IFAI doblado

Javier Corral Jurado/ Columna Rotafolio

La Crónica de Chihuahua
Agosto de 2014, 11:46 am

La semana pasada, la mayoría de los comisionados que integran el IFAI decidió no presentar acción de inconstitucionalidad en contra de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Lo pudo haber hecho porque la reforma constitucional que lo dotó de amplias facultades, que le otorgó autonomía y competencia nacional, le confirió también el poderoso derecho de ejercer la acción de inconstitucionalidad "en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales".

Numerosas organizaciones sociales y actores destacados en torno de la protección de datos personales acudieron al IFAI para solicitarle ese ejercicio, toda vez que la nueva legislación de telecomunicaciones no sólo representó un triunfo para el monopolio de la Televisión que se llevó un arcón de regalos para su expansión y protección, sino una pérdida social aún no totalmente valorada en varios rubros, entre ellos, la vulneración de derechos humanos fundamentales, como la contenida en los artículos 189 y 190 de la nueva ley, que permite la geolocalización referenciada de las personas por medio de sus dispositivos telefónicos y el almacenamiento de esos datos hasta por dos años.

En clara violación al derecho a la vida privada y a contrapelo de la tendencia mundial que resguarda a las comunicaciones de injerencias indebidas, protege el derecho a la propia imagen, a la identidad y la privacidad de los datos personales, la Ley Peña-Televisa se constituyó en varias disposiciones como un instrumento sustantivo de la política de seguridad pública y del combate al crimen organizado, por lo que convirtió a los operadores de redes públicas de Telecomunicaciones en espías legales. La ambigüedad en la redacción de dichos artículos da para que no sólo los secuestradores, presumiblemente los destinatarios de la norma, sean localizados. También los opositores, los activistas de derechos humanos, los periodistas críticos.

Pero el IFAI se dobló en un momento trascendental para el país, y de gran definición para sí mismo: el alcance real de su autonomía frente al régimen priísta. Demostró en los hechos, a muy poco tiempo de su nueva integración, su subordinación al Poder Ejecutivo y al servicio de los intereses del PRI. No pudo ni siquiera ser el cauce de los ciudadanos para interponer la demanda que, en todo momento, resolvería definitivamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De pena ajena los argumentos; una vergüenza vaciar así los contenidos de la reforma constitucional que consolidó el derecho de acceso a la información. El nuevo órgano garante del artículo sexto, está más viejo que el anterior.

Por supuesto que no me doy a sorpresa; en mi caso lo preví desde la misma sesión cuando el Senado nombró a los nuevos comisionados. Siendo uno de los Presidentes de las Comisiones que se encargaron del proceso de selección, voté en contra del dictamen que presentó a los siete comisionados en paquete. Ese proceso se truncó cuando salió del ámbito de las comisiones legislativas y quedó en manos de los tres coordinadores que constituyen el mandarinato senatorial, echaron a perder el trabajo de días y los criterios esenciales de escoger a los mejor calificados, y convirtieron la etapa final en un reparto de cuotas partidistas. No cuestioné la integridad, ni el conocimiento, capacidad o experiencia en el tema, lo que señalé es estábamos obligados a privilegiar, en una altura de miras que merecía nuestra propia reforma constitucional en materia de acceso a la información y fortalecimiento del IFAI, el criterio de mayor independencia política, de mayor autonomía partidaria, porque teníamos el deber de cuidar a una de las instituciones más importantes de nuestra transición democrática y para el sistema de rendición de cuentas.

Entonces como ahora estoy absolutamente convencido de que se le entregó al gobierno de Peña Nieto el control del IFAI, con la complicidad de algunos senadores del PAN que presentaron - como si fueran candidatos propios de la bancada panista -, propuestas del PRI. Porque incluso en la dinámica de cuotas, el gobierno no hubiera tenido control sin esa maniobra de quienes engañaron a algunos de sus propios compañeros.

El proceso de selección del IFAI empezó de cara a la sociedad y terminó en una encerrona de coordinadores a las dos de la mañana del día de la votación. Desde el punto de vista formal cumplió los requisitos, y fue legal. Pero terminó en una injusticia: salieron tres de los cuatro mejor evaluados por los académicos y por los tres principales partidos, las más altas calificaciones y ponderaciones. Pero a la hora de colocarlos en la lista final nadie los apadrinó, porque nadie se hizo cargo de ellos, ninguno de los coordinadores los reconoció ni siquiera cercanos a sus partidos; la cuota fue el criterio final. Y así lo asumió, con todas sus letras, Emilio Gamboa Patrón.

Y ahora tenemos los resultados de haber abandonado la meritocracia, privilegiado el amiguismo y entregado el IFAI al gobierno bajo la lógica de cercanía con los partidos. Se pudo haber anticipado, como fue, el voto en contra de la acción de inconstitucionalidad tanto de la comisionada presidenta del Instituto, Ximena Puente de la Mora, y los comisionados María Patricia Kurczyn Villalobos, Francisco Javier Acuña Llamas, Rosendo Eugenio Monterrey Chapov. Como también era previsible el voto a favor de Areli Cano, Óscar Guerra y Joel Salas.

Otra vez se demuestra que esta forma de hacer política no es la conveniente en el país. Y no resolver conforme a los méritos y necesidades es mezclar el agua sucia con la limpia.