¿Funciona o no funciona el nuevo sistema de justicia penal?

**Cuatro expertos opinan que sí funciona. Pero recomiendan que para enraice en la sociedad, el sistema debe adaptarse, pero sobre todo, debe difundirse y estudiarse por los profesionales del Derecho.

La Crónica de Chihuahua
Abril de 2011, 10:09 am

Chihuahua, Chih.- ¿Qué hacer cuando la percepción generalizada es que el nuevo sistema de justicia penal no funciona? Cuatro personajes que están fuertemente inmiscuidos en su puesta en marcha, opinaron con respecto a la pregunta: ¿Funciona o no funciona el sistema recientemente instaurado en el estado de Chihuahua?

Invitados a disertar sobre la eficacia y procedencia o no del nuevo sistema, los abogados Juan Rodríguez Zubiate, Jorge Neaves Chacón, Arturo Licón Baeza y Guillermo López Nájera coincidieron en señalar ante alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que, fuera de fallas y de errores de procedimiento, el sistema ahora imperante de justicia en la rama penal, sí funciona, sí es bueno, sí es adecuado, y es superior en todos los sentidos con respecto al antiguo sistema inquisitorial, a pesar de que el gran público y muchos de los profesionales del Derecho y estudiosos, creen que no sirve.

Los participantes en la Mesa Pánel “Eficacia del Nuevo Sistema de Justicia Penal.- Mito o Realidad”, fueron y son protagonistas con derecho a opinar.

GUILLERMO LÓPEZ NÁJERA

Guillermo López Nájera, el primer ponente, es asesor a cargo de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado, hizo de entrada una relación pormenorizada de cómo surgió el nuevo sistema de justicia penal en Chihuahua, de cómo se propuso primero conocer las experiencias que se tuvieron en otros países donde ya funciona.

De que se discutió en mesas de trabajo con profesionales, de cómo se analizaron varios códigos de avanzada y cómo se involucraron en esta investigación, legisladores y juristas que fungieron como asesores. El proyecto fue aprobado en el Congreso, y posteriormente fue puesto en funcionamiento de manera parcial en el estado, dentro del Distrito Judicial Morelos en 2007, un año, después en el Bravo, y posteriormente en todo el territorio de la entidad.

Pero ¿en qué consiste este nuevo código?

“Primero, en cambiar de un sistema escrito, a uno oral. Chihuahua fue pionero en poner principios como la oralidad, el carácter público de las audiencias y sesiones, que por cierto ya estaban enumerados en el código anterior, pero que nunca se cumplieron”. Al acusado se le privilegia el derecho de ser inocente antes de que se le demuestre que no lo es.

De acuerdo a López Nájera, fue muy difícil convencer a los agentes del ministerio público, a los abogados litigantes, a ciertas autoridades, aunque no a los ciudadanos, al gran público, que sí lo tomó muy bien.
Sin embargo, la entrada en vigor del nuevo sistema coincidió con el recrudecimiento de la violencia entre las mafias del narcotráfico, con su cauda de asesinatos entre ellos, pero con víctimas inocentes y ajenas también, así como con el incremento de los niveles de muchos otros delitos, como robos, asaltos con violencia, secuestros, lesiones, etcétera.

El público culpó entonces, de la nueva situación, al nuevo sistema, y la percepción dio una vuelta, porque la gente creyó desde entonces, que ahora el sistema defiende a los delincuentes, y que éstos salen más pronto y mejor librados de los juicios.

“Y sí hay fallas, pero nos encontramos con que esas fallas con cuestiones operativas, atribuibles principalmente a la mala preparación de la policía y de los agentes del ministerio público

JORGE NEAVES CHACÓN

Jorge Neaves Chacón fue diputado local durante la preparación y posterior aprobación en el Congreso del Estado, del nuevo sistema, y en la actualidad funge como el director de la Defensoría de Oficio, que anteriormente era parte integrante del Poder Judicial del Estado, y que hoy en día es una rama del Ejecutivo.

Él coincide con López Nájera en que la percepción actual es que el sistema no funciona. Recordó Neaves que, cuando se preparaba la instauración del nuevo sistema, había spots de televisión bastante atractivos y pegajosos, que anunciaban las bondades del sistema que se estaba por aprobar, y cómo esta publicidad resultó a la postre contraproducente porque partía de una mentira: En efecto, se publicitaba que en adelante, a los malandros se les iba a atrapar con mayor rapidez, y se les juzgaría con mayor eficacia.

“Pero como saben todos los estudiosos del Derecho, el juzgamiento de los delitos no tiene nada que ver con atrapar o no a los delincuentes, porque es otra rama del gobierno la que se encarga de esas labores”, dijo. Es decir, que el Poder Judicial solamente juzga a los presuntos infractores que le trae el Ministerio Público.

Entonces, señaló Neaves, la gente comparó las promesas de la publicidad con la nueva realidad que se vive en la sociedad, y llegó a la conclusión de que el nuevo sistema no sirve.

Ahora bien, “yo creo que la oralidad es la solución, y yo no soy penalista, pero veo que los procedimientos civiles, por ejemplo, duran no menos de un año, y el principio de la oralidad sí permite procesos más prontos y expeditos”.

Jorge Neaves también ve que hay problemas de operatividad que pueden poner en peligro la funcionalidad del sistema penal, por ejemplo la multiplicación de las audiencias, que es un tema que habrá de resolverse.

Otro problema es que la jurisprudencia federal no está funcionando, porque Chihuahua y el puñado de entidades con el sistema oral, a pesar de que está generando experiencias, la Suprema Corte apenas generan jurisprudencia. “Chihuahua carece de esas interpretaciones, de esos criterios generales… no los tenemos”.

