Injusticia y violencia: cimientos del nuevo aeropuerto

Reportaje especial/ Periodismo de fondo en La Crónica de Chihuahua

/facebook @twitterMartín Morales Silva

La Ciudad Futura (CF), el complejo urbano comercial del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), cobró sus primeras víctimas el pasado 3 de octubre, cuando las casas de 40 familias humildes del predio El Barco fueron desalojadas y destruidas a la altura del kilómetro 12 de la Carretera Peñón-Texcoco para brindar mayor espacio a la súper carretera que conectará esa área del futuro aeródromo con el puerto de Tuxpan, Veracruz.

El ayuntamiento de Texcoco, a cargo de Delfina Gómez, utilizó como argumento para justificar el desalojo violento de la comunidad, que los hogares estaban en riesgo de inundación y que esta zona es rural y no urbana, pese a que los colonos afectados poseen documentos legales que acreditan que desde hace por lo menos una década el municipio estaba enterado del cambio de uso de suelo del área en cuestión.

Entre los documentos que atestiguan esta modificación legal figuran las “cesiones de derechos” que los antiguos ejidatarios firmaron a los colonos al vender sus parcelas, así como los estados de cuenta emitidos por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a sus consumidores de energía en El Barco.

Ante la insensible arbitrariedad de la alcaldesa texcocana y de las autoridades estatales y federales, quienes seguramente están presionando al municipio mexiquense a actuar de manera acelerada y sin ninguna consideración humanitaria, un grupo de ex colonos de El Barco pidió el respaldo de la organización política Movimiento Antorchista (MA) del municipio.

Apoderarse de las tierras

Este abuso de autoridad tiene un origen turbio: para dar pie al desarrollo del enorme proyecto de la CF, cuyo eje será el nuevo AICM, en sigilo, el Gobierno federal instalado en diciembre de 2012 se lanzó a acaparar 12 mil 500 hectáreas de tierras ejidales con base en la oferta de compras monetarias “atractivas” de terrenos y promesas de obras públicas a futuro a los ejidatarios de los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco.

Pero lo que las autoridades federales y locales dejaron ver en El Barco fue que el proyecto del nuevo AICM y su CF tiene como primera finalidad barrer el escenario de pobreza que actualmente predomina en esa área para desplazarlo hacia otros lugares de la misma región circundante del ex Lago de Texcoco.

Se trata de un plan que el expresidente Vicente Fox Quesada no consiguió poner en marcha en 2002 –anunció su nuevo AICM el 22 de octubre de 2001– debido a la movilización de ejidatarios de San Salvador Atenco. Su sucesor, Felipe Calderón Hinojosa, lo tuvo también en su escritorio pero no lo presentó y el actual mandatario, Enrique Peña Nieto, parece decidido a ponerlo en vigor a como dé lugar.

Sin embargo, pese a la habilidad de los operadores del actual Gobierno federal, quienes en principio se han propuesto asegurar la posesión de tierras ejidales para el desarrollo del proyecto aeroportuario, hay organizaciones sociales y políticas que están decididas a impedirlo con base en la ley vigente.

Un ejemplo de ello es el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de Atenco, cuyos dirigentes recurrieron a la vía jurídica desde junio y el 13 de octubre pasado lograron una “suspensión definitiva”, que obtuvieron en segunda instancia judicial, contra los efectos legales de un acta emitida el 1º de junio pasado por el comisariado ejidal de San Salvador Atenco, que autorizaba el cambio de uso de suelo de más de mil hectáreas que habían transferido al Gobierno y cuya enajenación legal era ya gestionada ante el Registro Agrario Nacional (RAN).

La suspensión se mantendrá hasta que el Tribunal Unitario Agrario (TUA) se pronuncie sobre la legalidad del acta impugnada, ya que aceptó un recurso con base en evidencias de irregularidades en la realización de la asamblea ejidal.

Planeada como la tercera entidad aeroportuaria más grande del mundo, la CF estará integrada no sólo con la nueva terminal aérea, su columna vertebral, sino también con un complejo arquitectónico que incluirá oficinas administrativas, hoteles de lujo, centros comerciales y otros servicios empresariales que darán al área. Este entorno, más las vialidades urbanas, las autopistas, el tren rápido y su conexión con el Metro, requerirán de grandes cantidades de tierras colindantes, que en su mayoría son de propiedad ejidal.

