25 familias víctimas de desahucio que hoy viven en la calle o arrimados con familiares.

“A nosotros nos pedían 150 mil pesos de contado, 150 mil que los hijos de don Antonio sí pudieron pagar con el dinero que recibieron por el predio intestado. Imagínate, cobran 150 mil por 204 departamentos que están ofreciendo, salen más de 30 millones de pesos en ganancia, sin incluir el cobro y la ganancia por los cajones de estacionamiento y los cuatros servicios extras que consisten en la renta de tres accesorias y un salón de fiestas; es un negocio redondo”, dice Contreras.

Desde que Leonardo Martínez se presentó groseramente como el nuevo dueño del predio para anunciar que “solo podíamos quedarnos si le pagábamos 150 mil pesos por el derecho de piso, demostró sus arrolladoras intenciones y su intención de no llegar a un consenso, pese a que le pedimos que nos diera chance de pagarle conforme a nuestras posibilidades, pues no teníamos a la mano esa fuerte cantidad, ya que muchos de nosotros nos ganamos la vida vendiendo en la calle, trabajando como macheteros o limpiando casas. Él solo nos respondió: ‘¡Aquí no se hacen pagos en abonos chiquitos, aquí es al contado, si no pueden se tienen que largar, porque si no, se los va a llevar la chingada!”, relató Jessica.

Silencio de Collins y Mancera
En ese mismo año y ante la hostilidad de Martínez Barrientos, Jessica Contreras redactó con su humilde letra dos cartas al director del INVI, Raymundo Collins, y una al jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Macera.

La primera fechada en enero y la segunda en febrero de 2015, a fin de informarles del acoso y las amenazas que el Nuevo Bloque Urbano -simpatizante del Movimiento Nacional por la Esperanza que lidera el perredista René Bejarano- hacía a las 25 familias que habitaban La Baticueva, así como la falta de voluntad de Martínez Barrientos para acordar la posible integración de los moradores de este predio al proyecto de los 204 departamentos que iban a construirse en el terreno que vio nacer a muchos de sus moradores. Cartas de las que recibió por respuesta el silencio de Raymundo Collins y Miguel Ángel Mancera.

Este silencio persistió junto con el acecho del dirigente del NBUP, aunque Jessica Contreras, en el año y medio siguientes, acudió a realizar diversos trámites burocráticos para indagar quién había adquirido el predio y en qué términos.

El tres de marzo de este año, la Unidad de Transparencia de la Coordinación de Planeación, Información y Evaluación del INVI, respondió en el oficio DEPFPV/001423/2017: “que se encuentra con registro de gestión para el predio ubicado en Oriente 229 Número 250, Colonia Agrícola Oriental, Delegación Iztacalco, mismo que se encuentra en integración y es gestionado por el C. Juan Leonardo Martínez Barrientos, quien es representante en la organización Frente Popular Emiliano Zapata, mismo que pertenece al Bloque Urbano Popular”. Es decir el predio fue adquirido, en 2014, por el Instituto de Vivienda para uso del Bloque Urbano Popular, según este documento.

Ante la confirmación del supuesto propietario de La Baticueva, y después de incontables vueltas a las oficinas para solicitar una entrevista con el titular Raymundo Collins, de las que no consiguió agendar ninguna visita con éste, pues era ignorada por los oficinistas, Contreras buscó en abril el apoyo y la asesoría del Movimiento Antorchista en la Ciudad de México. Su primer contacto fue con la arquitecta Gloria Brito Nájera, quien formó una comisión y, en calidad de soporte para Contreras y demás afectados, logró una audiencia con el titular de dicha dependencia Raymundo Collins ese mismo mes.

En dicha reunión, Collins alegó que no estaba dentro de sus facultades solucionar esta situación de despojo. “Pero sí nos recalcó que en calidad de invasores debemos pagar la cantidad de 150 mil pesos que cobra el NBUP porque –según él- esta organización ya originó gastos por el predio, como el pago de 20 años de adeudo predial y la regularización del terreno”, contó la inquilina afectada.

Por su parte, Brito Nájera dijo a Collins que pronto sabría de la organización que ella representa y de los moradores de La Baticueva. Indignada y molesta ante el mal recuerdo de aquella entrevista con Collins, la lideresa antorchista en la CDMX externó que “es inaudito que el silencio de Mancera ponga en bandeja de plata a los desheredados de La Baticueva ante el delito de despojo ejecutado por el grupo NBUP que lucra con el derecho a la vivienda. Para este grupo simpatizante del perredismo capitalino y el director del INVI la vivienda es sólo un negocio redondo, los proyectos de interés social y popular están a favor de quienes pueden pagar”.

Asedio de La Baticueva

A dos meses de la entrevista con Collins, el mal presagio volvió a la vida de los Contreras y las otras 24 familias de La Baticueva la mañana del ocho de junio, cuando en el portón del predio hallaron pegada una notificación del INVI, fechada el cuatro de mayo, en la que se les avisaba que tenían que desalojar el predio porque estaban invadiéndolo y éste sería expropiado por dicha entidad del gobierno capitalino.
El documento fue entregado fuera de tiempo y forma, porque el INVI “se tomó atribuciones que no le corresponden; no es autoridad jurídica para autorizar despojos; es una institución enfocada a la creación y gestión de proyectos de vivienda popular. ¿Por qué autorizó el despojo sin antes presentar una denuncia por invasión ante una instancia jurídica contra nosotros?”, arguyeron Jessica Contreras y Manuel Salas, señor de la tercera edad y uno de los primeros inquilinos de La Baticueva junto con el abuelo de Contreras hace 50 años.