Por otro lado, en opinión de Neaves Chacón, ahora que la carga de la prueba recae en el ministerio público, estos fiscales no tienen las capacidades ni la habilidad suficientes. Y “finalmente, detecto que en la formación de los abogados en el nuevo sistema de justicia penal, la oralidad no puede sustituir a los demás instrumentos, porque tenemos un perfil de exagerada especialización”.

JUAN RODRÍGUEZ ZUBIATE

Juan Rodríguez Zubiate, quien fue juez penal durante muchos años en el viejo sistema inquisitorio, es ahora magistrado de juicios orales, y además de que se capacitó para el cargo, está cotidianamente adquiriendo experiencia en los nuevos términos del juzgamiento de los delitos.

“El nuevo sistema tiene indudablemente grandes repercusiones, pero la grave crisis de inseguridad actual, justifica que hagamos un paréntesis”, dijo de entrada el magistrado. Citó al chileno Rodrigo Serna, quien dice que cuando se comete un delito, es entonces cuando opera el sistema.

“Un procedimiento penal no va a acabar con los delitos, porque es solamente una parte del sistema de justicia”, consideró al respecto.
¿Cómo se puede conocer de la eficiencia de un sistema de justicia penal? –preguntó. Un sistema es eficiente si el procedimiento tiene la virtud de alcanzar el propósito. ¿se cumple el propósito? “Se buscaba una justicia pronta, expedita y transparente. Se busca básicamente respetar los derechos del individuo a través de un modelo de justicia que supere al anterior, el cual descansaba en una investigación secreta que tenía valor probatorio por estar ajena a la influencia de los otros sujetos procesales”, explicó. Y puso el ejemplo del valor de la confesión, que era absoluto.

Actualmente, el debido proceso incluye las garantías individuales, que consisten en procurar la adecuada defensa del imputado. “A mí me gusta el principio de inocencia, y que la prueba se realice en presencia de las partes, de manera directa, pública”, dijo.

Es el principio de contradicción: delante de los jueces, las partes argumentan y demuestran, y si alguno de ellos no puede argumentar bien, el juez tomará esto en cuenta.

Se trata de un fenómeno cultural, esto del nuevo sistema. “Culturalmente hablando, el proceso de educación en esta cultura de la legalidad, debe pasar en primer lugar por los estudiantes, y esto va a seguir avanzando hasta que la sociedad comprenda en qué consiste el nuevo sistema de justicia penal”, concluyó Rodríguez Zubiate.

ARTURO LICÓN BAEZA

Arturo Licón Baeza fue subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (Pgje), en la administración estatal anterior, y durante muchos ha sido un destacado catedrático en la Facultad de Derecho de la UACH.

“¿Es realidad o mito, la mayor efectividad del sistema de justicia penal de corte acusatorio?”, preguntó el maestro, para contestarse: Por ejemplo, en Oaxaca y Nuevo León, existe la oralidad, pero allá se centraron en el aspecto de la justicia restaurativa como estrategia para introducir el nuevo sistema.

Acá, la gradualidad fue en el territorio, pero una vez que se completaron los dos años de funcionamiento en Chihuahua y en Juárez, la aplicación fue total. La columna vertebral de la reforma, incidió principalmente en el Código de Procedimientos Penales, aunque en total fueron reformadas 17 leyes diferentes y se incorporó posteriormente una ley completamente nueva, la Ley de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito.

“Antes, ni siquiera se contemplaba a la víctima, por ejemplo, en ninguna parte de los documentos que eran parte del juicio, aparecían el muerto y sus familiares”. En el nuevo sistema, se integró a la víctima en el mismo nivel que los otros actoes del “drama judicial, y esto ni siquiera la Constitución lo hace”.

Tenemos también el ejemplo de la Ley de Ejecución de Penas, que no es lo máximo porque tiene aspectos que se deben adecuar, señaló el maestro, “pero si la comparamos con el resto de las leyes locales en el país, ésta es superior”.

Y está asimismo otra ley de avanzada, la Ley de Protección de Testigos, tan avanzada, quue ni siquiera tenemos para ella, para su ejecución, los recursos necesarios.

En opinión del jurisconsulto, “tenemos que cambiarnos el chip”. Y es que, explicó, ha habido muchas resistencias, por ejemplo, cuando los tres poderes se pusieron de acuerdo y empezó a socializarse la aplicación del nuevo sistema. ¿Dónde estuvieron las primeras resistencias? En los operadores, en los agentes del ministerio público, en los agentes investigadores, y dentro del mismo Poder Judicial. Las hubo también entre los abogados, en las barras y colegios. Recordó al respecto la reacción del presidente de una de las asociaciones de abogados, cuando se trató el tema de la necesidad de apoyo sicológico y de atención a víctimas. Dijo el personaje: “¿Y qué tiene que andar gastando la Procuraduría en atención sicológica, cuando lo que tienen que hacer es comprar más camionetas para los agentes?”

A eso es a lo que nos enfrentamos, dijo. “Mi evaluación es que hay fallas graves, enormes, pero este nuevo sistema de justicia penal es como si nos aventáramos de clavado del trampolín sin saber si hay agua o no en la alberca, pero tenemos que hacer el clavado con estilo. ¿Reformas sobre reformas? Para el modelo chileno, ellos se dieron de 10 a 12 años de ajuste; nosotros aquí en Chihuahua tenemos el modelo acusatorio, ¿y qué experiencia teníamos? Ninguna. Hacemos, como dice la canción, camino al andar. Fallas que se le atribuyen al sistema, hay muchas, hay muchas más que se pueden resolver en cambios legales, pero hay fallas operativas en las que los responsables son los jueces, los ministerios públicos, los defensores, los policías investigadores”.

Y lo que hay que ver es cómo vamos a perfeccionar el clavado, finalizó.