Operadores de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) han buscado la enajenación de 12 mil 500 hectáreas, ofreciendo un millón 500 mil pesos por hectárea, como aseguraron ejidatarios, lo que arroja un total de 18 mil 750 millones de pesos. De acuerdo con la autoridad federal, las tierras de Texcoco y San Salvador Atenco no son de uso agrícola.

Entre los atractivos ofrecidos por el Gobierno federal a los ejidatarios figuran un millón 500 mil pesos por hectárea, la promesa de financiar “proyectos productivos”; la construcción de una universidad en San Salvador Atenco y la construcción de viviendas nuevas para las comunidades.

Al momento, la lista de los ejidatarios que buscan enajenar sus tierras en los municipios aledaños al ex Lago de Texcoco se mantiene bajo reserva; los operadores del Gobierno han actuado con sigilo, según los mismos ejidatarios, con el fin de evitar un nuevo choque (como en 2002 y 2006) con el FPDT –conocidos por sus protestas machete en mano–.

Vieja codicia

Quienes están a cargo del plan arquitectónico del aeropuerto son el especialista inglés Norman Foster y el arquitecto mexicano Fernando Romero, esposo de Soumaya Slim Domit y yerno, por lo tanto, de Carlos Slim Helú, considerado como el magnate mexicano más acaudalado y uno de los hombres más ricos del mundo.

Además de encabezar diversos grupos empresariales de giro múltiple –entre ellos América Móvil, Telcel y Telmex– Slim Helú es dueño del consorcio constructor Carso Infraestructura y Construcción, junto con Ingenieros Civiles Asociados (ICA), poderosa edificadora de obras civiles que ha obtenido numerosos contratos millonarios para construir carreteras, puentes, etcétera, entre ellos el de la controvertida Línea 12 del Metro del Distrito Federal.

El proyecto México, Ciudad Futura, fue elaborado por el despacho Futura Desarrollo Urbano, encabezado por el arquitecto Teodoro González de León, y su equipo formado por Gustavo Lipkau, José Manuel Castillo Olea y Alberto Kalach; de este plan, vertido en un libro en 2011, partió en 2002 el expresidente Vicente Fox para impulsar infructuosamente el proyecto del nuevo aeropuerto y, tras bambalinas, la CF.

Uno de sus promotores fue el también ex candidato presidencial del Partido Nueva Alianza en 2012, ingeniero civil de profesión, Gabriel Quadri de la Torre, quien actualmente forma parte del equipo asesor del proyecto aeroportuario.
Atropello a ejidatarios

Antes de que el presidente Enrique Peña Nieto anunciara el proyecto del aeropuerto, en su mensaje por el II Informe de Gobierno del 2 de septiembre pasado, y en un acto al día siguiente, durante 2013 y parte de 2014, se había desplegado una magna operación legal, política, económica, del tamaño del gran negocio por venir; los enviados de la Conagua, argumentaron a los ejidatarios de San Salvador Atenco y de Texcoco, que se requerían sus tierras para el Programa Ecológico Lago de Texcoco (PELT), con el fin de preservar recursos ecológicos e hidrológicos. Una verdad a medias, porque el PELT forma parte del desarrollo de la CF.

De esta forma, y buscando superar el antecedente del descalabro de Fox, desde el primer año del actual sexenio, aprovechando la condición gubernamental de ser juez y parte, los operadores de la actual administración federal se dedicaron a impulsar el cambio de uso de suelo de tierras ejidales a través de 13 comisariados de la región.

Trinidad Ramírez, integrante de la dirigencia del FPDT, confió a buzos que los operadores gubernamentales y los comisarios ejidales “le vinieron diciendo al ejidatario: ya entrega tu tierra, porque de todos modos te la van a quitar; eso se dijo en la Asamblea Ejidal (realizada el 1º de junio de 2014 en San Salvador Atenco). Todo esto está muy amañado, y la orden viene desde arriba –se refiere a la Presidencia de la República–”.

Ramírez, esposa del líder de la FPDT, Ignacio del Valle, y madre de la también activista América del Valle, expresó: “No queremos una imposición, que es lo que hacen los gobiernos, que interpretan o cambian la ley en beneficio del poderoso. Él (el presidente Peña Nieto) dijo que no se tocarían los ejidos y lo están haciendo. ¿Y qué nos toca? ¿Permitir que hagan lo que quieran? Nosotros lo que hacemos (protestar) no es porque seamos muy valientes, pero si les permitiéramos hacer todo, ahorita ya fuéramos sus esclavos, y nosotros no queremos eso”.

