Investiga PGR "excesos" en uso de testigos protegidos

**El gasto que hicieron los gobiernos de Vicente Fox y Calderón a este programa fue de 178 millones 261 mil pesos, según la Procuraduría

La Crónica de Chihuahua
Marzo de 2014, 19:30 pm

Ciudad de México.- El presidente de la Comisión de Seguridad del Senado de la República, Omar Fayad Meneses, informó que la PGR investiga a funcionarios que incurrieron en excesos en el uso de la figura de "testigo protegido" y que, sin más prueba que declaraciones de presuntos delincuentes, encarcelaron a militares, mandos policiacos, entre otros, a quienes, posteriormente, no lograron probar su vínculo con la delincuencia.

El "colmo" del mal uso de esta herramienta jurídica, ejemplificó, son casos como el de José Salvador Quintanilla, alias el "Pitufo", actualmente prófugo y cercano al abatido líder de los Zetas, Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazco, a quien la anterior administración federal llegó incluso a pagarle una cirugía bypass gástrico para bajar de peso.

"Me parece el colmo, debe de haber castigo para los servidores públicos que se vieron involucrados en ese tipo de excesos. Yo sé que la Procuraduría ya está en las investigaciones necesarias para determinar eso", dijo.

El legislador por Hidalgo explicó que el "testigo protegido" es aquel individuo que presencia hechos o sabe información que es muy útil para lograr la consignación de delincuentes y para el esclarecimiento de hechos ante el aparato de procuración y administración de justicia; sin embrago, acusó que en el sexenio pasado, cuando el expresidente Felipe Calderón emprendió la guerra contra los cárteles del narcotráfico, confundieron la figura del testigo protegido con presuntos delincuentes "que viendo cómo se benefician con menos castigo, ’colaboran’ con la justicia diciéndole lo que saben de sus mismos socios. No obstante, criticó, también involucraron a personas con reputación "intachable" en el Ejército, quienes estuvieron recluidos y posteriormente fueron exonerados.

"Ante el testigo protegido el Estado tiene la obligación de gastar, de darle una nueva personalidad, de darle un hogar, de darle una nueva identidad, de darle una escolta; ante los presuntos delincuentes colaboradores, no. Lo único que tiene que hacer es apegarse a los beneficios que les da la ley, pero ni dinero ni pagados ni gastándose el erario público en presuntos delincuentes que de por sí es su obligación ayudar a la justicia por el daño que ya le hicieron al pueblo de México.

"Además el abuso de que con sus declaraciones gente inocente vaya a la cárcel. Éstas deben de estar muy acotadas, que sirvan sólo como un elemento, pero que de ninguna manera se puedan considerar pruebas de pleno derecho para meter a la cárcel, como se hizo en el pasado", denunció.

En mayo de 2013, en respuesta a la solicitud de información de un particular, la Procuraduría General de la República reveló que el gasto que hicieron los gobiernos de Vicente Fox y Calderón al programa de testigos colaboradores protegidos fue de 178 millones 261 mil 492 pesos.

Fayad Meneses indicó que por este gasto excesivo y por los procesos penales iniciados con base en acusaciones de delincuentes que carecían de verdad, presentó una iniciativa de reformas a las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada y Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Proceso Penal.

La propuesta plantea establecer y regular la figura de "colaborador" en los procedimientos judiciales, así como eliminar la figura de "testigo protegido".

Claves

"Hay coincidencia entre la opinión pública, partidos políticos, medios de comunicación y la academia en que la libertad de expresión es de gran importancia para la vida democrática de un país", dijo Omar Fayad.

El senador hidalguense explicó que el Estado mexicano tiene la obligación legal de garantizar el cumplimiento del artículo sexto Constitucional y de diversos tratados internacionales ratificados por nuestro país, referentes a la libertad de expresión, opinión y prensa.

Desde hace una década, expuso, esta libertad se ha visto vulnerada en regiones del país, como Torreón, Tamaulipas o Ciudad Juárez.
Agencias