Por la tarde de ese jueves lluvioso, un grupo de vándalos armados con picos, palos, piedras y perros se apostaron en el lugar y derrumbaron una de las casas, a pesar de que en ella se encontraban sus habitantes, entre ellos varios menores de edad.
Los vecinos se opusieron a las agresiones y al derrumbe de sus viviendas y por un rato lograron contener al grupo, pero la pequeña Frida, hija de dos años de Jessica Contreras, fue mordida por los perros que traían los porros enviados por el NBUP y tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital cercano.

El miedo y la desesperación envolvió a los exmoradores de La Baticueva, pero hoy han abandonado su temor y alzan la voz, exigiendo justicia a las autoridades; no tienen a dónde ir y afirman que el predio “es y seguirá siendo nuestro hogar pese a quien le pese”.

El asedio siguió hasta el 12 de junio pasado, cuando los elementos del grupo perredista habían tomado el predio, porque Jessica Contreras y tres familias más se resistieron a la invasión de La Baticueva, razón por la que agresores la llamaron La Loca.

Las cuatro familias en resistencia fueron objeto de agresiones verbales soeces y un mayor asedio durante cuatro días más, pero al quinto día Araceli Ramírez Sierra y sus cinco hijos fueron atropellados mientras una máquina arrollaba lo que había sido su vivienda por muchos años.

La misma agresión sufrieron las otras 24 familias de ex inquilinos de La Baticueva.

Ausente la policía capitalina

Las agresiones padecidas por estas familias humildes a manos del NBUP se dieron en el curso de una semana en ausencia absoluta de la policía capitalina, ya que ninguna patrulla los auxilió y los uniformados a los que recurrieron se excusaron con el pretexto de que el asunto no les competía.

Esta desatención se dio pese a que desde el ocho de junio, los vecinos de La Baticueva interpusieron una denuncia en la Fiscalía Desconcentrada en Investigación en Iztacalco que quedó registrada con el número de expediente es CI-FIZC/IZC-2/UI-3 S/D/01965/06-2017 y solicitaron protección de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Incluso cientos de antorchistas encabezados por Gloria Brito Nájera realizaron una manifestación pública de la calzada Zaragoza a las sedes del gobierno de la CDMX y la Secretaría de Gobernación para denunciar el ataque violento en contra de los inquilinos y demandar atención a sus problemas. Ambas solicitudes no han obtenido ninguna respuesta del jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, ni del Secretario Miguel Ángel Osorio Chong.

Mancera y Collins aseguran cargo

“El poco aprecio del jefe de gobierno perredista Miguel Ángel Mancera hacia los problemas y dificultades de los que menos tienen se demuestra en la forma en que trata a la familia de la compañera Jessica Contreras, que ha visto transcurrir su vida en la delegación Iztacalco, en la Agrícola Oriental, en el predio donde se encontraba su hogar, el número 250 de la calle Oriente 229; madre soltera de cinco niños, que se gana la vida l en el comercio informal.

“Al predio en donde ella vivía llegaron en bola, sin previo aviso, integrantes del NBUP, uno de tantos grupos perredistas, con el avieso propósito de despojar a legítimos poseedores y meter a gente extraña con el señuelo de que gestionan viviendas para los más necesitados.

Y una vez que estos invasores perredistas entran, muy pocas veces se consigue reestablecer la ley, pues cuentan con golpeadores dispuestos a todo para lograr sus fines”, denunció la dirigente antorchista Gloria Brito.

La Baticueva fue una vieja vecindad capitalina que durante muchos años albergó a 50 familias pobres, que luego redujo su capacidad para sólo 25 familias y que a partir del pasado el 12 de junio, el último día del asedio ordenado por el NBUP, con el contubernio del INVI y el gobierno de la CDMX, quedó en puros escombros y recuerdos.

“El NBUP, asegura que su propósito es apoyar al pueblo explotado, pero en realidad se trata de un grupo de vividores que solo busca sacar provecho económico y político de los que menos tienen.

La reducción a 25 familias en el predio ocurre porque este grupo perredista tiene en la mira construir en La Baticueva 204 departamentos por los que exige 150 mil pesos en pago rápido y de contado a cada uno de los interesados para apartar un lugar. Es lógico que una familia pobre nunca veríá junto todo ese dinero”, señaló Brito Nájera.

“Los agresores se amparan en un oficio del INVI que ordenó la demolición de las casas en La Baticueva -¡pese a que dicho organismo oficial tiene como tarea dotar de vivienda a los pobres!- y que actuó como cómplice del NBUP en este despojo, ya que no existe la orden de un juez para llevarlo a cabo”, expresó indignada la dirigente antorchista al insistir en el procedimiento ilegal seguido en este asunto.

“Debo recalcar que desde hace meses Mancera siente que va en caballo de hacienda para ganar la candidatura presidencial del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Al igual que la mayoría de la clase política mexicana, está preocupado en su futuro, en los puestos oficiales por venir

¡Qué le va a interesar ocuparse de hacer justicia a las familias de la Baticueva que perdieron todo a manos del NBUP, en complicidad con el titular del Instituto de Vivienda, Raymundo Collins, cuyo cometido es dar vivienda al precarista.

“Pero las prácticas de Collins distan mucho de lo que pregona, pues ha sido tapadera de las transas del actual gobierno perredista, esto con el fin de asegurar anticipadamente votos y recursos económicos para Miguel Ángel Mancera; condicionando proyectos de vivienda a precaristas e impulsando proyectos de vivienda para aquellos que puedan pagar fuertes cantidades, con las que bien podrían financiar la campaña del aún aspirante a candidato perredista para competir en la carrera presidencial en este 2018. Además de que con esta turbia operación, Collins se está asegurando un puesto estratégico, pues es su último año frente al INVI capitalino”, concluyó Gloria Brito Nájera.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---