Infraestructura y pobreza

La citada nueva carretera Ecatepec-Piramides-Peñón-Texcoco forma parte de una súper autopista hacia el puerto de Tuxpan, Veracruz, que será de dos carriles por lado; es decir, cuatro carriles en total. Tendrá una longitud de 17.1 kilómetros y se construirá con una inversión de mil 700 millones de pesos. La construcción comenzó el 2 de octubre, un día antes del desalojo en el predio El Barco. Hay prisa porque se busca terminar la vía antes de agosto de 2016. Será una suerte de freeway estadounidense, pero rodeado de una escenografía de lacerante pobreza.

De acuerdo con el proyecto, dado a conocer el 2 de octubre en Acolman, esta vía aprovechará los entronques con otras vías centrales de la región, entre ellos el Circuito Mexiquense, que pasará justo a un lado del nuevo aeropuerto. Tocará los municipios de Ecatepec, Otumba, Teotihuacán, Acolman, Tezoyuca, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Texcoco.

El nuevo AICM se realizará con una inversión de 169 mil millones de pesos, dinero del que todavía no se sabe de dónde saldrá. Las construcciones ocuparán cuatro mil 336 hectáreas y en su entorno estarán las 12 mil 500 hectáreas ejidales, particularmente de los municipios de San Salvador Atenco y Texcoco, que presumiblemente formarán parte de una reserva ecológica. Sin embargo, parte de los ejidos quedarían serán comprados por el Gobierno o por la iniciativa privada para edificar inmuebles comerciales o de otra índole.

Inviabilidad y daños

La coordinación de Manejo y Conservación de Suelos de la Universidad Autónoma Chapingo, que encabeza el ingeniero Juan Estrada Berg, realizó un estudio sobre la viabilidad constructiva en el ex Lago de Texcoco; entre sus conclusiones se establece que estos desarrollos incrementarán sustancialmente la demanda de agua –en detrimento de los pueblos aledaños– y como proseguirá la extracción del líquido del subsuelo desde el DF, Neza y Chalco, aumentarán los riesgos de hundimiento del suelo por el peso de las edificaciones.

Sobre la presunta instalación de reservas ecológicas –se ha hablado de bosques–, Berg precisó que en la zona del exlago solamente puede desarrollarse flora local, por ejemplo, cierto tipo de pasto salino, porque otro tipo de flora no resistiría el alto grado de salinidad del subsuelo de la región.

El estudio Consideraciones hidrológicas y Ambientales para el posible desarrollo de infraestructura aeroportuaria en el Lago de Texcoco, que hizo la Conagua, entregado en octubre de 2012 al Equipo de Transición del presidente electo Enrique Peña Nieto, señala como inviable el desarrollo de un proyecto así en tal región, porque “afectará el cuerpo de regulación de avenidas de agua más importante de la zona metropolitana en la actualidad”, además que de instalarse “estaría en riesgo de ser inundada –por los hundimientos–”, en tanto que se afectaría gravemente la flora y fauna aviar del lugar.

Sin embargo, en diciembre de 2012 el ingeniero Jorge de la Madrid Virgen, primo del expresidente Miguel de la Madrid y hermano del recientemente fallecido ex gobernador de Colima, Carlos de la Madrid Virgen, en su condición de coordinador del Comité de Infraestructura del Transporte del Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM), entregó al mismo equipo de transición un estudio que establecía, no los efectos ecológicos, sino la posibilidad de superar los obstáculos técnicos para construir un aeropuerto en el ex lago de Texcoco, como los riesgos de inundación y los hundimientos.

Barrer estorbos

Es evidente el apremio gubernamental para terminar parte sustancial de las obras antes que termine el sexenio en 2018, pues el aeropuerto y la CF se concluirán hasta 2020. Desde ahora queda claro que el desarrollo no alcanzará a los desposeídos, quienes sólo tendrán el atractivo de ver el continuo aterrizaje de modernas naves procedentes de distintos puntos del planeta o, en el mejor de los casos, algunos empleos como maleteros o personal de limpieza en los magnos restaurantes y centros comerciales que adornarán la CF.

