Iban a empezar foro de «protección» a periodistas sin periodistas

**Dos colegas se metieron a la fuerza al Foro de Consulta convocado por el Congreso. Si se investigaran y sancionaran las agresiones a periodistas, se aplicaran planes de contingencia para su protección y se les respetara, no haría falta otra ley en la materia.


Iban a empezar foro de «protección» a periodistas sin periodistas

La Crónica de Chihuahua
23 de junio, 17:00 pm

Chihuahua, Chih.- Participamos en el Foro de Consulta convocado hoy por el Congreso del Estado en torno a la iniciativa de ley para la protección de periodistas y derechohumanistas. Les dieron la palabra a funcionarios, legisladoras y representantes de la ONU, de la CIDH, y del INAI, pero nos iban a dejar fuera a los periodistas en foro convocado para nosotros. Nos amachamos el compañero Jaime Armendáriz y yo, hasta que nos permitieron leer también nuestros respectivos posicionamientos. Si les interesa, aquí incluyo mi texto completo:

Buenas tardes:

Hemos sido convocados a este foro para presentar posicionamientos y propuestas en vías de confeccionar una iniciativa de ley para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos.

Este servidor ha sido integrante de la Mesa Técnica del Congreso del Estado que comenzó a reunirse desde enero pasado con ese propósito. Y si bien en principio estaba de acuerdo con que se integrara la iniciativa, hoy considero y expongo este sentir que viene avalado por decenas de periodistas de Ciudad Juárez, de esta capital y de otras poblaciones de Chihuahua donde también se ejerce el periodismo, de que no existen las condiciones propicias para que el Legislativo emita una ley estatal correspondiente.

Sé que independientemente de este posicionamiento existe una tendencia irreversible para seguir adelante con la citada ley, por lo que creo es justo señalar que si el Legislativo continúa con estos trabajos, debería tomar en cuenta la situación que atraviesa el gremio periodístico del estado de Chihuahua antes de instrumentar esa normatividad.

Y es que, aun cuando llegáramos a sacar la ley más avanzada en la materia, con un enfoque derechohumanista sustentado en diversas directrices internacionales, de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta normatividad se quedaría -como ha ocurrido con otras tantas-, en el papel, en tanto que los periodistas que ejercen en la entidad no reciban PRIMERO el respeto que se merecen como profesionistas de la información de parte de los gobiernos estatal y municipales, y de sus funcionarios.

Es fundamental que primero se deje de estigmatizar a los comunicadores; que desde las instancias oficiales se les deje de llamar, como bien han expuesto numerosos periodistas de Ciudad Juárez y de esta capital, “extorsionadores”, “chayoteros”, “periodistas de cuidado”, “mediocres”, “pusilánimes” o que se les vea como simples transcribidores de datos.

Esa actitud que se permea hasta las secretarias y empleados de menor nivel ha generado un clima de intolerancia hacia los compañeros y compañeras que tratan de hacer su trabajo de informar. Si se descalifica de esa manera nuestra actividad se coloca a los periodistas en una situación de mayor riesgo que difícilmente cualquier ley, por muy bien hecha que esté, puede proteger.

Un ejemplo muy concreto que ilustra esta tendencia lo vimos esta semana, cuando un funcionario de la Sindicatura de Meoqui publicó en su muro de Facebook el siguiente texto:

“Vomito a todos los medios de comunicación del estado de chihuahua .reporteros periodistas medios digitasles y prensa escrita estan al servicio del pri . Publicando mentiras de funcionarios panistas para quemarlos . Porque no publican mentiras de su chingada madre . Lo bueno que exiten las redes sociales y ya no engañan a nadie. Y luego no chillen porque los matan (SIC)”.

En segundo lugar, pero no menos importante, es indispensable que se combata la impunidad. ¿De qué nos sirve una ley de avanzada si los crímenes que se han registrado contra periodistas de la entidad permanecen sin castigo? La Red de Periodistas de Juárez ha documentado 22 asesinatos de periodistas de 2000 a 2017 en el estado de Chihuahua, el último de ellos hace hoy exactamente tres meses en la persona de la compañera Miroslava Breach, cuyo homicidio no ha sido esclarecido, no obstante que la autoridad correspondiente ha declarado que ya se tienen identificados los autores intelectuales y materiales.

