Intereses de clase y gobierno

Abel Pérez Zamorano

La Crónica de Chihuahua
Enero de 2015, 20:04 pm

(El autor es un chihuahuense nacido en Témoris, Doctor en Desarrollo Económico por la London School of Economics, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor-investigador en la División de Ciencias Económico-administrativas de la Universidad Autónoma Chapingo.)

Con frecuencia se escucha decir entre el pueblo que el gobierno debiera realizar tal o cual acción en beneficio real de los sectores más pobres; por ejemplo, generar empleos bien pagados para todos, garantizar una educación universal de calidad, o dirigir el gasto público preferentemente hacia quienes menos tienen, y no sólo en provecho de las grandes empresas, por ejemplo llevando a comunidades campesinas o colonias populares servicios públicos fundamentales como agua potable, electricidad o drenaje; también es sentir popular y de intelectuales progresistas que debieran pagar más impuestos quienes más ganan, y gravar menos a los sectores de bajos ingresos. Asimismo, que el gobierno y los patrones respeten las prestaciones laborales, y derechos como sindicalización, huelga, asociación y petición. En el sector rural el clamor es que los pequeños productores necesitan apoyo en infraestructura, financiamiento desde una banca de desarrollo fuerte, o alguna protección contra la importación de productos baratos; en la ciudad, que se apoye a las pequeñas y medianas empresas, pero en serio; en fin, tantos y tantos buenos deseos expresados, pero siempre en términos de “el gobierno debiera…”. Se trata de medidas cuya necesidad y justicia están fuera de toda duda; sin embargo el gobierno no hace lo que la gente desea, y no es por ignorancia. Entonces, ¿a qué se debe?

La respuesta fundamentalmente tiene que ver con los intereses a que responden los gobernantes, con sus compromisos que les obligan e imponen ciertas líneas de acción y políticas económicas en beneficio de quienes controlan la economía. Política es, precisamente, la lucha por la conquista y la preservación del poder por una clase para su provecho, sea la aristocracia, las clases medias o el conjunto de los trabajadores, y el poder es la capacidad de elaborar leyes favorables a la clase gobernante, usar las policías, el ejército y el aparato judicial en su defensa, así como apropiarse de los medios de producción, los recursos naturales y la riqueza creada y aplicarlos en su provecho; en fin, la capacidad para educar a todas las personas a conveniencia de la clase gobernante. Y si en un país gobierna la élite adinerada, procederá en todo conforme a su propia conveniencia; esperar lo contrario sería contra natura. Empleará el poder para aumentar desmesuradamente sus ganancias, impedir restricciones gubernamentales al capital, reducir impuestos a las grandes empresas, privatizar todas las empresas en manos del Estado, obtener subvenciones del gobierno con recursos públicos, reducir o congelar salarios, escamotear derechos laborales a los trabajadores, etc.

Es una ley social que aquella clase que posee el control de la economía dominará también el poder político, y, obviamente, al tomar este último se apropiará en mayor grado de la economía. Y no olvidemos que los partidos políticos responden a intereses de una u otra clase; son su parte más consciente, organizada y activa. Entender la lucha política demanda, pues, tener claro el conflicto entre clases sociales en la realidad concreta de cada país, de lo contrario habremos de extraviarnos en un laberinto minoico de variables como las ideologías, credos religiosos, la política en sí misma, los conflictos raciales o étnicos, sin atinar a encontrar el hilo de Ariadna, la variable explicatoria principal. Ciertamente, todos esos factores influyen, pero a final de cuentas el económico resulta determinante. Con frecuencia, por ejemplo, los conflictos entre intereses de clase adoptan formas de conflicto étnico o religioso; por ejemplo, en la Reforma la clase capitalista ascendente se arropó en el luteranismo y, más aún en el calvinismo, para justificar sus aspiraciones; o en Inglaterra, en las ideas religiosas de Cromwell. En el Ulster, en Irlanda del norte, la dominación inglesa y la resistencia nacional adoptan la forma de un conflicto entre el catolicismo y la fe anglicana. En fin, autores como Samuel Hungtinton han propuesto la teoría del “choque de civilizaciones” para ocultar la verdadera causa de las invasiones de Estados Unidos en Oriente Medio, atribuyendo el conflicto a las diferencias entre el Islam y el cristianismo, o a la falta de democracia en el mundo árabe, a quien debe enseñarse esta práctica. Así se oculta el verdadero fondo: el control del petróleo y la búsqueda de mercados para Estados Unidos y Europa.

En la historia de México se ha manifestado la relación entre Economía y política con singular claridad. Desde la Independencia, los españoles criollos, nacidos en México, eran marginados de la posesión de la riqueza y de los altos cargos gubernamentales, controlados por los españoles peninsulares, discriminación que jugó un papel decisivo como detonante del movimiento de independencia. A mediados del siglo XIX, la clase capitalista naciente disputaba la supremacía económica y política a los grandes terratenientes, lo que dio lugar a la Guerra de Reforma, y luego a la Intervención francesa. Durante la Revolución mexicana, los empresarios de corte moderno estaban representados por figuras como Madero, Carranza, Obregón y Calles, y sus intereses chocaban con los de los grandes hacendados, fuerza dominante en la época de don Porfirio. A la postre se impuso el interés de los primeros.

Si aplicamos estas experiencias a nuestra realidad, habremos de concluir que si queremos que se pongan en práctica acciones favorables a los más desprotegidos, no es sensato esperar que gobiernos emanados de, y comprometidos con, la alta aristocracia de las finanzas y los grandes corporativos los apliquen decididamente. Una política que reduzca la brecha del ingreso entre las grandes fortunas y la enorme masa de pobres, supone un gobierno donde predomine el interés de los más desprotegidos, para que el pueblo llano proteja desde ahí sus propios intereses. No para que al avasallamiento de una clase se responda con el de otra (ello sería sólo invertir el orden del sometimiento); el objetivo debe ser reducir las abismales diferencias económicas, sin privar de la oportunidad de hacer negocios a la clase empresarial, cuya contribución con sus inversiones es necesaria para el impulso de la economía; sin embargo, deben moderarse sus ganancias, hoy exageradas; es necesario, también, aplicar una efectiva política distributiva que garantice oportunidades de empleo, ingreso decoroso y bienestar en general a todos los mexicanos. Y esto es posible, como lo ha mostrado el ejemplo de China, donde los empresarios hacen negocios en grande, pero donde también se abate la pobreza de manera ejemplar. ¿Será delito imaginar un mundo más justo y buscar nuevas formas de organizar la economía?