Para eliminar los estorbos técnicos y humanos, se ha contado con el apoyo del Gobierno mexiquense y de algunas presidencias municipales de la región, entre ellas la de Texcoco, donde ocurrió el citado desalojo contra los habitantes del predio El Barco.

“Sabemos, por voces de los mismos abogados de algunos de los ejidatarios que vendieron (las parcelas a los vecinos de El Barco) es que hay un proyecto que le llaman México, Ciudad Futura”, señaló el ingeniero Leandro Peña, dirigente del MA en la región texcocana. De hecho, hay máquinas pesadas trabajando aproximadamente a medio kilómetro de donde estaba El Barco.

Para el desalojo y el barrido de la colonia hasta hacerla desaparecer, se usaron poderosos bulldozer y trascabos, y los operarios contaron con el respaldo de unos 400 policías y funcionarios del municipio de Texcoco, ayuntamiento encabezado por la profesora normalista Delfina Gómez Álvarez, quien se declara sin militancia partidista pero que llegó al cargo en 2012 con el membrete de Movimiento Ciudadano y de Andrés Manuel López Obrador, actual dirigente de Morena.

Un día antes del desalojo se llevó a cabo en Acolman “el banderazo” de las obras de la mencionada súper carretera, evento encabezado por el gobernador mexiquense, Eruviel Ávila, junto con el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) federal, Gerardo Ruíz Esparza.

En un boletín de prensa divulgado por el Ayuntamiento el 3 de octubre, luego del operativo policiaco encabezado por el secretario del ayuntamiento, Nazario Gutiérrez, se resaltó: “Nazario Gutiérrez enfatizó que este acto de autoridad nada tiene que ver con otros asuntos, como el Aeropuerto, sino que es totalmente municipal y por ello, “actuamos con las facultades que nos confiere la Ley”, en donde lo que se pretende es regular el uso de la tierra tal como lo marca ésta”.

De acuerdo con los vecinos afectados, la existencia de la colonia El Barco era conocida por las autoridades locales desde hace por lo menos una década, cuando se instalaron las primeras casas; pero de repente, el pasado 1º de octubre se avisó a los colonos que debían desalojar. La presidenta municipal habría llegado a la conclusión de que los habitantes de El Barco estaban en peligro porque vivían en una zona de inundaciones.

El mencionado boletín del Ayuntamiento estuvo acompañado por varias fotografías sobre el desalojo, al cual se impidió la entrada a reporteros “por su propia seguridad”; en dichas fotografías se aprecia la maquinaria ubicada frente a casas, pero todavía en pie, y no las condiciones reales en que se dio el desalojo, tal como lo muestran las imágenes y videos entregados a este medio por vecinos, quienes las tomaron con sus teléfonos celulares, y que pueden observarse en la página web www.buzos.com.mx.

Abuso de autoridad

La autoridad municipal había aprovechado las circunstancias irregulares en que ejidatarios de Tocuila vendieron parcelas para la edificación de vivienda; pese a la situación de los moradores de El Barco, el Ayuntamiento les echó encima la maquinaria pesada para tirar sus viviendas. buzos tiene copia del avalúo de una de las casas, que tras la paulatina edificación de sus moradores, al momento de su destrucción tenía un valor actual de 900 mil pesos.

Medios de comunicación locales divulgaron que los colonos eran “invasores” que habían sido retirados por la autoridad del municipio; sin embargo, como se ha citado, los vecinos poseen documentos legales que los acreditan como propietarios de las viviendas demolidas.

Uno de los principales problemas que enfrentaron los colonos fue la desorganización, debido a lo que grupos de ellos emprendieron distintas gestiones por separado para defenderse, entre ellas la promoción de un amparo que, de manera sorprendente, no prosperó. Ante el intempestivo ultimátum del Ayuntamiento para desalojar las casas, solamente algunos vecinos pudieron orientarse, un día antes del desalojo, hacia al MA en Texcoco; de acuerdo con representantes de la organización en la región texcocana, cuando esto ocurrió, ya era demasiado tarde para lograr alguna gestión de defensa.

“Se trata de 153 lotes que las personas compraron de buena fe a siete ejidatarios del Ejido Tocuila; tenían poco más de cuatro años viviendo ahí; muchos de ellos ya tenían construcciones de dos niveles, incluso, había una de tres niveles. En el lugar se encontraban viviendo aproximadamente 40 familias, en diferentes tipos de construcción. La gente compró de buena fe a intermediarios que los mismos ejidatarios pusieron para vender”, señaló a buzos Leandro Peña.