Lo anterior, sin contar las decenas de agresiones que se registran de manera constante en contra de los comunicadores a lo largo del estado, la mayor parte de ellas provenientes de funcionarios y servidores públicos, como lo han documentado organizaciones como Artículo 19 y el mismo Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

En todo caso, los esfuerzos del Congreso del Estado debieran enfocarse en sacar adelante -y ésta sí con mayor urgencia- una ley que regule la publicidad oficial para evitar los excesos cometidos en sexenios pasados, que derivaron, precisamente, en meter en el mismo saco de responsabilidad a los trabajadores de la información y a quienes negociaron los contratos ya conocidos por todos, con la consecuencia observada en los últimos meses de descalificar la actividad de los comunicadores.

En cuanto a la protección de los periodistas, más que una ley estatal necesitamos que se concreten, se activen y se aterricen las que ya existen, así como los acuerdos signados por Estado y Federación en la materia.

De manera breve enlisto: al art. 4º de la Constitución Política del Estado de Chihuahua se agregó un párrafo en septiembre de 2006 que indica: “Los medios de comunicación, así como los periodistas, no podrán ser obligados por autoridad alguna, dentro o fuera de juicio, a revelar sus fuentes de información, motivo de una publicación”.

Desde septiembre de 2010 está vigente en el estado de Chihuahua el Protocolo de Seguridad para Periodistas en Situación de Alto Riesgo. Pregunto: ¿Cuántas veces se ha aplicado en estos siete años?

Asimismo, desde junio de 2012 está en vigor la Ley Federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de donde se derivó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, encargado como su nombre lo indica, de proveer de protección a los comunicadores y derechohumanistas en situación de riesgo. ¿Por qué no se promueve una reforma a esta normatividad para que realmente dé los resultados que se esperan de ella y de su mecanismo?

Como resultado de la aplicación de esta ley federal, en julio de 2012 la Federación y el Estado de Chihuahua firmaron un acuerdo de colaboración cuya vigencia, especifica la cláusula décima, es indefinida, por lo que se entiende que aún está en vigor. Los dos niveles de gobierno signaron, entre otros compromisos conjuntos: investigar y sancionar las agresiones contra periodistas y derechohumanistas; recopilar y analizar la información necesaria para evitar agresiones potenciales a unos y otros; desarrollar e implementar medidas de prevención para el diseño de sistemas de alerta temprana y planes de contingencia para evitar potenciales agresiones; promover reformas y adiciones necesarias en la legislación para mejorar la situación de periodistas y derechohumanistas; promover el estudio, análisis, investigación y desarrollo de estrategias, acciones, sistemas y metodologías que incorporen las mejores prácticas de prevención y protección…

Si tan sólo se aplicaran estos compromisos, ¿necesitaríamos otra ley estatal en la materia?

A raíz del asesinato del compañero Javier Valdez, de Sinaloa, el 17 de mayo pasado el presidente Peña Nieto emitió varias acciones para la protección de los periodistas, entre las que destacan el fortalecimiento de la estructura y el presupuesto del Mecanismo Federal ya mencionado; el establecimiento de un esquema nacional de coordinación con los estados y un protocolo de operación a cargo del mecanismo federal; así como el fortalecimiento de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR, que hasta la fecha no ha sido más que un membrete que no ha resuelto tantos casos que ha atraído.

También el 23 de mayo pasado el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles, dio a conocer que se integraría una unidad especializada en atención a la actividad periodística dentro de la Fiscalía General del Estado (FGE), la cual investigará los casos de agresiones para generar un mecanismo local, sin duplicar esfuerzos con otras instancias de gobierno.

Hace unos días se anunció la creación de esta fiscalía especial para atender violaciones a los derechos humanos, dentro de la cual se supone que habrá un área enfocada a la atención de los periodistas en riesgo.

Como vemos, más que otra ley lo que se requiere es voluntad política para que todas estas propuestas y acciones ya existentes cristalicen y se enfoquen en una verdadera estrategia de prevención y protección para los periodistas, en un contexto de respeto hacia este gremio que ha sido muy bocabajeado. Y voluntad política para actuar en contra de la impunidad en la que también están sumidos tantos casos de compañeros victimados. Porque recordemos que la impunidad mata: mata periodistas, mata la libertad de expresión, mata la verdad, mata la democracia…

Gracias.
Raúl Gómez Franco, periodista

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