“El municipio no les dio la garantía de audiencia, sino que les dio 24 horas para desalojar; o sea que se cometió un atropello, un abuso de autoridad, porque nos les dieron la oportunidad de defenderse a los poseedores de los terrenos y dueños de las viviendas construidas. Lo justo era que el municipio les hubiera ofrecido una oportunidad para reubicarlos, cosa que no ha ocurrido hasta la fecha, 23 de octubre de 2014. No les ha importado la suerte de estas personas que compraron de buena fe. Nosotros pensamos que fue una mala jugada que le hicieron a esta gente, porque probablemente al ayuntamiento lo están moviendo otras intenciones”, refirió Peña, acompañado de la abogada de la organización en Texcoco, María Teresa Hernández.

“Piensa uno, pues ya es mi hogar; no pensábamos que nos iban a sacar. Fue difícil cuando llegaron y nos dijeron que nos daban 24 horas y nosotros sin saber a dónde ir”, dijo a buzos la señora Luisa López, quien tras el desalojo vive temporalmente con familiares, al igual que muchos de sus ex vecinos, quienes se acomodaron incluso con amigos o donde pudieron.

Con prisa y sin piedad

Según se apreció en los testimonios recogidos por este medio, las autoridades del municipio que encabeza la profesora Delfina Gómez, quien ahora apoya a Morena y a López Obrador, mostraron una inusitada insensibilidad y prisa por concluir el desalojo.

De acuerdo con los moradores de El Barco, el plazo vencía el viernes 3 de octubre a las 10 de la mañana. Esto, como se expuso, un día después de que el gobernador del estado, Eruviel Ávila, diera el banderazo a las obras de la citada súper vía, que integra la carretera Peñón-Texcoco, en cuyo kilómetro 12 se ubicaba el predio El Barco. La señora Luisa López comentó: “pero desde las 7 de la mañana llegaron los granaderos y nos rodearon por todos lados; a la gente que llegó después, ya no la dejaron entrar, o sea que ni las 24 horas que dieron respetaron”.

Doña Luisa agregó: “Uno estaba dentro de la casa y ya estaban tirando bardas, que porque ya era muy tarde y tenían que tirar, y por eso, ellos mismos entraban a las casas a sacar las cosas (muebles y enseres domésticos)”. La señora Griselda López completó: “La máquina estaba tirando la casa por atrás y estaban sacando las cosas por el frente. Ellos mismos sacaban las cosas y las subían a los camiones (unidades de carga de materiales de construcción); luego iban y dejaban las cosas en la colonia Guadalupe Victoria (contigua) y bajaron las cosas ahí en la calle, ni siquiera nos dieron tiempo de buscar un lugar para acomodar nuestras cosas”.

La señora Griselda refirió: “Hubo personas a las que sacaron arrastrando; a una señora con su esposo y su hijo (que no querían dejar su casa) y a los tres se los llevaron en diferentes patrullas; a los dos mayores los golpearon y les cobraron una multa de seis mil pesos para no ir a los separos. También había gente enferma; Doña Luz no puede caminar, está en silla de ruedas, y así la sacaron los granaderos”.

––¿Usted vio algún representante de comisiones de derechos humanos en el desalojo?

––Había uno que decía que era de Derechos Humanos del municipio, pero dijo que no podía hacer nada; luego se presentó otro en una junta, pero ya después de que habían tirado las casas.

Los medios de comunicación locales manifestaron su apoyo a la acción de la autoridad municipal y no dijeron nada sobre los derechos de los colonos:

–Dijeron que nosotros éramos invasores y que por eso nos estaban sacando, porque nosotros habíamos invadido el predio; pero nosotros compramos de buena fe, indicó la joven mujer.

Los titulares de las tierras ejidales de Tocuila se lavaron las manos a su conveniencia. La señora Griselda anotó al respecto: “Los ejidatarios nos decían que estaban arreglando los papeles y que todo iba bien, y pues nada más nos hicieron esperar, hasta que pasó este problema”.

Preocupada, la mujer sin hogar preguntó si pasaría lo mismo en la colonia Guadalupe Victoria, donde diversas personas encontraron alojamiento momentáneo: “Se está diciendo que va a ocurrir lo mismo ahí”, externó.

Suspensión definitiva en Atenco

En el caso de San Salvador Atenco, Arturo Lagunes Gasca, abogado del FPDT, consiguió un amparo y derivadamente una “suspensión definitiva” –por tiempo indeterminado– del procedimiento de enajenación o venta de parcelas ejidales, que esperaba el Gobierno federal para asumir el control de más de mil hectáreas de tierras ejidales requeridas para desarrollar el proyecto de la CF, así como de la infraestructura presuntamente ecológica. Derivado del procedimiento, quedó suspendido el trámite ante el RAN, para dar validez a la Asamblea ejidal realizada el 1º de junio pasado, en la que se aprobó el cambio de condición legal del suelo ejidal para su venta.

En junio de 2014, Lagunes Gasca promovió el juicio 400/2014 ante el TUA con el fin de pedir la anulación de la asamblea de ejidatarios celebrada el 1º de junio, encabezada por Andrés Ruíz Méndez, presidente del Comisariado Ejidal de San Salvador Atenco, en la que se aprobó el cambio de uso de suelo de más de mil hectáreas ejidales de uso común, para convertirlos en terrenos parcelados, pasándolos a una condición legal de “dominio pleno”, necesaria para que sus poseedores pudieran sustentar legalmente una enajenación (venta de esa tierra ejidal de propiedad social tutelada por el Estado).

De acuerdo con el abogado Gasca Lagunes, el FPDT argumentó irregularidades en el procedimiento ejidal y demandó que el TUA dictaminara si el acta era válida desde el punto de vista de la legislación agraria, y tomando en cuenta la legislación internacional que protege los derechos de los pueblos originarios.

Con base en esa operación, realizada en la citada asamblea de ejidatarios, encabezada por un comisariado ejidal, las parcelas solicitadas por el Gobierno quedaron en situación legal propicia para su enajenación, es decir, para que el Gobierno federal pudiera asumir su dominio, mientras otras quedaron abiertas para su adquisición por particulares, como se ha planteado, con el fin de construir edificios, hoteles, centros comerciales, entre otros.

Lagunes obtuvo una medida cautelar que consistió en la suspensión provisional de los efectos del acta de la asamblea ejidal, al denunciar irregularidades, lo que motivó la decisión del TUA de otorgarle la suspensión, en tanto se desahogaba el juicio central; en otras palabras, no se podrá realizar ninguna venta de tierras mientras dura el juicio.

Cinco días después de que el presidente Enrique Peña Nieto diera a conocer públicamente el proyecto del nuevo AICM, es decir, el lunes 8 de septiembre, de manera sorpresiva, el juez Daniel Magaña Méndez determinó dejar sin efecto tal suspensión, reactivando el procedimiento para la enajenación de terrenos ejidales.

El 12 de septiembre, Arturo Lagunes, abogado del FPDT, solicitó un amparo ante los juzgados de Distrito con sede en Nezahualcóyotl, que se registró con el número 1016/2014, asignado al juez José Manuel Torres Ángel, quien solicitó (emplazó) al TUA representado en Texcoco, así como a la delegación del Tribunal Agrario Nacional, con sede en Toluca, un informe sobre las razones legales que sustentaron su decisión de dejar sin efecto la mencionada medida cautelar, esto es, la suspensión de los efectos del acta de la asamblea ejidal del 1º de junio.

El juez Décimo Segundo de Distrito fijó el 15 de octubre para determinar si otorgaba una “suspensión definitiva”; el 13 de octubre la otorgó, por lo cual, desde ese momento y de manera indefinida el comisariado ejidal de San Salvador Atenco no podrá hacer trámites ante el RAN para enajenar tierras, esto mientras el TUA resuelve el juicio y dictamine sobre la validez de la citada acta ejidal del 1º de junio. El abogado Lagunes Gasca indicó que “esta suspensión definitiva tiene el mismo efecto legal de la medida cautelar anterior –la primera suspensión obtenida–”.

Ésta es la serie de injusticias que rodean el proyecto de la CF y el nuevo AICM: grandes negocios que se instalarán a como dé lugar, en medio de una región marcada por la pobreza, incluso sobre las socialmente significativas tierras ejidales, cuyos beneficios no serán para la mayoría de la población local, reiteradamente marginada.